La corrupción sigue siendo noticia en España, ahora con la sentencia de dos expresidentes de la comunidad autónoma de Andalucía, uno a pena de cárcel y otro inhabilitado para cargos de representación, gobernada por el PSOE durante casi 40 años. Según el fallo judicial se desviaban fondos, legalmente destinados a empresas en crisis y trabajadores en situación de desempleo, con el propósito último de amordazar voces críticas empresariales y sindicales que permitieran una paz social ficticia. El montante de partidas públicas redirigidas sin control administrativo asciende a casi 700 millones de euros.

Un informe de 2018 realizado por Los Verdes/Alianza Libre Europea, grupo del Parlamento de Estrasburgo, estimaba el fraude por corrupción en España en 90.000 millones de euros, alrededor del 8 por ciento del PIB estatal. Para toda la UE el fraude corrupto alcanzaría los 900.000 millones de euros al año.

La web casos-aislados.com eleva esa cantidad a 125.000 millones de euros mientras que el Fondo Monetario Internacional la reduce a 60.000 millones de euros anuales.

En lo que va de siglo se han destapado en España más de 2.000 casos de corrupción y se registran por encima de 8.000 implicados en causas abiertas, ya cerradas, desestimadas por prescripción de delitos y otros motivos o sentenciadas aunque muchas de ellas recurridas en tribunales de orden superior.

Para contrastar estos datos, debemos saber que España dedica unos 50.000 millones de euros cada año a Educación y 17.000 millones a subsidios para desempleados.

PP y PSOE, el bipartidismo creado ad hoc a la muerte del dictador Franco, en colusión con los partidos nacionalistas de derechas de Euskadi y Cataluña, PNV y CiU respectivamente, son las organizaciones más manchadas por la corrupción política. Hablar de corrupción española es casi sinónimo de PP, con el PSOE muy cerca, el nacionalismo conservador catalán liderado por el expresidente Pujol pisando los talones al PP y en mucha menor medida algunos escarceos atribuidos al PNV. Los cuatro partidos, también la UCD del expresidente Suárez, han conformado las mayorías parlamentarias que han dado sustento a todos los gobiernos de la era democrática contemporánea. En breve puede romperse esa realidad con el hito de un Ejecutivo de coalición donde entre una nueva formación de tinte izquierdista, Unidas Podemos.

En España, las grandes empresas y los bancos mayores financian a los principales partidos políticos, los políticos “financiados” nombran a los “jefes” del Poder Judicial, la policía y los militares, asimismo al Fiscal General del Estado, y el círculo cuasi perfecto se cierra con “favores” legales hacia el Poder Político. La red es permeable a la par que consuetudinaria, oficiosa, habiendo auténticos demócratas en cualquiera de los ámbitos citados que llevan a cabo su labor con dignidad disintiendo de las consignas veladas que reciben en privado. De ahí que a veces algún pez gordo y trama criminal acabe en prisión o con rasguños judiciales severos o moderados. En realidad, este sistema descrito opera en multitud de espacios internacionales. Montesquieu, al parecer, no ha sido bien entendido.

No obstante, ante el volumen de corrupción detectado mediática y oficialmente y la tupida telaraña que impide ver su presunta envergadura, cabe preguntarse si lo que aflora no es más que una porción diminuta del gigante cuerpo hoy invisible.

Aunque España entera ha registrado secuencias corruptas, los territorios más afectados y de impacto público han sido Madrid (PP), Comunidad Valenciana (PP), Galicia (PP), Murcia (PP), Castilla y León (PP), Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU de Pujol).

Los delitos imputados son muy variados: financiación ilegal de partidos políticos, enriquecimientos personales ilícitos, desvío de fondos irregulares, mordidas administrativas para ganar concursos de obras o servicios, recalificaciones de suelo, cambios de legislación para favorecer a multinacionales, concesión de licencias a empresas de amigos, subvenciones no transparentes a terceros, desvío de fondos a destinos no contemplados por la ley, caciquismo inveterado de personajes de dudosa reputación muy populares en sus comarcas, tarjetas de crédito emitidas de forma nominal para gastos privados y puertas giratorias de la Administración a los emporios que cotizan en la elitista Ibex 35 bursátil. En algunos casos concretos, la larga mano oculta de la corrupción hizo caer incluso a señeros dirigentes sindicales.

El bipartidismo español como procedimiento parlamentario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el sistema político imperante entonces pactó la alternancia entre Sagasta (liberal) y Cánovas (conservador), destilando esta época un aroma muy parecido al surgido tras el franquismo con el turnismo vía electoral consensuada entre PSOE (socialdemocracia descafeinada) y UCD/PP (derechas aperturistas y nostálgicos del franquismo).

Aunque desde esferas muy reaccionarias, ahora en la órbita del nuevo partido fascista Vox, se intente trasladar la idea de que en la dictadura la corrupción era inexistente, la verdad histórica es diametralmente opuesta. El régimen sobrevivía en la opacidad absoluta, sin libertades, con las cárceles a rebosar de republicanos y las cunetas plagadas de asesinados (el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos aún sin identificar).

Durante un discurso en Lugo en 1942, Franco pronunció una frase concluyente: “Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos (de ella).” Palabras definitivas. Siguiendo con el dictador, diversos investigadores estiman su fortuna personal en una horquilla que va de los 400 a los 2.000 millones de euros, montante misterioso aún que ha ido a parar a diferentes miembros de su familia. Tan suculenta cifra se acumuló merced a comisiones, regalos, donaciones y sueldos.

No le va a la zaga el rey emérito Juan Carlos de Borbón, a quien la revista Forbes y el rotativo The New York Times calculan un patrimonio de entre 1.800 y 2.000 millones de euros, y al que su hijo Felipe, actual monarca, le asignó una pensión vitalicia anual que supera los 180.000 euros. Hay que recordar que la Monarquía española está situada en la cúspide simbólica de la democracia parlamentaria en vigor y que en cada viaje fuera de las fronteras de España se hace acompañar en su séquito por figuras empresariales de relieve para facilitarles sus contactos de alto nivel con gobiernos de distinto signo, incluyendo las dictaduras petrolíferas que dominan el mercado de crudo a escala internacional, Arabia Saudí entre otras.

Mirando atrás, merece una mención especial en este análisis raudo de la corrupción lo que España quiso y no pudo si la Segunda República (1931-1939) no hubiera sido interrumpida por el franquismo con la enorme ayuda prestada por el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini en connivencia neutral de Francia y Reino Unido. Los republicanos quisieron plurinacionalidad, igualdad entre hombre y mujer, educación libre (10.000 escuelas edificadas en los dos primeros años), sanidad universal, separación Iglesia-Estado, reforma agraria...

La corrupción, en definitiva, tiene muchos nombres y causas: dictadura, consensos bipartidistas, caciquismo, ausencia de controles eficientes, falta de conciencia política democrática, costumbres arraigadas en la tradición, venalidades demasiado humanas, pobreza, explotación, precariedad, afán de lucro. Etcétera. A menudo, voluntades férreas entregan sus principios al diablo por mera imitación y coerción social: el que resiste contra viento y marea en su dignidad quijotesca suele ser tachado de tonto o imbécil. La ocasión la pintan calva, dice un viejo refrán español. Ocasión era una diosa romana que representaban desnuda, voluptuosa y sin pelo por detrás, que antes los griegos desposaron con Zeus. Traducción libérrima: si lo tienes delante (poder, dinero, influencia), llévatelo contigo.