Es un diagnóstico reiterado en muchos países de América Latina la alta concentración de la propiedad rural. Para el caso colombiano, el indicador Gini¹ de contracción de la propiedad rural en 2017 fue de 0,9. Este alto nivel de concentración de la propiedad, y sus efectos en materia ambiental, social y económica han sido los argumentos para proponer una reforma agraria integral.

En efecto, altos índices de concentración de la tierra traen consigo conflictos severos en materia socioeconómica, revelados entre otros, en la persistencia de la pobreza.

La alta concentración de la tierra también ha llevado a que sujetos con interés productivo y especulativo encuentren rentable el camino de la ampliación de la frontera agraria deforestando bosques y selvas a un ritmo alarmante. En el caso colombiano, según cálculos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), solamente durante el año 2018, aproximadamente 200 mil hectáreas de la selva amazónica se transformaron en praderas.

Los anteriores son apenas una muestra de la cantidad de problemas que se asocian con la alta concentración de la tierra, más para un país como Colombia, donde el despojo y el abandono forzado de tierras por efecto del conflicto armado han contribuido para mostrar una tragedia social y humanitaria.

Hasta hace unas décadas la propuesta para superar este cuadro social y económico consistía en la realización de una reforma agraria integral, esto es, una redistribución de la propiedad rural junto con políticas de desarrollo rural. No obstante, con las políticas de corte neoliberal, la receta se alteró, buscando superar el problema de la concentración de la propiedad mediante la acción del mercado.

Ahora bien, como lo sugiere Albert Berry en su libro de 2017, titulado “Avance y fracaso en el agro colombiano, siglos XX y XXI”, tanto antes de las reformas neoliberales como después de éstas, los esfuerzos no evidencian una superación del problema de la tierra en Colombia. A nuestro entender ésta pesadumbre, sumado a concepciones limitadas o erradas, ha generado una pérdida de interés por la reforma agraria.

En tal sentido, algunos afirman que la reforma agraria resultaría ineficaz para un país como Colombia, en razón a que gran parte de la población habita en áreas urbanas (76% aproximadamente), siendo sugerida una visión de la reforma agraria como una política social focalizada.

En materia ideológica se afirma peyorativa y falsamente que la reforma agraria representa una política comunista, que pretende quitar la propiedad bien habida y afectar por tanto el patrimonio y la voluntad de inversión privada en el campo. Una aseveración que tiene poco fundamento, pues esta política fue ampliamente estimulada por el Banco Mundial en distintos países, a la vez que una reforma base para el despegue económico de países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, entre otros.

En razón a lo anterior se cree necesario repensar la reforma agraria, superando su actual condición de marginalidad; y al contrario entenderla como una política de Estado del mismo nivel que la política fiscal o monetaria, es decir, una política macroeconómica.

Varias razones explicarían tal resignificación de la reforma agraria. Sólo para efectos de provocación se podrían mencionar las siguientes tres.

En primer lugar, porque se debe entender la reforma agraria no como una política de redistribución de bienes reclamados privados, sino como una política de reacomodación de un factor productivo escaso y prácticamente irreproducible. Este marco cognitivo iría en línea con la función social y ecológica de la propiedad, imponiendo la obligación del uso productivo por encima de la especulación o el control político y territorial.

En segundo lugar, la reforma agraria alteraría otros indicadores macroeconómicos, en particular el nivel de precios y la ocupación. En efecto, una mayor producción interna del sector agropecuario, como efecto esperado de la reforma agraria, podría reducir o estabilizar los precios mediante una expansión de la oferta de alimentos para los hogares y de insumos para las industrias.

En tercer lugar, la reforma agraria combinada con políticas de incentivos a la pequeña y mediana propiedad, podría traer consigo una expansión del crédito y generación de riqueza en distintos sectores económicos, es decir, aumentar el ritmo de crecimiento de la economía y a la vez paliar la situación de pobreza y desigualdad tan manifiestas en el caso colombiano.

Por último, una reforma agraria como política macroeconómica exigiría la atención debida por parte del Estado en todos los niveles de gobierno, lo cual implicaría el establecimiento de indicadores y metas estrictas por los distintos gobernantes de turno.

Quizás el problema no ha sido la política como tal, sino el lugar que se le ha dado en sociedad. Repensar la reforma agraria y darle una cabida institucional y política de importancia sería un paso necesario para la superación del estado de realidad que nos oprime.