El megaproyecto denominado Tren Maya prevé la construcción de una línea férrea de más de 1400 km a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el Sureste de México, para transporte de carga y pasajeros.  Según documentos y declaraciones oficiales, dicha línea potenciará el transporte, principalmente de gasolina y productos que se consumen en la zona turística llamada Riviera Maya en el norte de Quintana Roo; detonará el desarrollo turístico facilitando el acceso a zonas poco conectadas (como Calakmul) y potenciando la conexión entre distintos polos de atracción turística de masa (Cancún, Chichén Itzá) con otros en vía de desarrollo (Palenque, Bacalar, Valladolid).

Enfatizaré dos riesgos de este megaproyecto: el primero, ligado a la intención de reordenamiento territorial, esto es, intervenir en el territorio y la sociedad para “reordenarlos” en función de un hipotético “desarrollo” centrado en el impulso al turismo en zonas actualmente marginales en la industria turística.  El segundo riesgo reside en la mercantilización de la cultura, funcional a la creación de productos y experiencias de diversión.  La relación estrecha entre territorio y cultura que caracteriza cualquier grupo social es doblemente trastocada, y los posibles impactos en los pueblos indígenas mayas han motivado su tajante oposición al megaproyecto así planteado.

Este proyecto, más allá de ser un servicio de transporte férreo y corredor turístico, contempla reordenar la península e integrar otras regiones a partir del impulso de la industria energética, la agroindustria y el desarrollo tecnológico, principalmente en función de la industria turística.  Prevé la creación de dieciocho núcleos urbanos o villas turísticas de hasta mil hectáreas, ya sea como “nuevos centros de población” o como ampliación de aquellos ya existentes, bajo la égida del organismo de las Naciones Unidas ONU-Hábitat, pero aún sin que se conozcan los planes urbanísticos.

Junto con la construcción de la vía férrea en sí, cada estación prevé una “zona de desarrollo” ubicada, en muchos casos, entre la estación y el núcleo urbano ya existente.  El impulso a la urbanización y al consumo de suelo implica un grave riesgo, ya que la planeación urbanística es muy carente en México, y los asentamientos urbanos espontáneos se convierten en cinturones de marginación y precariedad social, más que en “zonas de desarrollo”.  El involucramiento de la agencia ONU-Hábitat, que asesoraría a FONATUR en este eje del proyecto, no alcanza a tranquilizar a quienes hemos visto fracasar, a lo largo de décadas recientes, proyectos de urbanización y ordenamiento territorial acompañados por insignes agencias de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo.  Desde los Centros Integralmente Planeados (CIP) construidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a partir de los años setenta como ciudades turísticas, hasta las Ciudades Rurales Sustentables erigidas en Chiapas, las intervenciones territoriales se han concretado en despojo de tierras y cultura, desvío de fondos públicos y lavado de dinero de proveniencia ilícita.

La relación entre el territorio y la sociedad que lo vive y lo aprovecha es constitutiva de la cultura y de sus manifestaciones.  El origen de la palabra, del pensamiento, de las artes y de la cultura de los pueblos mayas es el territorio en el cual viven.  El cambio de uso del suelo (a raíz de la venta o la expropiación) genera desplazamiento; esto provoca un cambio en las actividades productivas, de reproducción material y social; y esto a su vez provoca un cambio en la cultura y en la forma de vivir.

El reordenamiento territorial apunta a un reordenamiento social, en el cual las actividades productivas tradicionales, la estrecha relación cultural y simbólica entre territorio, cosmovisión y sociedad y el patrón de asentamiento disperso, típico de la población indígena y campesina, se transformarán a raíz de la construcción de los nuevos centros de población.  Cabe señalar que ecosistemas delicados y de elevada biodiversidad habitados históricamente por pueblos indígenas se han conservado justo por este patrón de asentamiento que implica un bajo impacto antrópico en el hábitat natural, y por ende resulta el modo de vida más sostenible.

Por el contrario, el discurso oficial plantea que “o entramos o se acaba la selva” (R. Jiménez Pons, entrevista, EjeCentral, 17 de junio 2019), esto es, la necesidad de “intervención” institucional en el territorio frente a la afectación ambiental generada por las actividades agrícolas de subsistencia: una vez más, se desconoce la cultura indígena y se criminaliza la pobreza.  El “ordenamiento territorial” del megaproyecto Tren Maya parte de una anacrónica utopía urbana: las ciudades serían “modelo de civilización para integrar y facilitar el acceso a muchos beneficios” (R. Jiménez Pons, entrevista, en Proceso 2251, 22 de diciembre 2019, p. 17).  Esta visión supone necesidad de intervención.

Para el contexto que estamos analizando, es emblemático el caso de Cancún, desarrollo turístico impulsado desde FONATUR, como Centro Integralmente Planeado.  Observando la situación de la ciudad y de su entorno cuarenta años después, es inevitable preguntarse dónde quedó la supuesta planeación.  La urbe en constante crecimiento –tanto en la cementificación costera como en la expansión de las periferias marginadas– es un sistema que gira alrededor de la exclusión e incluso de la segregación, esto es, lo opuesto de la integración y de la supuesta “derrama de desarrollo” que la riqueza y el privilegio de los exitosos empresarios provocaría, según el discurso oficial, en el conjunto de la población.  La trayectoria de Cancún y la zona denominada Riviera Maya muestra que el crecimiento de la industria turística se acompaña de un incremento de la incidencia delictiva.  Entre los indicadores que muestran el incremento de la violencia ligada a la criminalidad organizada, los homicidios dolosos son tal vez el dato más contundente.  La ciudad de Cancún en 2019 presentó una tasa de homicidios dolosos de 45.5 por 100.000 habitantes, mientras en Playa del Carmen –o Playa del Crimen, como es conocida por los lugareños– la misma tasa llega a 83.1 en 2019, casi tres veces la media nacional.  La urbanización y la terciarización implican el decrecimiento de las actividades productivas agrícolas y tradicionales, y su pérdida de sentido y de interés principalmente para la población más joven.  La denigración del trabajo campesino, que se basa en las promesas de prosperidad ofrecidas por el empleo en los servicios turísticos, es un proceso que redunda en la pérdida de conocimientos y saberes tradicionales, territorialmente arraigados, y finalmente en el despojo cultural y epistémico que es evidente en el medio rural actual.

La relación entre el territorio y la sociedad que lo vive y lo aprovecha es constitutiva de la cultura y de sus manifestaciones.  El origen de la palabra, del pensamiento, de las artes, de la cultura de los pueblos mayas es el territorio en el cual viven, y las actividades que en él se desarrollan.  Los documentos promocionales del Tren Maya se basan todos en la mercantilización de la cultura de los pueblos mayas como un motor del desarrollo de la industria turística.  Desde el principio de la década de los noventa los gobiernos de turno han centrado la promoción del turismo en el ofrecimiento del producto cultural trasnacional Mundo Maya, que derivó en las denominaciones territoriales Riviera Maya, Ruta Maya, etc.

La mercantilización de las manifestaciones culturales vivas conlleva la folklorización y el vaciamiento de significados y saberes tradicionales, prácticas rituales, producción artística, memoria histórica y sitios sagrados.  La apropiación externa de prácticas y de conocimientos genera un paulatino distanciamiento y sentimiento de enajenación por parte de quienes fueron sus creadores y protagonistas, que dejan de considerarlas como parte sustancial de su forma de vida.  Vaciadas del significado real, las manifestaciones culturales se vuelven representación y ficción, entretenimiento folk y experiencias exóticas: productos para el consumo turístico.

Aportaré algunos ejemplos.  Desde principio de los años noventa, el Banco Mundial propició la industria turística en la región del Caribe, identificando como atractivos la diversidad biocultural y la civilización maya prehispánica con su “misterioso” declino: nace así el programa trasnacional Mundo Maya.  Pocos años después se crea el parque “ecoturístico” de X-caret en Quintana Roo, en las tierras de la resistencia cruz’ob, que despojó a los indígenas de sus tierras, de sus costas para la pesca y de sus sitios sagrados: la antigua ciudad y zona arqueológica de Polé se quedó al interior del centro de diversiones exclusivo y es visitada como “atracción”.  El parque incluye, como otra atracción, un “pueblo maya”, en el cual el turista puede “integrarse a la vida diaria de una comunidad prehispánica” y, al sonido de los “tambores ancestrales”, participar en las Danzas Prehispánicas.  El Festival Internacional de la Cultura Maya, en Mérida, se apropia del término “maya” para caracterizar un festival cultural para público masivo, aderezado con la escenificación de supuestos rituales y títulos de eventos que remiten a la cultura de los mayas prehispánicos.  De reciente creación, el “producto turístico” Ruta de la Guerra de Castas se apropia de la memoria de la lucha de los pueblos mayas en contra del sistema de dominación social, que implicó el enfrentamiento directo con el Estado mexicano que lo perpetuaba.  Un siglo después, la insurgencia y la lucha armada también son ofrecidas en el mercado turístico.

Giovanna Gasparello trabaja en la Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.