Colombia

Cauca: sacrificio y dignidad indígena en la lucha por la paz y la justicia social

Albeiro Caro

08/11/2019

Opinión

Foto: Revista Semana

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Desde los días de abril cuando, en medio de la Minga que duró un mes, el Presidente Duque llegó al Cauca a remolque, presionado por la movilización indígena y desistió de presentarse ante la comunidad con base en el pretexto creado por el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, acerca de un posible atentado contra el Presidente, hasta ahora que ha vuelto a raíz de las masacres prometiendo 1,3 billones de pesos para programas sociales y 2.500 soldados más para engrosar el pie de fuerza en el departamento más militarizado del país, se han recrudecido los actos de terror e intimidación contra los líderes sociales y del movimiento indígena en particular, en ese martirizado departamento.

Los hechos luctuosos se han exacerbado con matanzas gota a gota que han implicado, según datos de la ONIC (noviembre 6, 2019), el asesinato de un indígena cada tres días, con lo que ya se cuentan 120 asesinatos durante los 14 meses el Gobierno de Iván Duque. Ahora, esto se recrudece con masacres en el Resguardo de Tacueyó, con el asesinato de la Gobernadora Cristina Bautista y los Guardias Indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, así como las heridas provocadas a Crescencio Peteche, Autoridad Indígena y a los Guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas. Es de resaltar que, ya estando en poder del ejército la camioneta en que se movilizaban los asesinos fue incinerada, antes de que fuera examinada por el CTI para detectar huellas dactilares.

Posteriormente, el 31 de octubre fueron asesinadas cinco personas pertenecientes a un grupo de ingenieros que laboraban en la zona rural de Corinto y una en Caloto. En principio, se cree que el móvil fue el robo de drones que estaban utilizando para realizar estudios de la zona.

En este contexto departamental, tan complejo, se entrelazan los conflictos por la tierra, el ascenso del movimiento indígena en la construcción de autonomía e identidad que establece vasos comunicantes con el desarrollo del movimiento campesino, afrocolombiano y de las luchas por protección del territorio, desde ópticas de paz y negativa a participar en actividades de narcotráfico; se emprenden gigantescos desafíos frente a la presión de los terratenientes, la hostilidad estatal y de la fuerza pública, la incomprensión gubernamental, entrelazada con la presencia territorial de grupos y bandas criminales interesadas en los cultivos de uso ilícito y en la explotación minera, cada vez más articuladas a cadenas internacionales de suministro del narcotráfico y de la minería del oro, donde muy probablemente entran los carteles mexicanos en los eslabones de la distribución en el mercado norteamericano.

Mucho se habla de la presencia del Cartel de Sinaloa en la región. Sin embargo, en los eslabones del cultivo, el procesamiento y el transporte, puede afirmarse que las actividades de narcotráfico y minería ilegal en el departamento se desarrollan por parte de grupos residuales, mal llamados “disidencias”, no acogidos al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, que han derivado en grupos dedicados a estas actividades ilegales, con propósitos de ganar dinero, controlar el territorio, asegurar la operación de los laboratorios y las rutas logísticas, con base en dichos fines. Todo parece indicar que las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, escindidas del Frente Sexto vienen operando en este sentido, sin ningún respeto por el Derecho Internacional Humanitario y utilizando fuerza desmedida, sin diálogo ni explicación. Es de anotar que también en la región operan las Autodefensas Gaitanistas, el ELN y están entrando los Pelusos.

Como bien lo afirma el Senador Petro (Nov 5, 2019), la estrategia de los grupos narcotraficantes que pretenden consolidar sus dominios en el Cauca se centran en estrategias de cooptación y de terror. La cooptación, se encamina a nutrir las filas de la base de los grupos criminales con pobladores locales y el terror, a diezmar la resistencia de las comunidades a su influencia, mediante el asesinato sistemático de líderes, lideresas, guardias indígenas y participantes activos de las comunidades, con la pretensión de amilanar el movimiento a través del miedo.

Según explica Soto (noviembre 3, 2019), en la Asamblea reciente de la comunidad Nasa se decidió que la comunidad responderá masiva y pacíficamente a los ataques yendo a interceptar los operativos de los atacantes mediante respuesta de 100 o 200 integrantes para cubrir más terreno, capturar y evitar hechos violentos, dentro de un plan de erradicación de cultivos de uso ilícito que iniciarán en seis meses. Esto aumenta su nivel de exposición; pero, reafirma su voluntad de mantenerse al margen de la actividad de grupos armados y de reafirmar su autonomía e identidad en la lucha por la tierra.

Sin embargo, en vez de considerar a las comunidades como a un aliado en esta lucha por la paz y la cultura de la legalidad, estas sufren el ataque policivo y militar contra la guardia Indígena y los recuperadores de tierra en los municipios de Corinto y Caloto, en pro de los ingenios cañeros, al igual que en otras recuperaciones de tierras, como lo denuncia el CRIC (noviembre 01, 2019).

Las comunidades no ven una acción seria y decidida del Estado para cumplir con su deber constitucional de garantizar la vida de todos los colombianos y colombianas. Solo encuentra al respecto, incumplimiento por acción y por omisión.

A raíz de las masacres el Presidente Duque, según lo percibe el Senador Feliciano Valencia, viene cambiando de tono y se ha sentado en territorio indígena con las autoridades de los Cabildos, como ocurrió en el Consejo de Seguridad del 30 de octubre pasado, donde el Senador actuó como delegado de las comunidades indígenas, lo que permite avanzar en procesos de entendimiento. No obstante, los líderes indígenas son enfáticos en desechar los propósitos gubernamentales de coordinar la Guardia Indígena con el ejército, dado que esta estrategia cooptativa borraría su carácter civil, legítimo y autónomo de las comunidades. Además, ante la desconfianza que genera el hecho de encontrar que, pese a la gran militarización y acceso a los territorios indígenas, así como a sus entradas y salidas, no hay seguridad para los indígenas, se mueven armamentos, precursores químicos y productos de uso ilícito, por vías controladas por la fuerza pública, lo que da a entender que hay militares implicados en esos negocios, como lo expresó el Obispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve y lo relata Caballero (noviembre 5,2019). De allí, entre otras cosas, que se considere absurda la pretensión de garantizar seguridad con más pie de fuerza.

Donde se logra algún avance es en medidas que quedaron en suspenso después de la Minga. Esto se relaciona con inversiones por 700 mil millones de pesos en proyectos de tierras, vías, viviendas, trabajo e inversión social. Retomar los Planes de Sustitución de Cultivos – PNIS, incluso, mediante la creación de un nuevo programa, lo que genera la oportunidad para superar la erradicación forzada y retomar la sustitución voluntaria, suspendida con la entrada en escena del actual gobierno.

Así mismo, aunque el gobierno acepta la propuesta de la Defensoría del Pueblo de crear la “Carpa Blanca”, como espacio físico neutral en Caloto y Toribío, donde delegados del gobierno, órganos de control, militares, misiones humanitarias y Cruz Roja reaccionen rápido frente a los problemas de la región. En contraste, la dirigencia indígena es enfática en resaltar que la Carpa Blanca no puede ser una instancia de coordinación entre guardia indígena y fuerza pública, porque esto contradice el carácter humanitario. La Consejería del CRIC es enfática en criticar las propuestas gubernamentales que vayan encaminadas a la inmersión de las comunidades en estrategias de guerra, que son contrarias a las estrategias para garantizar la vida, la justicia y la paz.

De otro lado, la Unidad de Protección se ha comprometido a apoyar a la guardia Indígena en su proceso de fortalecimiento, mediante la asignación de recursos para dotación y funcionamiento de su sitio de reclusión denominado Centro de Armonización.

No obstante, el día 5 de noviembre, ante el hecho de nuevos asesinatos, las organizaciones sociales, indígenas y sindicales del Cauca decidieron levantarse de la Mesa de Trabajo con el gobierno y expresaron su disposición a participar el paro nacional, programado pare el 21 de noviembre, como lo registra Colprensa noviembre 5, 2019).

Como lo demuestra el Senador Petro, la estrategia para derrotar a los carteles de la droga está en construir una sólida alianza con el movimiento indígena, afro y campesino; lo que significa garantizar sus reivindicaciones, en términos de tierra, cultura y democracia.

Notas

CABALLERO, Juan Martín. Obispo advierte que indígenas del Cauca sospechan que Policía maneja grupos armados. 5 de noviembre de 2019. Ver: https://colombianoindignado.com/obispo-advierte-que-indigenas-del-cauca-sospechan-que-policia-maneja-grupos-armados/

El colombiano. Indígenas no seguirán en mesa de trabajo con el gobierno en el Cauca

5 de noviembre de 2019. Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/organizaciones-sociales-sindicales-e-indigenas-se-levantan-de-mesa-de-trabajo-en-el-cauca-LJ11907682

Consejería Mayor del CRIC. Masacre Indígenas en el Cauca: ¿Incapacidad del Estado o Imposición de un Modelo de Despojo Territorial?: Pronunciamiento del CRIC. Resguardo de Tacueyó, Municipio de toribío, Cauca. Noviembre 01 de 2019.