La deuda en el siglo XXI, tanto pública como privada, se ha configurado como eje estructurante del Estado Colombiano, determinando la consolidación de políticas de ajuste estructural tras los Acuerdos Extendidos, Stand By y línea de crédito flexible, entre otros mecanismos propios de las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-

1. Introducción

La deuda en el siglo XXI, tanto pública como privada, se ha configurado como eje estructurante del Estado Colombiano, determinando la consolidación de políticas de ajuste estructural tras los Acuerdos Extendidos, Stand By y línea de crédito flexible, entre otros mecanismos propios de las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS- [1].

Estos acuerdos han ocasionado la imposición de políticas públicas en contravía de la plena satisfacción de los derechos del pueblo colombiano, implicando la transferencia de recursos públicos hacia entes privados tanto nacionales como internacionales. A partir de estos acuerdos también se ha impulsado la normativización de las políticas económicas neoclásicas de corte ortodoxo y el blindaje legal de las estructuras de regla fiscal cuantitativa como fuente de manutención de la dominación tecnocrática en el país.

En este capítulo se aborda en primer lugar, el desarrollo de la deuda pública y privada desde el año 2000 hasta el año 2019 y sus diferentes repercusiones macroeconómicas; y, en segundo lugar, se analizan las consecuencias sociales de las diferentes políticas emanadas del sistema de la deuda pública y su papel en la desigualdad de la sociedad colombiana [2].

Este recorrido nos permite comprender como la deuda, bajo el sistema neoliberal, se ha convertido en la piedra angular de la intensificación de la desigualdad en nuestro país, por lo cual se ha configurado un sistema basado en el aumento de la expoliación de tiempo de vida, el incremento de la tributación de corte regresivo e indirecto, la disminución del gasto social y el despojo social e individual, entre otras dinámicas totalmente oprobiosas.

Es en este escenario donde la desigualdad es el resultado del sistema de acumulación, concentración y realización del sistema socioeconómico capitalista y por lo cual el sistema de la deuda como régimen de acumulación no escapa de esta relación que implica la contradicción por antonomasia entre acumulación y despojo.

2. La deuda pública y privada como fuente de desigualdad en Colombia

La deuda ha estado presente desde la configuración de la República a principios del siglo XIX y ha determinado en gran parte la economía del país y el sistema socioeconómico de la nación [3]. A partir de la década de los años 70 se ha intensificado con la nueva política económica de Estados Unidos [4], es en esta nueva política económica donde la deuda pública se ha convertido en un sistema de expoliación de recursos públicos hacia manos privadas por medio de la dominación del mercado internacional y la desregulación impulsada por los diferentes acuerdos y consejos de las Instituciones Financieras Internacionales (de aquí en adelante IFIS) iniciadas en la década de los 70, del siglo XX dando inicio a un nuevo régimen de acumulación [5] .

Es así como en Colombia las políticas denominadas de apertura económica, ocasionaron una debilidad endémica ante los flujos y reflujos de la economía internacional debido a su enfoque de desregulación y liberalización de la economía, privatización de entes públicos y reducción del gasto social, entre otras dinámicas que posibilitaron las crisis de corte financiero a mediados de la década de los años 80 y finales de la década de los años 90 donde la deuda pública y privada tuvo un papel central [6] y conllevó al acrecentamiento de la desigualdad en la sociedad colombiana.

A. La economía periférica, el deterioro de las condiciones de intercambio internacional y el aumento de la deuda pública en Colombia 2000-2019.

Tras la crisis económica de corte financiero a finales de la década de los años 90 del siglo XX se impulsó, desde el acuerdo extendido y Stand By firmado entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional (de aquí en adelante FMI) a principios del siglo XXI, un sistema de regla fiscal cuantitativa por medio de la Ley 819 de 2003 -Ley de responsabilidad fiscal- que contempla entre otros un superávit primario y la sostenibilidad de la deuda bajo estándares generados por el gobierno nacional y emanados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, como se puede evidenciar en el siguiente extracto de los acuerdos con el FMI:

“El gobierno espera que su propuesta de ley de responsabilidad fiscal y transparencia sea aprobada a comienzos de 2003. La ley proporcionaría un esquema basado en reglas para la política fiscal, y requeriría que el gobierno estableciera y anunciara metas de superávit primario para el sector público no financiero por 10 años, con el fin de asegurar que los desarrollos fiscales sean coherentes con la sostenibilidad de la deuda pública” (Banco de la República, 2002, pág. 8)

Esta Ley de responsabilidad fiscal tiene como fin el fortalecimiento de la disciplina fiscal y monetaria bajo el incremento de la austeridad en el gasto social y el impedimento del apalancamiento de inversión como fuente de desarrollo en el país. Esta dinámica de contención del gasto conforme a los ingresos percibidos y por percibir bajo pronósticos cuantitativos, y la preponderancia del pago del servicio de la deuda pública por encima de los derechos del pueblo colombiano son la base de esta ley como se puede constatar en el siguiente extracto:

“(…) se trata de unas propuestas de reforma que afectarían claramente las condiciones de financiamiento de derechos fundamentales y tiene el propósito de garantizar en el mediano plazo el pago de la deuda pública y las tareas del Estado en materia de seguridad y justicia, mas ahora, cuando se ha configurado un consenso político en sectores de las elites dominantes para avanzar en la construcción de un Estado autoritario” (Estrada Álvarez J., 2004, pág. 110)

La ley de responsabilidad fiscal, que se ha perpetuado en el país, en el plano del desarrollo económico aumentó la dependencia a una economía basada en la exportación de mercancías y subordinada a la nueva división internacional del trabajo que sumió al país a la exportación de materias primas con bajo valor agregado incidiendo directamente en el precio de la fuerza de trabajo y por ende en el incremento de la sobreexplotación laboral.

Esta economía basada cada vez más en el desarrollo hacia afuera, emanada bajo la implementación de la desregulación del control cambiario, el control de capital, la inversión extranjera directa y el comercio internacional anudado con la imposibilidad normativizada del apalancamiento estatal ocasionó una alta tasa de debilidad de la economía colombiana ante los reflujos del mercado internacional.

Esta dinámica propició que los ingresos fiscales recayeran cada vez más en el aumento de ingresos derivados del sistema impositivo de corte regresivo e indirecto y la estabilidad de los precios de la mono exportación que para Colombia se configuró desde principios del siglo XXI en la exportación de hidrocarburos.

Mientras que los ingresos derivados de rentas de las empresas estatales fueron minimizadas debido a las múltiples privatizaciones, impulsando la inversión extranjera directa, la reducción dramática de los impuestos a los aranceles originado por la política aperturista, las exenciones tributarias y la reducción de los impuestos al gran capital impulsadas por los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio OMC como se puede atestiguar en la gráfica número 1 incidiendo directamente en el aumento de la desigualdad en el país.

“(…) las múltiples políticas de la Organización Mundial de Comercio materializada en la economía colombiana, es la reducción dramática de los aranceles en el país que pasaron de representar en los ingresos fiscales un 33% en 1970 a tan solo el 3% en el año 2017, mientras que los impuestos indirectos en particular el IVA -Impuesto al Valor Agregado- en nuestro país pasó de 9% en el año 1970 a rondar parcialmente el 39% en el año 2017, donde el impuesto al valor agregado en la última reforma tributaria en el año 2016 pasa del 16% al 19%” (CADTM Colombia, 2017)

Gráfica 1 Ingresos Fiscales en Colombia periodo 1970-2017 en Colombia,

elaborada a partir de (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2017)

A partir de estas reformas en la tributación del país es posible observar como se ha perpetuado la concentración de los ingresos antes y después de los procesos de tributación. En Colombia entre el año 2000 y 2017 la concentración después del ingreso es superior a la concentración antes de tributación evidenciando la regresividad del sistema y su papel en la configuración de la desigualdad en el país.

“En los dos años 2000 y 2017, se observa una alta concentración del Ingreso Bruto Antes de impuestos. En efecto, el decil de ingresos más alto (el decil 10) concentra el 92.8% del Ingreso Bruto Total en 2000 y el 94.1% en 2017 (…) Para el caso del Ingreso Bruto Después de Impuestos (es decir, el Ingreso Bruto menos Impuestos a Cargo), el decil 10 concentró el 92.84% del ingreso en 2000 y el 94.16% en 2017, que son niveles prácticamente iguales a los correspondientes al caso de Ingreso Bruto Antes de Impuestos” (Garay & Espitia, 2019)

Esta dinámica de transferencia de la presión tributaria desde el capital hacia la sociedad, generó el aumento de la inversión extranjera directa en el país acompasado por la reducción de la tributación al gran capital, leyes laborales cada vez más laxas, bajos y/o nulos niveles de regulación de capital y de cambio y el fin del impuesto a las remesas, entre otras características que consolidaron cada vez más como el Producto Interno Bruto se hace un indicador ineficaz para medir la riqueza de un país, como se observa en el siguiente extracto.

“(…) el Producto Interno Bruto (PIB) se debe ajustar sumando o restando la remuneración neta a los factores extranjeros. Si el país es un deudor neto con el resto del mundo, el PIB será menor que el PNB, lo que indica que una parte importante de la riqueza generada en el territorio nacional se transfiere a los países de origen de los propietarios extranjeros de esos activos” (Moreno, 2012)

Es así como, aunque el Producto Interno Bruto y la Inversión Extranjera Directa tengan en principio un aumento sostenido en el país, tras las políticas implementadas por los acuerdos con las IFIS estos indicadores no muestran en realidad cuál es el índice de riqueza material en el país debido a la transmisión de las utilidades y dividendos enviados a las casas matrices y/o paraísos fiscales utilizados por las empresas trasnacionales, sin ningún control por el Estado colombiano.

En el siguiente extracto se evidencia la latente transferencia de recursos desde Colombia hacia los países metropolitanos y/o paraísos fiscales debido a la baja regulación en el país, lo cual conlleva un escenario totalmente complejo para la economía colombiana, donde el aumento neto de la inversión extranjera directa no ejemplifica un crecimiento de la riqueza social, sino entonces una transferencia de riqueza lo cual implica un incremento de la desigualdad material en la sociedad colombiana.

“(…) el valor de las utilidades y dividendos remitidos al exterior como proporción de la inversión extranjera. Entre 2000 y 2011, la extracción de rentas fue en aumento, pues pasó de 28 dólares por cada 100 dólares de inversión extranjera en 2002 a 107 dólares en 2011: un balance nítidamente negativo para la economía nacional” (Moreno, 2012)

Lo anterior confirma como los argumentos de mayor inversión extranjera directa en el país encubre entre otros la trasferencia de recursos debido a la libertad de los flujos de capitales y como estos se han incrementado desde el 2002 hasta el 2011 y su profundización en los últimos años debido a las reformas tributarias que ocasiona mayores libertades y gabelas para la inversión, ante la caída de las condiciones internacionales de intercambio a mediados del año 2014.

En la siguiente grafica se puede observar la Inversión Extranjera Directa discriminada por sector entre el año 2000 al 2018 en millones de Dólares con el fin de evidenciar la influencia en la reprimarización de la economía colombiana, teniendo en cuenta las políticas de apertura económica y la imposibilidad de desarrollar una economía de fomento en el país tras los acuerdos con las IFIS.

Gráfica 2 Inversión extranjera directa en Colombia entre el 2000 y el 2018 discriminado por sectores en millones de Dólares,

elaborada a partir de (Banco de la República, 2018)

Como se puede evidenciar en la anterior gráfica, existe un aumento en la Inversión Extranjera Directa entre el año 2003 y el año 2014, con un aumento exponencial en el año 2005 apalancado por la emisión de las reformas contempladas en el acuerdo Stand By, así mismo se atestiguan varios puntos de inflexión en el año 2006, 2009 y 2014 en contextos de crisis económicas y reflujos internacionales.

De otro lado, se observa un incremento dirigido al sector de minas y canteras, y concretamente al sector petrolero entre el año 2000 hasta el año 2010 donde llego a ser el 47% de la inversión total dirigida hacia el país, para luego desplomarse en el año 2014 con un 29% y llegar a escenarios de un 17% en el año 2016, basado en la fluctuación de los precios internacionales del crudo donde se manifiesta como las gabelas tributarias no son la más alta prioridad para la inversión sino la tasa de ganancia derivada del comercio de la mercancía como se constata en el siguiente extracto.

“Pero a pesar de todo eso, los beneficios fiscales no parecen incidir sobre las decisiones de inversión de las multinacionales mineras en Colombia. Un análisis estadístico sobre la relación entre los precios internacionales del carbón y los flujos de inversión extranjera en el sector durante los últimos dieciocho años muestra que cuando los precios caen los inversionistas se van y cuando suben regresan” (Pardo, 2015)

Este proceso puede ser extendido al caso del petróleo donde el incremento de la Inversión Extranjera Directa y de la Inversión hacia el sector petrolero en Colombia, tiene otro tipo de estímulo y es el aumento del precio del barril de petróleo Brent que pasó de rondar los 30 dólares por barril en el año 2003 a niveles de 125 dólares en el año 2011, para luego desplomarse a partir del año 2014 llegando a precios de 30 dólares el barril en el año 2016 y a oscilar entre los 50 y 80 dólares el barril en el año 2018 y 2019 [7] como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfica 3 Precio del barril de petróleo Brent en Dólares para el periodo 2001-2018,

extraída de (Investing, 2019)

Este incremento en los precios del barril de petróleo en el periodo 2003-2014 no debe ser entendido tan solo por las modificaciones parciales entre oferta y demanda, sino en el aumento de la masa monetaria impulsadas por las políticas de expansión cuantitativa (Quantitative Easing), lo que implicó que al haber una mayor masa monetaria en el mercado internacional se incrementara el valor de las mercancías de intercambio internacional [8].

Este proceso se acompasa por la liberalización del mercado de futuros en Estados Unidos ocasionando políticas especulativas referidas en el siguiente extracto:

“En el año 2000, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entidad
encargada de regular actividades en los mercados de derivados financieros, perdió la potestad de supervisar e imponer límites a las actividades de especuladores a través de los Over The Counter Derivatives (OTC) (Ghosh 2011) (…) Mientras en el año 2000 las posiciones con este tipo de instrumentos financieros representaban menos de 500 mil millones de dólares, en la segunda mitad de la década se presentó una explosión en el crecimiento de los mismos, alcanzando una cifra de 13 millones de millones de dólares en el pico de los precios de las materias primas en el verano del 2008” (Munevar, 2011)

A partir de lo referido anteriormente, es posible aseverar como las materias primas han aumentado sus precios a partir del año 2003 debido al aumento de la masa monetaria anudado a las políticas especulativas registradas en los mercados de futuros, ocasionando una burbuja especulativa que lleva a los países periféricos y/o dependientes a un incremento en la monoexportación y a una alta vulnerabilidad a los reflujos económico que llevaron en el año 2014 a un fuerte deterioro de las condiciones de intercambio internacional, debido al cese parcial de la política de Quantitative Easing en Estados Unidos en el año 2014 [9] (Gandini, 2017), demostrando la relación que existe entre estas dos variables; precios del petróleo y masa monetaria.

A partir del fin de la política del Quantitative Easing en el año 2014, el póstumo aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la disputa geopolítica emanada por la incorporación de la fracturación hidráulica como fuente de soberanía energética en Estados Unidos, los precios del Barril de petróleo se desplomaron ocasionando una crisis fiscal en Colombia. (Galindo & Gómez, Crisis del capitalismo periférico y la bancarrota del extractivismo, 2016)

Esta crisis fiscal en Colombia se hizo evidente en el año 2015, tras la intempestiva caída de los precios internacionales de las Commodities y en particular del precio del barril de petróleo a mediados del año 2014. Este choque exógeno en la economía colombiana y su fragilidad a los reflujos internacionales llevó a una reducción en los ingresos directos de la nación de por lo menos 400.000 millones de pesos por dólar dejados de percibir durante un año, como se puede observar en declaraciones del ministro de minas y energía Tomás Gonzáles para este periodo.

“La caída del precio del petróleo tiene en alerta a las autoridades económicas del país debido a los ingresos que se dejarán de percibir. Según el ministro de Minas y Energía, Tomás González, por cada dólar que caiga el petróleo durante un año, la Nación deja de percibir unos 400.000 millones de pesos por las menores utilidades de Ecopetrol, la caída de los impuestos y las regalías” (Gómez Maseri, 2014)

Este proceso ocasionó un déficit según proyecciones del Ministerio de Hacienda de 23,881 billones de pesos para el año 2015, aunque sus pronósticos fueron optimistas. Otras fuentes plantean que el déficit derivado de la caída de los precios del petróleo superó los 30 billones de pesos: “El déficit proyectado para el presente año, 2015, alcanzará un nivel de $23.881 mm, resultado de la diferencia entre ingresos por $131.316 mm (16,3% del PIB) y gastos por $155.197 mm (19,2% del PIB)” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015, pág. 55)

Este deterioro fiscal tanto en el año 2015 como en los años posteriores conllevó a la implementación de políticas basadas en: i) la reducción del presupuesto dirigido al Gasto Social ii) la emisión de deuda pública iii) la elaboración de reformas tributarias de corte regresivo e indirecto iv) la implementación de mayores garantías a la explotación de materias primas en el país bajo la lógica de paliar el diferencial de precios con mayor producción. Estas políticas contra-cíclicas desde una política ortodoxa de la escuela neoclásica ocasionan un incremento latente en la desigualdad en el país, debido a la mayor trasferencia de las cargas tributarias a las clases populares.

Otras variables sobre las cuales incidió la caída de los precios de las materias primas y en particular del petróleo a partir del año 2014 es la reducción de la inversión extranjera directa, la fuga de capitales, el aumento del déficit de la balanza de pagos entre otras dinámicas que evidencian latentemente el deterioro de las condiciones de intercambio internacional como se evidencia en la siguiente gráfica.

Gráfica 4 Balanza comercial y de pagos (Millones de dólares), y Deuda Bruta del SPNF en el segundo eje (en miles de Millones de pesos) en el periodo 2011-2018,

elaborada a partir de (Banco de la República, 2019)

Como se constata en la anterior gráfica la balanza comercial pasa de un superávit en el año 2011 de 5.358 millones de dólares a un déficit de 7.040 millones de dólares en el año 2018 con una media de 4.287 millones de dólares en el periodo 2014- 2018, evidenciando tajantemente el deterioro de las condiciones internacionales de intercambio que originó el desplome de los precios de las materias primas en particular el precio del petróleo y la considerable debilidad de la económica colombiana ante los reflujos internacionales.

Así mismo, la balanza de pagos (cuenta corriente) pasó de un déficit de 9.803 millones de dólares en el año 2011 a un déficit de 13.037 millones de dólares en el año 2018 con una media de 13.414 millones de dólares en el periodo 2014-2018 atestiguando la fuga de capitales en este periodo debido al contexto del desplome de los precios del petróleo anudado al aumento de las tasas de interés en las metrópolis que ocasiona un traslado de capital desde los países periféricos hacia los países metropolitanos en busca de mayor rentabilidad y claro está sustentado bajo el débil control de capitales en el país.

A partir de estos indicadores que evidencian el deterioro de la economía colombiana, se observa un aumento de la deuda pública bruta del Sector Publico No Financiero SPNF desde 249,180 billones de pesos en el año 2011 hasta 541,756 billones de pesos en el año 2018, como efecto de reflejo, en donde se ha manifestado el interés por financiar el déficit económico a partir de mayor emisión de deuda pública y por otro lado, el aumento de las acreencias derivado de la apreciación del dólar con relación a la divisa local (peso colombiano).

Estas dinámicas de deterioro de la economía colombiana han generado una devaluación de la moneda local con referencia a las monedas de intercambio internacional y concretamente con el Dólar, debido a una menor masa de dólares en el mercado local, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 5 Devaluación nominal y real en porcentaje y Tasa de cambio representativo del mercado en pesos periodo 2011-2019,

elaborada a partir de (Banco de la República, 2019)

Como se observa en la anterior gráfica, el peso colombiano con referencia al dólar pasó de 1.943 pesos por dólar en el año 2011 a 3.437 pesos a septiembre 23 del año 2019, atestiguando una devaluación aproximada de 76%. Esta devaluación generó un aumento de reflejo de la deuda puesta en dólares en el país que está cerca del 40% del total de la deuda pública del SPNF.

Esta devaluación del peso colombiano conllevó a una apreciación de la deuda pública puesta en dólares entre el año 2010 y 2019, de por lo menos un 76%, siendo un incremento totalmente oneroso debido a la fragilidad del país a los reflujos económicos derivados de la puesta en marcha de los acuerdos con las IFIs propiciando un aumento del precio de la deuda pública infligiendo mayores transferencia del presupuesto público al servicio de esta, lo que implicó un aumento de la desigualdad y por ende una reducción dramática en el gasto social en el país. (Galindo & Gómez, Colombia: El presupuesto General de la Nácion en el pos-acuerdo una farsa para los movimientos y sectores sociales, 2017)

Es así como la deuda pública ha aumentado tanto por la necesidad de financiamiento ante el choque económico como por la apreciación debido a la devaluación del peso con relación a las monedas de intercambio internacional.
De igual forma, se atestigua un aumento de la deuda externa con relación a la deuda interna en el total de la deuda pública del país en los últimos años bajo las expectativas de mayores índices de devaluación con el fin de recrear ganancias extraordinarias, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 6 Deuda pública del Sector Público No Financiero en el periodo 2001-2019,

en billones de pesos, elaborada a partir de (Banco de la República, 2019)

Como se constata en la anterior gráfica, la deuda pública del sector público no financiero (SPNF) ha pasado de 105,7 a 575,1 billones de pesos en el periodo 2001-2019p [10], un acrecentamiento de aproximadamente un 444% es decir un crecimiento anual promedio de 23% un total despropósito y evidencia una latente insostenibilidad de la deuda pública en el país, teniendo en cuenta que el promedio del Producto Interno Bruto no supera el 4% en el mismo periodo.

Así mismo, este crecimiento se ha exponencializado a partir del desplome de los precios de las materias primas pasando de 297,6 a 575,1 billones entre 2013 y 2019p un aumento de 277,5 billones debido a la demanda de nueva deuda pública con el fin de paliar el déficit fiscal y a la apreciación de la deuda puesta en dólares jalonada por la depreciación del peso colombiano, que incide directamente en los presupuestos públicos aumentando los índices de desigualdad.

Ante la dinámica, antes expuesta del deterioro de las condiciones de intercambio internacional y la debilidad endémica de la economía colombiana a los reflujos en la economía internacional, el país debió haber previsto el cierre o desaceleración de la emisión de deuda externa, la que en su mayor parte esta puesta en dólares. Pero por el contrario la deuda privada en el país ha venido en aumento en el periodo 2013-2019p, constatando un incremento en porcentaje de 132% de la deuda externa con referencia a un incremento de la deuda interna que creció un 75%.

Este escenario nos lleva a evidenciar el bajo interés desde el Gobierno de blindar el país ante los reflujos internacionales y la baja capacidad de pronóstico de eventuales choques exógenos derivado de una economía que se basa en relaciones cuantitativas dejando de lado relaciones cualitativas e interdisciplinarias tan necesarias para el análisis de la economía política internacional.

Las dinámicas antes expuestas del deterioro de la economía colombiana anudadas al aumento de la deuda pública en los últimos años han llevado al aumento de la desigualdad en el país, generando una mayor concentración y acumulación de capital de agentes nacionales e internacionales desembocando como relación dialéctica en mayores capas de pobreza real y de desigualdad en el país como lo ha expuesto la ONG OXFAM, la CEPAL entre otros organismos internacionales en los últimos años.

“Pero si en el mundo llueve, en el país no escampa. “La desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría de los países en la región. Según los últimos datos publicadas por la Cepal, es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región. El 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso” (Neira, 2018)

B) El aumento de la deuda externa, la financiarización de las familias colombianas y la latente crisis de la deuda privada en el país.

Colombia tiene una historia ligada a la deuda externa y su influencia en las crisis económicas [11]. La deuda privada y pública externa en el país no es ajena a los vaivenes de la economía internacional, esta deuda es apalancada por la baja regulación del sistema financiero en el país y la necesidad intrínseca del apalancamiento de la demanda por medio de la deuda de consumo de las familias colombianas.

Como ya se ha evidenciado anteriormente, el incremento de la masa monetaria en Estados Unidos por medio de las políticas de flexibilización cuantitativa, posterior a la crisis de los puntocom y mucho más pronunciado posterior a la crisis de las subprime en el año 2008 acrecentó la masa monetaria de dólares a nivel internacional, con lo que podremos observar como estos dineros tienen como ruta la realización y materialización por medio de la adjudicación de créditos a entidades públicas y a entidades privadas de los países periféricos y para el caso de estudio en Colombia.

Gráfica 7 Deuda externa por sectores en Colombia periodo 2005-2017,

elaborada a partir de (Banco de la República, 2018)

Como se pone de manifiesto en la anterior gráfica, la deuda externa total ha crecido de manera exponencial y sostenida en el periodo 2008-2017 pasando de 38,507 en el año 2005 a 124,481 billones de dólares en el año 2017, lo cual corrobora como la deuda externa y la ampliación de la masa monetaria tienen una relación intrínseca. Así mismo, se puede constatar como la deuda privada externa tiene una mayor evolución en el total de la deuda con un crecimiento en el periodo 2005-2017 de 267,5 % mientras que la deuda pública externa creció en el mismo periodo 197,1% una diferencia de 70% entre los dos tipos de deuda externa.

Estos niveles de deuda externa superando el 40% con relación al PIB, solo se habían observado en el periodo 2000-2003, tras la crisis económica de corte financiera de finales de los 90 del siglo XX en Colombia, lo que conlleva en el contexto actual a una gran preocupación de la sostenibilidad de las mismas y claro esta del papel que el Estado pueda tener en una posible crisis de deuda privada en la que se puede repetir los escenarios tanto nacionales como internacionales de los llamados salvatajes bancarios.

Estos salvatajes bancarios son políticas donde el Estado asume la responsabilidad de las deudas privadas sin ninguna y/o con bajas contraprestaciones originando una socialización de las pérdidas y una individualización de las ganancias, dinámica que incide directamente en los índices de desigualdad en el país, índice por tanto ya problemático.

“En el caso de Colombia también se tiene abultado apalancamiento, particularmente en los frentes: i) públicos, donde la deuda Consolidada bordea ya niveles cercanos al 60% del PIB; ii) externos, llegándose a niveles récord del 39% del PIB en la deuda externa (pública+privada), superando los picos de estrés financiero de 2002-2003; y iii) de endeudamiento de los hogares, donde la deuda hipotecaria-consumo bordea ya niveles del 40% de su ingreso disponible (vs. 36% en el pico de 1997)” (Clavijo, 2017)

Como se expone en el anterior extracto la preocupación no es tan solo la deuda privada externa, sino que esta tiene una relación directa con el endeudamiento de las familias colombianas, como se puede evidenciar a continuación en donde se ponen de manifiesto los niveles de endeudamiento conforme a los ingresos mensuales superiores al 40%, es decir, que por cada 100 pesos que devenga un núcleo familiar en Colombia aproximadamente 40 pesos son destinados a pagar deudas que muchas de las veces son derivadas del financiamiento de la canasta familiar.

“El análisis del endeudamiento de los hogares ha adquirido mayor relevancia en años recientes como resultado de la mayor exposición de los establecimientos de crédito a este sector, la cual se encuentra en niveles históricamente altos. A agosto de 2017 el 41,1% de la cartera de estas entidades fue destinada a los hogares” (Pacheco & Baquero, 2017)

La financiarización de los hogares colombianos para suplir las necesidades básicas del núcleo familiar, se constituye a partir de una relación histórica del tipo de sistema socioeconómico periférico, donde estos parten de la sobreexplotación del trabajo es decir la remuneración por debajo de los niveles mínimos de remuneración de la fuerza de trabajo ocasionando una superexplotación. Esta dinámica se mantiene actualmente dando pie a que la financiarización de la economía no recaiga en compra de mercancías de lujo como puede pasar en las metrópolis, sino que se dirija en su gran mayoría a la demanda de la canasta familiar para reproducir la fuerza de trabajo que no es debidamente remunerada. (Marini, 2008)

Gráfica 8 Composición y crecimiento real anual del endeudamiento de los hogares,

extraída de (Pacheco & Baquero, 2017, pág. 7)

La grafica anterior muestra inconfundiblemente como la deuda de los hogares colombianos tiene un crecimiento exponencial con relación a los créditos de consumo, donde se evidencia un crecimiento a partir del año 2004 y una mayor profundización en el año 2008, pasando de aproximadamente 20 billones en el año 2004 a rozar los 120 billones de pesos en el año 2016. También pone de manifiesto un crecimiento más moderado en los créditos de vivienda en el país.

Para el año 2017 “[…] la cifra se eleva hasta 198,6 billones de pesos, si se tienen en cuenta las deudas de los hogares con el Fondo Nacional de Ahorro (FND), las cooperativas financieras y los fondos de empleados. El 67,4 por ciento de esas deudas corresponde a préstamos de consumo y el restante 32,6 por ciento a vivienda” (El Tiempo, 2017)

Este crecimiento de la deuda de los hogares colombianos se comporta como una dinámica de bola de nieve que cada vez va a ser más peligrosa y conllevará un escenario mucho más complejo para la sociedad colombiana, donde no existe un control efectivo al sistema financiero y las necesidades de las familias colombianas por la financiarización para suplir los vacíos de un salario cada vez más carente.

El salario en Colombia en el periodo 2004-2016 aumentó aproximadamente 120% pasando de 358.000 a 781.242 pesos mientras que el crédito de consumo en el mismo periodo paso de 20 a 120 billones de pesos un crecimiento de 500%. (Galindo & Gómez, 2018) Prueba irrefutable de un sistema periférico, totalmente desigual y que vive de la sobreexplotación de las y los trabajadores donde se traslada sus necesidades y su reproducción de la fuerza de trabajo a la financiarización de la economía, que en el marco del sistema socioeconómico capitalista, tarde que temprano generará mayores tasas de opresión, explotación y/o despojo tanto agencial como colectivamente exponencializando la desigualdad en nuestra sociedad.

3. La deuda como promotor de la desigualdad estructural en Colombia 2000-2018.

La deuda pública, como ya se ha evidenciado, ha tenido un desenvolvimiento exponencial a partir de la implementación de los múltiples acuerdos con las IFIS y con mayor contundencia a partir del desplome de las materias primas en razón de la debilidad endémica ante los reflujos económicos consecuencia directa de estos acuerdos y que han consolidado los ciclos de expansión y concentración del capital emanadas de la nueva política económica de Estados Unidos. (Galindo & Gómez, América Latina en el laberinto de la deuda, 2018)

a) Presupuesto General de la Nación y su papel en la desigualdad en Colombia.

Ante la crisis económica de finales del siglo XX, en Colombia se constata la estrategia de austeridad fiscal, donde se redujo los presupuestos destinados a salud, educación y obras públicas drásticamente, mientras el servicio de la deuda aumentó considerablemente, absorbiendo la reducción del gasto social en los años de estudio y evidenciando su papel en la configuración de un Estado basado en la austeridad fiscal, la transferencia de valor por medio de la deuda pública y el mantenimiento de los presupuestos de guerra y/o defensa, que ejemplifican la necesidad autoritaria ante las reformas estructurales emanadas por los acuerdos con las IFIS en la primera década del siglo XXI, los cuales consolidaron el aumento de la desigualdad en el país, como se pone de manifiesto en la siguiente tabla.

Tabla 1 Comparación de ciertos sectores en el Presupuesto General de la Nación periodo 1998-2000,

elaborada a partir de datos de (Avella Gómez, 2009)

Como se observa en la anterior tabla, el servicio de la deuda pública en el periodo 1998-2000 aumentó en aproximadamente un 25%, mientras que los presupuestos destinados a obras públicas se redujeron en 785% pasando de 6,2% a 0,7%. Así mismo, el presupuesto de educación pasó de 12,4% a 4,5% una reducción de 175% y por ultimó el presupuesto destinado al sector de la salud pasó de 6,8% a 2,0% una reducción de 240%.

Este proceso conllevó a que en los Presupuestos Generales de la Nación los rubros destinados para la satisfacción de los derechos sociales se vean reducidos y/o congelados con relación a la inflación a partir del año 2000; incrementando los procesos de privatización y mercantilización, transfiriendo las cargas de la satisfacción de los derechos por parte del Estado a la demanda privada por parte de la sociedad colombiana generando por ende una mayor desigualdad en el país [12].

Tanto el deterioro de los presupuestos de inversión social y gasto social por parte del Estado, y los procesos onerosos y estructuralmente insostenibles de los créditos en Colombia han conllevado, entre otras dinámicas, a una mayor acumulación de la tierra en Colombia, donde el índice de concentración es el mas grande en América Latina evidenciando la desigualdad latente en donde el “1% de las explotaciones o unidades de producción más grandes controlan 81% de la tierra en Colombia, por encima del 77% que manejan en Perú o el 74% en Chile” (Portafolio, 2017)

Los impuestos como la adjudicación de los presupuestos pueden conllevar a que un país redistribuya la riqueza entre las diferentes clases socioeconómicas, ocasionando procesos de justicia e igualdad social, sin embargo, esta dinámica se ha invertido ocasionando que la opresión fiscal se intensifique en las capas con menor poder adquisitivo, como se evidenció anteriormente, concatenado a la dinámica donde los presupuestos públicos son dirigidos a procesos de concentración de capital de carácter rentista absorbiendo recursos públicos en desmedro de los derechos del pueblo colombiano aumentando la desigualdad en el país, como se puede evidenciar en el siguiente extracto.

“(…) resulta útil presentar la relación Capital/Ingreso por deciles para hacer más visible los altos niveles de desigualdad que se presentan en Colombia. En 2009, el Patrimonio del decil más bajo corresponde a 5 meses de Ingreso, mientras que el del decil más rico a 4.3 años de Ingreso. Esta situación no solo se mantuvo, sino que se profundizó entre 2009 y 2014, cuando la Riqueza de los más ricos correspondía a 5.8 años de Ingreso, en contraste con el caso de los deciles más bajos para los que se deterioró” (Garay & Espitia, 2019)

Claramente la privatización y mercantilización de los derechos de los colombianos debido a las bajas destinaciones presupuestales han conllevado a que recaigan en las familias colombianas mayores cargas económicas, ocasionando un deterioro tanto del ingreso como del patrimonio, en las capas con menor poder adquisitivo, antes evidenciado y que ejemplifica como la deuda pública al absorber recursos que deberían ser destinados al gasto social, se configura en una de las características del jalonamiento de la desigualdad en el país.

Es por esto, que se hace necesario evidenciar gráficamente los procesos presupuestarios a partir de la crisis fiscal detonada por el desplome de los precios de las materias primas y constatar tácitamente la absorción de recursos por parte del servicio de la deuda pública en el país en los últimos años, tras la táctica de concentración y realización del capital por Estados Unidos tras el fin de la política de expansión cuantitativa y el aumento de las tasas de interés, lo que ocasiona crisis estructurales en los países periféricos y genera una extracción de valor desde esta a los países metropolitanos.

Tabla 2 Presupuesto General de la Nación 2012-2018 en Colombia en Billones de pesos,

elaborada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2019).

En la anterior tabla, se pone de manifiesto como la mayor destinación en los años de estudio (2012-2018) es el Servicio de la Deuda Pública, seguido de lejos por el Sector de Educación, Salud y Protección Social; ahora valga la aclaración que la deuda como factor de despojo se encuentra implícita también en los procesos sectoriales como es el caso de los programas de ser Pilo Paga y Generación E en el sector de educación. La desigualdad entre los recursos destinados al Servicio de la deuda pública y algunos de los sectores que responden a los derechos sociales se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfica 9 Sectores seleccionados del Presupuesto General de la Nación 2012-2018,

realizada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2019).

Es preocupante como la Deuda Pública se mantiene absorbiendo recursos, que podrían ser destinados a la satisfacción de los derechos sociales, como el caso del sector de educación donde el país, si quiere igualarse al promedio de la inversión de los países de la OCDE en este sector tendría que invertir “(…) un 350%, en bachillerato en un 330% y en educación terciaria en un 315%” (Espitia, 2019, págs. 303-304) y así mismo, en los otros sectores que responden al gasto social y cristalizan los derechos del pueblo colombiano.

Este proceso ha generado procesos de desigualdad vividos en la realidad material, que muchas de las veces son invisibilizadas, por medio de las encuestas y la manipulación de los índices por parte de las entidades estatales, que responden a interés marcadamente políticos y legitimantes del sistema socioeconómico y a los gobiernos de turno.

b) Algunas reformas estructurales 2014-2019 en Colombia: La legalización de la desigualdad.

Como ya se ha enunciado y evidenciado, la deuda ha generado diferentes reformas y políticas de ajuste estructural que han impulsado reformas legales de corte neoliberal que pasan por la privatización, mercantilización, desregulación, entre otras dinámicas que caracterizan el sistema estatal de los países periféricos y concretamente a Colombia.

El Estado colombiano parte de la relación de austeridad fiscal y de autoritarismo como fuente de mantenimiento del poder estatal en el país, puesto que el bajo gasto social deriva en altos procesos de desigualdad y en un malestar generalizado que se mantiene debido a la alta inversión destinada a la represión y criminalización de la protesta social.

Podemos observar como el deterioro de las condiciones de intercambio internacional a partir del año 2014 y el aumento correlativo de la deuda pública ha llevado al país a la instauración de diferentes políticas regresivas dentro de las que encontramos las siguientes en el periodo 2014-2019.

Tabla 3 Algunas reformas neoliberales en el periodo 2014-2019 impulsado por el deterioro de las condiciones internacionales de intercambio y por el incremento de la deuda pública,

elaborada a partir de (Instituto Unidad de Investigacion Juridico-Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, 2016).

Estas son algunas leyes que se implementaron en el periodo 2014-2019 donde el déficit fiscal es el argumento central para adelantar y/o sancionar dichas leyes, un ejemplo directo son las tres reformas tributarias que se han desarrollado en 2014, 2017 y 2018 que se han basado en una mayor recaudación sin tocar al gran capital, al contrario, las fuentes de opresión fiscal se dirigen hacia los tributos de corte regresivo e indirecto y el aumento de la franja impositiva golpeando a las clases medias y bajas en el país incrementando los procesos de desigualdad.

Este proceso autoritario se acompasa por el aumento y/o sostenimiento del presupuesto del sector de defensa y/o guerra que magnifica la intensidad de control por parte de la violencia física de las diferentes manifestaciones sociales en busca de justicia social, igualdad y dignidad en el país, donde se han incrementado los procesos de violencia física en Colombia tras el acuerdo de paz, que de paso se ha desfinanciado en el PGN en el año 2019 y en el proyecto de PGN de 2020 [13], como manifiesta la Cruz Roja Internacional:

“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia” (Torrado, 2019)

El aumento de la violencia física no puede ser entendida por fuera de la violencia estructural, de la cual hace parte el sistema de la deuda, los procesos socioeconómicos de austeridad fiscal que están estrechamente ligados a procesos autoritarios basados en la violencia física como fuente de mantenimiento del poder y aunque pretende generar un habitus por medio de la violencia simbólica a partir de la norma, siempre descansara en la violencia física como soporte ante los grabes procesos de desigualdad y de conflictividad social.

4. Conclusión

En Colombia se ha invisibilizado las consecuencias que ha traído el Sistema de la Deuda, definido por Fattorelli (2013) como la utilización del instrumento de endeudamiento público inverso, retirando recursos en vez de aportarlos. Las consecuencias de este sistema no se limitan al despojo de los presupuestos públicos, sino que a su vez se remontan a la condicionalidad para el desarrollo de políticas tanto económicas como sociales y la injerencia de las Instituciones Financieras Internacionales en la configuración del marco legal y constitucional del país, en diferentes materias. Anudado esto con la profundización de la militarización de los territorios y el aumento de la violencia física en nuestro país, se observa el importante aporte que este Sistema Deuda brinda al aumento de la desigualdad.

La Deuda Pública en Colombia, analizada a partir de las dinámicas del sistema deuda, ha implicado un marco jurídico condicionado a la satisfacción de la socialización de las pérdidas e individualización y/o privatización de las ganancias, en tanto que mientras que una gran parte de la población colombiana no cuenta con los recursos suficientes para asegurar sus necesidades básicas y se reducen las subvenciones que se daban desde el Estado, paralelamente el Estado Colombiano garantiza por medio de exenciones tributarias, entre otras medidas, grandes beneficios a los principales Grupos Económicos.

Ante la crisis civilizatoria de gran envergadura (con implicaciones ambientales, sociales, culturales, económicas y financieras), que ya afrontamos, se hace indispensable pensarnos otros mundos. Es en esta construcción de alternativas donde no se debe dejar de lado el papel que ha jugado y juega el Sistema Deuda (entre ellos la Deuda Pública y la Deuda Privada de los hogares) en el despojo de derechos de los pueblos y el aumento de la desigualdad.

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Notas

[1] Para mayor comprensión de los acuerdos con las Instituciones Financieras Intérnales remitirse a (Giraldo C. , 2012), (Giraldo C. , 1996) y (Estrada Álvarez J. , 2006)

[2] Para mayor referencia sobre el sistema de la deuda remitirse a (Galindo & Gómez, 2014)

[3] Para mayor información remítase a (Galindo & Gómez, El Sistema de la Deduda en Colombia, 2018)

[4] Para mayor información remitirse a (Brenner, 2013) y (Harvey, 2004)

[5] Para mayor información remitirse a (Galindo & Gómez, América Latina en el laberinto de la deuda, 2018)

[6] Para mayor información remítase a (Garay Salamanca, 1991)

[7] El último aumento de los precios del barril de petróleo en los años 2017 y 2018 evidencia la caída de la oferta de petróleo debido entre otras causas a la crisis económica en Venezuela, las sanciones a productores árabes y en concreto a Irán y la caída de la productividad en Estados Unidos derivado de calamidades climáticas propias del caribe.

[8] Para más información remitirse a (Galindo & Gómez, Política Fiscal y Deuda Pública en América Latina y el Caribe: Unas políticas ortodoxas asfixiantes., 2019)

[9] Es necesario evidenciar que en el contexto de las presiones del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal y la disputa imperial con la República de China, han ocasionado un leve lapso de reducción de tasas de interés como fuente de ventaja estratégica ante la guerra económica.

[10] Datos para marzo de 2019

[11] Para más información remitirse a (Ocampo, 2015)

[12] Para mayor información remítase a (Estrada Álvarez J. , 2004)

[13] Para mayor información remítase a (Gómez & Galindo , 2019)

LINK: http://www.cadtm.org/La-deuda-como-germen-de-desigualdad-en-Colombia

- John Freddy Gómez es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador del Grupo de Estudio Economía Digna -GEED-.

Correo: grupogeed_fdbog@unal.edu.co

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Integrante del Comité para la abolición de las deudas ilegitimas -CADTM- 

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