Las falencias e incumplimientos a los Acuerdos de Paz suscritos en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano y Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el 24 de noviembre de 2016 ha conducido a una grave situación y a una verdadera crisis humanitaria en los territorios en que durante décadas las FARC, ejercieron un cierto dominio militar territorial.

Allí se localizaron diverso tipo de economías ilegales pero principalmente de cultivos de coca y actividades de minería ilegal. El Estado no copo militarmente estos territorios que pronto se convirtieron en lugar de disputa entre diversas organizaciones armadas ilegales principalmente por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los reductos del autodenominado Ejército Popular de Liberación, EPL,  confinados durante muchos años a una presencia territorial en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela y que ante esta nueva realidad se ha desplazado también ahora al departamento del Cauca, principalmente al norte de este departamento y por otra parte la presencia de grupos paramilitares como el llamado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas como ellos se autodenominan, los Rastrojos y las Águilas Negras que son una franquicia utilizada por diversos actores pero principalmente por los sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía en actuaciones ilegales de sectores de las mismas que mantienen nexos con el narcotráfico y la criminalidad en estos territorios. A ello se viene a sumar ahora la presencia de bandas criminales ligadas directamente con narcotraficantes y más recientemente con los carteles de la droga mexicanos.

Esta situación se ha tornado crítica en el departamento del Cauca y ha hecho metástasis en el norte de este departamento. El sábado 10 de agosto francotiradores dispararon contra una “chiva” o bus escalera que viajaba entre Caloto y Toribio. En el bus iban cerca de 80 personas que se desplazaban para participar en una Feria del Café. Fueron agredidos con ráfagas de fusiles de asalto contra un grupo de Guardias Indígenas de la comunidad Nasa que acompañaban a los líderes que se dirigían a la Feria. El resultado final de esta vil agresión armada de grupos aún no claramente identificados que sirven a los intereses de los narcotraficantes, fue el asesinato de tres integrantes de la guardia indígena y siete miembros de la comitiva heridos, dentro de los cuales hay dos niños.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en lo que va corrido del año han sido asesinados 36 líderes indígenas en todo el país. En el departamento del Cauca según Indepaz en lo corrido de este año han sido asesinados 25 personas entre ellos 9 indígenas integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y ocho campesinos vinculados a Fensuagro, una organización campesina con fuerte arraigo en este departamento. En el año de gobierno de Iván Duque se han registrado 55 asesinatos de líderes sociales en el Cauca. El 90% de estos homicidios han ocurrido en el norte del departamento especialmente en los municipios de Caloto, Corinto, Suárez y Quilichao. (Indepaz, agosto de 2019). 

Como señala Camilo González, presidente de Indepaz, las organizaciones sociales del Norte del Cauca han señalado que estos ataques armados son perpetrados por grupos rearmados en los últimos dos años para beneficiarse del negocio de la marihuana y el tráfico de pasta básica para cocaína. Los cálculos de cultivos de marihuana en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Toribio y otros del pie de monte de la cordillera central son estimados en cerca de 4 mil hectáreas, 33% del total nacional, y su producción es controlada por poderosos carteles que la distribuyen al mercado interno y en menor proporción la exportan con apoyo de mafias internacionales. Miles de campesinos e indígenas trabajan en los cultivos y cosechas y en la cadena intervienen intermediarios, técnicos, proveedores de insumos y también grupos armados y sicarios que prestan servicios de seguridad, cobros con metralleta y asesinatos para imponer el orden mafioso. La complicidad y corrupción de agentes el Estado es parte del negocio dese hace mucho tiempo y está relacionada con el proceso de disputa entre grupos para el control de rutas y negocios.

La respuesta de las autoridades indígenas desde los Cabildos- La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, y del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC- ha sido llamar a suprimir los cultivos de uso ilícito en sus territorios colectivos y han implementado medidas de control para hacer decomisos y prohibir la presencia de grupos armados. Con los pequeños cultivadores se han propuesto diálogos y gestión de proyectos para recuperar la economía propia y garantizar la seguridad alimentaria. Después de la firma de los Acuerdos de Paz milicianos y excombatientes que no ingresaron a los acuerdos se rearmaron  y han retomado el negocio contando con el apoyo de los capos locales que tenían o heredaron los contactos, las rutas o capacidad empresarial. Hacen presencia bajo distintas denominaciones Águilas Negras, Águilas Negras Nueva Generación, los Rastrojos, entre otros. El CRIC señala: “tenemos decenas de grupos delincuenciales –los llamados disidentes- que operan muy pocas veces como cuerpo único y en todo caso sin ningún programa político conocido, los mismos que a veces aparecen como ELN y otras como EPL, como si fueran marcas que se usan e intercambian. Estos mismos emiten panfletos a nombre de las Águilas negras, Cartel de Sinaloa, Renacer Quintín Lame, dejando entrever claramente que todo corresponde a una estrategia de inteligencia militar para justificar la guerra sucia en nuestros territorios, mostrar los asesinatos como choques entre grupos ilegales y vincular a nuestras autoridades y organización con la violencia socio-política…”(CRIC, 4 de agosto de 2019). Y agregan “Es totalmente injustificado  -a menos que estén involucrados en el negocio- que la totalidad de los cargamentos de marihuana y base de cocaína salgan por la zona más militarizada del país, sin que pase nada; no tiene explicación legal que la fuerza pública haya intentado varias veces impedir que actuemos frente a estos grupos ilegales” (Camilo González, Fusiles contra bastones. El Cauca responde con fuerza y dignidad ante la agresión armada, 11 de agosto 2019).

Ante la gravedad de la situación las autoridades indígenas reclamaron la presencia del Gobierno Nacional para establecer mecanismos de real protección de las comunidades en sus territorios. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez,  se desplazó hasta Popayán donde sostuvo una  reunión este lunes 12 de agosto con delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca. La principal conclusión es que según la ministra hay que coordinar mejor la actuación de la Fuerza Pública y las Autoridades Étnicas, pues según ella y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, la autonomía ejercida por las comunidades en su territorio dificulta la presencia de la Fuerza Pública en su lucha contra los grupos criminales. Esta afirmación fue tajantemente desmentida por los voceros de las comunidades indígenas que señalaron que la Fuerza Pública hace presencia en sus territorios que han sido militarizados. No obstante estuvieron de acuerdo en que se deben incrementar los mecanismos de coordinación entre las autoridades indígenas y la Fuerza Pública.

La clave para la protección de las comunidades es el control territorial concertado  

En un país como Colombia con una heterogeneidad estructural en términos de desarrollo económico en donde conviven formas de producción campesinas con grandes empresas agroindustriales, donde hay mucho más territorio que Estado, con la vital presencia de 102 etnias indígenas que poseen  cerca de 30 millones de hectáreas en sus resguardos dispersos en todo el territorio nacional, a lo cual hay que agregar también la vital presencia de las comunidades negras que se localizan principalmente en el corredor del pacífico colombiano donde tienen cerca de 8.2 millones de hectáreas de propiedad colectiva, todas estas tierras o la mayoría de ellas, localizadas principalmente en zonas apartadas sin adecuadas vías de comunicación ni bienes públicos  como escuelas, hospitales, sin electrificación y mucho menos acceso a telefonía o a las redes de internet, en donde se ubican actividades de cultivos de uso ilícito y minería ilegal, la construcción de un orden democrático está a la orden del día. Pero ese orden democrático supone como acertadamente lo planteo el Acuerdo de La Habana medidas como el desarrollo de planes participativos con enfoque de desarrollo territorial para integrar esas regiones y esas comunidades con el mercado interior mediante la construcción de infraestructura vial, redes de servicios públicos de agua potable, electrificación, escuelas y centros hospitalarios, es decir, la presencia integral del Estado y no solo de la Fuerza Pública.

Y Fuerza Pública, tiene que ser intervenida, saneada, para romper los lazos que la unen a la criminalidad en estos territorios. Como certeramente lo señalan los indígenas es inexplicable que en estas regiones fuertemente militarizadas circulen toneladas de marihuana y de base de coca sin que pase nada. Justamente los acuerdos de paz establecieron la necesidad de crear una unidad especial de investigaciones en la Fiscalía General para investigar esos nexos y para combatirlos. Esa unidad fue desvirtuada y no se ocupa de esta que era su función misional. El orden democrático que hay que construir en esos territorios debe hacerse en diálogo y en acuerdo con las comunidades indígenas y con las comunidades negras y sus legítimas autoridades étnicas. La protección individual de los líderes es muy limitada. Hay que proteger a las comunidades que viven allí y construir un orden democrático en los territorios contando con ellas. La Fuerza pública debe hacer presencia pero con un observancia estricta de respeto a las comunidades y a sus derechos humanos.

Una buena noticia en medio de toda esta tragedia humanitaria consistió en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, organismo creado por los Acuerdos de La Habana para ocuparse centralmente del desmonte de los grupos paramilitares y para impulsar  un acuerdo nacional para sacar las armas de la política. En el largo año del Gobierno de Duque apenas se ha reunido dos veces, en enero y ahora este lunes 12 de agosto. Esta Comisión del más alto nivel toda vez que la preside el propio presidente de la República y entre sus miembros están entre otros el ministro de la Defensa, la ministra del Interior, la ministra de justicia, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el comandante general de las Fuerzas Armadas, el comandante del Ejército, el director de la Policía Nacional y cuatro representantes de la sociedad civil, dos en representación de las plataformas de derechos humanos y dos expertos.

Si bien las conclusiones de esta segunda reunión no fueron muy profundas para enfrentar la crisis ocasionada alrededor del asesinato de los líderes sociales y de los líderes indígenas el hecho que se haya reunido y retomado la agenda es una buena noticia a condición de que asuma la agenda y sus funciones misionales. Y justamente una de las tareas más urgentes es la de enderezar el camino de la Unidad Especial de la Fiscalía que debe ocuparse de las investigaciones sobre los grupos paramilitares y tomar medidas para su desmonte. Así mismo debe asumir la crisis desatada por el asesinato de los líderes sociales que ya suman 710 desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016 y de 138 excombatientes de las FARC en proceso de reintegración. Esa es su tarea más inmediata.

Bogotá agosto 15 de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)