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Recapitulemos. En 14 años de gobierno, Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo evitan la secesión de Bolivia; nacionalizan los recursos naturales, triplican el ingreso per cápita de 1.120 dólares anuales a 3.130, incrementan la expectativa de vida de 64 a 71 años, elevan el salario mínimo de 440 a 2.060 bolivianos y el ingreso per cápita de 1.120 dólares a 3.130, bajan el índice de pobreza extrema de 38 a 17%, disminuyen el desempleo de 8.1 a 4.2% y la Deuda Pública de 52 a 24% del PIB.

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Mostrando tan espléndidos logros, Evo Morales se candidatea para una tercera presidencia en las elecciones de octubre de 2019, y los resultados parciales que el órgano electoral boliviano transmite preliminarmente, revelan que lleva considerable ventaja. Antes de que se anuncien resultados completos, ya el presidente de la Organización de Estados Americanos deslegitima las cifras como “inusuales” y tacha el proceso electoral de fraudulento. Tras su anuncio, grupos violentos de la oposición boliviana toman las calles, agreden, golpean y asesinan a partidarios del Presidente legítimo. En lugar de protegerlos, policía y ejército apoyan a los agresores.

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Hasta aquí, todo parecía aplicación de los manuales de Gene Sharp para el derrocamiento de gobiernos progresistas. Los cómplices creían haber perpetrado el crimen perfecto. El dictamen de la OEA deslegitimaba la elección de Evo Morales; el Presidente legítimo había renunciado al poder por “sugerencia” del ministro de la Defensa; tanto Evo como sus colaboradores inmediatos dejaban el país para salvar sus vidas; sus partidarios eran brutalmente eliminados. A falta de Presidente electo, el golpismo presentó una autoelegida, Jeannine Añez. La dictadura conjunta de ejército y policía terminaría de desmantelar el MAS e imposibilitar su retorno al poder. La cortina de humo tendida por el organismo internacional y los medios pronto haría olvidar lo ocurrido. La derecha boliviana coligada con algunos movimientos étnicos de maletín revertiría los avances sociales y las nacionalizaciones, y el gran capital trasnacional dispondría casi gratuitamente de los inmensos yacimientos bolivianos de hidrocarburos, estaño y litio.

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En este ambiente de reparto del botín cae una bomba. El 27 de febrero, el Washington Post difunde un documento del Center for Economic and Political Research redactado por los expertos del Instituto Tecnológico de Masschussets John Curiel y Jack R. Williams. El texto afirma. “Después de realizar una reproducción de los resultados de la OEA y de las simulaciones de lo que el apoyo a Morales podría haber representado basándonos en la votación previa a la detención de la TREP, aseguramos que no podemos encontrar evidencia alguna de una tendencia irregular. Primero, no existe tal ´cambio drástico´ en el apoyo de los votantes a Morales en los resultados previos a la detención de la TREP. El apoyo al candidato Mesa, quien ganó el segundo lugar, únicamente se disparó colocándose cerca a Morales durante los primeros votos iniciales escrutados por la TREP. Además, se puede estimar que el margen de victoria de Morales solo se debe a su desempeño frente a los otros partidos antes de la detención del recuento de votos de la TREP. Es así que la victoria de Morales puede explicarse completamente por los votos contabilizados antes de la detención del conteo de votos de la TREP”. Por su importancia, transcribimos textualmente los hallazgos del análisis de Curiel y Williams:

•          Hallazgo I: El Informe Final se basa en análisis estadísticos defectuosos y suposiciones incorrectas. El Informe Final presenta dos piezas de “evidencia” que el GA usó para determinar el foco de su investigación. Ambos hallazgos son defectuosos.

•          Hallazgo II: El Informe Final entierra u omite por completo los resultados de sus ejercicios de verificación a pesar del hecho de que sean altamente relevantes. El mandato del grupo de auditoría de la OEA incluía verificar la precisión y legitimidad de las actas procesadas en los sistemas de la TREP y de Cómputo. Sin embargo, el Informe Final entierra u omite por completo cualquier hallazgo relevante que contradiga su narrativa y muestre o explique adecuadamente la metodología utilizada.

•          Hallazgo III: El Informe Final no presenta evidencia que apunte a la manipulación de los resultados electorales. Solo uno de los hallazgos del informe sobre “manipulación intencional” o “irregularidades graves” se relaciona con los resultados electorales reales. Este hallazgo es producto de una muestra sesgada y metodológicamente no representativa de las actas, y no parece relacionarse de ninguna manera con los problemas identificados con los sistemas de transmisión de resultados o sistemas de TI.

•          Hallazgo IV: El Informe Final no presenta evidencia que indique que los problemas con la TREP, reales o supuestos, afectaron al Cómputo o que el Cómputo fue alterado de manera fraudulenta. En un intento por mostrar que las vulnerabilidades de seguridad que afectan a la TREP también afectaron al Cómputo, tanto el informe preliminar sobre la auditoría como el Informe Final intentan vincular los sistemas de la TREP y del Cómputo señalando la presencia de imágenes de la TREP en el Cómputo. Esto es profundamente engañoso, ya que no hay evidencia de que estos dos sistemas estén incorrectamente vinculados.

•          Hallazgo V: El Informe Final no proporciona claridad sobre la detención de la TREP y, como resultado, perpetúa una narrativa falsa de fraude. Más de la mitad de las conclusiones del Informe Final sobre una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” se refieren a la TREP preliminar no vinculante. Sin embargo, el informe no tiene en cuenta información esencial que proporciona una explicación muy plausible para la detención de la TREP, apuntando a que se debió a un error humano y no a un juego sucio. En lugar de proporcionar claridad sobre este evento clave, el Informe Final usa un lenguaje vago e insinuaciones imprecisas y, al hacerlo, perpetúa la narrativa falaz de un fraude. (https://www.cepr.net/report/analisis-de-las-elecciones-de-bolivia-en-2019/).

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Revisemos los fundamentos legales. No existe en la Carta de la Organización de Estados Americanos, ni en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, artículo alguno que autorice a dicho organismo para calificar procesos electorales de sus miembros, ni para legitimar o deslegitimar sus resultados. Por el contrario, el artículo 1 de dicha Carta pauta con claridad meridiana que: “Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.

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No hay asunto más propio de la jurisdicción interna de un Estado miembro que el proceso electoral del cual depende la escogencia y a veces la revocación de sus autoridades legítimas. Evo Morales cometió un grave error al someterse a la jurisdicción del mencionado organismo. Cualquier injerencia de la OEA en dicha materia es extralimitación inaceptable en sus funciones y atentado contra la soberanía e independencia del país miembro. El mero pronunciamiento del Presidente de dicho organismo sobre elecciones en curso en un país miembro es violación gravísima de tal norma. Si aceptáramos que un organismo internacional se atribuyera competencia para declarar legítimas o ilegítimas las elecciones de nuestros países, nuestras soberanías habrían dejado de existir. La OEA, y no nuestros pueblos, elegiría a nuestros mandatarios.

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¿Qué efectos pueden tener las revelaciones del Washington Post? En el pasado, su publicación de los Pentagon Papers desacreditó la agresión militar de Estados Unidos en el Sureste Asiático y precipitó el fin de la Guerra de Vietnam. Su divulgación de los reportajes de Robert Woodward y Carl Bernstein sobre el escándalo Watergate impulsó el enjuiciamiento del presidente Richard Nixon y forzó su renuncia. Su difusión de las denuncias de Edward Snowden sobre el masivo espionaje informático que las agencias de seguridad de Estados Unidos ejercían ilegalmente sobre nacionales y extranjeros obligó al Presidente Obama a retirar la autorización para continuarlo.

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Pero vivimos en la era del Fake News, o sea, del descaro. Hasta ahora, las reacciones al descrédito de la OEA sólo han surgido de sus víctimas potenciales. Un portavoz de la cancillería de México expresa que el informe de la OEA y el del CEPR deben ser cotejados por terceros imparciales. Rafael Correa manifestó que el secretario general de la OEA que divulgó dicho pronunciamiento debería ir preso. “¡Tiene sangre en sus manos! ¡Sinverguenza!”, añadió. Vamos más lejos: el organismo que promovió semejante violación de los derechos de todo un pueblo debe ser disuelto. Que sirva de lección para quienes todavía siguen sometidos a sus desafueros.