Desde que adoptó su nueva estrategia, la derecha latino-americana ha tratado de enarbolar la bandera de que ha tumbado a gobiernos progresistas latinoamericanos por vías democráticas, mediante movilizaciones populares, cívicas, de la “sociedad civil” contra gobiernos que habrían roto la institucionalidad, cometido arbitrariedades, atentado contra la democracia.

Lo han hecho en Brasil, tumbando al gobierno recién reelegido de Dilma Rousseff alegando arreglos presupuestarios, que no faculta, según la Constitución brasileña, promover el impeachment de un presidente de la República. Es tal la manera arbitraria e inconstitucional de la decisión, que hasta ahora, casi cuatro anos después, el STF (Supremo Tribunal Constitucional), instancia máxima del Judiciario de Brasil, no ha juzgado el impeachment en contra de Dilma. Porque si abre la Constitución, no va a encontrar respaldo alguno a la mas grave decisión que un Congreso puede tomar – tumbar a una presidente recién reelegida democráticamente para el cargo por el voto popular. Entonces aplaza su posición, como si el paso del tiempo fuera a hacer olvidar la connivencia del Judiciario brasileño con el golpe que ha roto la democracia brasileña y ha hecho pasar el país de los gobiernos mas virtuosos de su historia al infierno que vive actualmente.

La discusión de si el impeachment fue un golpe o no, es absolutamente relevante, porque denuncia aquel acto como ruptura de la democracia, de la Constitución brasileña o, al contrario, como quiere la derecha y sus voceros en los medios, se trataría de una corrección de camino, de un acto perfectamente legal y aceptable, para tumbar un gobierno que la derecha no supo derrotar por medios democráticos, habiendo sido derrotada cuatro veces de manera sucesiva.

Cuando la derecha ha derrotado a un gobierno progresista por elecciones, como ha ocurrido en Argentina, teniendo que atenerse a la institucionalidad democrática, ha sido abiertamente derrotada cuatro años mas tarde. Confirmando que, por vías democráticas, la derecha puede hasta llegar a triunfar, pero no tiene políticas que den estabilidad y apoyo popular a sus políticas neoliberales, inmediatamente reinstaladas, cuando la derecha vuelve al gobierno. La democracia se revela incompatible con el neoliberalismo, que condena la derecha a la derrota, si no apela a métodos antidemocráticos.

El caso de Bolivia es, de alguna manera, similar al brasileño. La derecha se ha mancomunado con fuerzas policiales y de las FFAA, contando con los medios y con el Judiciario, para tumbar al gobierno legalmente reelegido de Evo Morales. Ha alegado ilegalidades electorales, mencionadas por la OEA, que se ha rápidamente revelado ser participe del golpe, a punto de que había propuesto nuevas elecciones, aceptadas por Evo Morales, pero que ha abandonado aquel planteo, para sumarse a un gobierno abiertamente golpista y dictatorial.

La prueba definitiva de si aquel movimiento sería de restauración democrática o, al contrario, de ruptura de la democracia, estaría dada por las nuevas elecciones convocadas por la presidente que, sin legitimidad institucional alguna, ha asumido el gobierno. La represión a los movimientos populares, la prisión de dirigentes del MAS, las condiciones cada vez mas estrechas en que pretende que se den las elecciones en principio convocadas para mayo de este año, confirman que se ha tratado de una farsa de movimiento de movilización popular y de restauración democrática, como ha querido afirmar la derecha boliviana, sostenida por el gobierno de los EEUU y sus aliados en la región.

La reciente prohibición de la candidatura de Evo Morales al Senado boliviano, solo confirma las condiciones controladas, antidemocráticas, excluyentes, en que pretenden realizar las elecciones. Conforme la candidatura de Luis Arce, del MAS, asume el liderazgo en las encuestas, hasta la realización misma de esas elecciones se pone en peligro, pues las FFAA bolivianas han asumido espacios determinantes en el gobierno actual.

Bolivia camina por la vía brasileña, de la guerra hibrida, del régimen de excepción, y no la vía argentina, en que las fuerzas democráticas se han reimpuesto, porque se ha logrado mantener las condiciones democráticas mínimas para la disputa electoral.