La señora Rosa María Palacios (RMP) es una abogada y periodista liberal ilustrada, con una opinión muy influyente. Una cosa es debatir con los buenos modales de esta señora y otros liberales de similar tenor (como Hernando de Soto y Federico Salazar); otra es hacerlo con la jauría de políticos (hombres y mujeres) que defiende a ultranza el régimen económico vigente consagrado por la Constitución fujimorista de 1993, pero que lamentablemente -a diferencia de los anteriores- tienen más llegada al "pueblo" con su verborrea y sus dislates; y otra es batirse con los "ideólogos", sean economistas, líderes empresariales y los escribas del periodismo "independiente", incluyendo en este último grupo a opinólogos como Phillips Butters y Aldo Mariátegui. Mario Vargas Llosa es harina de otro costal, ya que él como premio nobel de literatura y uncido desde su pedestal de marqués y libre pensador, funge de adalid y juez supremo sobre todos los asuntos de este mundo, obrando como inquisidor colonial juzgando especialmente a los países del sur global.

Este no es solamente un debate con la señora Palacios. Se trata además de un debate con toda una forma de pensar muy arraigada en el Perú, y otras partes de América Latina, donde el neoliberalismo logró implantarse como sentido común hasta en la forma de gobernar así como en la forma de entender la economía y las relaciones económicas. En este debate están implicadas profundas cuestiones epistémicas y epistemológicas, que las resumo en dos: el conocimiento objetivo y la verdad objetiva, que deben estar fundamentadas en la historia más que en cuerpos doctrinarios abstractos o prejuicios ideológicos. De ahí también el título del artículo, inspirado en trabajo del filósofo marxista Adam Schaff.¹

La señora Palacios -muy didáctica, sistemática y ordenada- expuso en su programa “Sin Guión”, emisión del 16 de octubre,² lo que contiene la actual Constitución peruana en lo referido al "marco económico", que descansa en cuatro ejes fundamentales: libertad, rol del Estado, libertad de contratación y propiedad privada. En este artículo se examinan y desmontan una a una las tesis e interpretaciones que RMP esgrimió, a partir de la lectura que hizo del articulado contenido en dicho marco.

Sobre lo primero (la libertad) RMP señaló: "En primer lugar la economía peruana se basa en un principio de libertad"; una libertad que denota con varias expresiones (iniciativa privada libre, libertad de trabajo, libertad de empresa, de comercio, de industria, libre mercado). Al respecto, se contrasta ese principio general y pretendidamente universal en torno a la "libertad", cuyo sentido es esencialmente económico, con esta otra mirada sobre esa misma "libertad":

"La especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay."³

A la luz de la cita del sociólogo portugués nuestra experiencia indica más bien que, en el Perú, lo que hemos tenido por lo menos desde la Constitución del 93 ha sido una permanente "imposición asimétrica" de la "libertad económica"; porque una cosa es la defensa doctrinaria de un principio y otra su verdadera historicidad, sustentada en una forma de poder (el poder económico) que los defensores y defensoras de dicha libertad procuran ocultar o desconocer todo el tiempo.

Con relación al segundo eje (rol del Estado), el caballito de batalla del liberalismo criollo y fundamentalista, para pasar de la Constitución del 79 a la del 93, fue el "estatismo del gobierno militar" sobre todo del régimen velasquista (1968-1975), al cual se le puede añadir el último manotazo de ahogado del primer gobierno de Alan García, que en 1987 intentó "estatizar" la banca para salvar a su gobierno y a él mismo de la catástrofe (económica, social y política) que se veía venir, siendo esto último lo que hizo resucitar y sacar de sus casillas a toda la derecha (económica y política). Podría decirse que el cambio de régimen económico fue propiciado, al menos indirectamente, por la desastrosa situación en que terminó esa primera experiencia de gobierno aprista de la historia del Perú, en la segunda mitad de los 80 del siglo XX.

Mientras que las reformas militares, en su "primera fase", buscaron iniciar un proceso de modernización del país en el sentido de un capitalismo nacional, siendo el Perú un Estado dependiente, a pesar de todo el discurso antimperialista, tercermundista y no-alineado del Gral. Velasco (preludio de lo que en América Latina se conoce ahora como "socialismo del siglo XXI"); con el neoliberalismo criollo de los 90, ya con Fujimori y sus secuaces posesionados en el control absoluto del Estado, y con la Constitución del 93 sancionada y aprobada en el tristemente célebre CCD (Congreso Constituyente Democrático), se encaminaron de tal manera las cosas a fin de despojar al Estado no solamente de todo el capital acumulado en forma de empresas públicas, sino para fortalecer a los grupos de poder económico (medios de comunicación incluidos) mediante privatizaciones y grandes negocios en la sombra.

En ese contexto, la "imposición asimétrica" de la "libertad económica" solamente fue posible por la lucha que el neoliberalismo criollo (político, empresarial y tecnocrático) libró por el control del Estado bajo un régimen autoritario sin el contrapeso de alguna oposición organizada; otra cosa es que hubo voces aisladas como la de Javier Diez Canseco desde una "izquierda" inexistente. En esta lucha política, la izquierda de entonces (bajo el membrete de IU) había abdicado por su propia autodisolución en 1989, año en que se produjo la caída del muro de Berlín. La estocada para esa izquierda vino en 1991 con la debacle final de la URSS y del "sistema socialista".

Por consiguiente, lo central del "modelo económico" en lo que al eje "rol del Estado" se refiere, no son determinados conceptos o principios universales, sino el trasfondo histórico que hizo posible que se plasmaran esos roles consagrados en la Constitución del 93. La señora Palacios, además, mezcla o confunde "participación del Estado en la economía" (limitada a situaciones especiales o excepcionales) con la definición del Estado como "propietario de los medios de producción". De esta confusión ha surgido toda una cantaleta de prejuicios archiconocidos, que se han instalado también en el sentido común, entre los cuales el más célebre es este: participación del Estado en la economía = estatismo = socialismo = populismo económico = ¡chavismo! Esta cadena de falacias mentales, consagradas por los neoliberales, constituyen una camisa de fuerza que se aplica a todo, desde la orientación de las políticas fiscales hasta para dirimir los conflictos sociales por aumento de salarios, obras públicas y proyectos de inversión social. ¿Adónde cree la señora Palacios que va ese dinero "negado" por el neoliberalismo y sus tecnócratas para atender reclamaciones justas sobre condiciones de existencia social? ¿No ha ido acaso a los bolsillos de la corrupción? ¿No es esto el "costo de oportunidad" económico, político y social que el neoliberalismo en el Perú nos está haciendo pagar por su miopía y estrechez de miras, a lo largo de tres décadas?

¿Por qué solo la "iniciativa privada" puede hacer "empresa"? Aun dentro del marco de lo "subsidiario": ¿quién y cómo se determina el "alto interés público"?, ¿qué significa eso de "manifiesta conveniencia nacional"? ¿Acaso lo "público" es sinónimo de "estatal"? Son algunas de las muchas preguntas que deberían suscitar un amplio debate.

El tercer eje, "libertad de contratar", es bastante genérico (artículo 62), ya que se refiere a las relaciones contractuales entre privados (dueños de capital y medios de producción), y entre los sectores público y privado. Es el fiel reflejo del "libre mercado" en estado puro. Aquí cabe preguntar, por ejemplo, si los trabajadores (cualquiera sea su condición social, raza o género) son "privados". Tácitamente, RMP da a entender que sí cuando cita: "La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato". ¿"Pactar válidamente"? Es una broma de mal gusto pues la realidad de nuestro país, y seguramente la de otros países latinoamericanos, nos indica que la abrumadora mayoría de trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar y trabajar en condiciones precarias (bajos salarios, contratos temporales, carencia de seguro social, despidos intempestivos) para las empresas privadas y en el mismo sector público. Que "pactar válidamente" sea entendido / asumido como aceptar la imposición de quien ostenta el poder económico (o sea del detentador de capital-dinero, del "inversionista" sea o no corporativo), o de poder político, es otra cosa. Es lo que posiblemente la señora Palacios entiende por "seguridad jurídica".

Finalmente, el cuarto eje: la propiedad, es el fundamento basal sobre el que se levanta todo el ordenamiento jurídico anterior. La señora Palacios, como buena liberal que es, habla desde un mundo idílico: ¿todos y todas somos o podemos ser "propietarios"?, ¿todos tenemos "contratos protegidos"?, ¿estamos realmente protegidos de expoliaciones y/o expropiaciones? El articulado en torno a este tema es declarativo porque no se condice con la realidad actual del Perú, donde basta ver los conflictos de la megaminería con las poblaciones locales, incluyendo territorios indígenas ancestrales, en los espacios que están concesionados para el extractivismo. ¿Por quién doblan las campanas cuando se habla de "expoliación"?

Lima, 17 de octubre 2019.

Antonio Romero Reyes

Colaborador de ALAI desde el 2008. Autor de los libros: Miserias de la economía. El fetichismo de la ciencia económica (2012) y La transición histórica en el siglo XXI (2011). Investigador adherente del Seminario Economía Social, Solidaria y Popular, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.