Algunas políticas, acciones y controversias dentro de la transición

La despedida del actual gobierno

Pasaron las elecciones hace tres meses y ya hay presidente electo: Alejandro Giammattei, quien asumirá el 14 de enero del año entrante. Se vive ahora el momento de la transición, entre el grupo gobernante actual saliente y el grupo entrante a gobernar. Momento difícil, del que se pueden decir muchas cosas; entre otras, que ha habido una la falta de mejor, más amplia y más detallada información entre las partes en asuntos y situaciones internas/nacionales, o externas/internacionales. La pregunta básica es: si habrá cambios sustanciales en un futuro a corto y mediano plazo, o al menos se avizorarán algunos cambios mínimos al final del mandato del próximo gobierno, o seguirá profundizándose la crisis sociopolítica, socioeconómica y socioambiental del país como hasta ahora.

Lamentablemente para el país y para la mayor parte de la población, el tramo final de la administración de Jimmy Morales está marcado por una enorme profundización de una posición de derecha pretérita (hacia el pasado autoritario y militarista), conservadora, antipopular, que termina avalando el triunfo de la impunidad y de ese Pacto de Corruptos que parece “salirse con la suya”. La retirada de la Cicig, como símbolo de ello, la festejó con bombos y platillos. Más aún: ahora el Pacto de Corruptos está tratando de revisar lo actuado por esa Comisión, amenazando con “pasarle factura”. Está por verse qué hará el nuevo mandatario con todos estos espinosos temas quien, al menos en “declaraciones públicas”, tomó distancia de algunas de las últimas medidas del actual gobierno.

La fuerza política gobernante actual, esa que se dio en llamar el “Pacto de corruptos”, es la que manda. Pacto, por cierto, que no consta en ningún contrato, sino en un acuerdo construido en forma operativa que posibilita a cierto empresariado, determinada clase política y ciertos grupos de militares y exmilitares, a relacionarse, organizarse y manejarse con total impunidad para llevar a cabo sus negocios vinculados a transacciones, acciones y actividades mayormente ilegales y criminales, principalmente utilizando las instituciones públicas. Negocios que van mayormente de lo no tan lícito a lo ilícito, hechos muchas veces a la sombra del Estado o con la connivencia de los poderes oficiales o fácticos en contubernio o vinculación, en muchos casos y situaciones, directa o indirectamente con el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de personas y mercancías. Todo ese entramado, que vio en la Cicig un terrible peligro, respira ahora tranquilo. Lo hace, porque consiguió el visto bueno de la administración de la Casa Blanca -verdadero y último poder en Guatemala- y siente que ha ganado su batalla: la corrupción y la impunidad siguen mayormente intocables.

Estas fuerzas de extrema derecha ahora se sienten victoriosas. De hecho, lo son en la dinámica coyuntural del país, puesto que han ido copando, cooptando y manejando todos los espacios institucionales, moviendo sus fichas y armando un entramado que les permite sonreír intocables, salvaguardados e impunes. Ocupan el Poder Ejecutivo con sus ministerios y secretarías, el Congreso, buena parte del Poder Judicial, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público, numerosas alcaldías, gobierna turbas y grupos paralelos de choque y limpieza política y social, los consejos de desarrollo a distintos niveles, puertos y puestos de chequeo y aduanas fronterizas.

La única sombra en su contra ahora que la Cicig desapareció, está dada por el Procurador de Derechos Humanos (PDH) y por la Corte de Constitucionalidad (CC). De ahí que, ambas instancias son vehemente y constantemente bombardeadas, pidiéndose su remoción y “castigo legal”. En síntesis: una derecha económico-político-cultural tiene la hegemonía del país, con el aval de la Embajada de Estados Unidos, favoreciendo en definitiva la acumulación empresarial, nacional y extranjera, bajo una crisis recurrente, constantemente ampliada y ahondada en el modelo de subdesarrollo perenne.

Es sabido que los presidentes en Guatemala y todo su equipo de gobierno funcionan como administradores del Estado (analizado en la segunda parte de este ensayo). No es de esa administración de quien depende toda la estructura básica de la sociedad: son las relaciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales que contribuyen o coadyuvan decisivamente a la generación, apropiación, acumulación y distribución de riqueza “lícita o ilícitamente”.

Estas relaciones entre clases, etnias, grupos sociales y de interés, son las que facilitan u obstaculizan el desarrollo o expanden el subdesarrollo de Guatemala. Estas relaciones se articulan también, no solamente por diferentes instituciones del Estado, sino también por los distintos niveles de la estructura productiva y el sistema y/o modo de producción, la organización social y/o sus formas de asociación en un contexto dado. Lamentablemente también, los virtuales orientadores de las políticas vigentes, tanto en el actual gobierno como en el gobierno entrante, tienen un marcado signo de derecha y derecha extrema. Las relaciones entre los sectores, clases y segmentos de la sociedad guatemalteca no se van a modificar. Más bien parece que el autoritarismo, el militarismo y el mesianismo religioso se van a amalgamar y acentuar para tratar de mantener el modelo actual. Ojalá nos equivoquemos.

Dentro del juego que permite la institucionalidad actual con la sociedad (la de un país capitalista periférico, pseudo-democrático, autoritario, oligárquico, pobre y dependiente), cada equipo gubernamental tiene sellos particulares que le confieren características propias. El actual, por lo pronto, con Jimmy Morales a la cabeza y un grupo de exoficiales del ejército nucleados en ese partido de reciente creación, el Frente de Convergencia Nacional -FCN- (el cual acaba de ser sancionado por el Tribunal Supremo Electoral -TSE- con su desaparición debido a la baja cantidad de votos que tuvo en estas últimas elecciones y por cuestionamientos sobre su financiación ilícita), no trajo nada nuevo en la dinámica política. La estructura básica del país, después de más de 30 años de democracia formal y de 23 años de terminado el Conflicto Armado Interno, no ha cambiado en lo sustancial (analizado en la segunda parte de este ensayo). Y no solo eso, sino que en este momento se ven fuertes retrocesos en los intentos de impulsar el proceso de modernización, institucionalización, democratización y desarrollo integral de Guatemala. Todo atisbo de progresismo es bloqueado, atacado, cuestionado, denigrado o desechado por estas posiciones ultraconservadoras.

Los salarios de la población trabajadora siguen siendo de hambre (apenas cubren un tercio de la canasta básica), y el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), busca reducirlos aún más oponiéndose sistemáticamente a cada iniciativa de aumentos salariales. En complemento, la protesta social continúa siendo criminalizada. Numerosos líderes campesinos han sido asesinados en los últimos tiempos, quedando los hechos en total impunidad. El campo popular (movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas con un tinte de izquierda) está fragmentado, paralizado, cooptado, y los intentos de organización no avanzan.

Con este panorama (pobreza generalizada, violencia delincuencial cotidiana que no baja, corrupción e impunidad en el ámbito político e institucional, migraciones desesperadas como única “solución” a grandes masas de población -cerca de 300 personas diarias tratan de salir o salen en promedio del país en condición de “mojados”-, más todos los “regalos” que le hereda el gobierno de Jimmy Morales), el próximo 14 de enero a las 14 hs. el nuevo presidente se hará cargo de la conducción de Guatemala.

Es llamativo que, si bien Alejandro Giammattei es claramente un hombre de derecha y distintos sectores de derecha y derecha extrema promovieron su llegada al poder tapándole el camino a Sandra Torres, de momento ha estado al margen -o mejor dicho, el actual gobierno saliente lo ha mantenido al margen- de las medidas de extrema derecha que se han venido tomando. Ni él ni su equipo están, hasta donde se sabe por los medios de comunicación, claramente involucrados en las decisiones y acciones políticas lesivas para el Estado, durante el período de transición. No está claro aún qué se puede esperar de la próxima administración de gobierno. El sentir popular, distinto a la esperanza de otros momentos similares previos a un cambio de gobierno, no muestra mayores expectativas. ¿Más de lo mismo? O… ¿Lo mismo con más?

El organismo ejecutivo: caos, destrucción y cooptación de las instituciones del Estado

Estado de sitio

En medio de esta coyuntura totalmente especial (dominada por una doble transición: el retiro oficial de la Cicig y la pronta asunción de un nuevo equipo de gobierno en el Ejecutivo), se da la muerte de tres miembros del ejército en un confuso incidente en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, en una supuesta misión de búsqueda de narcos, droga y pistas de aterrizaje y otras evidencias de esta actividad ilícita. Este incidente sucedió en el nororiente del país, presuntamente a manos de narcotraficantes según voces oficiales, siendo el motivo (la excusa) que le permitió al gobierno la instauración de un estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos del territorio guatemalteco.

El estado de sitio duró parte de los meses de septiembre y octubre del presente año. De acuerdo a los medios de comunicación, a instancias del Ejecutivo, el sábado 7 de septiembre, cuatro días después de tales hechos descritos arriba, el Congreso aprobó el “decreto de estado de sitio”, lo cual fue calificado desde múltiples sectores como una medida extrema y desproporcionada, en especial, por la sencilla razón de que el área afectada, una aldea en particular (Semuy II, El Estor, Izabal), en la cual se dieron los confusos y violentos hechos, es muy pequeña y territorialmente delimitada. La extensión del estado de sitio por un mes más no fue finalmente aprobada por Congreso a mitad del mes de octubre.

Lo llamativo es que se militarizó con estado de sitio una amplia región, bastante alejada incluso del lugar donde se dio el incidente, y que casualmente presenta la mayor conflictividad social del país. Área “ingobernable”, según el Cacif, centrada en torno al lago de Izabal y el valle del río Polochic. Allí -esto es lo curioso- se concentra una pujante inversión empresarial (nacional y extranjera) relacionada con la minería, las centrales hidroeléctricas y el cultivo de grandes extensiones de palma africana, “desarrollo agrícola intensivo” que es resistido fuertemente por las comunidades locales. Y también es una zona de importante narcoactividad (pistas clandestinas, plantaciones de hoja de coca, laboratorios para la producción de cocaína, almacenaje, transportación y distribución, etc.).

Como bien dice el analista Édgar Gutiérrez: “Llama la atención: a) enviaron una reducida tropa no bien apertrechada y sin orientación de inteligencia a una zona de alto riesgo; b) cualquier informe de inteligencia destacaría que los narcos pagan a líderes locales y [que] estos son capaces de poner como escudo humano de los criminales a mujeres y niños, que es lo que ocurrió en El Estor; c) el Ejército ha cumplido una misión marcada en los acuerdos de paz al evitar choques con la población civil (en eventos críticos en San Marcos, Huehuetenango e Izabal, las tropas han depositado sus armas en las manos de los delegados del PDH e incluso se dejan desarmar o abandonan el terreno con tal de no tocar a los civiles descontentos); d) todo apunta a que los mandos tácticos (¿y estratégicos?) de la operación en El Estor enviaron a los soldados como corderos al sacrificio, y es que e) un buen informe de inteligencia también diría que no tenía sentido localizar una pista de aterrizaje en El Estor, cuando los narcos estaban aterrizando en la Costa Sur.”

¿O sea, la misión fue al final inútil y suicida? ¿O fue una simulación y/o un pretexto para distraer a los medios de comunicación, a la opinión pública y a la población en general de algo más sustancial, estratégico y/o comprometedor? ¿Se quiso hacer una operación de control, vigilancia y contención poblacional en áreas específicas, utilizando una medida extrema en un área territorial muy amplia? ¿Se quiso borrar evidencia material de actividades ilícitas en varias áreas que abarcó el estado de sitio impuesto?

El Estado guatemalteco, en vez de defender a las poblaciones damnificadas por las empresas que aprovechan recursos naturales produciendo catástrofes medioambientales para la gente (falta de agua y de tierras cultivables, deforestación por la desaparición de biodiversidad y contaminación del lago y otros recursos hídricos en las áreas comprendidas, incluyendo daños severos a flora y fauna), ha defendido a los inversionistas criminalizando la protesta social y reprimiendo a los líderes comunitarios. Para muestra a continuación, una síntesis de tres casos:

Bernardo Caal. En Alta Verapaz, 12,000 familias de la etnia q’eqchi’ afectadas por el desvío del río Cahabón, que las deja sin agua, protestaron por esta ilegal medida de una empresa hidroeléctrica que se apropió del recurso hídrico para la construcción de dos plantas: Oxec I y II. El dirigente de la protesta, el maestro Bernardo Caal, fue sentenciado por robo agravado y retención ilegal a seis años y medio de prisión. La empresa, propiedad del millonario español Florentino Pérez y del grupo nacional Multi Inversiones, sigue trabajando impunemente.

Abelino Chub. Este líder q’eqchi’ del departamento de Izabal dirigió las protestas de las poblaciones afectadas por el monocultivo extensivo de palma africana, que condena a la gente a no tener tierras para sus cultivos de alimentación (maíz y frijol). Terratenientes con poder económico y mucha influencia política desplazan a las familias lugareñas para sembrar su cultivo, destinado a la exportación. Abelino fue encarcelado por liderar esas protestas. Pasó en la cárcel dos años, pero fue liberado, pues ningún delito se le pudo imputar.

Eduardo Bin. En el departamento de Izabal opera la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN-, de capitales mixtos guatemalteco, ruso, suizo y de otros inversionistas europeos. Obtiene ese mineral en grandes cantidades, junto a las llamadas “tierras raras”, todo lo cual se procesa en el país para su posterior exportación. Producto de ese procesamiento, en el cual se utiliza arsénico, el lago de Izabal comenzó a contaminarse peligrosamente. Eso afecta las aguas y sus peces. Eduardo Bin, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal, encabezó las protestas. Como consecuencia, fue ligado a proceso el 5 de julio de 2018 y hasta la fecha permanece detenido. Las protestas de la población continúan.

Nadie puede creerse realmente que con el estado de sitio existiera una cruzada contra la narcoactividad. Es sabido, según datos suministrados por Naciones Unidas, que al menos un 10% del Producto Bruto Interno del país está dado por el crimen organizado, el narcotráfico y trasiego de bienes y personas. Aunque se persigue en alguna medida estas actividades ilegales, se sabe que en la zona que ahora nos incumbe son ciertas familias, ligadas a alcaldes municipales, quienes desarrollan estas “pujantes” actividades comerciales. ¿Habrá un compromiso y una persecución real de estas actividades ilegales en la próxima administración de gobierno?

Por lo pronto, se encontraron algunas pistas de aterrizaje clandestinas, utilizadas para el trasiego de estupefacientes, así como laboratorios destinados a la elaboración de cocaína con destino al mercado estadounidense. Pero queda la duda (más que razonable) respecto al trasfondo real, nunca dicho claramente, del motivo principal por lo que se instauró el estado de sitio. A decir de especialistas en la materia, como el mexicano David Martínez-Amador, esa medida no se necesitaría “si se hubiese invertido en la tecnología necesaria para cubrir el territorio, como en muchos otros países de América Latina donde se “peinan” zonas enteras para buscar plantaciones e infraestructura relacionada, sin limitar garantías” (el subrayado es nuestro).

Por el contrario, el verdadero problema que puede entreverse en gran parte de la caracterización y la dinámica entre la conflictividad social y el narcotráfico que se anidan en varias áreas rurales en la región, en muchos casos se dan y están dando por el estado de pobreza, la creciente exclusión y la inseguridad constante en que se vive, lo cual funciona como una terrible bomba de tiempo lista para estallar en cualquier momento. Ello explica la “ingobernabilidad” que critica el Cacif. Citando nuevamente a Martínez-Amador podría decirse del actual gobierno que “En el mejor de los casos ha sido un cómplice indirecto [en el desarrollo de la narco-economía]. Al no producir un modelo económico viable y equitativo, las comunidades y distintos sectores sociales encuentran el sustento básico y lamentablemente los satisfactores en estas actividades. No se trata solo de detectar y destruir, sino reducir los incentivos que hacen que las comunidades y los sectores sociales entren en la lógica de siempre: cultivo y, eventualmente, producción, y el desarrollo de otras narcoactividades relacionadas.”

Lo que sí es muy evidente es que esta militarización se instaura persiguiendo la organización comunitaria que defiende sus derechos, que se levanta contra la violencia del despojo de tierras y medios de parte de grandes propietarios, o contra el desastre medioambiental que produce la minería o las hidroeléctricas realizadas en la forma en que se hacen, sin consulta con las poblaciones y avasallándolas. Como un acto de racionalidad política -así podría entenderse- el Congreso, pese a la insistencia de los sectores más conservadores, no ratificó finalmente la continuación de ese estado de sitio.

De acuerdo al análisis de varias revistas en internet sobre Guatemala y Latinoamérica, la opinión de otros congresistas sobre esta misma disposición gubernamental, esta medida fue “extraña”; si se toma en consideración que hay un enorme e importante corredor de droga que abarca un extenso territorio de la Costa Sur de Guatemala, desde el departamento de Jutiapa en la frontera oriental con El Salvador, hasta departamento de San Marcos en la frontera occidental con México, el cual está operando con apoyo de policías, cortes, jueces, empresarios, y no se hace casi nada al respecto para desmantelarlo.

Acuerdo de tercer país seguro

El doble discurso del actual gobierno de Jimmy Morales es increíble. Por un lado dice algo, y al mismo tiempo se desdice, expresando exactamente lo contrario. Ha hablado de “soberanía y rechazo a la injerencia extranjera” cuando se refiere a lo que fue el papel y desempeño de la Cicig, demonizando visceralmente a esa instancia que luchó en buena medida en forma efectiva contra la corrupción e impunidad en el país, (aunque haya cometido algunos errores de procedimiento). Denuncia con vehemencia el avance de “fuerzas extrañas” en Guatemala como causantes de una supuesta división y confrontación interna (negación absoluta de lo que fue la Cicig, que se dedicó a denunciar algunos casos emblemáticos de corrupción, no todos). Morales ha desconocido los más mínimos principios soberanos, al prosternarse ante la imposición de la Casa Blanca con relación a la forma que negoció el acuerdo y sus contenidos (los cuales son casi un secreto hasta ahora, incluso para el gobierno de Giammattei que tomará posesión en pocas semanas), sobre cómo el país viene a ser un “Tercer país seguro” de hecho, con los migrantes irregulares que llegan a su territorio, quienes piden asilo político a Estados Unidos y/o son regresados por Estados Unidos a Guatemala. En otros términos: defensa de la soberanía cuando una instancia internacional denuncia la impunidad y la corrupción que aquí reina, y sumisión rastrera cuando el amo imperial lo ordena (tropas estadounidenses en territorio nacional, firma de un acuerdo maloliente, irrespeto por las leyes y los preceptos constitucionales nacionales). ¿Múltiple personalidad, doble estándar valorativo o vil acomodamiento político?

La firma del ignominioso e infame Acuerdo de Guatemala como “tercer país seguro” entre las administraciones de los presidentes Trump y Morales, le servirá al gobierno estadounidense para detener legalmente (aunque de un modo infame en términos éticos) a inmensos flujos migratorios de gente que, logrando vencer todos los obstáculos imaginables, llegan a territorio estadounidense y solicitan asilo. Guatemala pasa a ser gran campo de concentración, tanto para ciudadanos migrantes hondureños y salvadoreños, como de otras partes del mundo también. Esta gente migrante quedará en una espera interminable, a la que -todo augura eso al menos- probablemente nunca les darán una respuesta positiva a sus peticiones.

En vez de negar el ingreso al país del norte, la administración republicana revisa ese pedido y, eventualmente, lo concede, mientras la población solicitante debe esperar en un “tercer país seguro”. La jugada, finalmente, logra “sacarse de encima” de su frontera a esa masa de población migrante, poniéndola en un limbo jurídico, haciéndole esperar una resolución que tiene muy pocas posibilidades de llegar con respuestas positivas. El “tercer país seguro” será una trampa jurídica que evitará el ingreso masivo de migrantes irregulares. Dada la precariedad de la vida en Guatemala (60% de población en pobreza, desocupación, falta de servicios públicos básicos), aumentar el número de “desesperados” a la espera de ser resuelto su pedido de asilo, puede traer penosas consecuencias.

Definitivamente, aumentará la conflictividad social, en un país ya terriblemente conflictivo y cargado de problemas complejos sin solución inmediata. El espíritu xenofóbico puede dispararse, y cualquier hondureño o salvadoreño puede llegar a ser visto como “problema”, como “invasor”. Todo indica que no vamos para mejor, sino al contrario. No está claro que hará el presidente electo Giammattei con este tema tan candente; de momento se limitó a decir que habrá que revisar el acuerdo. Habrá que darle el beneficio de la duda, si va a renegociar el acuerdo y va a modificar sus contenidos, los cuales son aún desconocidos para la mayor parte de su gobierno y para la población.

El organismo legislativo: estrategia y legado pro-impunidad, pro-corrupción y pro-ilegalidad

La Comisión de Investigación de las Acciones de la Cicig fue formada en el mes de octubre de este año, como un acto de “investigación” (más bien de represalia y escarmiento, o de señalamiento) contra la imagen de la Cicig, al trabajo realizado y los resultados obtenidos por ésta, los problemas relacionados a sus objetivos de creación y desempeño en el país. Asimismo, intentará investigar el trabajo llevado a cabo por la Cicig con el MP para desenmascarar, perseguir y castigar a los grupos del crimen organizado, a las mafias dentro del Estado a diferentes niveles y a los diferentes grupos sociales y económicos nacionales e internacionales involucrados en actividades ilícitas en el país.

Se habla que, al frente y detrás de dicha comisión, se encuentra el grupo del “Pacto de Corruptos”. La Corte de Constitucionalidad dictaminó que la Comisión del Congreso contravenía los acuerdos firmados y ratificados por los diferentes gobiernos que autorizaron la presencia y funcionamiento de ésta. No obstante, el Congreso recurrió a una ley de emergencia que compete a esa entidad para continuar con el “trabajo” de dicha comisión. La comisión empezó a recibir a personas el pasado 3 de octubre. Los primeros en hablar fueron la viuda y la hermana de Jesús Oliva Leal, quien se quitó la vida dentro de la cárcel Mariscal Zavala. Él fue acusado dentro del caso IGSS-Pisa, un fraude que afectó a más de 530 pacientes renales, de los cuáles, según documentó la PDH, fallecieron más de 50. Se presentó además Enrique Zimeri, padre de Andrés Zimeri, un joven que fue golpeado durante una riña en un partido de futbol entre el equipo de Zimeri y un equipo de guardaespaldas de la Cicig. También se quejaron de la Cicig los hermanos de Kamilo Rivera, ex viceministro de Gobernación, prófugo de la justicia desde octubre de 2018, cuando fue señalado de ser parte de un escuadrón que ejecutó a privados de libertad de la cárcel El Infiernito, en 2005. La comisión anti-Cicig lleva cinco sesiones y todavía espera recibir el testimonio de unas 40 personas más.

“…Gracias a Dios la Cicig ya no existe, pero sí existen las personas que nos hicieron tanto daño. Mi lista de culpables es enorme, pero por mencionar algunos están los papás de Cicig, que nunca le pusieron límites a este hijo y crearon un monstruo. Los tres comisionados de la Cicig, Carlos Castresana, quien inició este circo, Francisco Dall’Anese Ruiz e Iván Velásquez, sus secuaces, Luis Fernando Orozco, Pedro Díaz (…), Juan Francisco Sandoval, Rubén Herrera, José Domingo Santos, Verónica Ponce, Rotmann Pérez, entre muchos otros. Todos los jueces que se volcaron a la Cicig, la gente que le dio el poder a la Cicig, los medios de comunicación que bailaron el son y también a los guatemaltecos que por el pánico que inculcó Cicig se callaron o se vendieron”, dijo Alejandra Moreno en declaraciones ante la comisión del Congreso de la república de Guatemala que investiga a la Cicig, a la que se le ha llamado también “la comisión de la verdad...” (Nómada, Octubre de 2019).

El actual Congreso ha decidido también aprobar la Ley de Reducción de Penas, la cual va a beneficiar a corruptos, lavadores de dinero y culpables de delitos electorales, así como de peculado, cohecho y malversación, entre otros delitos. De nuevo hay una sangrienta burla a la ley y su espíritu de aplicación en el país. La jugada del Congreso saliente será ahora lograr sentencias menores a cinco años, para poder conmutarlas, con toda seguridad, por multas irrisorias fácilmente saldables. Ahora afirman haberse basado en una propuesta planteada por la Cicig, sin mencionar los cambios introducidos por ellos mismos (los congresistas en su mayoría corruptos), que dan el beneficio a quienes aún no han sido capturados, procesados o condenados. Dan también “atol con el dedo” (engañan), al listar los delitos no incluidos, como los tipificados en la ley contra la narcoactividad, aunque sí es correcto retirar ese beneficio (reducir las penas), a quienes han atentado contra el orden constitucional, la seguridad del Estado, el terrorismo, y han cometido femicidio, violación o extorsión. Sin embargo, los objetivos reales son los ya señalados al principio. Es una trampa para luego acusar de viles a quienes se opongan.

Están empeñados los congresistas (llamados “Padres de la Patria”) en terminar de hundir el país durante las últimas semanas que les quedan: intentan todavía trastocar la ley para garantizarse la elección de otra legión no menos cuestionable de jueces y magistrados que estén a su servicio, dispuestos a proteger su impunidad y la corrupción a cambio de un puesto y sus prebendas. Actúan por fuera de la ley para humillar a los pocos funcionarios decentes que quedan, y para darle a las mentiras y patrañas contra la Cicig un estatus de pseudo-verdad y legalidad, a todas luces falso.

Esta legislatura tuvo también en sus manos el aprobar el presupuesto para el 2020, aun a sabiendas de que estará desfinanciado (dada la incapacidad de la SAT y el problema estructural de recaudación de impuestos por las diferentes formas de evasión. Guatemala tiene la segunda carga fiscal más baja de Latinoamérica, después de Haití). Se han reducido intencionalmente los recursos para funciones fundamentales dirigidas a la población más excluida y vulnerable del país, hecho que parte desde la propuesta de presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas Públicas a la Comisión de Finanzas del Congreso, el cual prefirió privilegiar los negocios y no financiar las funciones más esenciales para garantizar bienes y servicios sociales básicos para la población.

Como el presupuesto general de la nación para el 2020 no fue aprobado por el Congreso, entonces se seguirá con la misma asignación de fondos que actualmente tiene el presupuesto del 2019. Lo que implicaría complicaciones de asignación y ejecución presupuestarias para el gobierno entrante al menos en tres áreas importantes: aumentos e incentivos salariales pactados con los trabajadores de educación (maestros y maestras), con los de salud (personal médico y paramédico) y con los de seguridad civil/ciudadana (policía nacional civil). Faltará financiamiento a un monto de proyectos diversos por ministerio, programados a ejecutar, por un valor aproximado de Q.3 mil millones (USD 390 millones aproximadamente). Habrá problemas en la ejecución y asignación de fondos para el listado geográfico de obras mayormente en el interior del país. Entonces, el legado que intenta dejar el Congreso es absolutamente nefasto y tendrá claras repercusiones negativas para el inicio del nuevo gobierno, para la gobernabilidad y para la posibilidad de que haya una inflexión real favorable para la mayoría de la población, respecto del curso actual de las cosas dentro de una crisis aguda generalizada. Con las contadas y honrosas excepciones de diputados honestos y que han dado la cara por la institucionalidad y en contra de la corrupción, esta legislatura perdió hace ratos su legitimidad para aprobar cualquier iniciativa que tenga enfrente, mucho menos para elegir jueces y magistrados o aprobar el presupuesto. Todas sus decisiones deben ser cuestionadas e impugnadas.

El organismo judicial: crisis de competencia, transparencia y renovación

Elección de candidatos a magistrados de la CSJ y a las SAs

El 13 de octubre terminó el mandato constitucional de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones (SAs). Sin embargo, el camino para elegir a los nuevos magistrados es incierto, incluso se prefiere (de acuerdo con la opinión pública) que sea el próximo Congreso quien tome la decisión de elegirlos, porque habría menos “conflictos de interés” que con la actual legislatura. Actualmente Guatemala ya tiene dos meses de la actual crisis en el Organismo Judicial. El Consejo de la Carrera Judicial planteó nuevas evaluaciones cuyo cronograma puede tomar dos años, más los amparos. Bien se ha señalado por medios y profesionales especializados que la rapidez no comulga con la calidad, aunque sea urgente para evitar las consecuencias nacionales e internacionales de no existir confianza -por ejemplo, en los inversionistas- en la certeza y estabilidad el sistema jurídico nacional. Esta situación llena de yerros o malas intenciones va a traer posiblemente complicaciones al nuevo gobierno, pues sus manos quedan atadas para atraer fondos de inversión extranjera, condenado a permanecer más tiempo aislado de la inversión regional e internacional, en el pantano de la incertidumbre, del hartazgo y de la duda.

Sin embargo, las opiniones especializadas de algunas instituciones, ONG’s y abogados en el sector justicia, concuerdan en que esta selección la deben hacer los parlamentarios que asumirán el próximo año, porque en la actual legislatura, más de un centenar de ellos perderán su inmunidad en enero del 2020 (debido a que no lograron reelegirse). Los actuales diputados tienen en estos momentos “serios conflictos de interés”, ya que estarían eligiendo magistrados que los pueden beneficiar el siguiente año. Por ejemplo, los diputados podrían elegir magistrados que eventualmente conocerían sus antejuicios o los procesos penales contra ellos, si es que llegan a prosperar. Asimismo, la elección de magistrados no debe medirse solo en función del mandato del Congreso de la República, sino que también del buen trabajo que deben hacer las Comisiones de Postulación. Lamentablemente, las Comisiones no efectuaron las pruebas estipuladas para la elección y había varios vicios en el proceso.

Aunque el Congreso no tuviera cuestionamientos de ser corrupto y falto de una verdadera representación de los intereses del país, el proceso de elección de magistrados se vería de todos modos como poco transparente y válido. En este sentido, los procesos fueron objetados desde el inicio por varias organizaciones civiles y algunos candidatos, quienes interpusieron amparos para detenerlos o para corregir el modo en que se estaban realizando, debido a algunas irregularidades que observaban en ese momento. En consecuencia, la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la Fundación Mirna Mack y al magistrado Noe Ventura Loyo, entre otras organizaciones y profesionales, ordenando que el proceso de postulación de aspirantes a magistrados de la CSJ debería comenzar de cero. En consecuencia, el Instituto de Magistrados de Cortes de Apelaciones de la CSJ debería de convocar de nuevo a los magistrados para elecciones. Los elegidos deberán integrarse a la comisión de Postulación y comenzar el trabajo desde cero.

Además, ordenó al Consejo que debía evaluar a los candidatos a las magistraturas como está establecido en la Ley de la Carrera Judicial, pero no especificó plazos. De tal manera que el Consejo planteó un cronograma que podría durar hasta dos años para concretar la evaluación de todos los aspirantes. Entonces, las comisiones de postulación de magistrados para CSJ y para salas de Apelaciones suspendieron sus labores ante el impasse para proseguir con los procesos, luego de que el Consejo de la Carrera Judicial indicara que se tardará varios meses en evaluar a los candidatos a los más altos puestos del Organismo Judicial. El Foro Guatemala ha discutido que el Congreso reforme la Ley de la Carrera Judicial para que se puedan acortar los tiempos en la evaluación de jueces y magistrados que se postulen para magistrado de CSJ y Apelaciones.

Por una orden de la CC, los procesos en las comisiones de postulación están suspendidos, porque se debe de realizar la evaluación de desempeño a los jueces y magistrados que estén interesados a postularse. La evaluación de desempeño es un procedimiento que requiere un tiempo no razonable, el Consejo de la Carrera Judicial habla de un período de 220 días hábiles, que aún no ha empezado, hasta que estén certificados los instrumentos de evaluación para que las comisiones de postulación elijan a los mejores. “En el Congreso hay una falta de certeza, en todo caso es una de las propuestas que el Congreso exima de realizar la evaluación del desempeño, lo cual veríamos como un retroceso a los avances que ha tenido el tema de la Carrera Judicial; no lo vemos como una opción, no sería así, sino que se acorten los tiempos”, refirió Pablo Hurtado, de la entidad ASIES.

En síntesis, lo que se ha dicho, discutido y accionado por organizaciones, instituciones, profesionales, medios de comunicación y redes sociales de momento en contra y a favor de lo actuado por la CC es lo siguiente:

-Por un lado, como acción negativa, está el hecho de que se prolonguen las funciones de los actuales magistrados de la CSJ y las SAs, lo cual es considerado inconstitucional, pues no se está cumpliendo con un plazo que reza la Constitución. El Congreso no ha votado, porque las Comisiones de Postulación no le han entregado la lista de candidatos, y las Comisiones tienen la justificación de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó regresar y reiniciar todo el proceso.

-Por otro lado, como acción positiva, está el hecho que se quiera volver a hacer el proceso de selección de candidatos a magistrados de la CSJ y las SAs, respetando el debido proceso de selección, que éste sea más cuidadosa y meticulosamente realizado, paso por paso de acuerdo con los procesos de evaluación determinados e instaurados. El objetivo de esta acción sería tratar de evitar, reducir e inhibir los niveles de colusión e influencia entre los tres poderes del Estado, que no se favorezca el mantenimiento, crecimiento y extensión de la corrupción, el favoritismo y el sesgo de criterios y fallos legales dentro del organismo judicial y en el Estado.

¿Quién es el nuevo presidente?

La historia de un candidato de varias campañas

En campaña, el ahora presidente electo Alejandro Giammattei amenazó que demandaría por difamación al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, por haber difundido información de un caso en el que fue absuelto hace ocho años. Es la única mancha visible en el prontuario de un gris Giammattei: era director de presidios en 2006 cuando siete reos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. Giammattei fue procesado, pero terminó siendo absuelto. Como ocurrió con Morales en 2015, la ideología de Giammattei es de derecha, pero se ha rodeado también de gente militar y civil de tendencia ultra hacia la derecha. Que hará efectivamente el presidente electo ya desde la presidencia es todavía en gran parte un misterio, pero está claro que es un conservador.

En el período en que Alejandro Giammattei fue director del Sistema Penitenciario de Guatemala se llevó a cabo el operativo “Pavo Real” en la Granja Penal de Pavón, en las afueras de la Ciudad de Guatemala. El lunes 25 de septiembre de 2006, alrededor de 3,000 fuerzas policiales y militares ingresaron a ese presidio con el propósito de restablecer la autoridad y retomar el control del centro penitenciario, ya que los reclusos habían construido casas, restaurantes, salas de videojuegos y laboratorios para producir drogas. En el incidente hubo bajas entre los reclusos. Al proceso judicial por este caso se le llamó Caso Pavón.

Cuatro años después, y bajo amenazas de muerte, Giammattei fue a la Embajada de Honduras en Guatemala para hacer aclaraciones sobre el asunto y se puso a disposición de las autoridades, declarándose preso político. Aclaró que ni Guatemala ni Honduras le brindaron la suficiente protección a su familia. Se emitió una orden de arresto y fue encarcelado. Después de 10 meses y medio, el Tribunal Primero de Alto Riesgo ordenó el cierre de la investigación penal en contra de Giammattei quedando en libertad. La campaña de Alejando Giammattei con la GANA -Gran Alianza Nacional- del 2007, giró alrededor de la recuperación que hizo el Gobierno “del control” de la mayor cárcel del país, la Granja Penal Pavón en 2006, cuando era director del Sistema Penitenciario. Pero una investigación de elPeriódico y después del MP y la Cicig demostraron que la toma había sido para disfrazar siete asesinatos, en una operación de limpieza social. Cortes en Guatemala y en Madrid validaron que las fuerzas gubernamentales habían ordenado y realizado esas ejecuciones extrajudiciales. Esa “mano dura” fue aplaudida por los votantes capitalinos, que lo llevaron hasta el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2007.

Lo que ahora preocupa a la Guatemala que no votó por él y castiga al presidente saliente con un 76 % de desaprobación según las últimas encuestas, es que Giammattei llega al poder arropado por la misma estructura de partidos, militares y empresarios que permitió a Morales gobernar los últimos cuatro años bajo un manto de corrupción e impunidad. Las primeras palabras del presidente electo fueron para asegurar que mantendrá fuerte la alianza con Estados Unidos edificada en los últimos dos años por Morales y clave para que éste lograra sacar del país a la Cicig. Ya ha dicho Giammattei que tampoco quiere en el país, durante su gobierno, una Comisión similar.

En su futuro gabinete, anunciado al día siguiente de la elección, hay miembros y voceros de sectores empresariales y militares que por años la han rechazado, porque la Cicig les tocó la puerta para investigarlos. Por eso no extraña que no convenza a las organizaciones de la sociedad civil cuando proclama, ya como presidente electo, que en su gobierno “se acabarán las prácticas corruptas del pasado”. Por eso también, se le asocia con la imagen política de un nuevo Jimmy Morales. Sus acérrimos críticos, meses antes de que tome posesión en enero, ya comenzaron a llamarlo el “gobierno de Jimmyttei”.

Según varios medios de información estándar y alternativos cibernéticos, este es el perfil aproximado, no minuciosamente detallado, de Alejandro Eduardo Giammattei Falla, nacido en la Ciudad de Guatemala el 9 de marzo de 1956. Es médico, bombero y político. Fue director del Sistema Penitenciario de Guatemala entre los años 2005 y 2007. Ha participado en las elecciones presidenciales de Guatemala en los años 2007, 2011, 2015 y 2019. En estas últimas ha sido electo presidente de Guatemala para el período 2020-2024.

Alejandro Giammattei ha mantenido una posición política y social desde el 2015, contraria al aborto, al matrimonio homosexual y ha estado a favor de la pena de muerte y el uso militar en el control y manejo de la seguridad ciudadana ante el alto índice de violencia, crimen organizado y descontento social que existe en Guatemala. Es también considerado un conservador de derecha (queda la duda si está al centro o a la extrema de esta postura ideológica). En las elecciones de 2019 triunfó frente a la candidata Sandra Torres (UNE). Alcanzó los 1,907,801 votos en segunda vuelta (57,95%), proclamándose presidente, cargo que asumirá constitucionalmente el 14 de enero de 2020.

Alejandro Giammattei comenzó su vida política participando en actividades electorales en los años 1985, 1988 y 1990, como coordinador general de los procesos electorales mientras asumía los cargos que le fueron otorgados. Gracias a esas actividades, Giammattei fue tomando relevancia a nivel nacional e internacional bajo las órdenes del exvicepresidente de la República de Guatemala Arturo Herbrüger Asturias. Ha sido reconocido por ser consultor de varias empresas y servicios privados desde el año 2000.

Participó en las elecciones municipales de la Ciudad de Guatemala de 1999 como candidato a alcalde, en las que resultó ganador Fritz García Gallont. Nuevamente participó como candidato a alcalde metropolitano en las siguientes elecciones, en 2003. Esta vez resultó ganador el expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú. Participó por primera vez en las elecciones presidenciales en el año 2007, con el partido Gran Alianza Nacional (GANA). Giammattei utilizó su gestión de director del Sistema Penitenciario como uno de los principales temas de su campaña, resaltando el “operativo Pavo Real”. Logrando una gran popularidad, lo que lo impulsó hacia el tercer puesto en la elección con 565,017 votos y 17.23%, su partido alcanzó los 37 escaños en el Congreso de la República, posicionándose Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como ganador, al obtener el 52% en segunda vuelta.

Tras quedar en libertad, Giammattei anunció su postulación a la presidencia en las elecciones del 11 de septiembre de 2011, esta vez por el Centro de Acción Social (CASA). A pesar de haber obtenido el tercer lugar en las elecciones de 2007, y un 17%, en estas elecciones Giammattei redujo casi todos sus votos, al obtener solo 46,655 y el 1.05%, quedando como ganador Otto Pérez Molina, del Partido Patriota. En esa ocasión, el partido CASA no logró representación en el Congreso y desapareció. Por tercera vez, y esta vez con una mejor imagen en las encuestas, se postula como candidato presidencial en las elecciones guatemaltecas de 2015, enfrentándose a Jimmy Morales, Sandra Torres, Manuel Baldizón y Zury Ríos. Afirmó que en Guatemala la corrupción maneja el sistema político y que “no hay plan de gobierno ni objetivos de nación”. En esta contienda electoral se postuló por el partido político Fuerza, logrando triplicar sus votos, a pesar de obtener el cuarto lugar con 315.774 y 6.45%, en comparación de elecciones anteriores.

En 2019 compite por cuarta vez a la presidencia, esta vez, con el segundo y primer lugar en las encuestas. En su campaña había expresado que impondría “mano dura” en el país de ganar las elecciones, asegurando que crearía un “muro de oportunidades”; es decir, desarrollo económico para que los ciudadanos tengan los servicios y las oportunidades sociales de un empleo, vivienda, salud, educación y seguridad, evitando así que tengan que emigrar. En esta elección también sostuvo sus posturas a favor de la pena de muerte, planteando que trataría como “terrorista” a todo aquel que cometa ataques contra servicios públicos, y propondrá que trabajen los presos para ganarse sus alimentos y educación. De esa manera busca acabar con los altos índices de violencia.

Giammattei plantea crear también un Sistema de Seguridad Nacional (el cual ya tiene formado y se describe y analiza más abajo en este ensayo). En la primera vuelta, celebrada el 16 de junio de 2019, Giammattei Falla logró alcanzar el segundo puesto, con 608,083 y 12.06%, pasando así a una segunda vuelta presidencial, contra la ex primera dama Torres Casanova, de la UNE. En la segunda vuelta, que se realizó el 11 de agosto de 2019, Giammattei venció con una amplia ventaja frente a la candidata de la UNE, al posicionarse con 1,907,801 y el 57,95% del total.

Quiénes formarán parte del nuevo gobierno

Personas elegidas para ocupar algunos de los ministerios, secretarías y consejos

A partir de la elección, y hasta el 14 de enero, los equipos técnicos del presidente electo se han acercado al gobierno saliente para hacer una transición ordenada, que permita la continuidad de acciones importantes de Estado. Giammattei, a diferencia de Morales, anunció con bastante antelación a su probable equipo de ministros como parte de su Gabinete Económico y Social, lo que supondría que serían éstos quienes comenzaran a conocer los temas en las carteras específicas. Sin embargo, en algunos temas específicos no ha habido la comunicación esperada entre las partes, principalmente sobre el acuerdo llamado Tercer País Seguro. Las personas designadas para integrar el gabinete de gobierno cuando asuma desde el 2020, han trabajado con él desde los últimos dos o tres años. De acuerdo a Giammattei, son técnicos y profesionales expertos para cada ministerio que cumplirán con el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que presentó su partido para las elecciones.

-Pedro Brolo ha sido designado como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Fue candidato a alcalde de Guatemala. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene una Maestría en Análisis en Administración de Confiabilidad. Fue catedrático en la Universidad Galileo en la Escuela de Diplomacia. Entre los cargos públicos que ha tenido resalta su labor como asesor en el Congreso. Estuvo en la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefe financiero y administrativo, asesor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras, y asesor en la oficina de Ecuador. También, ha tenido cargos en lo privado como gerente, asesor y capacitador. Brolo es un empresario y economista. Tiene una especialización en derechos humanos, cambio climático y políticas públicas. También tiene una especialización en Administración Empresarial y una maestría en Análisis y Administración de Fiabilidad. Fue proclamado candidato para alcalde de la Ciudad de Guatemala por el partido Vamos en marzo de 2019. En las elecciones municipales de junio de 2019, el alcalde incumbente Ricardo Quiñónez Lemus, del Partido Unionista, ganó la elección. Brolo fue derrotado y obtuvo el quinto puesto con más de 9,000 votos y 2.2% de los votos.

-Oscar Bonilla ha sido designado como titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). El MAGA tiene entre sus atribuciones formular y ejecutar las políticas de desarrollo agropecuario. Esto incluye diseñar las políticas de comercio exterior de los productos agrícolas y pecuarios. Es ingeniero en Ciencias Agrícolas por la Universidad del Valle. Trabajó en la investigación del cardamomo en todo el país con la misma universidad donde se graduó, y laboró en botánica. Durante 20 años se desempeñó en mercadeo de una empresa de fungicidas para banano, en multinacionales en la producción de frutas, y como gerente de mercadeo de agroquímicos para pasto. En los últimos años maneja una empresa familiar dedicada a la producción de aguacate y la ganadería en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Bonilla hizo parte de su carrera política en la Cabecera departamental y en la Costa Sur del departamento.

-Mario Rojas ha sido designado como titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Entre las funciones del ministerio están la emisión de licencias ambientales, evaluación de los instrumentos ambientales en uso y administración de programas de educación ambiental. Estudió en la Escuela Nacional Central de Agricultura. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar. Fue presidente de la filial de Santa Rosa de la Cámara de Comercio. Gerente general, entre 1994 y 2019, de Exicon, una empresa de construcción.

-Raúl Romero fue designado como titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Entre sus atribuciones se encuentra generar oportunidades para el desarrollo de capacidades desde los primeros años de vida a través de políticas sociales. Diputado al Congreso de la República por el partido Fuerza para el período 2016-2020. Tiene estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Candidato a alcalde de la municipalidad de Guatemala en el 2007 por el Centro de Acción Social (Casa). Secretario General del Partido de Renovación Democrática (PRD) en el 2008. Estudios en Descentralización y Desarrollo Económico Social en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Laboró en el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

-Roberto Malouf ha sido designado como titular del Ministerio de Economía (MINECO). Es la institución encargada de formular y ejecutar políticas de protección al consumidor. Además, conduce negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional. Malouf fue presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en 2017. Gerente general de Tejidos Corporativos de 2011 al 2019. Gerente de ventas de Los Volcanes Group 2009-2010. Es graduado de North Carolina State University como Bachelor Science Textile Enginnering.

-Claudia Ruiz fungirá como titular del Ministerio de Educación (MINEDUC). Es el ministerio encargado de formular y administrar la política educativa y administrar la política de becas y bolsas de estudio. Comenzó como maestra en Tierra Nueva, Chinautla; también dio clases en la zona 18 y fue directora del Instituto Rafael Aqueche, en la ciudad capital. Después ascendió a supervisora educativa para el sector público y privado. Asumió la Dirección General de Calidad Educativa, y después la Dirección General de Coordinaciones Departamentales. Ruiz fue viceministra de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa en el 2012 durante la administración de la entonces ministra Cynthia del Águila, en el gobierno del Partido Patriota.

-Alberto Pimentel fue designado como titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Esta cartera es la encargada de formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales. Es abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar. Exdirector de la empresa Fersa, S.A. Según registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue financista de la campaña de Jimmy Morales. La empresa financió 40 anuncios en radio por un valor de Q46 mil y una publicación impresa por Q18 mil. Fersa ganó en el 2015 una licitación abierta internacional para la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica por un monto de Q24.09 millones por parte del Ministerio de Energía y Minas.

-Álvaro González será el titular del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). Esta cartera es responsable de formular la política fiscal y financiera del gobierno. Además, dirige coordina y consolida el proyecto del presupuesto del Estado. Fundador del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo). Miembro del comando de campaña nacional y metropolitano en el 2011. Diputado al Congreso de la República por Creo por el Distrito Central en el período 2012-2016. Gerente general de CrediYa, S.A. entre 2006 y 2011. Vicepresidente de Citibank, S.A. entre 1998 y 2005. Gerente general y representante legal de Transbursa (Transacciones Bursátiles, S.A.). Corredor autorizado en la Bolsa de Valores de El Salvador 1995-1996 del Banco del Café, S.A. Director de Banca de Particulares entre 1993 y 1994 del Banco del Café, S.A. Guatemala. Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Rafael Landívar.

-Rafael Lobos ha sido designado como titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB). Es la institución encargada de dirigir y orientar la política laboral y social del país y hacer cumplir las leyes en todo lo relacionado al trabajo y la previsión social. Fue candidato a diputado por el partido Vamos en la casilla 12 por el Listado Nacional. También se postuló en 2014 sin éxito para una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ex asesor jurídico del Congreso de la República. Fue primer viceministro de Trabajo durante la gestión de Rodolfo Colmenares Arandi, ministro de Trabajo durante el gobierno de la Gran Alianza Nacional (Gana).

-Rafael Pineda asumirá como titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Las funciones de este ministerio son la planificación y el desarrollo de sistemas de comunicación, infraestructura y transporte nacional. No se tiene mayor información sobre su trayectoria de momento.

-Hugo Monroy fue nombrado titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Es la cartera que debe velar por la salud de toda la población. Es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó como médico de personal de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), hasta que fue privatizada. Después fue director médico del Laboratorio Generix y Arkopharma, este último de Francia.

-Lidiette Martínez ha sido designada como titular del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). La misión de este ministerio es la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos guatemaltecos. También se encarga de impulsar la recreación y el deporte no federado y no escolar. Cayetano es psicóloga clínica y también ha trabajado por varios años en instituciones públicas como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra). Martínez Cayetano intentó llegar a la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, como concejal segunda en las elecciones recién pasadas con la planilla del partido Vamos.

-Edgar Godoy será en nuevo titular del Ministerio de Gobernación (MINGOB). Le compete cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público y la seguridad de las personas. También se encarga de proteger sus bienes y garantizar sus derechos. Godoy Samayoa fue compañero del presidente Otto Pérez Molina en la Escuela Politécnica, se graduaron en la Promoción 73. De acuerdo con la revista Enfoque y otros medios de comunicación, ha sido miembro integrante del grupo de inteligencia militar “La Cofradía”, muy cercano al general retirado Ortega Menaldo. Fue Subdirector de Inteligencia Militar a finales del gobierno de Vinicio Cerezo; también se desempeñó como el subjefe del Estado Mayor Presidencial durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías de 1993 a 1995. Los últimos años ha trabajado en la Municipalidad de Guatemala como Director de Abastos, hasta que la Contraloría General de Cuentas (CGC) estableció que el contrato del militar no permitía que se encargara de una Dirección, por lo que quedó como asesor. Ha sido columnista de elPeriódico. La línea de sus escritos ha ido en contra de cualquier acción que efectuó la Cicig.

La persona que tomará el cargo del Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) no ha sido designada y confirmada por el presidente electo. El cargo siempre ha sido dado a un militar de alto rango. Este ministerio formula políticas para que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.

Sorpresivamente el mes pasado, el general Roy Dedet Casprowitz, Asesor Nacional de Seguridad del gobierno electo, nombró a 13 miembros del Gabinete y miembros del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), durante una reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, donde conversaron sobre las estrategias del Plan de Control Territorial que permitió reducir la violencia de las pandillas y otras formas de criminalidad en ese país. Dedet Casprowitz presentó a los nuevos funcionarios, en su mayoría militares retirados y en activo: el general Edgar Godoy Samayoa, ministro de Gobernación designado. Helmer Aguilar, primer viceministro de Seguridad del Mingob. Claudia Díaz, tercera viceministra de Gobernación encargada de prevención de la violencia y el delito. Débora Meza, cuarta viceministra de Tecnología del Mingob. El coronel Mario Castañeda Serrano, quinto viceministro de Gobernación encargado de Narcóticos. El general Edgar Soto, secretario técnico del CNS. Julio Reyes, secretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Guillermo Díaz, director general de Migración. Víctor Frank, jefe de la Comisión de asesoramiento y planificación de la Secretaría técnica del CNS. Jorge Flores, director general del Sistema Penitenciario. El general Mauricio Illescas, asesor de la Secretaría Técnica del CNS. Julio Hernández, subsecretario de la SIE. Mayor Gustavo Díaz, preside en el consejo político del partido Vamos y el Centro de Análisis Político-Estratégico (CAPE) y se encargó de diseñar la estrategia nacional de seguridad.

En la reunión de sorpresiva presentación del GDS, el mayor Gustavo Díaz -quien se encargó de diseñar la estrategia de seguridad nacional del partido Vamos, preside el Consejo Político del partido y es el encargado del Centro de Análisis Político-Estratégico (CAPE)- indicó que se tiene como finalidad combatir el narcotráfico y recuperar el territorio nacional. Asimismo, trabajar junto a los otros dos países del Triángulo Norte en problemas comunes como las pandillas, tráfico de armas, drogas y extorsión.

El analista Edgar Gutiérrez afirma que los militares en situación de retiro nombrados para ocupar altos cargos en el Gabinete de Seguridad participaron en el conflicto armado interno, por lo que son “personas que se quedaron paradas con el reloj político de los años de 1970 y 1980, por lo que no entienden cómo funciona ahora el Estado, la sociedad y el mundo”. En cuanto a la razón por la cual fueron nombrados, Gutiérrez afirma que podría ser el pago de una factura pendiente por el apoyo que le dieron durante la campaña buscando financiamiento y organizando la logística del evento eleccionario. De acuerdo a varios periódicos y revistas de información y análisis en Guatemala, el gabinete de seguridad e inteligencia que tomará posición en enero del año entrante (del cual la ciudadanía se enteró por los medios de comunicación salvadoreños y guatemaltecos con sorpresa y por casualidad, no por información directa del presidente electo), se entiende por qué Giammattei se lo estaba guardando para enero de 2020: da vergüenza, desconfianza y pesimismo. No tiene prácticamente ninguna diferencia respecto del gabinete de seguridad e inteligencia de Jimmy Morales. El equipo encabezado por el general retirado Roy Dedet es muy parecido a los equipos que había antes de 2010, de militares de extrema derecha que estuvieron fuera del Gobierno mientras se reducía la violencia y que regresaron al poder en la segunda mitad del gobierno de Jimmy. Volvieron solo para poner en riesgo todo el modelo al despedir a 600 líderes técnicos de la PNC para colocar a sus allegados.

De acuerdo con varios medios de información y comunicación, el general retirado Francisco Ortega Menaldo ha sido uno de los militares más temidos o respetados, depende del lado de la fuerza en la que se esté. Antes del grupo La Línea, de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la Red Moreno fue un grupo compuesto por oficiales del ejército encargado de controlar las aduanas del país, como fue demostrado por archivos judiciales que encontraron la organización WOLA y una investigación de elPeriódico en el 2015 (explicado también en la primera parte de este ensayo). Muchos de sus miembros habían formado parte de los grupos de inteligencia militar conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados a los generales Francisco Ortega Menaldo y Otto Pérez Molina, respectivamente.

En conclusión: ¿Qué esperar después del 14 de enero del 2020?

Revisando algunos perfiles, trayectorias y análisis de prensa, radio e internet, sobre las personas elegidas para ocupar diferentes puestos dentro del gabinete, de los ministerios, las secretarías y los consejos del gobierno, Alejandro Giammattei parece haber optado exactamente por la misma rosca de Jimmy: militares de extrema derecha, de las épocas de la contra insurgencia del Estado. Varios de ellos, cuestionados sobre sus escrúpulos y principios éticos profesionales, para los derechos humanos, la legalidad o los negocios lícitos. Han sido parte de los gobiernos de Serrano Elías, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. Además, Giammattei también les dio todo el poder: Gobernación, Seguridad e Inteligencia. Son tantos militares los escogidos por el general retirado Roy Dedet, que ni siquiera tuvo que anunciar quién va a ser Ministro de la Defensa o jefe de la SAAS. Los militares retirados más radicales de ultraderecha parece que lo van a controlar todo con Giammattei. Asimismo, el otro grupo de civiles profesionales que han sido elegidos para formar parte del gabinete económico social del gobierno entrante, han pertenecido o trabajado a niveles gerenciales, tecnocráticas y de asesoría en el sector público, el sector privado y el Cacif. La mayoría de ellos y ellas han estado ligados a varios gobiernos anteriores, principalmente de centro derecha o de derecha extrema. Habrá que ver dentro del nuevo gobierno, que ala se impondrá a la otra, o si ambas serán abiertamente autoritarias y represivas para mantener “el control y la seguridad” de la ciudadanía y el territorio como ha pasado con los últimos gobiernos de turno. O si el nuevo gobierno va a trabajar al menos para palear y mitigar los problemas estructurales de fondo, tal como lo ha estado anunciando inicialmente Giammattei “discursivamente” ante los medios de comunicación durante estas semanas de transición.

Al mismo tiempo, estas son algunas interrogantes que los medios de comunicación comerciales y alternativos han lanzado respecto la composición del grupo militar nombrado para integrar el CNS en el gobierno entrante: ¿Cómo van a reaccionar cuando haya manifestaciones? ¿Cómo van a reaccionar cuando reciban órdenes de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo van a reaccionar cuando el Ministerio Público les pida capturas de mafiosos y criminales que son sus amigos o familiares? ¿Cómo van a reaccionar cuando la Corte Interamericana les pida proteger a opositores, o a jueces y a fiscales? ¿Cómo van a reaccionar cuando Estados Unidos les pida capturas y extradiciones de traficantes de drogas? ¿Volveremos a los tiempos de antes de 2010 en los que éramos como Honduras y aquí no se podía capturar a ningún narco importante por culpa de las cúpulas militares? Hay un riesgo latente entonces que se den reacciones contradictorias, opuestas y desobedientes y reñidas con la ley, la legalidad, la democracia, los derechos humanos, civiles y ciudadanos, así como las decisiones correctas, justas y ecuánimes a los debidos procesos. El temor de una creciente derechización con criterios de la pasada Guerra Fría (personas formadas en el más visceral anticomunismo) está más que justificado.

Con relación al poder legislativo, destacan los analistas de prensa y algunos en internet que se observa un Congreso con una agenda de “nunca más y me las pagarán”: enviar el mensaje que la fiscalización, la auditoría y el monitoreo institucional y social no debe repetirse dentro del Estado. Y para ello, no solo tienen que favorecer a la facción victoriosa (véase la Ley de Aceptación de Cargos) sino, además, revertir los avances institucionales alcanzados (véase los esfuerzos por desarmar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, o la limitación de la autonomía del Fiscal General). Todo ello debe coronarse con una narrativa alterna, una versión “oficial” de lo ocurrido que se contraponga a los hechos fácticos recogidos en medios e investigaciones. Se observa la persistencia de la atomización y la fragmentación. En el plano político partidista, el resultado de la elección 2019 fue el Congreso más atomizado de la historia, en el cual el proceso de alcanzar mayorías será el más complejo de la historia democrática. Pero en el plano de los actores relevantes, las rencillas y la sed de venganza se mantienen a flor de piel.

Se observa un debilitamiento de la institucionalidad. Cortes desgastadas y un irrespeto y falta de seguimiento y cumplimiento generalizado a sus resoluciones. Organismos del Estado desarmados. Todos estos fantasmas aparecen en la ecuación guatemalteca, no solamente en el poder legislativo, judicial y ejecutivo, sino el espejo de la clase política que a los distintos niveles del aparato del Estado continuará el “busines as usual”. Alejarse de la orilla implica que mientras perdura la anarquía intra e Inter institucional en el Estado, las mafias se reagrupen y encuentren nuevas formas de operar el control del territorio y de los espacios de poder. Recuperar espacios de poder equivale retomar el control de los negocios, de las viejas formas de hacer política o de restituir el círculo “inversión electoral, compra de voluntades, clientelismo político, económico y social, con un marco-objetivo mayor, el de la rentabilidad corrupta y los dividendos que a corto y mediano plazo puedan alcanzarse”.

De la administración saliente lo único que puede esperarse es lo que está haciendo en este momento: que se proteja blindándose lo más herméticamente posible, para evitar toda eventual persecución penal a futuro. La experiencia de la Cicig prendió las alarmas, tanto en la casta política como en el empresariado y en los viejos oficiales, principalmente en los altos rangos del ejército. Esas investigaciones, según su perspectiva, nunca más deben volver a repetirse. De ahí el intento de borrar absolutamente todo lo actuado por la Comisión, incluso pasándole factura a quienes trabajaron en ella, o siguieron puntualmente los procedimientos jurídicos pertinentes, como los jueces Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán o Jazmín Barrios.

El presidente ya debe tener pensado su destino. Es probable que la inmunidad que le otorga el Parlacen le baste. O, quizá para sentirse más protegido, termine en Israel, Nicaragua, Panamá o Brasil, como varias veces se ha comentado de manera informal en las redes sociales. El Congreso, por su parte, está preparando todas las condiciones para que los personeros ligados al Pacto de Corruptos sigan gozando de su impunidad. Definitivamente, todo indica que se vive un retroceso en términos políticos y sociales. Incluso cualquier atisbo de avance en determinadas temáticas, como derechos de género, respeto a la diversidad sexual, educación laica, tales como se han venido dando en estos últimos años, no sin dificultad, por cierto, corren riesgo de un gran retroceso. El avance de posiciones conservadoras, en muchos casos ligadas a fundamentalismos religiosos, es amplio y notorio.

La UNE juega un papel importante en la legislatura. Su Secretaria General, Sandra Torres, de momento detenida por hechos ligados a financiamiento electoral ilícito, es clave para ver cómo se arma el nuevo Congreso. El presidente electo insistió que dejaría presa a quien fuera su contendiente en las elecciones, y propiciaría la cancelación de ese partido. Sin dudas, todo ello se negociará en las sombras, bajo la mesa, con restringida confidencialidad. Una legislación que favorezca a todos los personajes del Pacto de Corruptos también podría dejar libre a Torres Casanova, pero eso obviamente tendrá un precio que seguramente pasará por el Congreso entrante. Como siempre, la población es absolutamente ajena a esas “marufias” y contubernios.

El empresariado representado en el Cacif sigue buscando beneficios a su favor a costa de los trabajadores. La reducción del salario mínimo no pasó como ley, tal como pedían los empresarios, pero sí obtuvieron la contratación a tiempo parcial, que es otra forma de precarizar la situación de la clase trabajadora. De más está decir que el nuevo gobierno, como todos los anteriores, responde a los dictados de esta cúpula empresarial.

Por lo pronto, aunque Giammattei dijo que habría que revisar el Tratado de Guatemala como Tercer país seguro, ya dio muestras de su total acatamiento a las directivas de Washington. En forma subrepticia viajó recientemente a Venezuela para entrevistarse con el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Por intervención de las autoridades migratorias venezolanas, Giammattei y sus dos acompañantes, que no iban como funcionarios electos, sino que lo hacían a título personal, no pudieron concretar su reunión. El hecho claramente indica por dónde andará la futura política exterior de Guatemala.

Es sugestivo que, hasta ahora, faltando ya muy poco tiempo para el cambio de gobierno, el presidente electo y su equipo casi no han tenido participación en la transición junto a la administración saliente de Jimmy Morales. Más aún, Giammattei ha hecho varias declaraciones que, si bien no frontalmente, parecieran cuestionar lo actuado por el actual gobierno. ¿Crítica real que abre la esperanza de nuevas estrategias políticas, o simple pirotecnia verbal sin ulteriores consecuencias? Todo indica que no deben esperarse cambios sustanciales.

Los verdaderos y definitorios factores de poder no auparon a Giammattei para que cambie nada sino para continuar con el mismo escenario de siempre. Por supuesto, la población votante alberga alguna esperanza, mínima para el caso, pero esperanza al fin. Lo nuevo puede traer nuevos aires, podría decirse. Aunque, siendo totalmente realistas y mirando con objetividad cómo pintan las cosas, nada parece que va a cambiar en lo inmediato. En varios países latinoamericanos (Ecuador, Chile, Honduras, Haití, Colombia), en consonancia con similares protestas en otras latitudes (Irak, El Líbano, los chalecos amarillos en Francia, Egipto) la población ha salido a protestar a las calles, evidenciando que los modelos neoliberales vigentes ya no se soportan más. La precariedad y el hambre arrecieron por todos lados. Ninguno de esos levantamientos populares espontáneos trajo, al menos de momento, algún cambio sustancial. Lograron detener momentáneamente paquetes de ajuste estructural en algunos casos. Pero en Guatemala no parece suceder nada de eso. El fervor de las movilizaciones del 2015 se esfumó. ¿Podrá volver? Por lo pronto, la protesta es sistemáticamente criminalizada. ¿Qué esperar del nuevo gobierno?

Algo no menos importante, amén del proyecto político que encarnará el nuevo presidente con su equipo claramente de derecha y conservador, es el presupuesto con que se encuentra. De modo patético, el Congreso no llegó a acuerdos para establecer el presupuesto 2020, por lo que el mandatario entrante se halla con el mismo presupuesto del 2018 (87,000,000,715 de quetzales; 11,300 millones de dólares), con una ampliación de 750 millones de quetzales aprobada en el 2019 que la nueva administración podrá aplicar donde estime conveniente, adecuación que tomará, según declararon ya las autoridades entrantes, no menos de cuatro meses. Evidentemente, eso es un chaleco de fuerza que condiciona desde un inicio su programa de gobierno. Las necesidades de la sociedad aumentaron, pero la bolsa a repartir se mantiene casi igual. No está demás decir que el presupuesto general significa una de las menores porciones del PBI de todos los países latinoamericanos. En otros términos: es un presupuesto raquítico. Y si desde hace dos años tuvo apenas una leve variación, es más raquítico aún.

Ante todo este panorama, no muy alentador, por cierto, ¿valdrá la pena decir ahora, a partir del 14 de enero a las 14 horas: beneficio de la duda más que optimismo y esperar algunos cambios? O ¿más de lo mismo? O, lo que es peor: ¿lo mismo con más?

Marcelo Colussi

Analista político e investigador social.

Mario de León

Consultor, investigador, analista y ensayista internacional.