Para alcanzar el progreso económico de las mujeres en Colombia se necesitan acciones categóricas que contribuyan a que la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres no sea una consigna sino una realidad, observar los problemas estructurales sobre los que se sostienen es importante para transformar este problema que es alimentado por prejuicios, desprotección social y desigualdad generalizada (Pazos, 2013).  De allí que, analizar el modelo económico vigente en Colombia ligado a la violencia económica que padecen las mujeres, sirve como insumo para entender cuál es el papel asignado a las mujeres en la economía y la situación de vulneración de sus derechos.  A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, además de seguir insistiendo en la igualdad salarial y la reducción de brechas, se debe resaltar la importancia de exigir políticas que apunten a mejorar la calidad de vida de las colombianas y no perder de vista que, la política económica, laboral, fiscal, en especial el sistema tributario, además de no tener neutralidad con el género, actúan como desencadenantes de la violencia económica que padecen las mujeres en este país.

Los principales obstáculos para que las mujeres gocen de los mismos derechos económicos que los hombres en Colombia están, por un lado; en el modelo de desarrollo económico que ha orientado al país hasta hoy y que redunda en una política económica, laboral y fiscal que no son neutrales al género y que esconde impuestos regresivos y sexistas y, por otro lado, en la división sexual del trabajo que carga con las tareas del cuidado a las mujeres.

Gráfica 1.  Núcleo de violencia económica

Fuente: elaboración de la autora

En Colombia, la búsqueda de la igualdad se fija en normas que no se aplican; el país ha suscrito al menos 11 leyes con referencia al empoderamiento económico de las mujeres y su participación en el mercado laboral, además el Estado colombiano ha inscrito algunos convenios internacionales como “La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, 1979) y también “La convención interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará, 1994).  No obstante, las raíces de la discriminación basadas en el género y la desigualdad se mantienen por el papel que se ha asignado arbitrariamente a las mujeres en la economía y debido el contexto de desigualdad “naturalizada” entre personas, empresas y países que demarca la política económica vigente.

Lo anterior sucede porque el manejo de la política económica se ha orientado para mantener beneficios a un grupo reducido de empresas y personas, que para mantener sus privilegios, conducen al resto de la población hacia todo tipo de dificultades mediante prácticas deshonestas, como la corrupción, el fraude, la evasión o elusión de impuestos.  Esto es especialmente nocivo para consolidar sistemas de bienestar social que contribuyan a descargar a las mujeres del trabajo doméstico y ocupar trabajos de calidad.

El desafío de sobrevivir a las políticas excluyentes del mercado laboral

En Colombia, los problemas del mercado laboral se profundizan para la población en general, y particularmente para las mujeres; esto sucede tanto por los estereotipos de género existentes en la sociedad que se reflejan en políticas excluyentes en el mercado laboral (en los trabajos remunerados como en los no remunerados como el trabajo doméstico), también porque persiste la discriminación salarial, la precariedad y la pobreza femenina.  2019 fue el cuarto año consecutivo con aumento del desempleo, ubicándose en 10,5%.  Las deficiencias estructurales están a la orden del día y se acompañan de una elevada informalidad, baja remuneración y problemas para el acceso a la seguridad social completa (salud + pensión).

De acuerdo con las estadísticas del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), para 2019 las mujeres en Colombia representaron el 51% del total de la población.  No obstante, las colombianas tienen una brecha salarial de 18,1% con respecto de los hombres, su tasa de desempleo bordea el 14% para 2019 y 23% para las mujeres jóvenes.  En adición, para 2019, su participación laboral continuó concentrándose en actividades de baja calidad y mayor informalidad como comercio, hoteles, restaurantes (33,4%) y servicios sociales, comunales y personales (31,7%).  Esto permite observar que, en efecto, para las mujeres sigue siendo mucho más difícil alcanzar plenas garantías laborales y lleva a plantearse dos cuestionamientos: en primer lugar, sobre lo que entendemos por trabajo de la mujer, y, en segundo lugar, sobre cómo se garantiza su derecho al trabajo.

Tabla 1.  Tasa de desempleo por sexo

Fuente: Cedetrabajo con datos del DANE

Para responder a lo anterior, como primer aspecto, hay que señalar que las políticas que los distintos gobiernos han implementado se han concentrado en favorecer la precariedad de manera generalizada.  En ese marco, hablar de la reducción de brechas entre hombres y mujeres como un gran avance se hace insuficiente, puesto que, aunque las brechas puedan estrecharse, las cifras permiten analizar que esto no sucede por la creación de nuevos empleos a los que las mujeres acceden, sino porque las condiciones del mercado laboral desmejoran en general.  De acuerdo con las estadísticas de mercado laboral del Departamento Nacional de Estadística (DANE), durante 2019 en Colombia se destruyeron 170.000 puestos de trabajo, de los cuales de cada 10, 6 eran ocupados por mujeres.  Si en los análisis de mercado laboral se incluyeran este tipo de datos en el país, debería hablarse de una brecha de “aniquilación de puestos de trabajo” entre hombres y mujeres del 49,4%.  Imposible garantizar la igualdad si las políticas arruinan empleos ya existentes.

Adicionalmente, las reivindicaciones por la absorción de fuerza de trabajo femenina en Colombia son más que vigentes.  De cada 10 personas que están en edad de trabajar, 5 son mujeres.  De cada 10 personas que están disponibles para trabajar, 4 son mujeres y de cada 10 desocupados, 6 son mujeres.  Como hecho a resaltar, uno de los aspectos más ligados a la exclusión de las mujeres en el mercado laboral es la cuestión de la inactividad: las colombianas representan el 65,1% de los inactivos del país dentro de los cuales 5.544.000 de ellas están en oficios del hogar, actividades que no son remuneradas, ni reconocidas por el Estado, lo que quiere decir que de cada 10 personas inactivas 7 son mujeres y de cada 10 mujeres que están inactivas, 6 están dedicadas a los oficios del hogar.

Tabla 2.  Brecha de participación laboral

Fuente: Cedetrabajo con datos del DANE

Tabla 3.  Ocupación por sexo

Fuente: Cedetrabajo con datos del DANE

Otra cara de la discriminación se evidencia en la subvaloración de capacidades y la retribución.  Según las cifras del Ministerio del Trabajo del año 2018, mientras el salario medio de los hombres fue de $ 1.143.168 para las mujeres fue de $ 967.791.  Adicionalmente, aunque las mujeres en Colombia tienen un mayor nivel educativo, cuentan con una menor participación.  El promedio de educación de las mujeres ocupadas es de 10 años, mientras que el de los hombres es de 8,8 años.

Tabla 4.  Nivel educativo y ocupación por sexo 2019

Fuente: Cedetrabajo con datos del DANE

En cuanto a los tiempos de trabajo y la paridad, tanto en los empleos productivos como reproductivos se observa que las colombianas siguen estando cargadas con las labores del cuidado.  Para 2019, en el país se trabajó un promedio de 58,2 horas a la semana, de las cuales el trabajo remunerado ascendió a 44,3 horas y los oficios del hogar y actividades del cuidado en 18,2 horas.  Para los hombres, las horas semanales de trabajo promedio son de 54,4 horas, en ese sentido el trabajo remunerado asciende a 47,7 horas y los oficios del hogar y actividades del cuidado llegan a 10,4 horas.  Por su parte las mujeres en Colombia trabajan 63,6 horas, 9,2 horas más que los hombres, por lo tanto el trabajo remunerado llegó a 39,5 horas (8,2 horas menos que los hombres) y las actividades del cuidado a 25,7 horas a la semana (15 horas más que los hombres).

Las discriminaciones y desigualdades que se van produciendo y agudizando durante la vida laboral de las mujeres, también se ven reflejadas en la inequidad del sistema pensional.  Mientras el 58,3% de los cotizantes a pensión son hombres, tan solo 41,7% son mujeres y según la CEPAL, solo el 20,5% de las mujeres mayores a 57 años accede a una pensión.

Todo este andamiaje de precarización en el mercado laboral colombiano que recae con mayor fuerza en las mujeres, permite concluir que en el país se siguen implementando políticas que no sirven para que las mujeres adquieran independencia económica y, por el contrario, perpetúan las divisiones sexuales del trabajo y los roles de género.

Si la política económica no es neutra, la política fiscal y el sistema tributario tampoco lo son

Dado que en Colombia la generación de riqueza y su distribución no han sido adecuadas, los distintos gobiernos han implementado aproximadamente cada dos años una nueva reforma tributaria; específicamente en el 2020, el país cuenta con la reforma número catorce en menos de tres décadas.  Estas reformas han profundizado impuestos indirectos como el IVA, que hoy tiene un peso del 27,6% del recaudo tributario y que en el Estatuto Tributario gravó los productos de higiene menstrual con tarifa plena, como si se tratase de “bienes de lujo” o cosméticos.

Dichas reformas, mantuvieron abiertamente sus impuestos sexistas con sesgos explícitos de género, en contravía de los principios de equidad y progresividad.  Fue mediante la campaña Menstruación Libre de Impuestos, y no por voluntad política, que dicha realidad se modificó.  En 2018, la Corte Constitucional declaró como bienes exentos a toallas y tampones^[1].  El sistema tributario colombiano también mantiene otros tipos de sesgos que pueden esconderse en aspectos como: el consumo diferencial, impacto de aumentos en las tarifas del IVA, la ampliación de la base gravable en renta sobre los ingresos de las mujeres, carga tributaria de bienes y servicios básicos, entre otros.

Para concluir, como muestran los datos, las mujeres en Colombia necesitan políticas que les permitan sobrevivir y frenar las causas de la desigualdad.  Insistir en la garantía de los derechos económicos de las mujeres y la transformación de los estereotipos y prejuicios que le otorgan un rol determinado en la economía, son asuntos que deben ser atendidos para avanzar como sociedad, pues la subvaloración de capacidades, la descalificación de la mano de obra, el no reconocimiento del trabajo del cuidado y su aporte a la productividad, –cuyo peso se calcula en 20% del PIB– impactan de forma negativa al bienestar general.

Por estos motivos, es preciso exigir un modelo económico, una política fiscal y un sistema tributario que no profundicen las desigualdades y actúen como verdadero motor de desarrollo.  Sólo así se podrán contrarrestar las violencias y garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres en Colombia.

Daniela Mora Saavedra es politóloga, especialista en finanzas públicas.  Coordinadora de proyectos y responsable de asuntos de género de Cedetrabajo.

Referencias

Moreno, N. (2018).  “¿Cómo afecta la reforma tributaria a las mujeres? Seminario de política fiscal y género”.  Universidad del Rosario.

La Silla Vacía (2016).  “Menstruación libre de impuestos”.  Disponible en la web: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/historia/menstruacion-libre-de-impuestos-59238

Pazos, M. (2013).  “Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género”.  Madrid.