Cual ducho discípulo de von Clausewitz y parafraseando a Pinochet Sebastián Piñera declaró que “Chile estaba en guerra contra un poderoso enemigo” y bajo la misma premisa del fenecido dictador se dio la tarea de asesinar, torturar y violentar a civiles desarmados, hombres y mujeres¹. Al declarar estado de emergencia y toque de queda llamando a los militares a custodiar, esencialmente, la propiedad privada Piñera nos recordó algo axiomático. En Chile las Fuerzas Armadas y de orden han sido constituidas para proteger el oprobioso sistema dominante ante cualquier revuelta social cansada de tanto abuso e injusticia estructural que violenta a la sociedad. Nadie recuerda cuando estuvimos en guerra, salvo cuando las fuerzas armadas atacaron a manifestantes pacíficos, hombres y mujeres que exigen sus derechos arrebatados, disparando a quienes con sus impuestos y su trabajo financian las balas asesinas.

Cual general civil, tal como lo fueron sus asociados golpistas contra el gobierno de Salvador Allende, Piñera alistó sus fuerzas de orden convencido que con sus arengas la tropa nostálgica de los crímenes de la dictadura restablecerían el orden y seguridad del capital amenazado.

Los estudiantes rebeldes, una vez más, se convirtieron en el detonante que encendió el oasis Piñerista. Los luchadores y luchadoras sociales se convirtieron en vándalos y delincuentes que por reclamar por 30 pesos de alza del ticket del metro, el Estado neoliberal les descargó con saña su capacidad represiva. El general Javier Iturriaga comisionado para aplacar la furia popular declaró a poco andar que él no estaba en guerra con nadie y que era una persona feliz. Contra-fraseó a su jefe directo y poco le faltó para indicarle que era infeliz, es posible que el general vea truncada sus aspiraciones de ascenso futuro. No obstante el papel de los militares en la calle, como último dique de contención de la irritación popular fue el previsto; abusos, vulneración de derechos, humillación y violación sistemática de los DDHH.

Nada debe ya sorprendernos, así se ha trazado la historia de Chile y a ese dispositivo apela la derecha cuando es incapaz de mantener la hegemonía social y ejerce la dominación con la violencia estatal. Para ello recurre al manoseado recurso del enemigo interno o la conspiración internacional. El plan Z de Pinochet es ahora los enemigos del orden, la patria y el desarrollo, esta vez culpan a Cuba y Venezuela para explicar la convulsión social y justificar la violencia represiva. Incluso Trump, el aliado del atribulado Piñera, desde su propia crisis, culpa a Rusia de la movilización anti-neoliberal en América Latina. En nombre del capital, la violencia es su instrumento predilecto, claramente dicho, sin violencia la construcción del capitalismo y su continuidad histórica como sistema de dominación no tendría sustento ni proyección.

Quienes se han destacado a través de los siglos como teóricos de la guerra, expertos en asuntos militares, del rol de la policía y los aparatos de seguridad para mantener el orden y la libertad del capital y la propiedad privada son de raíz conservadora o liberal. Por esa razón con relativa facilidad los gobiernos de derecha y los imperialismos requieren el artificio de la guerra para resolver conflictos entre países o internos entre facciones en disputa por el poder o cuando se sienten interpelados por las clases subordinadas.

Las clases subordinadas y quienes luchan en su nombre han debido acudir igualmente a la lucha armada o violenta para establecer sociedades emancipadas de la opresión; esta opción buscaba construir sociedades alternativas al capitalismo que en siglo XX fue el socialismo. Sin embargo el proyecto socialista al verse amenazado por la supremacía material del capitalismo ha debido igualmente considerar la guerra y la violencia para defenderse de los ataques y guerras imperiales. En ese sentido la teoría de la guerra y la violencia revolucionaria también encuentra sus contrapartes en la perspectiva de la revolución en los países de occidente y de liberación nacional en otras regiones del mundo.

El origen de la violencia, si vamos a la fuente, radica en la contradicción entre poderes dominantes y fuerzas emancipadoras que bregan por justicia e igualdad. En cambio la guerra y la violencia ejercida por las fuerzas del capital apuntan exactamente a lo contrario pero en nombre de la libertad del capital. La historia mundial y la de nuestro país cuentan con un inventario interminable de guerras y conflictos para defender el capital o imponer su supremacía contra los seres humanos, hombres y mujeres que luchan por la liberación humana. Francisco J. Ruiz González sostiene que²;

El aspirante a conquistador siempre es un amante de la paz (como Bonaparte pretendió siempre serlo). Y siempre se presentará así a sí mismo. Le gustaría entrar en nuestro Estado y ocuparlo sin oposición. Con el fin de evitar que lo haga, debemos aceptar comprometernos en una guerra y prepararnos para ella. En otras palabras: son los débiles, o aquellos que estarán a la defensiva, los que necesitan estar armados, para no ser tomados [invadidos, sometidos] en un ataque por sorpresa. Esa es la razón de que, con el tiempo, De la guerra haya influido igualmente en las academias militares, en el alto mando de todos los ejércitos, y en los revolucionarios que intentaban cambiar el mundo en favor de los abajo (en Marx, Engels, Lenin, Ernesto Guevara).

En la historia de Chile, sin abundar en un interminable listado de uso implacable de la violencia de las fuerzas del capital, se construyó el imaginario o sentido común que el monopolio de las armas y uso de la violencia radicaba en el Estado como ente supremo que garantiza la libertad y el respeto a las normas de convivencia política y social. Demás está decir que la libertad y normas de convivencia señaladas solo garantizan los derechos de la elite dominante ubicadas en la cúspide económica y financiera, en los cómodos aposentos de las empresas estatales e institucionales o en el Parlamento.

Muchos de los políticos tradicionales de los cuales hablamos, incluso balbucean y no muy convencidos, llamados a cuestionar las políticas neoliberales y poner fin al lucro en la educación. Es más, muchos incluso pontifican sobre la necesidad de una nueva constitución, con la salvedad claro está, que los partidos políticos, tal como los conocemos, y las supuestas instituciones vivas del país, sean las depositarias de la soberanía otorgada por el caudal de ciudadanos electores.

Por otro lado se ha gestado una rebeldía social que interpela a la democracia neoliberal y la institucionalidad vigente convocándonos a construir nuevos imaginarios colectivos. Que nos invita a repensar y reinventar el territorio geográfico que habitamos, el país que ya no sabemos a quién pertenece ni hacia donde orienta su rumbo, que sin embargo no estamos dispuestos a entregar sin batalla. Es imperativo refundar el país, su institucionalidad, el rol de la economía, el carácter de la participación ciudadana, el papel de las naciones indígenas y pueblos tradicionales, el modelo de desarrollo entre otros, para interpelar desde la raíz la dominación neoliberal.

Para cambiar este orden de cosas se requiere más que un paquete de reformas o un cambio cosmético del orden vigente (de la elite) pues este orden jurídico y constitucional no permite la expresión popular, la de los hombres y mujeres que construyen el país desde el alba hasta el anochecer. Para ello es necesario, imaginar otro país, otra constitución, otro sistema de representación; soberano, autónomo y popular, otra economía; solidaria, comunitaria y nacional, una democracia que trascienda la formalidad electoral. Es necesario romper con la lógica neoliberal, del mercado invulnerable, y buscar los caminos de salida, que liberen las capacidades de los pueblos y naciones que habitan los márgenes de Arica hasta Tierra del Fuego. Chile es un territorio controlado por intereses nacionales y extranjeros que no representan las necesidades de sus ciudadanos y comunidades, por eso es necesario transformarlo desde el corazón del país que late sus pulsiones construyendo desde comunidades y territorios la riqueza escamoteada por los millonarios procreados por la dictadura.

¿Estado de Derecho o Estado de Derecha?

En su afán por perpetuar la violencia estructural, que prevalece en Chile desde los albores de la independencia ejercido igualmente por la dictadura cívico militar en nuestro país. Desde la mal llamada pacificación de la Araucanía el Estado defiende y protege intereses ajenos a la nación Mapuche y al pueblo de este territorio, ha utilizado todo su poder para someter y apropiarse de los bienes ancestrales de los primeros habitantes de estos territorios. La institucionalidad que ha cruzado dos siglos estuvo siempre sujeta a las contradicciones entre las clases dominantes y el uso de su poder coercitivo con nula participación de la heterogénea población que constituye Chile³.

La constitución que nos rige es antidemocrática por el contexto en el que fue gestada pero también lo es por sus contenidos y restricciones que impone a la soberanía popular. Centra su dominación en la propiedad privada y la libertad del mercado contra el bien común. No es casualidad que más de la mitad de la población en edad de votar no lo haga ni que el sistema electoral defina el rayado de la cancha para que la democracia electoral se apropie de los escaños parlamentarios. Se apropian de empleos estatales, posiciones gubernamentales, embajadas, misiones internacionales, becas de capacitación y becas internacionales.

Mientras la mayoría de la población se debate entre deudas, altos aranceles educacionales, viviendas sociales indignas y con un sistema de salud prohibitivo que no cura cuerpos ni almas de personas mal nutridas a causa de la supremacía del mercado en la vida cotidiana. Hablamos de una población expuesta cruelmente a un medio ambiente de alta contaminación del aire y a consumir las pesadas aguas filtradas químicamente que corrompen el cuerpo humano. Esa calidad de vida es preconizada a diestra y siniestra por los defensores de las políticas públicas del modelo, llámese ostentosamente la autoridad; desde un paco raso o de las fuerzas especiales pasando por los parlamentarios, sotanas, generales, ministros y tinterillos de tribunales.

La sagacidad de algunos pareciera no causar mella en el aparato estatal ni en los Olimpos de los partidos del modelo, instancia que aunque venida a menos y cuestionada por la ciudadanía siempre goza de cuotas nada despreciables de poder sistémico. Lo concreto es que con esas intrascendentes migajas de poder no basta para transformar una sociedad atrapada por la camisa de fuerza neoliberal. Este país anhela y necesita cambios profundos y no caricaturas de progresismo, de rabietas críticas u obsoletas interpelaciones al poder constituido. Es necesario rebasar las fronteras de lo posible pero para hacerlo se necesita trasgredir los límites institucionales para desafiar íntegramente al modelo y apuntar a profundas transformaciones.

Para liberar toda la potencia contenida es necesario atreverse a incursionar en cambios que por sus contenidos tengan características transformadoras y revolucionarias, en el sentido profundo e integral del concepto. Los cambios deben ser democráticos por sus formas organizativas y movilizadoras y por la gestación de nuevas prácticas políticas, que congreguen la indignación con las propuestas.

No obstante, ello sólo es posible si sus actores y sujetos, hombres y mujeres, asumen un rol protagónico en su debate, reflexión y ejecución, dicho de otro modo el cambio al que debemos postular debe emanar desde abajo, desde las organizaciones y sectores oprimidos y discriminados del país. De otro modo se corre el riesgo que en el camino se pierda el rumbo a pesar de las buenas intenciones de quienes han servido de intermediaros de los intereses populares, por muy buenas intenciones que ellos tengan sea en su calidad de líderes sociales o de partidos tradicionales. En los laberintos del poder institucional-estatal se confunden, burocratizan y corrompen las ideas más revolucionarias, si observamos América Latina, Chile incluido, se puede constatar sin muchas dificultades.

Por ello la democracia en su dimensión participativa debe surgir desde el corazón social, desde sus individuos y sus organizaciones, teniendo como centralidad la participación y poder decisional para construir la convivencia plurinacional representativa de las comunidades que nos pueblan. Por ende la democracia debe ser no tan solo el fin sino que también el largo camino que la movilización social de octubre selló como el inicio de la decadencia neoliberal.

Ahora, la sociedad les está pasando la cuenta por la larga farra que los embriago hasta humillar, abusar y someter a millones de hombres y mujeres. ¿Quién solventará ahora la gigantesca deuda social y económica que tienen las clases dominantes con el país? Como devolverán los derechos usurpados y pagarán lo que nos deben.

El neoliberalismo puso fin a formas, quizás precarias, de cohesión social prexistentes en Chile, desde instituciones hasta espacios sociopolíticos de diálogo y confrontación dentro de márgenes de tolerancia destruidos en septiembre de 1973 cuando se inicia la refundación capitalista. La política de guerra aplicada contra la izquierda y las organizaciones populares logró sus objetivos por largos años no obstante ahora enfrenta la rebeldía de las nuevas generaciones y los fantasmas de los derrotados que nunca cesaron de luchar.

La violencia neoliberal, el ultraje, asesinatos, tortura y exilio deshumanizó la sociedad y los crímenes de la dictadura siguen mayoritariamente impunes y detrás de esa campaña de violencia y brutalidad se imponía sin resistencia ni oposición la agenda neoliberal inaugurada con la doctrina de shock en 1975.

Esta doctrina, como asevera Naomi Klein tuvo como objetivo refundar el capitalismo arrebatando los derechos sociales y políticos al pueblo de Chile. La violencia vandálica del capital fue el instrumento con el que arrasaron con las conquistas del pueblo, más tarde se adueñaron del país creando el estrato de nuevos millonarios—muchos de los cuales dominan Chile— e incontables nuevos pobres producto de la apropiación de la gran mayoría de los recursos y empresas del país. Esa fue virtualmente una campaña de las clases dominantes, las que acusan a los pobres y sus representaciones políticas de promover la lucha de clases, cuando la verdad es exactamente lo opuesto⁴. La pobladora Soledad Mella del Movimiento Nacional de Recicladores acertó gráficamente, “nosotras no parimos vándalos ni delincuentes, esa juventud disconforme y la violencia actual es hija del modelo”.

El Estado erigido por las políticas neoliberales representa hasta el presente la construcción de un sentido común de carácter civilizacional impuesto por el capital, sus leyes, institucionalidad, justicia, sistema político, relaciones sociales, productivas y económicas, cultura de dominación y modelo económico, entre otros, para extraer riqueza y adueñarse de ella en todos los ámbitos de la vida humana.

Para ese objetivo llevaron adelante la conspiración y golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular. Con ese argumento la derecha golpista (Partido Nacional y Democracia Cristiana) utilizó toda la fuerza del aparato del Estado para imponer un modelo que los beneficia hasta el presente.

El despotismo constante, la humillación, el robo de los derechos sociales, la corrupción pública y privada, la delincuencia vía colusión empresarial constante y la complicidad de los partidos políticos del sistema establecieron las condiciones para la rebelión de octubre.

Sebastián Piñera, los terratenientes y las empresas forestales, financieras y extractivistas forzaron respuestas de insurgencia social imprevisibles y ahora tendrán que cargar con esa criminal decisión. Incitaron la rebeldía de un pueblo honesto y libre causando consecuencias insospechadas.

El Estado de Chile es y será culpable de los impactos y secuelas de lo ocurrido en nuestro territorio, “la política contrainsurgente” implementada contra los comuneros Mapuche es aplicada en estos días sobre todas y todos los que resisten el orden neoliberal; los crímenes recaen en primer lugar en el Presidente Piñera. E igualmente en su previo digitador en terreno el ex Ministro del interior, también operador político de la dictadura cívico-militar, Andrés Chadwick y ahora en su delfín Gonzalo Blumel.

EL devenir inmediato seguirá enredando la agenda de Piñera y la derecha en el gobierno en tanto enfrentan casos de abierta corrupción y desobediencia política del monopolio armado de carabineros para disparar contra luchadores sociales desarmados. Así ocurrió durante la dictadura y se extiende hasta hoy, ningún analista serio puede afirmar que la transición a la democracia ha concluido como afirman ilusamente los adeptos al sistema, Laguistas y Bacheletistas incluidos. Vivimos la continuación y resurrección de la dictadura ´por otros medios´.

Todo eso, todos ellos instauraron la violencia del capital contra la vida, ellos, sembraron odio de clase contra las trabajadores y los trabajadores, ellos contaminaron la democracia vaciándola de contenido, ellos crearon una sociedad del apartheid social y económico, ellos discriminaron y asesinan a la nación Mapuche, ellos impusieron la mercantilización de los servicios y seguridad social, ellos contaminaron el agua y licitaron el mar, ellos corrompieron la política, ellos dividieron al país en uno de opulencia y otro de deudas y frustración, ellos declararon la guerra, en 1973 y en octubre de 2019, ellos desplegaron las fuerzas armadas y represivas para proteger sus deplorables privilegios. Ellos impusieron la dictadura institucional del capital. Ellos y ellas son culpables activos y pasivos de la sociedad de violencia en la que sumieron a los hombres y mujeres de trabajo, envenenaron Chile con las políticas neoliberales y ahora lo quieren sanar con el mismo ungüento de los últimos treinta años. Todavía no se dan cuenta que el pueblo despertó de la pesadilla a la cual fue arrastrado y ahora sí que empezó a soñar⁵.

Las múltiples iniciativas reivindicativas impulsadas desde todos los sectores sociales dan cuenta de la decisión de superar todas las trabas neoliberales para ejercer todos los derechos ciudadanos vulnerados. El camino también se entona claro y fuerte, Asamblea Constituyente vocean las multitudes movilizadas⁶.

Terrorismo de Estado en Chile:

Invocó la guerra y ahora pide paz, justicia y una nueva constitución.

Ante un movimiento popular revitalizado se aplica un cerrojo institucional convirtiéndose Piñera en la encarnación civil del Pinochetismo en la Moneda. Primero descarga fuerte represión contra estudiantes secundarios, adolecentes en su mayoría, sin pensar en la reacción masiva de contestación a la represión que criminaliza y judializa la evasión en los torniquetes del metro. La reminiscencia de Pinochet lleva a Piñera a creerse mariscal de campo y apela a las mismas cantinfladas del fenecido tirano declarando a diestra y siniestra la guerra a los enemigos poderosos e implacables. Pero que subyace en la mente del hombre de negocios; proteger sus privilegios, sus intereses y los del empresariado, los Drácula modernos o sanguijuelas criollos.

El causante principal de la violencia en Chile es el gobierno y el jefe de estado todas la secuelas, daños y atrocidades ocurridas tiene un primer responsable por la envestidura que le asigna la última elección.

¿Qué es efectivamente el terrorismo? El jurista español Baltasar Garzón dice que el Terrorismo de Estado es: "un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder."⁷

Si entendemos estas afirmaciones debemos concluir que la vulneración de los derechos humanos en Chile emana de un aparato estatal que abusando del poder otorgado por una constitución ilegítima y antidemocrática tanto por el contexto de su gestación, la secretividad elitista de su concepción y por quienes participaron en su elaboración.

La recurrencia invariable de la represión, las golpizas indiscriminadas, abuso y acoso sexual a mujeres, la tortura a adolescentes y el uso gas lacrimógeno y pimienta, los disparos de perdigones, balines y munición de guerra han constituido sistemáticamente violación de los derechos humanos, políticos y sociales de quienes se manifiestan contra las graves injusticias del régimen imperante. La mutilación ocular de más de doscientas personas por el uso criminal y alevoso de perdigones representan hechos cobardes cometidos por agentes del Estado contra quienes disienten del gobierno y sus políticas. El dolor de Chile vuelve a ser ejecutado por la derecha y sus fuerzas armadas, Nunca olvidaremos; tendrá que haber verdad y justicia para todas y todos los violentados por este gobierno, jamás olvidaremos a Gustavo Gatica símbolo sobreviviente de la crueldad del capital. ¡Enceguecidos por la codicia del poder han sembrado el dolor cegando el futuro de jóvenes rebeldes, tampoco lo olvidaremos!

El gobierno de Sebastián Piñera ha incurrido en graves transgresiones, incluso a una constitución en si ya sesgada por las características de un estado arbitrario funcional a las necesidades de las políticas neoliberales. La constitución existente es un escudo defensor contra los cambios representado la consolidación y protección del sistema. La impronta constitucional autoritaria de Jaime Guzmán continúa indeleble cual espada de Damocles⁸ pendiendo sobre la sociedad y sus derechos⁹. No olvidemos que la violencia que ahora condena el oficialismo y la oposición es la derivación de esa constitución fraudulenta y la transición pactada a la democracia.

En entrevista a un medio argentino, en los inicios de la movilización social el juez del Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago de Chile e integrante de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Daniel Urrutia, sobre video de detención en Villa Francia declaró: "Esa situación es inaceptable y hay responsabilidad política de quien establece esa orden. Es una absoluta violación a los DD.HH. y es constitutivo de terrorismo de Estado". Desde su función judicial, el juez chileno comentó: "Hemos visto videos de policías obligando a desnudarse a los habitantes de la Villa Francia, en Santiago, con los militares pegando culatazos. Entonces esas imágenes, que las teníamos de archivo desde hace 40 años, volver a verlas es una gran tristeza de que estas cosas vuelvan a ocurrir en Chile"¹⁰.

Una nueva aventura militar sigue siendo un expediente del gobierno para decretar estado de Emergencia o de sitio para contener la irritación popular, Piñera se debate entre el recurso autoritario o autogolpe para salir de la crisis del modelo. En ambos casos el terror represivo del Estado Neoliberal sigue siendo un arma para aplacar la movilización popular. Sin embargo los uniformados deliberan abiertamente ante un gobierno que camina por la cuerda floja. El pueblo siempre busca la paz pero en un escenario de justicia, libertad y democracia.

No obstante, a Piñera le quedan escasas opciones en tanto se debilita su capital político y su renuncia se corea en voz baja en los pasillos empresariales y militares pero lo más transcendental es que la ciudadanía está exigiendo su dimisión. Por los crímenes ocurridos durante su mandato debe ser impugnado y llevado ante los tribunales de justicia. Piñera debe dimitir pues se ha convertido en un lastre para el modelo y un obstáculo para democratizar el país.

“Las heridas abiertas por la derecha pinochetista aun laceran la dignidad de Chile, lo mismo ocurrirá con los crímenes del Piñerismo por el tiempo por venir. No habrá paz sin justicia ni Asamblea Constituyente sin Democracia”.

Los alcaldes por su parte fueron relegados a segundo plano ante la reciente maniobra parlamentaria para descomprimir la crisis, sectores de la oposición tienden a converger con Chile Vamos para darle una salida sin participación ciudadana que puede ser tan manipulada como la burla de la transición a la democracia. Otros, en la izquierda parlamentaria buscan un camino propio para no traicionar la movilización popular y quedarse sin apoyo social. Mientras le Mesa de Unidad Social labora arduamente y con relativo éxito para representar la amplitud de las demandas y exigencias sociales.

El acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre de los partidos del antiguo duopolio y la versión joven de la Concertación intenta administrar la crisis a partir de las exigencias de la movilización social recogiendo un programa mínimo que una vez más decepciona a “la calle”, que tan despectivamente había sido tratada en el pasado. La Cocina, aunque remodelada no logra calmar la exasperación popular, dicha maniobra dilatoria profundiza aún más la crisis sistémica múltiple del régimen político.

El pueblo—en la calle— por su parte sigue expectante, vigilante y movilizado contra la desigualdad preparándose para luchar por sus derechos, para resistir la tentación de la negociación pactada a sus espaldas, derrotar los abusos, humillaciones y colusiones inherentes a las políticas neoliberales. Las banderas mapuches, la joven militancia anti-represiva de los encapuchados la Primera Línea y la ampliación nacional de la crisis no serán aplacadas fácilmente. La primera línea ensancha la defensa y responde a la represión cual emblema de la resistencia histórica a los designios autoritarios del capital. Una suerte de autodefensa que nos permite soñar.

El desenlace de esta crisis solo puede tener una salida hacia adelante para efectivamente reorientar la historia marcando el fin de la era del neoliberalismo. La calle tiene la última palabra.

Noviembre, 2019

Notas