Texto escrito en homenaje a nuestro maestro y compañero en las luchas por el derecho fundamental a la salud en Colombia, José Félix Patiño. Que descanse en paz.

En los 19 meses del gobierno de Iván Duque Márquez-Álvaro Uribe Vélez, han asesinado más de 500 líderes y lideresas sociales y desde la firma de los Acuerdos de Paz del 24 de noviembre de 2016 han asesinado más de 800 de acuerdo con la información del Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Desde esa misma fecha han sido asesinados 190 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en proceso de reinserción a partir de los acuerdos de Paz firmados entre esta guerrilla y el Estado.

Esta sangría que es una verdadera crisis humanitaria no ha tenido una respuesta por parte del gobierno a pesar de las exhortaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que hace el seguimiento de los acuerdos y es el garante del cumplimiento de los mismos. La estrategia del gobierno ha consistido en negar el carácter sistemático de los mismos y en optar por desconocer los organismos previstos en los acuerdos para hacer frente a esta crisis. La Comisión Nacional de Garantías, que debería reunirse por lo menos mensualmente para evaluar esta situación y para prever mecanismos para hacerles frente, así como dotar al país de una política de desmonte de las estructuras paramilitares que son de lejos los principales autores de estos asesinatos, apenas se ha reunido cuatro veces en lo corrido de este gobierno

Estas estructuras criminales cuentan además con el respaldo y apoyo de sectores de las fuerzas armadas y de policía, sin que el gobierno emprenda acción alguna para romper esos nexos que cada vez son más claros en regiones en disputa con bandas dedicadas al narcotráfico o disidencias de las FARC o destacamentos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, que hacen presencia en esos territorios y que igualmente condenan a muerte a líderes sociales que se oponen a cultivos de uso ilícito o a la minería ilegal. Estos territorios están debidamente identificados: región del Catatumbo en la frontera con Venezuela, todo el corredor pacífico colombiano desde la frontera con Panamá hasta la frontera con el Ecuador, el departamento del Putumayo, el bajo Cauca Antioqueño y la región de Arauca en la frontera venezolana. A pesar de que están ubicados y que han sido militarizados, el asesinato de los líderes y lideresas sigue y se profundiza sí como el asesinato de los excombatientes de las FARC a pesar del reclamo tanto del Partido de la Fuerza Alternativa del Común, proyecto político surgido de los acuerdos de paz entre esta guerrilla y el Estado Colombiano.

Justamente este martes 25 de febrero el partido FARC realizó en Bogotá un plantón para protestar y llamar la atención sobre la inacción del Estado frente a este, que a no dudarlo, es el más grave de los incumplimientos del Estado con los acuerdos firmados solemnemente el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Y es que pese a la verborrea que despliega el gobierno de Duque a nivel internacional para anunciar que está comprometido con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la realidad es muy diferente. Al frente del Centro de Memoria Histórica ha nombrado a Rubén Darío Acevedo, un historiador camaleón que niega que en Colombia haya existido un conflicto armado; en épocas más recientes ha señalado que existió un conflicto armado y que hay víctimas del mismo aunque él solo llama la atención sobre las víctimas de las fuerzas armadas y de policía que indudablemente existieron y deben ser reparadas, pero que son minoritarias frente a los casi nueve millones de víctimas principalmente campesinos despojados por la voracidad terrateniente que desalojó y expropio a más de 7.5 millones de desplazados un poco más de 7 millones de hectáreas y que se hizo con la complicidad de sectores del Estado principalmente de organizaciones de terratenientes como la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, uno de cuyos presidentes, en el período 1998-2004, Jorge Visbal Martelo, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por sus estrechas relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir, de los grupos paramilitares. También debe recordarse que Benito Osorio Villadiego , quien fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y gobernador del mismo departamento, fue condenado a 19 años de cárcel por despojo de tierras, compras ilegales de las mismas y nexos con los grupos paramilitares de la criminal familia de los Castaño.

Pues bien el actual presidente de Fedegan, el uribista de extrema derecha, José Félix Lafaurie, ha señalado recientemente que el negacionista director del Centro Nacional de Memoria Histórica le ha ofrecido un Convenio para “avanzar en la construcción de esa otra historia que se ha querido negar” (El Espectador, 02.24.2020). Acevedo ha ido desmontando lo más valioso que tenía el Centro de Memoria cuando estuvo dirigido por el historiador, Gonzalo Sánchez, que fueron los estudios sobre el conflicto en distintas regiones del país recogidos en más de 150 publicaciones y que se distinguieron por su objetividad y rigurosidad. Y no es que se abogue por ignorar que algunos terratenientes fueron víctimas de la guerrilla que los sometió a extorsiones, boleteos, amenazas, secuestros, a los cuales deben responder en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Lo que se quiere es sobrevalorar esas violaciones a la par que se busca negar a las millones de víctimas que son cerca de 9 millones de colombianos desplazados, despojados, violentados. Lo que irrita no es que se llame la atención a que las guerrillas respondan por sus graves infracciones al derecho internacional humanitario que lo deben hacer, sino que se pretendan desconocer los derechos de los más de 100 mil desaparecidos o que se trate de negar el despojo de la tierra de los pequeños y medianos campesinos. Eso es lo que irrita del relato que pretende volver oficial el uribismo en el gobierno y el señor Acevedo desde el Centro de Memoria Histórica.

Ese saboteo y en cierta forma complicidad con los criminales que asesinan a los excombatientes y a los líderes sociales se vuelve patético con el nombramiento de funcionarios en puestos claves para el desarrollo de los acuerdos o para la protección de los líderes sociales, que se han opuesto abiertamente a los mismos. Para muestra otro botón. Juzguen los lectores. Renuncia Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección que tiene entre otras funciones brindar garantías de seguridad a los excombatientes de las FARC, a líderes y lideresas sociales y a defensores de derechos humanos. En su reemplazo el Gobierno de Duque nombra a Daniel Palacios al frente de dicho organismo. Este señor había afirmado en redes sociales en el año 2017 lo siguiente: “es inadmisible que los terroristas de las FARC se pavoneen por las calles de Bogotá con la excusa de hacer pedagogía por la paz, sin aún haber confesado sus crímenes ni reparado a sus víctimas”. ¿Qué se puede esperar de un funcionario que hace esas afirmaciones y que ahora será el encargado de proteger la vida de los excombatientes 190 de los cuales han sido asesinados desde la firma de los acuerdos? Este gobierno da grima, es una vergüenza.

Solo resta señalar que solo la reactivación de la movilización social con el paro anunciado para el 25 de marzo podrá realmente detener la sangría que se está presentando. Así mismo la protección activa en los territorios gobernados por actores políticos alternativos, en ese sentido es muy significativa e importante, que se haya conformado la red de gobiernos en defensa de la Paz y de los Acuerdos. También será decisivo derrotar a ese bloque enemigos de la Paz y la reconciliación encabezados por el binomio Uribe-Duque, en las elecciones de 2022.

Bogotá 27 de febrero de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)