A pocas semanas de las elecciones regionales y locales, el uribismo se enfrenta a una situación difícil que no había previsto. No solamente ya no aglutina las masas que antaño acompañaban a su máximo líder, sino que el llamado a indagatoria al expresidente y hoy senador por la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme el inicio de un proceso judicial contra el ex mandatario, ha sembrado el desconcierto en las filas del Centro Democrático, al punto de que algunos de sus miembros esperan una estruendosa derrota el 27 de octubre.

Atrás quedaron los días en que, al anuncio de la presencia de Uribe, las convocatorias del Centro Democrático se convertían en un éxito que auguraba el triunfo de los candidatos que se colocaban a su sombra. Lo sucedido en días pasados en la Ciudadela Simón Bolívar de Ibagué donde estuvo presente Álvaro Uribe en una reunión a la que apenas asistieron cerca de 200 personas a apoyar a Leonídas López, candidato a la alcaldía del Centro Democrático, se suma a lo que ha pasado en otros municipios, inclusive en Antioquia.

Tampoco puede pasarse por alto el hecho de que en muchas regiones el Centro Democrático ha debido ceder su aval a políticos de otros partidos y hacer alianzas con políticos tradicionales, dejando solos a sus propios candidatos. La imagen del caudillo se encuentra en su punto más bajo – alrededor el 30 por ciento de favorabilidad – y el ala radical del uribismo comienza a tomar distancia de su líder.

La dramática situación del partido de gobierno no es solamente atribuible al deterioro de la imagen del expresidente; también se debe a las divisiones internas simbolizadas por las rencillas entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, pero es evidente que la judicialización de un primer mandatario no se conocía en Colombia desde la época de Rojas Pinilla lo cual abre la ventana a escenarios poco claros.

El asunto se remonta a 2014 cuando el senador Iván Cepeda promovió un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia y divulgó los testimonios de dos excombatientes que hicieron señalamientos al expresidente Uribe. El mismo día del debate Uribe denunció a Cepeda ante la Corte por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia. Cuatro años después la Corte se abstuvo de investigar a Cepeda pero ordenó hacerlo contra el expresidente por manipulación de testigos tras una serie de hechos oscuros y confusos que involucraron a muchos protagonistas entre los que se destaca una interceptación por error del teléfono del expresidente Uribe cuyo contenido la Corte consideró “trascendente y relevante”.

Ciertamente, la acusación de manipulación de testigos parece un delito menor pero no puede olvidarse que el origen del asunto está relacionado con el apoyo a actividades ilegales de grupos paramilitares. Además, si la Corte llamó a indagatoria al senador Uribe es porque existen pruebas comprobables que superan las suposiciones y las inferencias. Siendo así, lo más probable es que Uribe sea llamado a juicio, ante lo cual caben dos posibilidades. La primera es un fallo absolutorio porque no se puede comprobar el dolo; la segunda es un fallo condenatorio. Sea lo que fuere, el Centro Democrático se verá muy afectado y con ello la relación del partido de gobierno con el presidente Duque.

Como es apenas obvio, el expresidente Uribe y sus abogados se presentarán ante la opinión pública como víctimas y el primero ha iniciado su campaña ante los medios de comunicación. El juicio, empero, de llevarse a cabo, se adelantará ante un órgano plural, la máxima autoridad en materia de justicia, integrada por profesionales que reúnen los requisitos para ocupar tan alta dignidad, celosos de su prestigio.

Cierto es también que algunas voces destempladas han amenazado por las redes sociales con desatar una guerra civil en caso de que su líder sea condenado, o de dar un golpe de Estado para detener el proceso, pero no se palpa en el ambiente que exista esa posibilidad. Lo más probable es un rompimiento del Gobierno con el sector radical del uribismo y la búsqueda de un margen de maniobra superior al que ha tenido hasta ahora.

El partido de gobierno ha demostrado ser un partido neopopulista y su jefe un líder carismático que goza de lealtades personales por lo que ha prevalecido en él una representación verticalista. Los líderes populistas establecen por lo general con sus seguidores una relación que va en contra de las formas republicanas de identificación política, asociada con una identificación irracional y espontánea con el líder fuerte, pero el populismo no depende necesariamente de la existencia de un líder carismático, sino de una acción arraigada en mitos. Todo dependerá de la capacidad del presidente Duque o de personalidades fuertes del Gobierno para llenar el vacío que poco a poco deja Uribe.

Duque habla de paz con legalidad y el hecho de que el llamado a indagatoria a Uribe se enmarque en una ética procesal y procedimental que ha puesto en evidencia la independencia de las autoridades judiciales, no permite suponer un desconocimiento del Estado de derecho por parte del Gobierno y su presidente. El único damnificado será el Centro Democrático.

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