El Museo Violeta Parra es uno de los centros culturales emblemáticos de Santiago y de todo Chile y uno de los más queridos y concurridos por parte de los chilenos, muy especialmente por la juventud. La noche del viernes 7 de febrero, este lugar tan querido y venerado fue incendiado sin miramientos. Obviamente, un siniestro provocado por quienes odian la orientación democrática, social y liberal de un museo como éste, tan detestado por los sectores pinochetistas que gobernaron con mano de hierro a través del dictador y que desde entonces, a pesar de la restauración democrática, se encuentran en Chile siempre activos y sobre todo agresivos.

El fuego no produjo la destrucción total de los valiosos contenidos y archivos museográficos y artísticos del Museo porque sus directivos tomaron a tiempo la precaución de trasladarlos a lugar más seguro. Pero el incendio afectó parte del edificio; eso no se pudo evitar. La policía, según sus investigaciones, reconoce que los autores de la quema serían un grupo organizado de 10 encapuchados. La tesis del incendio provocado ya no deja lugar a dudas, ni siquiera para los carabineros. Lo que hace falta es que identifiquen con nombres y apellidos a esos feroces vándalos pinochetistas, émulos tristes de Nerón.

Pero no es el único caso, es apenas el más reciente de toda una retahíla. El 27 de diciembre pasado, hace apenas poco más de un mes, se registró el devastador incendio provocado del Centro de Arte Alameda, un centro cultural muy frecuentado y amado por la juventud chilena, donde funcionan varias salas de cineclub que proyectan filmes del más alto nivel; además, el centro alberga cada vez más expresiones culturales diversas, constituyéndose en un polo cultural de grandes dimensiones.

Ubicado a menos de media cuadra de la plaza Italia, epicentro de las grandes manifestaciones de protesta de la población santiaguina en los últimos meses, el Centro de Arte Alameda cometió el “delito” de albergar a los heridos en las manifestaciones. En consecuencia, lo quemaron ya sabemos quiénes. La pérdida, en este caso, fue total, y se convirtieron en cenizas tanto las salas como los archivos filmográficos y artísticos laboriosa y amorosamente acumulados en años.

El incendio del Museo Violeta Parra y el del Centro de Arte Alameda son las acciones más audaces y notorias de una serie sistemática de agresiones brutales contra centros culturales orientados hacia la cultura popular. Pero un número muy grande de agresiones de todo tipo se han venido cometiendo especialmente contra los lugares y centros dedicados a la memoria de las víctimas de la criminal dictadura de Augusto Pinochet en todo el país. Los lugares de la memoria, al igual que en nuestro país, son un blanco preferido de los ataques de los momios, los ultraderechistas que respaldan hasta hoy la metodología del asesinato y la tortura que la tiranía de Pinochet impuso en Chile entre 1973 y 1990.

La magnitud de los sucesos en curso ha sido identificada y corroborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de realizar una visita de investigación a Chile, como resultado de la cual acaba de expresar “su preocupación por los reiterados ataques a sitios de memoria ubicados en distintas regiones de Chile”, al mismo tiempo que “llama al Estado a investigar tales hechos, así como a adoptar medidas para asegurar la preservación de estos espacios”.

La CIDH hace la precisión de que, “entre 18 de diciembre de 2018 y 19 de enero de 2020, fueron registrados nueve episodios de daños a memoriales ubicados en las ciudades de San Antonio, Osorno, La Serena, Concepción y Coquimbo, así como la invasión y daños a sitios de memoria en Santiago. Los monumentos construidos con el fin de evitar que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena no caigan en el olvido y como un homenaje a las víctimas, fueron vandalizados con rayas, manchas y, en diversos casos, inscripciones que hacían referencia a grupos de extrema derecha del país o escritos como ‘faltan algunos’ y ‘se vienen más’ ”.

La CIDH añade que “a lo largo de 2019, hubo al menos otros 6 casos de ataques a sitios de memoria en Santiago, Panguipuli, Antofagasta, Paine y en Pichoy, Región de Los Ríos”. El carácter y patrón de estos sucesos está claro, salvo para quien se niegue a ver la realidad. Se trata de una ofensiva terrorista de la ultraderecha pinochetista que empieza vandalizando los sitios y lugares de memoria, e incendiando los centros culturales emblemáticos de la cultura popular. Esto es intolerable y debe ser investigado y sancionado drásticamente, aplicando a sus autores e instigadores la legislación que corresponde a los actos de terrorismo.

Joel Hernández, comisionado de la CIDH y Relator para Chile, declaró que “las repetidas agresiones a los memoriales relacionados a las víctimas de la dictadura chilena constituyen un preocupante escenario de intolerancia que debe ser objeto de atención de las autoridades. Esperamos que el Estado adopte las acciones pertinentes para determinar tanto si los ataques están conectados entre sí como a los responsables”

Sin embargo, las autoridades, hasta el momento, parecen no ver ni oír lo que está ocurriendo con esta ofensiva terrorista de la ultraderecha. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos o identificados. Solo ante el incendio del Museo Violeta Parra, por primera vez la policía ha aceptado que se trató de un incendio provocado “por un grupo de diez encapuchados”, como anotamos más arriba. Bueno pues, agarren a esos galifardos e impidan que sigan destruyendo el patrimonio cultural y tratando de aterrorizar a la población.

Los terroristas de la ultraderecha no conseguirán nunca doblegar a ese pueblo que resistió y finalmente logró deshacerse de Pinochet. La cultura popular y la memoria dedicada a las víctimas de la tiranía no desaparecen con las cenizas y resurgirán de ellas como el ave fénix antes de lo que esos miserables imaginan. Es ese pueblo de Chile que hoy lucha por transformar su sociedad para hacerla más justa y solidaria.

14-02-2020

Ronald Gamarra

Abogado. En el periodo 2008-2010 desempeñó la labor de Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Fue Procurador Adjunto Ad-hoc de la República del Perú y diirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Perú durante la dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000).