Mientras se debate en muchos países si lo que hubo en Bolivia fue o no un golpe de Estado, en el terreno van sumando el número de muertos entre quienes se oponen a la autonombrada presidenta Jeanine Añez y el golpe de Estado alentado por Carlos Mesa y Fernando Camacho. En Cochabamba, este viernes 15 de noviembre murieron nueve personas, 115 resultaron heridas y otras 200 fueron detenidas tras enfrentamientos con el ejército y la policía.

Los datos que demuestran que se trata de un golpe de Estado que busca la restauración neoliberal en el país se encuentran en las primeras medidas adoptadas por las fuerzas políticas que ahora ocupan el Palacio Quemado. 

El 14 de noviembre, el nuevo ministro de economía y finanzas públicas de Bolivia, José Luis Parada, quien hace parte de los sectores políticos en Santa Cruz que fueron los principales actores en la campaña separatista de 2008, declaró que buscará “liberar la economía, comenzar a abrirla porque estaba muy cerrada”, por ejemplo, por los “controles” y “cupos” de exportación. Según el periódico La Razón, Parada también señaló que otra tarea fundamental es buscar los mecanismos para atraer la inversión extranjera, señalando que “el plan es que las embajadas y los consulados se vuelvan gestores de inversiones y no gestores políticos."

Tal como sucedió en enero de 2019 en el caso de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, Estados Unidos también reconoció el pasado 14 de noviembre a Jeanine Añez, quien, en acto similar, se autonombró presidenta de Bolivia.

Tras ese reconocimiento, países alineados con Washington y gobiernos de derecha como la Argentina de Macri o Brasil no perdieron tiempo en reconocer a la improvisada mandataria.

Tanto en el caso de Venezuela como Bolivia, las propuestas de la oposición son de abrir los sectores de la economía nacionalizada a los intereses de las compañías transnacionales estadounidenses. Se trata específicamente del petróleo y del litio. Venezuela y Bolivia cuentan con las reservas más grandes del mundo de estas materias primas. Estados Unidos está empeñada, mediante métodos legales e ilegales, en impedir que esas reservas acaben bajo la influencia de rivales geopolíticos y económicos como Rusia y China.

En un artículo a propósito del litio en Bolivia, Vijay Prashad, de la organización Common Dreams, escribe que “las compañías Tesla (Estados Unidos) y Pure Energy Minerals (Canadá) mostraron un gran interés en explotar el litio boliviano. Pero no pudieron llegar a un acuerdo que respete los parámetros establecidos por el gobierno de Bolivia. El propio Morales era un obstáculo directo para obtener el control del litio. Por esta razón Morales tenía que salir. Después del golpe, las acciones de Tesla subieron astronómicamente”.

En su plataforma en materia económica, Carlos Mesa, candidato de Estados Unidos y cabeza de la formación opositora Comunidad Ciudadana, propone el reemplazo de un modelo de economía social y redistribución más justa de la riqueza nacional por otro en el que “se debe superar la discusión de estatismo versus libre empresa… este objetivo de cambio de modelo se logrará mediante una combinación de políticas macroeconómicas y políticas sectoriales, acuerdo público-privado y cualificación de la fuerza de trabajo… favoreceremos los clúster innovadores que permitan la industrialización de metales requeridos por la industria de punta, como el litio y el indio…”

El viernes 15 de noviembre, la prensa boliviana publicó en primera plana que el nuevo gobierno “decide liberar la economía”, mientras que los empresarios privados señalan que “es necesario hacer que el país sea atractivo para las inversiones extranjeras”, esto en momentos en que las reservas bolivianas han permitido llevar a cabo grandes inversiones de capital en el sector productivo, como plantas petroquímicas y de producción de insumos agrícolas. Es decir, que las necesidades de capital externo para la inversión no son necesariamente una prioridad dadas las reservas del Banco Central de Bolivia.

Según el más reciente informe de la principal institución financiera en Bolivia, “al 30 de junio de 2019, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzaron a USD 8.316,9 millones, con una reducción de USD 629,4 millones en el primer semestre de 2019. El ratio de Reservas Internacionales respecto al PIB para la gestión 2019 alcanza a 19%, uno de los más altos de la región.”

Para el 14 de noviembre, el sector empresarial expresó su apoyo a la autonombrada presidenta Añez, destacando que “la CEPB (Confederación de empresarios privados de Bolivia) expresó su beneplácito por el nombramiento y posesión de Jeanine Añez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la sucesión constitucional y el principio de continuidad institucional”, algo que, según la organización patronal, “garantiza la vigencia plena del sistema democrático y, sobre todo, genera las condiciones para la pacificación y normalización de las actividades en el país.”

Por otro lado, los industriales del país también reportaron el 14 de noviembre una pérdida de al menos 1.100 millones de dólares por los conflictos en el país a raíz del “cambio de Gobierno”. 

En Santa Cruz, el sector empresarial también decidió apoyar activamente las tareas de represión contra sectores de la población que resisten al golpe de Estado, mediante el apoyo logístico a un ejército nacional que “sugirió” la renuncia al presidente en ejercicio, Evo Morales, el pasado 10 de noviembre.

Según la revista boliviana de negocios Economy, Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, anunció entre el 14 y el 15 de noviembre que su institución decidió unirse a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en el apoyo a los efectivos policiales y militares que se encuentran “restaurando el orden” en Yapacaní, “mediante la recolección de insumos y diferentes requerimientos necesarios en los despliegues, tales como toldos, carpas para acampar, hidratantes, colchonetas, ventiladores, linternas, además de agua, raciones secas de comida, fruta y equipos de limpieza”.

Es notable que durante los 22 días de la asfixia institucional y gestación del golpe de Estado coordinadas por Carlos Mesa y Fernando Camacho, en nombre de la defensa de la democracia boliviana, ninguno de los sectores populares movilizados pidió específicamente una “liberación de la economía”. Sin embargo, esta es una de las primeras medidas que anuncian la restauración neoliberal en Bolivia.

Desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 en Chile, la experiencia regional ha demostrado que, para mantenerse en el poder, un gobierno neoliberal necesita recurrir a la represión, la violencia militar y el terrorismo de Estado. Esto es exactamente lo que está llevando a cabo el régimen de la autonombrada mandataria Jeanine Añez en Bolivia, apoyada por los responsables y apologistas del golpe de Estado que incluyen a Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, Branko Marinkovic, Marco Pumari, Jaime Paz Zamora y todas aquellas voces que defienden las viejas estructuras coloniales, discriminatorias y racistas en Bolivia.

Hasta el momento, la respuesta de los sectores que rechazan esta violenta arremetida neoliberal, desatada en Bolivia en nombre de la biblia y el sometimiento al imperio estadounidense, ha sido clara: no se acepta la renuncia de Evo Morales, no se acepta el golpe de Estado.