Después de prácticamente dos años sin atentados en la capital egipcia, el pasado domingo 4 de agosto, cerca de la medianoche se produjo una explosión a las puertas del Instituto Nacional del Cáncer de El Cairo. En un primer momento el gobierno pretendió disimular el estallido “confundiéndolo” con el choque de cuatro autos que transitaban por la costanera que bordea el río, a la altura del barrio cairota de Kasr al-Ainy.

Más tarde se habló de la explosión de un tubo de oxígeno dentro del hospital, hasta que, dada la magnitud del hecho, el gobierno debió reconocer el ataque, que hasta el momento dejó 20 muertos y 50 heridos, varios de ellos de gravedad, ejecutado por un coche bomba que avanzaba de contra mano y se lanzó contra varios autos estacionados frente al Instituto.

Tras la explosión debieron acudir 42 ambulancias, para atender y trasladar a los heridos en su mayoría con quemaduras y cortes y recogen los cadáveres, diseminados en el paseo. Los investigadores descubrieron que el auto utilizado fue robado unos meses atrás en la provincia de Menufia, a unos 90 kilómetros al norte de la capital. El último gran atentado que se había producido en la capital fue en diciembre de 2016, contra la catedral copta de San Marcos donde murieron 30 personas y resultaron heridas otras 54.

El Ministerio de Salud, en un comunicado confirmó que tanto muertos y heridos eran transeúntes y que no se produjo ninguna víctima ni entre los pacientes, ni el equipo del Instituto, a pesar de que muchas ventanas había estallado e incluso algunas piezas de los vehículos involucrados dada la potencia del explosivo penetraron en el hospital, tras romper parte de la fachada.

El Ministerio del Interior confirmó que el ataque fue planeado por miembros de la organización Hasm, (Decisión) que también es el acróstico de Ḥarakat Sawa'd Miṣr (Movimiento de Armas de Egipto), un grupo aparentemente escindido en 2016 de Hermanos Musulmanes (Yami'at al-Ijwan al-Muslimin).

Desde entonces, Hasm ha reclamado varios intentos de asesinatos que incluyen policías, altos funcionarios de la justicia, jueces e incluso el frustrado atentado contra el ex Gran Muftí de Egipto Ali Gomaa.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, se encuentra en una dura campaña antiterrorista, jugando a dos bandas, la primera contra la organización que adhiere al Daesh, conocida como Wilāyat Sinaí (Provincia del Sinaí) que opera fuertemente en esa península, con la Operación Sinaí 2018, en la que participan números contingentes de las fuerzas de seguridad, iniciada en febrero de ese año y que han logrado cercar a los khilafistas (seguidores del califato) y reducir en mucho sus acciones, con un costo hasta ahora bien guardado, ya que ni periodistas, ni miembros de las organizaciones humanitarias  pueden llegar al teatro de operaciones.

El otro combate de al-Sisi es contra los Hermanos Musulmanes, una de las organizaciones políticas más poderosas del país, que bajo la fachada de la “caridad”, desde su fundación en 1928, no ha dejado de bregar por la instauración de un régimen fundamentalista, para lo que no ha escatimado ninguna estratagema que incluye, además de atentados y revueltas,  intentos de asesinato contra el presidente Gamel Abdel Nasser en 1954, el exitoso ataque que le costó la vida al presidente Anwar al-Sadat en 1981 y el frustrado atentado contra el presidente Hosni Mubarak en 1999.

En 2013, tras la caída del gobierno del presidente Mohamed Morsi, de la que la Hermandad era una parte sustancial, los Ijwan no han dejado de activar contra al-Sisi, poniéndose en la mira de todo el poder represivo del gobierno acompañado por el poder judicial, que ha condenado a miles de sus militantes a muerte o a largos años de prisión. Se calcula que son más de 5 mil los detenidos además de un importante número de ejecutados extrajudicialmente. Sin contar los cerca de 3 mil hermanos, que murieron en los días del golpe resistiendo a las tropas, entonces dirigidas por al-Sisi y a los que siguen muriendo de manera cotidiana como efectos de las torturas y las ejecuciones extrajudiciales.

El presidente, en una breve declaración por Twitter, se lamentó por las víctimas y sus familiares a lo que agregó: “El estado egipcio está decidido a enfrentar los actos de terrorismo y desarraigarlos” y eso es muy cierto, ya que para al-Sisi, es fundamental derrotar al terrorismo, porque en mucho la profunda crisis económica que vive el país está producida por la merma del turismo a causa de los reiterados ataques que organizaciones vinculadas tanto al Daesh como a al-Qaeda han llevado a cabo contra los visitantes extranjeros.

Si bien los ataques fuera del Sinaí contra objetivos civiles, han tenido una importante mengua, los turistas han sido, desde los años noventa, blanco propiciatorio para los terroristas y más allá de las medidas extremas de seguridad,  los ataques se siguen produciendo.  Uno de los últimos que se conoció fue en mayo, cuando un autobús que trasladaba 25 turistas sudafricanos recibió el golpe de un artefacto explosivo improvisado (del inglés IED) detonado a distancia, en cercanías del nuevo museo que se está construyendo, próximo a la Gran Pirámide de Giza, a menos de 20 kilómetros de El Cairo; el ataque dejó 12 heridos, pero también la fuerte impronta de que todavía la solución se encuentra muy lejana. En ese incidente se vieron involucrados otros cuatro egipcios que fueron heridos por la onda expansiva del IED, que se trasladaban en un auto particular. En ese mismo lugar, en diciembre de 2018, otro bus de turistas también fue alcanzado por un IED, pero en ese caso murieron tres turistas vietnamitas y su guía local.

El ataque más importante contra turistas se produjo en octubre de 2015, cuando una bomba colocada en el interior del avión de origen ruso que unía el balneario del mar Rojo, Sharm el-Sheij con San Petersburgo, estalló sobre la península del Sinaí, matando a 227 personas. (Ver Sinaí: Venganza o azar), ataque que fue asumido por Wilāyat Sinaí.

Sinaí: una guerra contra todos

Mientras que la Operación Sinaí 18 desde febrero del año pasado han contenido las acciones de Wilāyat Sinaí, fuera de la península se libra, en silencio aunque de manera permanente, otra operación en la se violan los derechos humanos de los muyahidines.

Se ha conocido que los terroristas no son el único objetivo del ejército sino también los ancestrales habitantes de ese desierto, los beduinos a quienes se les ha declarado una guerra étnica.

Desde el golpe de 2013 la represión sistemática a los beduinos, sospechados de ser colaboradores de los terroristas no se ha detenido y el gobierno parece decido a terminar con su presencia en esos territorios, que no se podría realizar sin la implementación de un genocidio.

Con la excusa de las nuevas leyes, impone fuertes restricciones sobre la propiedad en el Sinaí, donde solo hijos de egipcios pueden acceder a ser propietarios. Con la excusa del ordenamiento legal, el gobierno central ha pedido a todos los residentes que demuestren la propiedad de sus casas y los terrenos que ocupan, con fecha tope el próximo septiembre, por lo que, cumplido el plazo, serán considerados ocupantes ilegales de propiedades estatales y serán expulsados. Esta práctica se opone al artículo ocho del acuerdo fronterizo egipcio-otomano de 1906, que establecía, más allá de la delimitación de fronteras, que tanto nativos (bereberes) como árabes continuarían manteniendo la propiedad de las aguas, campos y tierras, que poseyeran.

Las fuerzas armadas ya han obligado a desplazarse a más de cien mil bereberes con la excusa de una guerra que libran contra no más de mil militantes, pero la desproporcionada campaña parece ahora tener un solo objetivo: despoblar la región de las tribus beduinas,  un total de 500 mil almas.

Ellos no tienen posibilidad de enrolarse en el ejército o la policía ni ocupar cargos en el gobierno medios y altos. Son estigmatizados como traficantes de drogas y contrabandistas sin darles posibilidad en los planes de crecimiento y desarrollo encarados por el gobierno.

En la ciudad de Rafah, junto a la frontera oriental de la Franja de Gaza, en los primeros noventa días de la Operación Sinaí fueron destruidas más de tres mil viviendas, para crear un área de amortiguamiento a la Franja. Además,  se implementó un decreto de al-Sisi de 2016 que obliga a transferir dos kilómetros a cada lado de diferentes rutas del norte de Sinaí al Ministerio de Defensa, lo implica a más del 80 por ciento de los casi 170 mil habitantes de la ciudad de al-Arish, la capital de Sinaí del Norte .

Solo en el norte de Sinaí, hay unas 40 mil propiedades que se han heredado a través del método ancestral conocido como wad al-yad, y extendido en gran parte de Medio Oriente, que ampara las viviendas, tierras de cultivo y negocios, que han pasado de generación en generación sin documentación oficial que prueben ese dominio. Como estas normas restringen el derecho a la propiedad solo para egipcios, de padres egipcios, para los beduinos, en gran parte pertenecientes a familias ancestralmente nómadas y que carecen de documentos, es prácticamente imposible demostrar el origen de sus familias.

Para muchos beduinos, la posibilidad de perder sus posesiones familiares después de siglos es una realidad que esta próxima a concretarse. Ya el mes pasado, en la aldea de Tarabin en Nuweiba al sur del Sinaí, docenas de viviendas de tribus beduinas como las de los Sawarka, Remikat y Taraben, fueron demolidas, enterrando en la arena siglos de su historia.

-Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC