En su continuado afán de destrucción del derecho internacional y establecimiento de la supremacía de la fuerza como instrumento de las relaciones entre Estados, las potencias occidentales, en especial Estados Unidos ha ido tomando – sobre todo desde la llegada al poder de Donald Trump- una serie de medidas que por el influjo de su poder va haciendo carne en el sistema, en particular en los países subordinados de Europa y América.

Así, Trump abandonó la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Acuerdo de París sobre cambio climático, el tratado comercial Transpacífico y el Acuerdo nuclear con Irán. Por supuesto, cada país tiene el derecho soberano de decidir a que instancia pertenece o no.

Pero cuando ello reviste el interés abierto o subterráneo de disipar la institucionalidad que con extremas dificultades ha permitido que no haya habido guerras nucleares, como tampoco conflictos bélicos de dimensiones planetarias en los últimos 75 años, tales decisiones entrañan sumo riesgo para la humanidad. Cuando además quien atenta contra esta precaria estabilidad es el país más poderoso del mundo, las preocupaciones van en aumento.

En otro plano de esta lógica, se manifiesta como una arista distinta aquella que emana de países subordinados a Estados Unidos que en su afán de “sonreír mientras son humillados” -como almas serviles- recurren a prácticas que si no fuera por el impacto negativo que generan en la vida de millones de personas, causaría espasmos por la dimensión de lo absurdo y lo ridículo.

En febrero del año pasado, durante una entrevista en la televisión española Josep Borrell en ese entonces canciller de su país afirmó que ante el envío de una delegada de Guaidó a Madrid a quien se le pretendía dar rango de embajadora, había que actuar de forma “un tanto creativa” teniendo en cuenta el “derecho internacional, la Convención de Viena y las relaciones entre Estados”.

De esta manera, quien ahora funge como Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es ingeniero y economista de profesión, expuso su total ignorancia respecto de su conocimiento del derecho, lo cual pareciera ser atributo necesario para desempeñar altos cargos en la administración de ciertos países, toda vez que impulsan el uso de la fuerza como mecanismo de imposición de sus intereses.

El modo que encontró Borrell para hacer práctica su “creatividad” fue violar la Convención de Viena y “defecarse” en las normas que regulan las relaciones entre Estados. Al respecto informó que: "Vamos a conversar con el representante de Guaidó, pero no podemos ignorar la realidad sobre el terreno”.

En otras palabras, Borrell quiso decir que había que tener creatividad en la aplicación del derecho internacional considerando que la “realidad sobre el terreno” da cuenta de que en Caracas hay un jefe de Estado que gobierna desde el palacio presidencial y que tiene el control de las instituciones y de las fuerzas armadas. 

Ante una pregunta de la periodista respecto de a quien recurre el Estado español si se le presenta un problema a un ciudadano o una empresa española en Venezuela que debe ser resuelta por las autoridades de ese país, el ingeniero aeronáutico español disfrazado de canciller pareciera haberse quedado en el aire al decir con el mayor desparpajo que en esa situación, España se tiene que dirigir al gobierno de Nicolás Maduro. La periodista no pudo ocultar su estupefacción y le cuestionó: “Ministro, se da cuenta que eso es una incongruencia”. Borrell solo pudo responder que esa era la realidad.

A veces soy invitado en Caracas a algunas recepciones diplomáticas en las que me entretengo mirando a embajadores de países que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro buscando a los funcionarios de alto nivel del gobierno para sacarse fotos o pedir entrevistas que les permita justificar sus sueldos garantizando que aún tienen líneas de comunicación con las autoridades del país.

No dudo que sean personas respetables, algunos incluso diplomáticos de carrera que deben sentir vergüenza de las decisiones de sus jefes que los obligan a estar acreditados ante un gobierno que no reconocen. Cualquiera que tiene una mínima sapiencia sobre del derecho internacional, sabe que eso es un absurdo y un contrasentido. En los hechos, esto es expresión de la máxima creatividad en materia de derecho internacional de la que ha podido hacer gala Josep Borrell.

Pero si alguien suponía que se había visto todo en esta materia, debe haber quedado atónito ante la respuesta del gobierno colombiano a la captura en Venezuela de la ex senadora Aída Merlano, prófuga de la justicia de su país quien había sido condenada a 15 años de prisión por “concierto para delinquir, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas”.

Merlano se escapó de forma espectacular al descolgarse por la ventana de un consultorio odontológico ubicado en un tercer piso de una clínica en Bogotá donde había acudido desde la cárcel para asistir a una cita.

A través de su ministra de justicia, el gobierno de Iván Duque informó que solicitarían la extradición de Merlano al “legítimo gobierno de Venezuela en cabeza de Juan Guaidó”. El problema es que Guaidó en Venezuela no manda a nadie, toda vez que perdió hasta su silla en la presidencia de la Asamblea Nacional después que la mayoría de sus seguidores se rebelaron y lo destituyeron.

El analista político colombiano Vicente Torrijos, identificado por su determinada posición anti venezolana y anti chavista que sin ser lo mismo en general, si lo es en el caso de este también periodista, y que se caracteriza por defender posiciones de la más extrema derecha de su país ha catalogado esta acción como un “fiasco diplomático”. Imagino que su apreciación parte de la consideración de que las autoridades policiales que detuvieron a Merlano, la fiscalía que ordenó su captura y la cárcel donde está detenida están bajo control del gobierno de Venezuela. De esta manera, como ya nos tiene acostumbrado, es muy probable que Guaidó monte otra puesta en escena a fin de seguir recibiendo el dinero que le envían desde Washington, a costa de los contribuyentes estadounidenses.

Este hecho evidencia tres cosas, la primera es el afán indetenible de Iván Duque de continuar haciendo el ridículo ante su país y ante la comunidad internacional, solo para mostrar su lealtad a Estados Unidos. En segundo lugar, su obcecación respecto del mantenimiento de una total distancia con Venezuela a pesar que incluso los países que están en guerra dejan abierta ciertas líneas de comunicación para resolver problemas comunes. Colombia y Venezuela las tienen, pero Duque no lo sabe o pretende no saberlo. Maduro ha dicho que en Venezuela hay alrededor de 30 detenidos solicitados por Colombia y no hay a quien entregárselos, es decir, es como si en Colombia no hubiera gobierno

En tercer lugar, la razón de fondo es que Duque pretende ganar tiempo para consultar al gobierno de Estados Unidos qué debe hacer en este caso. En realidad, su deseo es que Merlano no regrese a Colombia o que el gobierno de Venezuela la deje en libertad por ausencia de cargos para que desaparezca nuevamente a fin de que no haga público toda la información que maneja acerca de las mafias políticas vinculadas con el paramilitarismo y el narcotráfico de la costa Caribe de su país, lo cual involucra al partido Cambio Radical y a su líder Germán Vargas Lleras quien acaba de hacer un acuerdo con Duque en la perspectiva de ser el próximo candidato presidencial que de continuidad a la gestión del uribismo en Colombia.

Nunca como antes, las potenciales declaraciones de un dirigente pueden poner en entredicho en un nivel tan alto a la clase política de ese país. De hecho, Arturo Char un senador directamente vinculado a estas mafias de Barranquilla miembro de la familia Char, (con quien Merlano tiene directa relación), y dueña -en contubernio con Vargas Lleras- del partido Cambio Radical, es el designado para ser el próximo presidente del Congreso colombiano, es decir, la segunda figura política más importante del país. Todo esto podría venirse abajo si Merlano empieza a comentar pormenores de la delincuencial estructura de poder que sustenta la política colombiana.

Así, Duque ha utilizado la delincuencial figura de Guaidó, íntimamente vinculada con la banda paramilitar Los Rastrojos para burlar el derecho, “salvaguardar” su gobierno y darle largas a la aplicación de justicia en su país.