A la misma velocidad de la expansión del coronavirus, recibo noticias de la propagación de las injusticias en el sector agroindustrial. Con la epidemia hecha ya pandemia, Ecoruralis, la organización rumana de La Vía Campesina, denunciaba la decisión de su gobierno de permitir los viajes internacionales para el trabajo de temporada en las cosechas de terceros países. La fotografía de 1500 personas haciendo cola para entrar en los chárters privados que las llevaron a los campos y granjas de Alemania, apretadísimas unas contra otras, dejaba muy claro que, desde la casilla de salida, los derechos de estas personas —mayoritariamente de procedencia rural— no fueron, no son, ni serán respetados.

Efectivamente, al llegar a los países anfitriones, si ya habitualmente sus condiciones de trabajo y de vida son «incondiciones de vida» —como seguro diría Gloria Fuertes— ahora todo se recrudece. Lo explica de forma emocionante Soledad Castillero en la revista Soberanía Alimentaria cuando describe la situación de las mujeres temporeras en la recogida de frutos rojos en Huelva: «Si las medidas de urgencia son lavarse las manos y no tenemos agua; quedarse en casa y no tenemos casa, (...) ¿qué hacemos?, ¿quién piensa en todo esto?, ¿dónde están quienes no pueden estar? Esta pandemia de indiferencia ya existía desde hace mucho».

El desplazamiento desde sus no-casas a los lugares de trabajo tampoco está pensado para las condiciones actuales de distanciamiento social, exactamente igual que en la frontera de México y Estados Unidos. Como explica mi querido amigo Carlos Marentes, del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos en El Paso, «el transporte en las camionetas que los llevan a las cosechas o plantas de procesamientos en las fincas de Nuevo México o de Texas es un viaje cargado de riesgos de contagio».

Ken Sullivan, director ejecutivo de la empresa Smithfield en Estados Unidos, el pasado 24 de marzo manifestó orgulloso: «En nuestras instalaciones se está operando al 100 % y estamos produciendo tan rápido como podemos». Ya no. Las manifestaciones de sus trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente migrantes, les han obligado a cerrar temporalmente sus plantas. Más de 350 personas se han infectado de coronavirus en ellas, siendo el peor foco epidémico de todo Estados Unidos hasta la fecha. Como explica la Fundación GRAIN, al levantar este caso estamos hablando, nada más y nada menos, de la empresa más grande del mundo en cuanto a producción de cerdos en cadena se refiere, la empresa china WH Group, propietaria de Smithfield (que a su vez durante un tiempo fue propietaria de la española Campofrío). El mayor propósito que tiene la inversión china en Smithfield es la exportación de carne de cerdo para alimentar la [provocada] creciente demanda cárnica de la población de su país.

De la misma manera, buena parte de la producción de carne de cerdo en España tiene el mismo final de trayecto: China. Una pieza clave es el macromatadero de Binéfar, de la empresa Litera Meat, donde trabajan unas 1600 personas, en su mayoría migrantes, señalado desde su inauguración por los ritmos brutales de faenado que comportan explotación laboral. Si a las escasas medidas de seguridad e higiene laboral habituales se les añade el miedo al despido cuando aparecen los primeros síntomas de COVID-19, la falta de mascarillas o la imposibilidad de guardar la distancia social, es lógico que, como se denunció este pasado 24 de abril, se haya localizado entre sus trabajadores y trabajadoras el mayor brote de coronavirus de Aragón, afectando aproximadamente al 24 % de la plantilla. Fiel espejo que confirma el lema empresarial “el libre mercado nunca será confinado”.

Son imágenes que retratan el cinismo del capitalismo junto a su capacidad de adaptarse a cualquier situación. Bajo el argumento de que la agricultura es una actividad esencial, no se diferencia entre modelos agrícolas que hacen las cosas bien y modelos que las hacen mal, muy mal, como es el caso de las producciones intensivas de cerdos o fresas, señaladas repetidamente por sus injusticias en el trato laboral o por sus desmanes ecológicos. Y es que lo que finalmente prima, y en España con su modelo agroexportador es muy evidente, son los valores de la balanza económica. En concreto, 14.000 millones de euros de excedente en la balanza comercial alimentaria.

Ya lo decía Quevedo: «Poderoso caballero es don Dinero».

- Gustavo Duch Guillot es autor de Alimentos bajo sospecha y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

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