El día 22 de enero, el líder de la derechista Coalición Multicolor y próximo presidente, Luis Lacalle Pou, hizo público el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que pretenden aprobar con celeridad apenas asuman los nuevos legisladores el mes próximo, aprovechando la mayoría parlamentaria de la derecha.

La norma propuesta faculta al uso de la fuerza pública para disolver los piquetes de manifestantes y habilita las detenciones “en casos de apariencia delictiva”.

En la historia del Uruguay posdictadura se habían enviado 12 proyectos de estas características, con un máximo de 92 artículos. La LUC, que comprende 457 artículos y consta de diez secciones: seguridad pública, secretaría de inteligencia estratégica del Estado (SIEE), educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, normativa sobre la emergencia de vivienda y otras.

Significa un atraso importante en materia de derechos, criminaliza la protesta, mercantiliza la educación, coarta libertades, liberaliza el mercado de importación y refinamiento de petróleo y tiene sendos artículos más que polémicos, como el número 7 sobre las relaciones sexuales consensuadas con menores.

Hasta el momento se han expresado en contra -o al menos con preocupación- varias organizaciones y actores sociales. Por ejemplo la central sindical PIT CNT, el rector de la Universidad de la República, el Centro de Archivos y Acceso a la Información, varios dirigentes y sectores del Frente Amplio, como gremios y sindicatos.

El primer capítulo es sobre la Seguridad Pública. Plantea un terreno fértil para la represión y se posiciona desde el paradigma del “populismo punitivo” donde lo único que importa es aumentar las penas y robustecer el aparato policial.

En la Sección VII del documento, se establece que “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa” y se dispone que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente”.

El artículo 11 plantea que cualquiera que “ofenda” a la policía puede ser detenido de 3 a 12 meses sin explicitar quién establece lo que es una ofensa y que actos calificarían como ofensa. Lo mismo el artículo 36, donde la policía puede hacer uso de la fuerza para dispersar reuniones o manifestaciones que no sean pacificas, pero tampoco se establecen criterios de lo que es lo no-pacífico.

Los artículos 448, 449 y 450, de los últimos de la LUC, establecidos en el capítulo “De la protección a la libre circulación”, son los más criticados, y es donde se establece la ley anti piquetes. Le otorga el aval a la policía de dispersar manifestaciones en “pos de la tranquilidad y la libre circulación” y de detener a las personas que tengan “apariencia delictiva.” Es decir, por porte de rostro. Y nuevamente queda librado al criterio de las fuerzas policiales cómo vayan a proceder y a quienes vayan a detener.

El artículo 20 también plantea que los efectivos policiales podrán interrogar “autónomamente al imputado”. En buen criollo, obtener testimonio bajo apremios ilegales.

La rehabilitación de los presos es ficticia ya que apenas deja la capacidad de reducir la pena por estudio y/o trabajo para unos pocos delitos menores. En el artículo 37, sobre Identificación y advertencia policial; el personal policial queda eximido de identificarse y de advertir. Traducción: primero disparo y luego pregunto.

Esto es solo el principio de la “ley ómnibus”, que pretende impulsar Lacalle Pou ya que la mayor cantidad del contenido se extrae del programa de gobierno del Partido Nacional. Faltan los agregados de los demás partidos. Una ley que tiene artículos de “relleno” o que no parecen ser tan de urgente consideración como que las carnicerías puedan elaborar sus propios chorizos o la portabilidad numérica.

Lo que se expuso muy brevemente son solo algunos artículos enfocados en la seguridad pública. Aun queda analizar la reestructura brutal que van a hacer en educación, mercantilizándola y abriéndole las puertas de par en par en los lugares de decisión a las universidades privadas.

El anteproyecto también incluye adecuaciones al sistema que administra el Banco de Previsión Social (BPS).

El ataque a la estatal petrolera Ancap, sigue la línea de su padre y último presidente blanco, Luis Alberto Lacalle Herrera. Éste y tantos otros temas van a sacudir de la modorra estival a las organizaciones del campo nacional y popular.

Por si fuera poco la agrupación de propietarios rurales “Un solo Uruguay” volvió a realizar su acto anual este 23 de enero brindándole todo el apoyo al gobierno entrante y el general Guido Manini Ríos, líder del ultraderechista Cabildo Abierto, miembro de la Coalición Multicolor, quien apuesta a ser intendente de Montevideo, tras 30 años de gobiernos frenteamplistas en la capital uruguaya.

Las experiencias regionales y de otros continentes nos han demostrado que este tipo de leyes, por más que nos espante, es solo el marco legal (pero no legítimo), la punta del iceberg del retroceso que se vendrá. Es el sustento jurídico para reprimir la lucha ante medidas del futuro gobierno que serán sumamente regresivas en derechos y en detrimento de la clase trabajadora.

Al final parece que el ajuste no será pluma por pluma para que nadie se queje, como vaticinó el ex presidente Julio María Sanguinetti, la mano viene de desplume, así sin más.

Nicolás Centurión

Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/01/24/uruguay-ley-de-urgente-consideracion-un-atraso-en-materia-de-derechos-y-libertades/