La crisis en Haití es la más extensa, la más radical, y con certeza la más desconocida de todas las que atraviesan la actual coyuntura latinoamericana y caribeña¹. Su origen reconoce varias causas y temporalidades. En este artículo nos centraremos tan sólo en las de mediano y corto plazo, dejando de lado por el momento la dimensión de largo aliento, vinculada al quiebre de un modelo neocolonial de dominación instaurado con la ocupación militar norteamericana de 1915-1934, continuado luego con la tutela de gobiernos civiles y militares post-ocupación, y finalmente rematado con la dictadura vitalicia de François y Jean-Claude Duvalier hasta su caída en 1986².

Sostenemos que desde julio del año pasado Haití vive un estado de insurrección popular permanente³ que se prolonga en el tiempo en una dinámica de picos de movilización masiva y períodos de amesetamiento que se suceden. Conforme la crisis se agrava, los períodos de tregua social son cada vez más breves e inestables, y los picos de movilización cada vez más convulsivos. Desde el estallido de julio del 2018, tres fueron los grandes catalizadores de las protestas:

1) La tentativa del gobierno, en sintonía con las políticas globales del FMI en la materia⁴, de aumentar el precio de los combustibles hasta un 51%, con el consecuente impacto que esto tendría en el precio del transporte, la alimentación y la carestía de la vida en general. Como respuesta, del 6 al 8 de julio del 2018 cerca de un millón y medio de personas tomaron las calles del país, forzaron la revocatoria de la medida, obtuvieron la dimisión del entonces Primer Ministro Jack Guy Lafontant y lograron acuartelar a las fuerzas de seguridad, que fueron completamente rebasadas por los acontecimientos. La estela de esta coyuntura perduraría largos meses.

2) El develamiento de uno de los escándalos de corrupción más importantes de la historia del país, por el que la clase política, y en particular el presidente y el partido de gobierno, participaron en el desfalco de al menos 2 mil millones de dólares de los acuerdos de cooperación energética de Petrocaribe⁵ (monto equivalente a casi un cuarto del PBI haitiano). Este fue el eje rector de las protestas desde septiembre del año pasado hasta marzo del presente, con un importante protagonismo de jóvenes auto-organizados desde las redes sociales, llamados petrochallengers.

3) La crisis energética desatada en septiembre de este año fue el último eje aglutinante. Ésta fue en parte producto de las especulaciones del gobierno que, reteniendo stock de combustibles, intentaba justificar la eliminación del subsidio como condición para seguir costeando el precio de las importaciones. Pero aún más determinante fue la virtual salida de Haití de Petrocaribe. Esto se produjo porque el bloqueo que Estados Unidos sostiene sobre Venezuela impide el arribo a costas haitianas de los cargueros que deberían transportar el combustible. Pero también por el hecho de que en un giro brusco de su política exterior, Haití decidió retirar su reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Fue así que el país, completamente alineado con la geopolítica guerrerista de los Estados Unidos, empezó a operar en contra de la Revolución Bolivariana en espacios regionales como la OEA y la CARICOM, llegando al extremo de ser la única nación de este espacio en votar en favor de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La crisis energética, sumada a un cóctel explosivo de alta inflación, devaluación de la moneda y congelamiento salarial, terminó de deteriorar las de por sí calamitosas condiciones de vida de las cuatro quintas partes de la población haitiana. Algunas de sus consecuencias han sido la práctica paralización del transporte por períodos prolongados; la crisis de la economía agrícola campesina, impedido como está el sector de comercializar su producción; el consecuente aumento del precio de los alimentos en las grandes ciudades del país; la interrupción de la actividad escolar y el funcionamiento intermitente de los centros de salud; el cierre de fábricas y comercios de pequeño y gran porte; el agravamiento del flagelo del hambre, sobre todo en las regiones más aisladas y dependientes de asistencia alimentaria; y un largo etcétera.

Como respuesta, las clases populares y sus organizaciones rurales y urbanas se lanzaron a las calles del país aglutinadas tras la demanda de la dimisión inmediata del presidente Jovenel Moïse, sindicado como principal responsable de la crisis. Pero pronto la agenda de reivindicaciones iría escalando, conforme ganaba pregnancia un discurso de impugnación ya no sólo del elenco gubernamental, sino de la totalidad del sistema económico y político: fòk sa chanje, ("es preciso que esto cambie"), chavire chodyè a ("darlo vuelta todo") o nou ta dwe viv tankou moun (deberíamos vivir como personas), han sido algunas de las consignas en la lengua nacional haitiana que expresan el alcance y el sentido de las reivindicaciones populares.

El gobierno adoptó diferentes estrategias para aferrarse al poder y garantizar la continuidad de los privilegios de una "repugnante élite", tal y como un literato haitiano bautizó a la burguesía y la oligarquía que han desangrado al país desde la clausura de la gesta revolucionaria de 1804. La primera estrategia fue el mutismo, que llevó a que el presidente pasara cerca de un mes sin dirigirse a la nación en medio del descalabro energético y social generalizado. Luego comenzaron a producirse diferentes convocatorias al diálogo que fracasaron sucesivamente, conforme los diferentes actores políticos tomaban distancia de un barco que evidentemente se iba a pique. Luego, como es de prever, comenzó a desplegarse la represión lisa y llana de las manifestaciones en un intento infructuoso por recuperar el control del territorio, en particular de la zona metropolitana de la capital Puerto Príncipe, convertida para entonces en un verdadero polvorín. Como constataron la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional (éstas últimas con resonantes demoras), el saldo de la represión ha sido luctuoso: uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias, al menos 42 muertos en las últimas semanas y 77 en lo que va del año.

Por la probada ineficacia y debilidad de la Policía Nacional, y considerando que Haití no puede emular a sus pares ecuatorianos, bolivianos o chilenos sacando el ejército a las calles⁶, la respuesta que comenzó a imponerse fue la paramilitarización, tal y como ha sucedido en todos los regímenes neoliberales maduros. Además, cabe recordar que las dos últimas misiones de ocupación de la ONU, la MINUSTAH y la MINUJUSTH, han finalizado la retirada de los contingentes policiales y militares extranjeros, cediendo paso a la BINUH, una misión de carácter más bien “político”. Varios hechos constatan esta tendencia a la paramilitarización: el estímulo a grupos criminales organizados que responden directamente al poder político⁷, la perpetración de sendas masacres en algunas comunidades rurales o en los barrios populares más activos y movilizados⁸, y, por último, la infiltración constante de mercenarios y ex militares norteamericanos en un proporción incierta. A comienzos de febrero, y de nuevo hace pocos días, algunos de estos contratistas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Toussaint L'Ouverture cargando armas de grueso calibre, municiones y equipos avanzados de telecomunicaciones.

En el frente internacional, la respuesta de las grandes corporaciones occidentales de prensa ha sido la esperada: la invisibilización más rotunda de la situación haitiana siempre que fuera posible, y cuando las dimensiones de la crisis se volvieron inocultables, su tergiversación total. Así se ha negado el carácter pacífico de la mayoría de las protestas, se ha ocultado la existencia de planes alternativos de gobierno, así como de liderazgos y fuerzas sociales organizadas, y se ha soslayado la evidente responsabilidad de la llamada “comunidad internacional” en la crisis haitiana, como si esta fuera una especie de fatalidad atávica⁹. Es de rutina señalar unilateralmente los elementos de violencia, desesperación y espontaneidad en una nación siempre leída desde clivajes racistas y coloniales. En esto también han contribuido las ONGs internacionales, con la difusión de ideologías desarrollistas y concepciones desmovilizadoras¹⁰.

Por otra parte, la injerencia de los Estados Unidos¹¹, último y determinante factor de poder que aún se reserva el derecho de tutela, así como el de otras potencias occidentales de menor cuantía, ha sido constante. Al principio esta injerencia fue tercerizada a través de organismos regionales como la OEA, de instituciones financieras multilaterales como el FMI o de agrupamientos de interés ad hoc como el llamado Core Group¹² que nunca dejaron de sostener tácita o explícitamente la continuidad en el poder de Jovenel Moïse. Pero en las últimas semanas ha sido la embajada en Puerto Príncipe y el Departamento de Estado norteamericano los que han tomado públicamente cartas en el asunto, visiblemente exasperados por la dilatación de una crisis que empieza ya a afectar las utilidades de sus empresas trasnacionales.

Del otro lado, el campo de la oposición se ha configurado en sendas coaliciones, desde el Foro Patriótico, espacio representativo de las movilizaciones de calle y los movimientos sociales del campo y de la ciudad¹³, hasta espacios conservadores representativos de diferentes fracciones de la oligarquía, la burguesía local y la pequeña burguesía reaccionaria, tales como la Alternativa Consensual, la Pasarela o el Bloque Democrático. Recientemente estas y otras coaliciones han firmado una serie de puntos programáticos para facilitar la construcción de un gobierno de transición tras la eventual dimisión del presidente. Sin embargo, el carácter espontáneo de las movilizaciones las vuelve relativamente independientes de la oposición organizada. En particular de los partidos tradicionales que son considerados como parte del problema por las grandes mayorías populares. 

Todos los factores señalados, a saber, la continuidad con síntomas de desgaste de la movilización popular; el acuerdo suscripto por prácticamente toda la oposición social, política y parlamentaria; la promoción de los Estados Unidos de una salida negociada con el propio partido de gobierno; la candente actualidad geopolítica del Caribe y el rol que allí juega Haití; y el colapso objetivo del modelo extrovertido y subdesarrollante que sufre la nación más empobrecida y desigual del hemisferio, nos hacen prever dos grandes salidas posibles para la crisis, en lo que constituye ya un claro punto de bifurcación. Todas las variables sociales, políticas y económicas se encuentran en estado acelerado de descomposición. El actual equilibrio inestable que ha sobrellevado el país desde julio del año pasado es ya insostenible, por lo que en un lapso breve la situación podría evolucionar hacia:

1) Una solución regresiva, es decir, la continuidad del gobierno de Jovenel Moïse en el corto plazo, a través de un acuerdo con la oposición más conservadora facilitado por los Estados Unidos, prometiendo a cambio la realización de elecciones anticipadas y la posibilidad de introducir enmiendas a la Constitución. Esta solución presupone, ante la imposibilidad de generar consensos, el recrudecimiento de la solución policial, militar o paramilitar, así como la derrota frontal de la movilización popular por recurso a la violencia o a las políticas de shock económico. El plano inclinado de la realidad haitiana llevaría a las grandes mayorías hacia un umbral de dolor y desigualdad aún mayor que el que conocemos. Sin embargo, son evidentes las dificultades del sistema para desmovilizar al pueblo haitiano y estabilizar los regímenes de dominación.

2) Una solución progresiva, que podría ser institucional, a través de la construcción de una Conferencia Nacional Soberana y de un gobierno de transición, en el que las fuerzas populares organizadas disputen su hegemonía a la clase política tradicional, incidiendo a través de la continuidad de la movilización callejera. Otros puntos ya consensuados serían el juicio a los responsables del desfalco de Petrocaribe y de las masacres mencionadas, la reforma político-electoral, y la convocatoria a elecciones limpias y a una Constituyente en un plazo de aproximadamente tres años. O bien, en una subvariante, una solución progresiva pero de tipo insurreccional, que pueda tomar por asalto un Estado por demás débil e inoperante. Este proceso, por ahora inmaduro, demandaría un acelerado trabajo subjetivo y organizativo de parte las fuerzas populares, así como la intermediación de potencias rivales en el escenario geopolítico regional, como salvaguarda de márgenes mínimos de autonomía en la consecución de un eventual gobierno popular.

- Lautaro Rivara es sociólogo y doctorando en Historia. Periodista. Brigadista internacional de ALBA Movimientos en Haití.