San Juan, 13 de agosto de 2019 (NCM) – Tras el derrocamiento del gobernador por un alzamiento popular y la sucesión rápida y accidentada de dos gobernadores más, la Casa Blanca se mantiene en silencio sobre Puerto Rico, en tanto que la nueva gobernadora afirmó que buscar comunicación con Washington es una prioridad, pero que otros asuntos urgentes lo han impedido.

La búsqueda de algún nivel de estabilidad interna -sea validando una agenda democrática o apuntalando la dictadura- marca aspectos delicados en la agenda de Estados Unidos en el Caribe, que van desde promover derrocamientos hasta invisibilizar de nuevo la situación de Puerto Rico.

Ocurre también en momentos en que ha continuado la presión de EEUU reteniendo miles de millones de dólares de fondos vitales para el sostenimiento del gobierno de la colonia, so color de que no caigan interceptados en la vorágine de corrupción.

El caso es que en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, no parece haber llegado comunicación alguna de la Casa Blanca a una semana de que Wanda Vázquez jurase el cargo de gobernadora en cumplimiento del orden de sucesión constitucional. La posición que asuma Washington es considerada cardinal para el gobierno colonial de Puerto Rico.

Ante una pregunta sobre si se había recibido algún mensaje del Ejecutivo de Washington, la nueva gobernadora respondió que “es un asunto que tengo como prioridad, pero en estos días he estado en período de ajuste atendiendo asuntos inmediatos, como el inicio de clases y haciendo una radiografía del estado del Gobierno”.

El ascenso de Vázquez, hasta entonces Secretaria de Justicia, se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico frustrara la intentona golpista del designado secretario de Estado Pedro Pierluisi tras la caída de Ricardo Rosselló. Pero el liderato de la Legislatura, que había acudido al Tribunal para derrotar la usurpación de Pierluisi, se presentó al Palacio a pedirle a Vázquez que nombrara secretario de Estado a la ahora comisionada residente en Washington Jenniffer González y que renunciara al cargo en favor de ésta.

Vázquez respondió que no tenía compromiso de a quién nombrar secretario de Estado y que su intención era mantenerse en el puesto hasta completar el período en diciembre de 2020. En cambio, le ha notificado al país que por el momento no es prioridad buscar que Puerto Rico se convierta en un estado de EEUU, sino escuchar los reclamos del alzamiento popular de julio, combatir la corrupción y devolver la estabilidad al país.

La palabra clave es estabilidad, pero eso depende mucho del punto de vista de quien hable.

El alzamiento popular de julio, que llenó calles y autopistas con mares de banderas puertorriqueñas y ninguna de EEUU, tuvo respaldos que habrían sido impensables.

La marejada con aroma de rebelión cubrió el país, con cantantes famosos de la música popular como portavoces. Al asediado Rosselló no le quedó más remedio que dimitir y, a última hora, designar a Pierluisi sucesor, mediante el recurso de hacerlo primero secretario de Estado.

La Legislatura todavía estaba en proceso de confirmarlo en el puesto cuando Pierluisi se adelantó a jurar como gobernador con un fuerte respaldo de sectores empresariales y políticos conservadores, que buscaban poner fin a las protestas callejeras y conseguir la estabilidad.

La votación en el Supremo contra Pierluisi fue 9-0 y la opinión, escrita por el juez asociado Rafael Martínez Torres, explicó que “no podemos cambiar las reglas para favorecer a alguien o para dar por concluido un proceso porque un sector esté cansado de la discusión o porque alguien, no importa quién ni como ocupa La Fortaleza. Con ello no terminaríamos la controversia; lo que extinguiríamos sería la democracia”.

La juez presidente del Tribunal, Mayte Oronoz, fue todavía más enfática en su valoración.

“El verano de 2019 -escribió la jueza Oronoz- se recordará como el momento sin precedentes en que los puertorriqueños -de todas las edades, ideologías, trasfondos y credos- se lanzaron a la calle a exigir más de su gobierno. Ante la mirada atenta del mundo entero, se gestó un movimiento pacífico que provocó la renuncia del Gobernador, y donde prevaleció la voluntad del Pueblo como fuente del poder público. El verano del 19 también se recordará como aquel en el que el Poder Judicial, por disposición unánime de los miembros de su máximo foro, asumió con entereza y gallardía su rol como intérprete final y defensor máximo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Pero el papel de EEUU, el que ha estado jugando y el que podrá jugar, es parte muy importante en todo el enredo.

Ante eso, el pequeño pero influyente Partido Independentista Puertorriqueño presentó en la Legislatura dos propuestas. Una es para reforzar los procesos democráticos de sucesión del poder y la otra para convocar una asamblea especial que redacte una nueva constitución y negocie con EEUU opciones de condición política no colonial para luego someterla a votación del pueblo.

Para la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien también radicó un recurso de “Quo Warranto” ante el Tribunal Supremo para desalojar a Pierluisi, es asunto es bastante transparente. Durante las protestas de julio, Cruz advirtió que la agenda de la Presidencia de EEUU es que “va a usar esto para instituir a la Junta como síndico” y así “apretar las cadenas” porque los puertorriqueños “somos la limonada para el capataz de la hacienda”.

De una forma u otra, las protestas callejeras parecen estar desvaneciéndose luego de la llegada de Vázquez a la gobernación. Pero no está claro si el fuego se extinguió o si es sólo un receso, que bien podría encenderse de nuevo en el territorio siempre volátil de la Universidad de Puerto Rico.

Esta semana, en una rueda de prensa, la Unión de Juventudes Socialistas advirtió que luego de Rosselló siguen dirigiendo los “criminales de corbata” y que “ahora mismo en la Universidad podemos esperar cualquier cosa y la vamos a esperar con muchas ansias”.