Esta semana y como lo hace periódicamente, tanto a propósito del aniversario de la muerte violenta del sacerdote Camilo Torres Restrepo –el 15 de febrero-, como del aniversario de lo que llaman ‘la primera marcha guerrillera’ -el 4 de julio-, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) tiende a realizar hechos de violencia y de manera recurrente los denomina “paro armado”. El tema es que en el contexto actual, tanto el contenido como la denominación, no tienen fácil justificación en la Colombia de hoy.

¿Cuál es el contexto colombiano de hoy? El de un país avanzando en la implementación de un Pos Acuerdo con la insurgencia de las FARC –no hablamos de un Pos Conflicto, porque el conflicto armado no lo hemos terminado de cerrar-, con todas las dificultades que el mismo tiene –incumplimientos, lentitud en la implementación, incomprensiones-, pero que no se puede desconocer que una organización insurgente, en conversaciones con el Estado colombiano, tomo la decisión de dejar las armas y avanzar en la construcción de paz y esa es una realidad fáctica y que se debe respetar, porque se trata de miles de compatriotas que antes usaban las armas para tratar de conseguir objetivos políticos y ahora lo pretenden hacer dentro de las reglas de la democracia. Esto crea un contexto diferente al del pasado de la confrontación armada. De hecho, las movilizaciones sociales vividas el año anterior se pueden considerar un producto positivo de este Acuerdo de Paz, porque permitió que muchos colombianos que en el pasado no salían a las movilizaciones ciudadanas de protesta por el temor a que los confundieran con los actores armados, ahora sí lo hicieron.

Por lo tanto, no tiene ninguna presentación en la Colombia de hoy que una organización guerrillera, que persiste en utilizar las armas para intentar conseguir objetivos políticos, convoque a un “paro” que es lo que las organizaciones sociales vienen adelantando, en ejercicio pleno de la legítima protesta social, y, adicionalmente se trata de un ‘paro armado’ con lo cual realmente se genera cierta intimidación de los ciudadanos, un temor no por convicción, sino por miedo. Incluso el riesgo que a muchos de los dirigentes de las protestas ciudadanas los pretendan identificar con la actividad de una organización ilegal, poniendo así en riesgo su gestión de liderazgo social. En eso creo, que el ELN se equivoca profundamente. Una cosa era en el pasado, en un contexto de confrontación armada, sin perspectivas de salidas o soluciones al mismo y otra en el momento actual.

Es verdad que no hay por el momento, en el horizonte de corto plazo, posibilidades de conversaciones entre el actual Gobierno y el ELN, pero la mayoría de los sectores políticos y sociales amigos de la consolidación de la paz –incluida la comunidad internacional que generosamente ha acompañado estos esfuerzos-, estamos convencidos que con un aporte de ambas partes, de flexibilización de sus actuales posiciones, de pensar más en los compatriotas de los territorios que han venido sufriendo, justamente los más necesitados, es posible construir nuevas condiciones para que se inicie acercamientos que lleven al ELN a tomar la decisión que la gran mayoría del país está esperando, que resuelva hacer el tránsito de las armas a la política sin armas y con seguridad que esa sería la mejor manera de honrar el legado histórico del sacerdote, sociólogo y profesor universitario Camilo Torres Restrepo.

No dejamos de esperar, que el ELN tome la decisión de hacer un pare en sus actos de violencia y contribuya así a crear el ambiente necesario, para que se abran los espacios del diálogo y la construcción de acuerdos.

- Alejo Vargas Velásquez es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y

coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa