La situación de las víctimas de la violencia en Colombia es dramática y aberrante desde la consideración humanitaria. Peor en tiempos de coronavirus en que el Estado omite sus obligaciones legales para resarcir los derechos de dicha población.

Son casi 9 millones de personas que han sido objeto de la violencia desatada por los grupos del neoparamilitarismo o las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo que ni siquiera con la implementación de los acuerdos de paz pactados con un sector de las Farc ceden en su presión sobre amplios grupos de la población en las regiones. Las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo (OSP) mantienen su presencia y acción ilegal en importantes espacios de la geografía colombiana con la colaboración de los aparatos armados del gobierno y en complicidad con las castas políticas que dominan el sistema político nacional y sus expresiones subnacionales o regionales.

En este caso nos vamos a ocupar de lo que ha sido el proceso de la violencia paramilitar y estatal en la región de Urabá, ubicada en el noroccidente de Colombia, por supuesto de la tragedia de las víctimas afectadas por el desplazamiento y despojo de sus parcelas, de igual manera de plantear las bases de un proceso de memoria histórica colectiva que permita la recuperación de los derechos de miles de personas que en Urabá fueron y son golpeadas por la violencia de las oligarquías locales y regionales asociadas a la industria bananera, al monocultivo de la Palma de aceite, al tráfico de drogas, al contrabando y a la corrupción con los dineros públicos.

En primer lugar, haremos una breve descripción de la región, sus tres espacios geográficos más sobresalientes y los municipios que la conforman.

Posteriormente haremos un recorrido histórico de la constitución de la región, dando prioridad a los factores de violencia social y política.

Haremos énfasis en el papel del paramilitarismo como principal agente de la violencia y la continuidad de su acción con los grupos neoparamilitares y en la presencia de los herederos de los bloques paramilitares (Urabeños) que se mueven en la impunidad bloqueando la restitución de tierras y el reconocimiento del derecho de las víctimas.

En el análisis de la violencia en el Urabá queremos resaltar la situación excepcional del exterminio de la Unión Patriótica que fue objeto de asesinatos, desapariciones y desplazamiento por la acción simultánea de los paramilitares y los militares de la 17 Brigada.

La construcción de este documento se orienta a generar una base para la memoria histórica del pueblo de Urabá, a rescatar la resistencia agraria frente a la intención de las elites regionales de eliminar toda la tradición de lucha y resistencia de los campesinos y trabajadores de la región.

La región de Urabá

El Urabá antioqueño es la región bananera y platanera más importante del país y despensa de esa fruta tropical de varios mercados internacionales. El agroturismo es una importante actividad económica que complementa la producción del plátano y el banano.

Población

En el Urabá antioqueño se encuentra el 10,5% de la población de Antioquia, equivalente a 720.000 habitantes.

Subregiones

La región se divide en tres zonas: una al sur, que limita con el Choco y de actividades agrícolas y de pesca, con Mutatá como eje de desarrollo; otra zona es la central, la más próspera en materia económica y con epicentro en Turbo y Apartadó. El cultivo de banano es el principal renglón de la economía; y la zona norte, de Turbo hasta Arboletes, con el turismo, ganadería y pesca como principales actividades.

La parte antioqueña, son once municipios: Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan, Necoclí; luego está Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó (el eje bananero); Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte, en la parte sur occidental.

La parte chocoana de Urabá está conformada por los municipios de Acandi, el Carmen de Darién, Riosucio y Unguía. El Urabá chocoano está ubicado en una subregión del departamento del Choco conocida como bajo Atrato.

Urabá goza de una ubicación geoestratégica privilegiada, dada su condición de zona de frontera con Centroamérica y con el interior del país, lo cual ha favorecido la operación de economías legales (la industria del banano) e ilegales (narcotráfico y contrabando de armas). Forma parte del Chocó biogeográfico, uno de los pocos reductos de biodiversidad que quedan en el mundo, allí se proyecta la construcción de obras de infraestructura (un nuevo puerto para facilitar la comunicación con el Pacífico y una vía alterna a Panamá por el Tapón del Darién).

Urabá es una región que histórica y culturalmente ha sido configurada en torno a disputas diversas, relacionadas con su potencial de recursos naturales y económicos, es zona de frontera hacia el norte con Panamá, con océano pacífico y atlántico y de interés en biodiversidad. Es la quinta zona más diversa del mundo.

Modernización forzada

En Urabá se ha dado una “modernización forzada y violenta”, con la implementación de relaciones laborales, comerciales, empresariales y capitalistas, basadas en el despojo, la desigualdad y el control territorial.

Escenario de confrontación armada

El Urabá ha vivido la confrontación armada de manera dramática, tanto desde el conflicto político armado entre resistencia guerrillera y Estado, así como en la implementación del segundo laboratorio paramilitar del país, después de Córdoba. Parte de sus rasgos han sido la existencia del “Modelo sindical agrario” mediado por la disputa entre los movimientos guerrilleros, el Estado y los paramilitares y la consolidación de alianzas con intereses económicos, políticos y criminales; la región se convirtió en corredor estratégico para el tráfico de drogas y zona de expansión de los agro combustibles y la minería, así como la proyección de construcción de una gran urbe portuaria en el siglo XXI con fuertes inversiones de China en el marco de la Ruta de la seda.

Actividad económica

En cuanto a la actividad económica de Urabá, si bien la región es conocida por sus cultivos de banano y plátano (razón por la cual su zona central también es conocida como el Eje Bananero de Colombia), en la zona norte estos cultivos no son tan notables (con excepción de San Pedro de Urabá). Los municipios de San Pedro y Arboletes se relacionan más con las actividades económicas del departamento de Córdoba que las del resto de la región del Urabá, sobre todo por la estructura vial y su cercanía a Montería como centro comercial de la región.

Aunque Urabá ha sido considerada desde hace varias décadas como una región estratégica con gran potencial para el crecimiento económico y el impulso de diferentes tipos de economía, durante los últimos años, tanto el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales han realizado acciones dirigidas a articular la región con otras economías regionales e internacionales, lo que ha entrado en relación con los ya existentes conflictos por la tierra.

Proyecto Gran Darién. En la región de Urabá se está llevando a cabo un megaproyecto conocido como Plan Gran Darién, que incluye municipios en los departamento de Chocó, Antioquia, Choco y Córdoba, entre los que se encuentran San Pedro de Urabá, Arboletes, rio Atrato y Valencia.

Hay un Contrato Plan acordado en septiembre de 2012 entre el Departamento Nacional de Planeación y los gobernadores y alcaldes de la zona intervenida que suma partidas presupuestales programadas sin mayores aportes del presupuesto nacional. El proyecto tiene como prioridades estratégicas mejorar el desarrollo productivo, el desarrollo social sostenible, la vivienda, los servicios públicos y la conectividad, según la letra de los textos convenidos y que repiten una retórica oficial sin mayores alcances.

Autopista de las Américas. Otro de los grandes proyectos que se están desarrollando hoy en día en la región es la construcción de la Autopista de las Américas, que contará con una longitud de 2.200 kilómetros y tendrá un costo total de 9 billones de pesos. La autopista comprende la construcción y el mejoramiento de una doble calzada entre Palo de Letras (frontera con Panamá) y Paraguachón (La Guajira), pasando por el eje bananero desde El Tigre (Chigorodó) hasta Arboletes. El proyecto fue avalado en 2009 y se estima que su construcción puede durar entre 12 y 15 años.

Autopista de la Montaña. La Autopista de las Américas está vinculada a otro proyecto conocido como Autopistas de la Montaña o de la Prosperidad, concesión que ejecutaría la construcción de cuatro tramos, uno de los cuales se trata del desarrollo de un tramo desde Santa Fe de Antioquia hasta El Tigre, vía de 338 km de longitud, que se estima será terminada en 2024.

Concentración de la propiedad rural. Respecto del coeficiente de Gini de concentración de tierras se encuentra que en 2013 la región de Urabá tenía uno de 0.66, por debajo del de concentración de tierras de Antioquia, que era de 0.78. Más puntualmente, el de San Pedro de Urabá y Arboletes se ubicaban en ese año en el rango de 0 a 0.629, el más bajo de concentración del departamento.

Un botín. Urabá se convirtió en un botín no solo por ser un corredor para el tráfico de drogas y armas. Adicionalmente como lo pudo documentar la Sala de Justicia y Paz con la memoria USB que entregó ‘HH’ (Evert Veloza) a la fiscalía, Vicente Castaño desarrolló un megaproyecto de palma en la zona del Chocó que pretendía abarcar 100.000 hectáreas de tierra y mediante el despojo a sangre y fuego de las tierras de los Consejos comunitarios de dicha área geográfica.

Economías ilícitas y usos del suelo. Además de las actividades legales que caracterizan el uso del territorio en la región, Urabá resulta estratégico para el desarrollo de actividades económicas ilegales que han incidido en las dinámicas del despojo en la región y afectan el proceso de restitución de tierra.

Grupos paramilitares, narcotraficantes y grupos armados pos desmovilización han utilizado la geografía como una oportunidad para beneficiarse de economías ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, además de participar en otras no siempre ilegales. Este interés ha influido en la apropiación de tierras ubicadas en zonas del corredor, que son utilizadas para el transporte de insumos, armas y estupefacientes desde y hacia los puntos de embarque, entre ellos la zona de paso por los municipios de Valencia, San Pedro de Urabá y Arboletes.

Filo de Caballo. Uno de estos sectores es el conocido como Cerro o Filo de Caballo, colindante con los municipios de Arboletes, Turbo, San Pedro y Necoclí, que va desde el volcán de San Pedro hasta el corregimiento de Las Changas en el municipio de Necoclí y que comunica directamente con el mar.

Cerro o Filo del Caballo, había sido talada desde los años 50 por campesinos y colonos de la región, pero fue despojada por los grupos paramilitares, que dejaron crecer de nuevo el bosque para esconder laboratorios de procesamiento del alcaloide, montar los cargamentos de cocaína y llevarlos hasta el mar sin llamar la atención de las autoridades que también fueron cómplices de las mafias de las drogas.

El sector del Cerro ha registrado presencia de los jefes paramilitares Castaño, posteriormente del bloque Elmer Cárdenas de las AUC y actualmente del grupo armado pos desmovilización Los Urabeños, que controla los laboratorios de procesamiento de cocaína y las rutas de salida al mar sin que la policía, la Fiscalía y el Ejército actúen.

El corredor Valencia-San Pedro-Arboletes. Hasta el día de hoy, los grupos ilegales mantienen un fuerte interés por controlar el corredor de Valencia, San Pedro de Urabá y Arboletes, a través de la violencia y la cooptación y sostenimiento de redes criminales. El creciente interés de los grupos, especialmente los grupos armados pos desmovilización (Urabeños y Oficina de Envigado), por controlar territorio y población y ampliar su base de recursos a actividades lícitas como la extracción minera, y la existencia de un mercado dinámico e informal de venta de la tierra en la región, aumentan la situación de vulnerabilidad de los reclamantes de tierras cuyos líderes son asesinados.

El mercado de tierras. Los cambios en el uso del suelo y la vocación productiva actual hacen que exista un alto nivel de ganancia en la intermediación entre compra y venta de la tierra, función que ya ha sido desempeñada por grupos paramilitares en años anteriores y que puede ser nuevamente ejercida por grupos armados pos desmovilización, en particular por Los Urabeños.

La prolongada incursión paramilitar de terratenientes y latifundistas desde Córdoba

Al mediar la década del Noventa y tras un nuevo fracaso en la política de paz, las acciones de la guerrilla y los incumplimientos de los pactos de paz por parte del gobierno llevó a que desde mediados de los años 90 se diera con mayor fuerza la presencia de los grupos paramilitares en el norte provenientes desde Valencia y otros municipios de Córdoba, con el objeto de tomarse ese territorio y mantener el poder de los grandes hacendados.

Dos patas del paramilitarismo. En estas condiciones surgen dos vertientes entro de los grupos paramilitares, unos orientados a retomar las propiedades de grandes hacendados, un proyecto de tipo económico. Y otros, a defender el territorio del comunismo, un proyecto más de tipo político promovido por la ultraderecha ganadera y colonialista.

Este último fue orientado desde Valencia (Córdoba) por Fidel Castaño y sus hermanos (oriundos de Amalfi, Antioquia), quienes llegaron a la zona desde 1987, procedentes del Magdalena medio donde se les conoció por su liderazgo en los grupos paramilitares de esa región.

Paramilitarismo: actor fundamental. El paramilitarismo es, desde entonces, el actor fundamental en la configuración regional de Urabá. Pero su papel predominante en el control territorial no debe dejar perder de vista la presencia permanente de las Farc en las zonas rurales de los municipios cercanos al nudo de Paramillo y Chocó y como una expresión de la histórica resistencia de los campesinos que apoyaban la movilización guerrillera.

Ciclos de la violencia en Urabá

La clave para la comprensión de la situación socio política del Urabá pasa por comprender los distintos hitos históricos que en la región han sucedido. Momentos que estuvieron marcados, hasta bien entrada la década del noventa, por la búsqueda de un amplio control sobre la política que en Urabá ha estado fundamentado en dos manifestaciones: la participación electoral y la resistencia agraria y guerrillera, ambas dimensiones vinculadas a los conflictos laborales, de tenencia de la tierra y la acción política de los partidos.

La lucha por la política en la región se hace visible a partir de dos etapas que, por sus condiciones, gestaron conflictos a partir de contextos sociales que con el tiempo adquirieron bastante complejidad.

La Primera. La primera se extiende hasta 1979, tiempo en el que la colonización del Urabá atrajo población, líderes sociales, dirigentes políticos, agentes económicos. Algo que caracterizó esta larga temporada de colonización y poblamiento fue la configuración de los conflictos sociales como independientes los unos de los otros.

La segunda. La segunda etapa se inicia en la década de 1980 y en ella los conflictos se articulan, de tal manera que el conjunto regional adquiere nueva dinámica y significación.

El surgimiento de la guerrilla revolucionaria

La guerrilla apareció en el Urabá a finales de los 60 cuando las Farc expandieron sus frentes en estrecha vinculación con la movilización agraria asociada a la colonización y la recuperación de tierras en el marco de un proceso de reforma agraria democrática.

Los colonos del Partido Comunista

Urabá fue terreno propició por cuanto allí llegaron colonos militantes del Partido Comunista comprometidos con las banderas de la reforma agraria democrática quienes habían avanzado en la concientización y organización política del campesinado para constituirlo como un sujeto revolucionario comprometido con las banderas del Socialismo marxista.

A principios de los 70, luego de la división internacional del bloque comunista, el Ejército Popular de Liberación EPL surge como la estrategia armada del sector maoísta escindido del Partido Comunista. Bernardo Gutiérrez (quien posteriormente se articularia al liberalismo siendo nombrado Embajador en Italia donde muere por su adicción a las drogas), comandante del V Frente deserta junto con varios de sus hombres y armas y se integra al EPL, arrastrando consigo las redes y circuitos propios de la clandestinidad que permitirían al EPL ampliar su margen de acción de Córdoba al Urabá. En los años 80, tras un replanteamiento político, el EPL se incrusta en el corazón del eje económico, social, y político con su inserción en los sindicatos y con las invasiones de tierra en zona rural y en los núcleos urbanos. Con lo anterior el conflicto guerrillero acaba condicionando la dinámica del conjunto de los conflictos sociales y el territorio se divide grosso modo entre norte –EPL- y el sur –Farc-. El eje bananero se convierte así en eje de la disputa entre las Farc y el Epl.

En la primera etapa señalada anteriormente, la confrontación entre guerrilla y ejército se dio en un plano estrictamente militar y en un terreno que se extendió, e involucró, regiones aledañas al eje bananero, o sea su periferia regional. A partir de la década del ochenta cambian los términos de la relación y del significado del conflicto entre Estado y guerrillas. El centro de la acción pasa a dirimirse en el eje bananero y sobrepasa lo puramente militar, pues el poder político es competido también en el terreno de la movilización de masas y de la política de paz con una amplia influencia del Partido Comunista y los sindicatos agrarios clasistas.

Las tensas relaciones laborales que se vivieron en el Urabá hasta la consolidación del movimiento sindical clasista, que logro importantes condiciones de dignidad laboral, fue un proceso que estuvo atravesado por la influencia guerrillera y del Partido Comunista, desde luego también del PC ML.

Esa reformulación del trabajo revolucionario de la Izquierda regional, obliga a los demás actores regionales a redefinirse igualmente: la organización de un sindicalismo beligerante y masivo bajo el liderazgo guerrillero; el replanteamiento de los términos en que las FARC hacen presencia en la región; la organización de un patronato hasta entonces disperso y desentendido de lo que aconteciera más allá del cerco de su empresa; y un nuevo tipo de intervención y de papel del Estado nacional en la región.

El enfrentamiento entre sindicatos, que era una tradición en la cultura sindical del Urabá, se acrecienta con la estrategia del movimiento guerrillero con su trabajo político de masas, pues al trabajo amplio y legal se sobreponen los métodos propios de la confrontación militar. Es decir: la persecución sindical de parte de la oligarquía bananera (apoyados por el Estado) se recrudece y se legitima debido las acusaciones y señalamientos que los ligan con el movimiento guerrillero.

Desde luego se da la disputa entre los sindicatos agrarios a raíz de las diferencias en los enfoques revolucionarios y emancipatorios entre las Farc y el maoísmo del PCCML.

Este panorama se agudiza al mediar la década del 80. Lo que se observa en Urabá en 1985, es una reedición de procesos anteriores, pero con los nuevos actores sociales y populares.

Actuando más como fuerza social la guerrilla del EPL hace las veces de un Partido político (PCCML) legal que de forma no clandestina recoge cierto apoyo entre sectores bananeros. Pero luego, cuando fracasa el proceso de paz de Betancourt vendrá una agudización de la disputa sindical entre los movimientos de la resistencia campesina guerrillera.

Negociación de paz y reconfiguración del conflicto. La consecuencia del proceso de negociación de paz es una reconfiguración del conflicto subregional a partir de la negociación del gobierno con el EPL, puesto que al no contar el Estado con una estrategia de control del territorio (como ocurre en la actualidad) que abandono el Epl, son los grupos armados, particularmente los paramilitares que reciben el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes se dan a esa tarea. Cambia así sustantivamente la territorialidad de los actores en armas y la calidad y dinámica del conflicto: a) Se consolida la estrategia paramilitar para “recuperar” militar, política y económicamente el territorio a costa de una guerra que, desde los dos flancos que la agencian, rompe todos los cánones del DIH. B) los reinsertados se convierten en objetivo militar, situación que condujo a la cooptación paramilitar de organismos de seguridad el Estado y la creación de Comandos populares organizados por el Das. Es decir, la paz con los maoístas fue a medias y el proceso agudizo la confrontación entre las guerrillas de las Farc, el Estado y las oligarquías bananeras y narcotraficantes de la región.

La conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera contribuyó al cese de la disputa popular mientras esta alianza guerrillera perduró; alianza que se materializó, incluso, en la unidad sindical entre los grupos obreros influenciados, o bien por las Farc o bien por el Epl, en el año de 1989. Pero el panorama político y la influencia guerrillera en el movimiento obrero dificulta enormemente la actividad sindical y la actividad económica en la región, porque esta situación llevo a una creciente “militarización de la política” y desemboco en una violencia generalizada y difusa.

Antecedentes históricos en la configuración del conflicto armado en el Urabá antioqueño.

La situación del Urabá antioqueño ha trascendido las fronteras departamentales para convertirse en una realidad paradigmática en términos de lo que significa la agudización del conflicto y la degradación de la acción contrainsurgente en Colombia. La historia del conflicto armado en la subregión no ha sido escrita de manera satisfactoria quizá porque lejos de ser una subregión pacificada, el que el paramilitarismo y sus organizaciones sucesoras consolidase su presencia en los cascos urbanos y las zonas llanas del Urabá y que la fuerza pública ampliara su radio de acción en las zonas rurales, la continuidad de los hechos de violencia política, muestran que la situación de violencia está lejos de superarse, pues el paramilitarismo de los urabeños sigue actuando a sus anchas asesinando líderes sociales que trabajan por la restitución de las tierras despojadas.

El control neoparamilitar, se ha hecho extensivo a los más variados ordenes sociales y se reproduce en la cotidianidad de la región bananera de una forma tal que es difícil ocultar el carácter funcional que su presencia y jurisdicción significan para la Fuerza Pública que lo direcciona en su política de violencia contra los movimientos sociales.

Una recapitulación de los procesos de pacificación en el Urabá desde los años 80

Primer momento. El escenario para plantear una salida negociada al conflicto comienza a crearse desde 1984 con la Operación Urabá que es un plan de inversiones pensado como herramienta para conjurar los llamados factores objetivos de la violencia y con los pactos entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Estos pactos adquirieron forma con la firma de la tregua en 1984 y con la formación de los primeros comités de la Unión Patriótica (UP) en 1985. Durante unos meses los propósitos por la paz abrieron un espacio propicio para la tregua y para la negociación. Sin embargo, este propósito no fue sino el preludio de un periodo en el cual el conflicto en la región se volvió mucho más complejo y las formas violentas mediante las que se expresaba adquirieron niveles más agudos y visos inusitados. ¿En qué consistió "lo más complejo" y "lo más agudamente violento"? De una parte, a los campos del conflicto pre-existentes (patronos-sindicatos y guerrillas-Estado) se sumó un tercer campo: el de la disputa entre las organizaciones populares y sindicales

Se buscaba construir hegemonía política en una zona con alta densidad demográfica y con una población asalariada importante. La resistencia agraria guerrillera y los grupos maoístas armadas entraron, entonces, en una dura competencia que adquirió visos más radicales.

Otros factores se suman para hacer del eje bananero el centro del conflicto en los años ochenta. Desde el decenio de 1960 -época de intenso poblamiento y de configuración de redes económicas, sociales y políticas-, la agroindustria convirtió al eje bananero en una zona militarmente estratégica, en tanto concentraba los porcentajes más significativos de la población y del PIB de la región, así como a la gran mayoría de la población sindical organizada o potencialmente en capacidad de serio. Militarmente, las guerrillas revolucionarias habían reenfocado su interés sobre los ejes económicos regionales. Además, en Urabá, en el campo laboral bananero, se libraba el único conflicto en el que se enfrentaban, con algún tipo de impacto en el ámbito nacional, fuerzas populares regionales organizadas

Estas particularidades regionales de la guerrilla (en este caso históricas) y el significado peculiar de un territorio específico (el Eje), explican en parte por qué y cómo la aplicación de esa primera estrategia de paz (la Tregua y sus condiciones) produjo resultados contrarios a los esperados: el afianzamiento de un conflicto mucho más complejo, agudo y violento en la región. Expresado de manera sucinta: en esta coyuntura, los hechos para la paz en la nación producen efectos de guerra no previstos en Urabá, expresados en la consolidación de una disputa en el campo popular, en la imbricación de tres tipos de conflicto en el campo laboral (el laboral, el político-militar y el de los movimientos populares armados) y en la intensificación del nivel de la violencia (se disparan las curvas de invasiones, conflicto laboral, acciones guerrilleras y número de muertos)"

En el segundo momento, el desencuentro entre los factores que motivan y explican la política de paz en el ámbito nacional y esos mismos factores tal como se dan en la realidad de los hechos regionales En Urabá, en la coyuntura que va de 1984 a 1986, fue evidente y, en buena parte, responsable también de la enorme ampliación del conflicto y de la violencia en la región.

En efecto, en el ámbito nacional primaba una propuesta de diálogo nacional planteada por el M-19 y una sensación generalizada, en la opinión pública y entre algunos sectores políticos, de saturación ante la situación de guerra sin resultados que había lanzado a los candidatos a la Presidencia de la República (1982-1986) a ofrecer una política de paz. Sin embargo, en Urabá, por el contrario, los movimientos guerrilleros estaban debilitados y en condiciones de repliegue estratégico; los dirigentes gremiales no consideraban que la guerrilla fuera un problema (pero si la delincuencia), pues el represivo Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala había diezmado con torturas y desapariciones a importantes núcleos revolucionarios de la región.

¿Por qué crece la resistencia guerrillera en Urabá a mediados de los años 80?

Dos características regionales favorecieron el desencadenamiento de un mayor nivel de violencia en Urabá en esa coyuntura. En primer lugar, las raíces históricas de las FARC y del Epl en la región y, en segundo lugar, el significado económico, político y militar que adquirió el Eje bananero.

Históricamente, las FARC y el EPL tenían desde su origen, hundidas sus raíces en Urabá y este territorio, por tanto, tenía un especial significado geoestratégico para tales grupos; para el EPL en tanto condición de existencia, para las FARC por su estrategia política revolucionaria.

Urabá es una de las regiones estratégicas para ambas formaciones revolucionarias.

El EPL nace y se consolida en Córdoba-Urabá y mantuvo allí su principal núcleo de dominio.

En el caso de las Farc, cuando estas se constituyeron en 1966 decidieron expandir su campo de acción más allá del centro del país y Urabá era una de las tres zonas a las que se enviaron comisiones especiales de trabajo que permitió pocos años después el nacimiento del V Frente y de varios frentes guerrilleros.

Masacres en Urabá

De acuerdo con información de la Policía Nacional, entre 1993 y 2012 hubo 14 masacres en la región norte de Urabá y en las poblaciones próximas de Córdoba que dejaron un total de 77 víctimas.

Algunas de ellas fueron la masacre de El Tomate, en el municipio de Canalete, ocurrida el 30 de agosto de 1988, en la que murieron 15 personas.

El 3 de abril de 1988 ocurrió la masacre de La Mejor Esquina, un corregimiento del municipio de Buenavista, en donde murieron 28 personas.

El 12 de junio de 1989 fue asesinado el sacerdote jesuita y vicario de la parroquia de San José de Tierralta, padre Sergio Restrepo Jaramillo.

El 16 de abril de 1990 fueron asesinadas trece personas en Valencia y los cadáveres aparecieron en la finca Las Tangas.

El 25 de octubre de 1990, en Tierralta, asesinaron a 12 personas, en el barrio Escolar.

Presencia y acciones de actores armados ilegales en la región de Urabá

Para este trabajo resulta es importante presentar en detalle la presencia de los actores armados que desarrollaron y desarrollan su acción política y militar en el Urabá.

Guerrilla del EPL

En los años sesenta hizo presencia el Ejército Popular de Liberación. Una de sus principales reivindicaciones fue la lucha por las reformas agrarias y la oposición a las condiciones sociales en las que vivían los campesinos de la zona.

En los años ochenta como ya se señaló, el EPL mantuvo sin éxito diálogos con el Gobierno nacional para dar inicio a un proceso de paz. A partir de ese momento se incrementó la disputa armada en el territorio, al igual que la presencia de mafias y redes ya relacionadas con el narcotráfico.

El 15 de febrero de 1991 el EPL firmó un acuerdo de paz con el Gobierno nacional y dio origen a un movimiento político conocido como Esperanza, Paz y Libertad. Algunos reductos del antiguo EPL se sumaron a la guerrilla de las FARC.

Posteriormente se conformaron los llamados Comandos Populares con el objetivo inicial de defender al movimiento y atacar las bases sociales de las FARC. Estos Comandos fueron una de las bases para formar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al mando de los hermanos Castaño. La aparición de las ACCU desencadenó una cruenta oleada de violencia durante los años noventa.

Algunos antiguos miembros del Epl pasaron a formar parte de las filas de las ACCU y posteriormente de los Urabeños desde finales de 2009 donde realizan actividades de capacitación y orientación política.

Las Farc

El Frente 5 de las FARC hizo presencia en el Urabá desde 1971, especialmente en el piedemonte de la Serranía de Abibe, y desde allí se expandió hacia Turbo, Mutatá, Peque e Ituango. En 1982, después de la Séptima Conferencia de esa organización, se crearon nuevos frentes guerrilleros en toda la región del Urabá a través del desdoblamiento del Frente 5. Tal fue el caso del Frente 18 en los límites entre Córdoba y Urabá, del cual, a su vez, se desprendió el Frente 47; y el caso del Frente 58, con presencia en Valencia y el sur de Córdoba. En los inicios de la década del noventa el Frente 5 ya se había desdoblado a través de nuevos frentes. A los anteriores se agregaron el 34, 36 y 57. Además, las FARC hacían presencia con la columna Aurelio Rodríguez. En este contexto, en 1993 se creó el Bloque Noroccidental José María Córdoba del que hicieron parte todos estos frentes guerrilleros.

Después de la desmovilización del EPL en 1991,se le atribuye a las Farc una serie de homicidios contra el movimiento Esperanza, Paz y Libertad; entre ellos, la masacre de La Chinita, en la que fueron asesinadas treinta y tres personas, la mayoría miembros de este movimiento.

Presencia de los paramilitares ACCU

La presencia de los paramilitares en el Urabá está referida a dos grandes bloques organizados por los Castaño. Me refiero al Bloque Elmer Cárdenas, cuyo centro de operaciones eran Necocli y el Norte de Urabá y en el Urabá chocoano, al mando del Alemán y al Bloque Bananero localizado en los municipios del Eje bananero, comandado por Raúl Hasbún. Dos estructuras que tienen en común su naturaleza asesina de campesinos y obreros, pero con perfiles políticos y militares, muy diferentes. Distancia que se explica, en parte, por el carácter y talante de sus dos comandantes. En el caso del Bloque Elmer Cárdenas, Fredy Rendón Herrera, conocido con el nombre de guerra del “Alemán”, que reprodujo estereotipos racistas y masculinos en sus estructuras, no solo por su origen (oriundo del municipio de Amalfi), sino por su área de influencia (comunidades afrodescendientes). En el caso del Bloque Elmer Cárdenas, las consecuencias de su accionar trajeron, no solo la ampliación de la frontera agrícola, sino que esta se asemejo a una nueva ola de colonización antioqueña. Cosa que efectivamente, no ocurrió en la estructura vecina, el Bloque Bananero, donde su violencia adquirió connotaciones claramente antisindicales, anticomunistas, antisindicales y fascistas, relacionadas con la protección de economías de enclave de la oligarquía de Medellín.

Para analizar estos dos bloques paramilitares es importante acudir, como lo sugiere Rodríguez, a otros enfoques relacionados con la historia de la larga duración y con miradas regionales específicas, para evitar el uso de categorías extranjeras para analizar la violencia privada colombiana; categorías como “los señores de la guerra” (Duncan), “los empresarios de la violencia” (Romero), “el vigilantismo”, las “burocracias armadas”, “dictaduras sub nacionales” y muchas otras más, en realidad, como lo afirma Rodríguez, han servido de marcos teóricos neocolonialistas a las investigaciones sobre el paramilitarismo y su violencia. Lo cierto es que, en casi ninguna ocasión, se ha buscado explicar el paramilitarismo a partir de procesos, categorías, y teorizaciones fruto de investigaciones de nuestra historia política, social y económica, plantea.

Las investigaciones disponibles sobre el paramilitarismo, han usado acríticamente categorías y conceptos que no fueron desarrollados para nuestras realidades y contextos, especialmente regionales y de larga duración en nuestra historia. Por el contrario, esas categorías surgieron en escenarios profundamente disímiles al nuestro.

La literatura sobre el paramilitarismo acude, las más de las veces, a enfoques teóricos, ajenos a nuestra ciencia social.

Los textos clásicos sobre el entendimiento del paramilitarismo hoy parecen haberse agotado en su enfoque teórico (Medina Gallego). Desde la literatura que explicó el paramilitarismo como una herramienta de guerra sucia en el contexto de la guerra fría; es decir como una táctica de guerra anti subversiva dirigida por agentes estatales; como herramienta de hacendados y terratenientes en regiones de frontera para enfrentar las agresiones guerrilleras. Una última tradición vio al paramilitarismo como el brazo armado de narcotraficantes y renglones ilegales de economías internacionales, a la manera de administradores de la violencia o empresarios de la seguridad. Estas tradiciones coinciden en dos factores; i) beben de algún enfoque teórico extranjero y ii) presentan verdades, pero también límites y sesgos. No sólo lo narrado en aquellas tradiciones historiográficas es lo que ha pasado. Otras fenómenos han ocurridos, y la única forma de verlo es cambiando de lentes, alterando el enfoque. Recientes investigaciones – desde el año 2009, en adelante- se han desmarcado de las antiguas tradiciones historiográficas, ya sea a partir de nuevos enfoques metodológicos, o de nuevas marcos teóricos, han revelado nuevas aristas del fenómeno paramilitar.

El paramilitarismo en el Urabá, se puede homologar a una reciente ola de colonización antioqueña, y no a la visión de corta duración, que lo identifica como un ejército ilegal antisubversivo, es la hipótesis que sugiere Rodríguez.

Hay que tratar de interpretar el paramilitarismo de los Bloques Bananero y Elmer Cárdenas como una forma de neo colonización, liderada por antioqueños, que, con criterios familiares, de parentesco, establecieron requisitos y prioridades de ingreso al Urabá y verlos menos como los señores de la guerra o los empresarios de la violencia.

El contexto del ingreso paramilitar en Urabá

Entre los años 1981 y 1995 la situación de Urabá, contempla las siguientes condiciones: expansión y crisis de la agroindustria; orientación de la colonización hacia el Chocó y la serranía de Abibe; invasiones a tierras urbanas y suburbanas; y la generalización de los conflictos que desde antes existían.

La irrupción paramilitar marca esta época y su ejercicio de poder y control social indican la pauta en la dinámica regional. Con el apoyo de ganaderos e industriales renuentes al boleteo el proyecto paramilitar se origina desde las áreas rurales y desde allí irradian su acción a las cabeceras municipales. Ellos mantienen un control y una vigilancia permanente de los espacios, patrullan las carreteras y controlan las vías de acceso. Sus principales centros de operaciones estaban en San Pedro de Urabá, Pueblo Bello, Necoclí, parte de la serranía de Abibe, o sea, en aquellos territorios donde tuvieron asiento las guerrillas liberales de los años cincuenta.

El ingreso de los Tangueros de los Castaño

El ingreso de las autodefensas de Los Tangueros desde Córdoba hacia el norte de Urabá, generó una nueva oleada de violencia alrededor de la disputa por la salida de drogas al mar. En esta época fueron cometidas las masacres en las haciendas Honduras y La Negra.

Examinemos en detalle la confrontación de las guerrillas revolucionarias con las bandas paramilitares asesinas

A mediados de la década de 1990, los enfrentamientos entre la guerrilla y las posteriormente conocidas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se extendieron al norte de Urabá, pasando por los municipios de Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá e incrementando el número de masacres, secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas.

Desde 1999 hasta 2005 las FARC realizaron una contraofensiva contra las Autodefensas Unidas de Colombia que fue respondida por estos últimos en el Nudo de Paramillo, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Los enfrentamientos acarrearon graves consecuencias humanitarias sobre la población civil, especialmente masacres y homicidios selectivos de líderes sociales e indígenas de la etnia Embera Katío por parte de los paramilitares.

Los paramilitares de la familia Castaño. Los Tangueros

A comienzos de la década de 1980, Fidel Castaño se estableció en la finca Las Tangas, del corregimiento Villanueva a tres kilómetros del municipio de Valencia, en los límites entre el departamento de Córdoba y el Urabá antioqueño, para fundar desde allí la agrupación denominada Los Tangueros. El caso de la finca Las Tangas es emblemático respecto de las formas de despojo directo que utilizaron varios grupos paramilitares en la región. La propia estructura de las ACCU, que permitía a sus mandos enriquecimiento personal, favoreció la apropiación de tierras por medio de una combinación de acciones violentas y fraude. El ingreso de Los Castaño tuvo relación con la expansión del narcotráfico en la región.

A finales de los noventas, Los Tangueros tenían presencia en los municipios de Valencia, Tierralta, Arboletes y San Pedro de Urabá. Desde esa época, la presencia de grupos paramilitares asociados a los hermanos Castaño se tradujo en múltiples violaciones a los derechos humanos contra pobladores de la región, que fueron considerados objetivos militares. La población civil en general fue convertida en objetivo militar.

Las Tangas

La finca Las Tangas pasó a ser un centro de entrenamiento de sicarios, abastecimiento de armas y víveres y lugar para esconder y enterrar cientos de víctimas que dejaron las masacres cometidas por el grupo en la región. En 1987, Los Tangueros conformaron la primera versión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y entre 1988 y 1991 cometieron algunas de las masacres más crueles de entonces, que condujeron al abandono de municipios enteros por el temor generado en los habitantes. Esta situación fue propiciada y aprovechada por los narcotraficantes que financiaban el ejército de los Castaño para comprar, de manera sistemática, algunos de los predios abandonados a precios muy bajos, hasta convertirse en terratenientes. Estos pasaron a ser parte de las estructuras sociales y políticas de las ACCU.

La reorganización de 1994

A partir de 1994, con la reorganización de todas las estructuras paramilitares en Urabá, Tierralta, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador en las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) se incrementan sustancialmente los hechos de despojo y violencia en el departamento, de forma paralela a la expansión de las ACCU y posteriormente de las AUC.

En este rol militar, anti subversivo, juega un papel sustancial, un ex oficial del Ejército, Carlos Mauricio Fernández, alias “doble cero” o “Rodrigo Franco”, formado en la Escuela hemisférica de las Américas. Esta estructura, ahora con un perfil más político-militar, ofensivo y unificado, inicia, a partir de 1995 una expansión desde los municipios fronterizos del departamento de Córdoba, hacia el sur.

En la nueva etapa de la organización hacia Urabá es importante tener en cuenta algunos factores de contexto político como: La aparición de las Convivir, y el ingreso de los Castaño al Urabá; y la formación de las AUC en el año 1997.

La creación de las Convivir

Las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia, fueron creadas mediante decreto ley 356 de 1994, expedido por el presidente Cesar Gaviria. Ya durante el periodo presidencial de Ernesto Samper, y bajo la dirección directa del ministro de Defensa, Fernando Botero, se reglamentaron (Resolución 368 de 27 de abril de 1995), con el fin de copiar, tanto experiencias personales del ministro, como las Rondas Campesinas del Perú (el decreto reglamentario del decreto ley, estuvo asesorado por el General peruano, y comandante de las fuerzas militares en el periodo Fujimorista, Nicolás de Bari Hermoza que posteriormente fue condenado por los homicidios cometidos por el grupo paramilitar Colina. Dicha normatividad permitía que particulares, con autorización de la superintendencia de vigilancia, portasen armadas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Esto es, fusiles, metralletas, y toda clase de armas pesadas, y superiores, así como material de intendencia, campaña y comunicaciones. Estas organizaciones sirvieron, para que entre 1995 y 1997, se formaran grupos privados de seguridad, con importantísimo armamento, y nulo control estatal.

Dentro del desarrollo del conflicto armado colombiano, el año de 1997 marcó una ruptura en la violencia reciente. De la mano de la crisis de gobernabilidad del presidente Ernesto Samper, y el aumento de la ofensiva guerrillera de las Farc, las ACCU se embarcan en la expansión de su proyecto militar y político a diversas regiones del país. Esta unión nacional se da a través de la creación de una estructura federada que engloba a las organizaciones regionales y locales ya existentes, y que, con el ánimo de presionar su reconocimiento como un tercer actor del conflicto armado, y un estatus político, aumentará la presión sobre la población civil mediante las masacres. El proceso de federación del movimiento de autodefensa tiene claramente, varias funciones; i) de oposición y confrontación a las políticas de negociación política con las FARC o el ELN; ii) la ventaja para jefes regionales de hacer parte de una organización nacional. Varios comandantes de estructuras de autodefensa preexistentes a la formación de las AUC en 1997, han explicado el proceso de creación de la misma. Sostienen que la organización nacional no fue una estructura, irregular, ni siquiera informal, sino virtual, queriendo decir con esto, que las AUC, la comandancia centralizada y jerarquizada de Carlos Castaño era una estrategia propagandística, pero que al interior de la confederación no era tal.

Es necesario indicar que en el gobierno de Samper y en el de Andrés Pastrana se presentaron movilizaciones orquestadas por los paramilitares y reconocidos políticos para impedir cualquier diálogo y negociación con el movimiento guerrillero. Esta movilización sirvió de pretexto durante el primer proceso de expansión de los paramilitares del Magdalena Medio, en 1985, quienes señalaban la política de negociación del presidente Belisario Betancourt como entreguista. Coincide con la estrategia, que como veremos las ACCU, primero, y posteriormente las AUC, desarrollaran en el sur de Bolívar, ante la posibilidad que aquella región fuera usada como espacio para la negociación con el Ejército Nacional de Liberación. Es decir, desde 1985, hasta el año 2000, cualquier política de negociación del gobierno nacional con las guerrillas era vista por los grupos paramilitares como entreguistas y derrotistas, a la cual respondían con una escalada de violencia para disputar el control territorial a las fuerzas guerrilleras. 

Veamos en detalle los dos bloques paramilitares que operaron en Urabá.

El Bloque Elmer Cárdenas

Los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño, al igual que municipios del medio y Bajo Atrato y del occidente antioqueño hicieron parte de la jurisdicción del Bloque Élmer Cárdenas, coordinado por Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño.

El inicio del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, se remonta a 1995 cuando en la zona rural de Urabá se crearon los grupo de autodefensa campesinas llamados “Los Velengues” y el “El grupo de la 70”. Inicialmente fundado por Carlos Ardila, era conocido como “Las Defensas” y posteriormente resulta rebautizado como “La 70”, hasta que fallece uno de sus más reconocidos integrantes, Élmer Cárdenas, de quien el bloque toma su nombre y queda comandado por Freddy Rendón, “El Alemán”, oriundo de Amalfi, de donde también es la familia Castaño. Desde entonces, en 1998 y hasta su desmovilización, el 8 de septiembre de 2005 es que esta estructura paramilitar es conocida por todos como BEC.

Así cuenta su comandante los orígenes del bloque: Yo ingreso en las AUC en Necoclí, en 1995. Allí surge un grupo de autodefensa que dirigía un ganadero que financiaba al frente 58. Les dijimos, o te pasas a las AUC o te damos de baja. El acepta y desde ahí comienza el BEC. De hecho, él fue mi comandante hasta el año 2005, que le mata otro compañero. El nombre del bloque le viene del propio Elmer Cárdenas, quien muere el 19 de diciembre de 1997 por un francotirador de las FARC en el río Jiguamiandó. Aunque yo daba la cara, Carlos Castaño fue siempre el jefe. Comienza así la confrontación en Necoclí y Turbo. De hecho, conseguimos echar de aquí a la guerrilla. Eso sí, con mucho desplazamiento. Por otro lado, también presionaba el BB y la casa Castaño. La guerrilla se fue desplazando al Paramillo y al sur de Córdoba. Nuestra entrada es orden de Vicente Castaño que nos dice se quedaron sin zona. Tiren hacia Chocó. De las costa de Córdoba a Chocó hay entre 8 y 20 millas náuticas. Nuestra primera gran incursión en Chocó es en Vigía del Fuerte, en febrero de 1996.

La incursión en el Urabá chocoano

Desde su base en Necoclí, los paramilitares iniciaron en 1996 la incursión al Urabá chocoano. Inicialmente, llegaron al casco urbano de Riosucio, donde se tomaron a bala la población. En febrero de 1997, continuaron avanzando y desarrollaron la Operación Cacarica, que consistió en atacar varias posiciones de las Farc en una amplia zona selvática bañada por los caños Cacarica y Salaquí, y que se coordinó, según ‘El Alemán’, con la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que a su vez adelantó la Operación Génesis.

Con la toma del Bajo y Medio Atrato, se consolidó su dominio sobre el norte de Urabá y el Darién chocoano.

Con los años, Carlos Castaño se convirtió en una especie de mentor para ‘El Alemán’, inculcándole una visión política e ideológica del movimiento paramilitar, que les permitió construir una afinidad ideológica y una estrecha relación personal.

La familia Rendón Herrera, además de Fredy, incluye a Don Mario, al Cura y recientemente se conoció que un cuarto hermano de la familia Rendón Herrera (además de Fredy, Daniel, Jairo) Luis Fernando “alias Condorito” es socio en el negocio de tráfico de drogas del “Clan Usuga” en el departamento de Magdalena y en Santa Marta, donde se encargó de asesinar un alto directivo de la Universidad del Magdalena.

Los cinco frentes del Elmer Cárdenas

La estructura armada del BEC se organizaba en torno a cinco frentes: “Gabriel Auai”, “Costanero”, “Norte Salaquí”, “Tanela” y “Pavarandó” y sus municipios de mayor activismo fueron entre la frontera de Colombia con Panamá y el conocido como golfo de Urabá, comprendiendo: Arboletes, Dabeiba, Necoclí, Mutatá, Uramita, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, Murindó en el departamento de Antioquia; y Carmen de Atrato, Nuquí, Riosucio, Juaradó, Bojayá, Unguía, Acandí, Bajo Atrato y Medio Atrato en el departamento de Chocó. Durante su actividad paramilitar, el BEC fue responsable, según el CNMH, de hasta 13 masacres que se cobraron 70 víctimas mortales, muy especialmente, en los municipios antioqueños de Mutatá, Dabeiba y Murindó; y en los municipios chocoanos de Carmen de Atrato, Jurado, Riosucio, Bojayá y Nuquí. De los nueve municipios en los que se registra presencia paramilitar del BEC, entre 1998 y 2005, solo en tres de ellos se recoge presencia de la guerrilla. Una presencia que, no obstante, no es nada desdeñable en las localidades de Bojayá, El Carmen de Atrato y Riosucio, que acumulan la mayoría de la treintena de acciones guerrilleras registradas en estos siete años. Unas acciones guerrilleras que, además, se condensan, en más de dos terceras partes, a partir del año 2002, lo que invita a cuestionar la capacidad real de expulsión del BEC sobre el Frente 5 de las FARC allí presente.

Algo similar podría deducirse de la confluencia espacio-temporal entre FARC y BEC en la región del Urabá antioqueño. Esto, porque solo en tres de los ocho municipios con presencia paramilitar se registra un activismo notable de las FARC: Dabeiba, Mutatá y Uramita. Tres municipios que, además, como sucediera en el Urabá chocoano, van a experimentar una intensificación del activismo guerrillero entre 2002 y 2005, que es cuando el BEC va decayendo, poco a poco, en sus niveles de activismo armado.

Un Bloque despojador de tierras de las comunidades afro

El Bloque Élmer Cárdenas está considerado uno de los principales despojadores en el Urabá.

Las formas de despojo más comunes en la región fueron el violento, la utilización de población civil para legalizar el despojo o apropiarse de tierras, la utilización de instituciones públicas para legalizar el despojo, y la falsificación de documentos públicos. De acuerdo con pobladores, miembros del bloque lograron acceder a tierras de población desplazada en el sector conocido como Filo del Caballo, en el municipio de Necoclí, y en las fincas Boncasito, Mulaticos y La Fe en el municipio de Arboletes.

Adicionalmente el control territorial de las AUC fue aprovechado por diferentes actores locales, departamentales y nacionales para consolidar sus intereses sobre la propiedad de la tierra y actividades como la ganadería, la agroindustria o la política.

En el caso del Bajo Atrato, ese reinado del “progreso” se ha cimentado en el despojo de 15 caseríos en el Curvaradó de más de 25 mil hectáreas y en el Cacarica de 20 mil hectáreas y 413 caseríos, que fueron titulados colectivamente por gobiernos anteriores.

Las miles de hectáreas sembradas con palma africana en las márgenes de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá entre otros, se dice que pertenecen a “El Alemán” aun hoy a través de familiares y testaferros. Sus hombres asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas y afrodescendientes que se negaron a vender sus tierras para sembrar palma.

Durante el periodo 1998/2006 en los municipios donde hizo presencia el bloque Elmer Cárdenas se contabilizaron 150.098 personas expulsadas.

Rendón no reconoce como nocivo este despojo y desplazamiento sino todo lo contrario, como una apuesta por el desarrollo. Las miles de hectáreas sembradas con palma africana en las márgenes de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá entre otros, se dice que pertenecen a “El Alemán”.

Las comunidades de Curvaradó, Cacarica y Domingodó, hablan de por lo menos 22.000 hectáreas que les fueron arrebatadas por los hombres del Bloque Elmer Cárdenas. La zona de Belén de Bajirá en Mutatá también registra miles de hectáreas sembradas con palma, las cuales también se dice fueron tomadas por el Bloque Élmer Cárdenas, y por Vicente Castaño, tras obligar a cientos de campesinos a entregarle sus territorios. Todo este despojo de tierras ha sido presentado por “El Alemán” y los hombres de su Bloque como un proyecto de envergadura social llamado PASO, y que buscaba generar empresas productivas en zonas alejadas.

Como parte de su estrategia de control de territorio y población, “El Alemán” promovió una serie de organizaciones no gubernamentales, cooperativas, medios de comunicación y empresas que subsisten hoy después de la desmovilización para blindar el despojo masivo de tierras.

Desmovilización del Elmer Cárdenas en el 2006

Este bloque se desmovilizó en tres momentos a lo largo de 2006, en los municipios de Necoclí, Turbo y Unguía (Chocó).

El alemán inicialmente se declaró en rebeldía frente a Carlos Castaño. Sin embargo, en 2006 empezó su desmovilización en tres fases. El 12 de abril de ese año entregaron las armas 309 paramilitares en el corregimiento de El Mello Villavicencio, de Necoclí. Entregaron 220 armas, 186 de ellas largas, 17 cortas y 17 de apoyo. Además de 243 granadas y seis vehículos, entre otros elementos.

Dieciocho días después, el 30 de abril, se realizó la segunda desmovilización en el corregimiento el 40 de Turbo. En esta oportunidad 484 hombres y mujeres hicieron dejación de armas de 360 armas, 332 de ellas largas; 1.207 granadas y tres vehículos.

La última fase se realizó en el municipio de Ungía Chocó, el 15 de agosto. Allí, un total de 745 hombres y mujeres pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó, se desmovilizaron, con ellos el máximo comandante Fredy Rendón. En total 1538 hombres y mujeres del Bloque Élmer Cárdenas se reincorporaron a la vida civil.

Una vez se acordó con el Gobierno Nacional la desmovilización colectiva de las distintas estructuras de las Auc, el Bloque Elmer Cárdenas tomó distancia de las negociaciones de Santa Fe de Ralito, Córdoba, y no admitió esos acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de las Auc. Esas diferencias se agravaron cuando Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano Carlos en 2004, como muestra de su respaldo al ala más narcotraficante de las entrañas del paramilitarismo.

Varios meses después del asesinato de Carlos Castaño, la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas planteó un esquema particular para dejar las armas y acogerse al plan de desmovilización y reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional. Juan García, asesor político de esta estructura y hermano del asesinado paramilitar Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, propuso lo que llamaron el “Proyecto de Alternatividad Social” (PASO) como “columna vertebral” de la desmovilización en Urabá.

La idea era desarrollar proyectos productivos para las comunidades, que se apropien tierras con participación de los ganaderos, dijo García en 2005. Que, con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo. La política de ‘El Alemán’ era que en cultivos de palma, plátano, caucho y reforestación participaran las comunidades, obviamente manipuladas por él.

Las evidencias permiten concluir que la propuesta del jefe paramilitar de integrar la participación del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y a los empresarios y campesinos en un solo plan agrario fue llevada a la práctica.

En su momento, el PASO recibió fuertes críticas por representantes de organizaciones de víctimas y derechos humanos, quienes denunciaron que el programa implicaba legalizar las tierras que quedaron en manos de paramilitares, repobladores apoyados por ellos y testaferros, mientras que las víctimas quedarían como mano de obra teniendo a sus propios victimarios como patrones.

A través del PASO los paramilitares del Elmer Cárdenas consolidaron su poder económico y establecieron un nuevo orden social capitalista agroexportador.

Documentos consultados y testimonios escuchados indican que el Bloque Elmer Cárdenas inició los proyectos productivos asociados al PASO por lo menos tres años antes de su desmovilización, ocurrida en agosto de 2006. Estos mismos proyectos agroindustriales son los que terminan recibiendo el apoyo del gobierno de Uribe Vélez a través de Acción Social y del Plan Colombia a pesar de sus evidentes relaciones con estructuras paramilitares y cuestionados inversionistas de la mafia de las drogas.

Bloque Bananeros

El Bloque Bananero fue un frente paramilitar colombiano vinculado a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Comenzó a actuar a partir de 1995, bajo la comandancia de Hebert Veloza (HH), con el firme propósito de evitar la proliferación de paros y huelgas de los trabajadores bananeros de la región, y para lo que, como señala el propio Veloza, se llegó a actuar en coordinación tanto con la Fuerza Pública como con las empresas bananeras.

El grupo paramilitar que estuvo a cargo de alias ‘Carepollo’ o ‘H.H.’ tuvo dos frentes y varios grupos que delinquieron desde Turbo hasta Belén de Bajirá, en el Urabá antioqueño.

Del primer grupo hicieron parte alias “Salvador”, “Aníbal”, “Trato”, “Estopín”, “Rastrillo”, “Toronja”, “Bracho”, “Pitufo”, Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, Jesús Emiro Pereira alias “Huevoepisca”, Lorenzo Córdoba alias “Barbas”, Jhon Henao alias “H2”, “Monoleche”, como escolta de alias “H2”, y Manuel Arturo Salón alias “JL”, como instructor.

El BB, sin embargo, va a ganar fuerza, en 1996, con la duplicación de su segundo frente, dirigido por Ramón Emilio Hasbún, de manera que ambos tendrán el encargo de la casa Castaño de controlar el denominado “Eje bananero”, formado por los municipios de Turbo, Aparatado, Chigorodó, Carepa, Murindó e, incluso, una parte de Mutatá, Es decir, todas, localidades de la región del Urabá antioqueño y a lo que suman acciones de control territorial en el municipio de Tierralta, en Córdoba.

En 2001 apareció, de acuerdo con versiones en la Fiscalía, un nuevo grupo de paramilitares que inicialmente se llamó Frente Central del Urabá pero que fue conocido como el ‘Grupo de Nueva Antioquia’. “Estuvo conformado por ‘Los Tiburones’, ‘Los Buitres’ y ‘Los Cobra 6’, tres grupos de contraguerrilla que se financiaron con el cobro de impuestos ilegales a los cultivos de teca, y que delinquió en todos los municipios de Turbo hasta la desmovilización”, dijo la Fiscalía.

El comando de Los Escorpiones

Ampliemos algo más toda esta historia de la presencia paramilitar en el Eje Bananero.

En el Urabá antioqueño las víctimas conocieron a los paramilitares como los “parascos”. Los primeros que llegaron al norte de Turbo, así como a Apartadó, Carepa y Chigorodó, municipios llamados del Eje Bananero, fueron un grupo a cargo de alias “Doble Cero”.

En esta zona realizaron un operativo llamado “Pulga: pica y salta”, para combatir a la guerrilla. En 1995 ya tenía control sobre la región.

En su afán por expandirse, los paramilitares abusaron contra la población civil y asesinaron a víctimas inocentes por vivir en zonas señaladas como de influencia guerrilla.

El ex jefe paramilitar Hebert Veloza alias “H.H.”, que fue conocido en el Urabá antioqueño como “Carepollo” o el “Mono Veloza”, contó en versión libre cómo se unió a los paramilitares de alias “Doble Cero”. En un casa del barrio El Poblado (en Medellín), Carlos y Vicente me dijeron que me daban trabajo. Yo hice parte del “Grupo de los 20” que fue enviado al Urabá, contó alias “H.H.”.

Entre el “Grupo de los 20” estuvo alias “Gabriel”, “Estopín”, “Barbas”, “Wilson”, “Tribilín”, “Úber”, “Tigre”, “Escudero”, “Caimán”, “Carroloco”, “El Gato”, “Olafo”, “Montador”, “San Pedro”, “Pacheco”, “Negro Fino”, “Caturro” y su hermano “Barney”.

A finales de febrero, principios de marzo de 1995, fuimos enviados en un camión desde la Finca La 35 (Córdoba) hacia la vereda El Limón, en el municipio de Turbo. Allá recibimos material de intendencia y salimos hacia la vereda El Dos, donde quemamos unas viviendas en retaliación a que no encontramos a alias “Mocho” y “Tachuela”, dos guerrilleros que estábamos buscando”, es la versión de HH.

El exjefe paramilitar contó que el “Grupo de los 20” se dividió en dos: uno de paramilitares rurales que instaló una base en la vereda Monteverde, y otro de paramilitares urbanos, integrados por siete de ellos, que se llamó el comando de Los Escorpiones para hacer inteligencia en los pueblos.

Entre 1995 y mediados de 1996 nosotros cometimos muchas masacres. Los siete nos movilizábamos en tres carros, haciendo recorridos por el Eje Bananero, confesó alias “H.H.”. La Fiscalía documentó que La Curva del Diablo, el sector de Codelsa y La Caleta fueron los sitios donde Los Escorpiones arrojaron los cuerpos de las víctimas.

Las masacres y asesinatos del Bloque Bananero

Durante su tiempo de vida, el BB fue responsable de 11 masacres y 87 víctimas mortales, habiendo constancia de tales hechos en todos los municipios referidos, zona con una importante presencia guerrillera y de la resistencia agraria.

De hecho, se contabilizan, por ejemplo, veinticuatro acciones en Apartadó, once acciones en Mutatá, cinco acciones en Turbo, cinco en Tierralta, tres en Carepa y dos en Chigorodó. Es más, casi tres cuartas partes de estas acciones se condensan, además, desde el año 2003, coincidiendo con una menor presión del BB, por un lado, y con una paulatina desaceleración de la violencia paramilitar, la cual se desactivará por completo, a inicios de 2004, que será cuando se desmovilice este grupo.

La desmovilización del Bloque Bananero

El Bloque Bananeros se desmovilizó en la región de Urabá entre 1994 y 2004, cerca de la frontera con Panamá.

El 24 de noviembre de 2004 con 452 hombres bajo el liderazgo de Ever Veloza García alias "Hernán Hernández" o simplemente "HH".

Los objetivos de los paramilitares del Bloque Bananeros

Tal como lo señaló Ever Veloza García, alias HH, el interés de las ACCU y de las AUC fue la apropiación de estructuras políticas y la usurpación de tierras, situación favorecida por el tipo de estructura del grupo, que fomentaba el enriquecimiento personal de sus miembros, especialmente de los mandos.

Las acciones de los paramilitares en el Uraba se orientaron a promover violentamente con ataques demenciales a la población civil, proyectos económicos y políticos, bien fuera de los dueños de los ejércitos privados o de agentes externos a la región (nacional o internacional) afines a los métodos y objetiva de los paramilitares.

La reconfiguración política de la región se sustentó a partir del destierro de la población, el despojo de sus tierras y bienes, el disciplinamiento de sus acciones y comportamientos; la cooptación de los poderes locales y la cercenación de los liderazgos comunitarios.

El Modelo económico paramilitar

Una de las consecuencias que las acciones paramilitares han dejado en el territorio tiene que ver, en consecuencia, con la instauración de un modelo de desarrollo económico que responde a intereses externos a la región y que se sustenta en impresentables crímenes de lesa humanidad.

Daño en el tejido social

Otra de las consecuencias visibles hoy día tiene que ver con las subjetividades de los habitantes de la zona y sus modelos de socialización por los paramilitares,

El tejido social comunitario ha sido uno de los elementos de mayor afectación en Urabá. Lo que implica que la reconstrucción de formas de organización comunitaria, de socialización, de participación y de relación con el estado fueron y siguen siendo mediados por las acciones paramilitares.

La victimización generalizada de la población implica, entonces, un enorme reto para recuperar no solo el tejido social sino también el orden territorial de la región.

Grupos armados ilegales pos desmovilización. Los Urabeños o Gaitanistas AGC

Los procesos de desmovilización de grupos paramilitares y el rearme de grupos armados pos desmovilización fueron simultáneos en el departamento de Córdoba y en Urabá.

Surgen Águilas Negras de Don Mario

En el 2006, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano de alias El Alemán, creó la agrupación conocida inicialmente como la Banda de Don Mario o Águilas Negras, que posteriormente se dio a conocer como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su poder se consolidó en las vías de Tierralta, Valencia, Arboletes y Turbo, zonas estratégicas para el tráfico de armas y drogas.  

Primero fue conocido como Los Urabeños, después como Clan Úsuga (patronímico tomado del apellido de sus jefes, entre ellos el actual, Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”), luego como Clan del Golfo, y también se ha abrogado el nombre de “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, lo que evidencia su intención de sacar beneficios de actor político, sin serlo.

En el año 2008, el grupo de Don Mario controlaba la mayor parte del narcotráfico en el país. Tal crecimiento permitió que su grupo intentara absorber a otros más pequeños, que también surgieron con posterioridad a la desmovilización de las AUC. Este fue el caso del grupo Los Paisas al mando de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, el ala rural de la Oficina de Envigado.

En el año 2009, luego de la captura de Don Mario, el grupo pasó a ser conocido como Los Urabeños y en el año 2010 logró controlar la mayor parte de los corredores de movilidad para el tráfico de drogas en el occidente del departamento de Antioquia, incluyendo el ya mencionado sector Filo del Caballo, antes en poder del Bloque Élmer Cárdenas. Ante las capturas de varios mandos, algunos miembros de los Paisas pasaron a integrar el grupo de Los Urabeños y otros ingresaron al grupo conocido como Los Rastrojos.

Urabeños y control territorial en Urabá y Córdoba desde el 2013

Los ‘Gaitanistas’ alcanzaron la hegemonía en Urabá a mediados de 2012, luego de cruentos enfrentamientos con ‘Los Rastrojos’ en algunos de los municipios del Eje Bananero. Hoy dominan el territorio y cuentan con dispositivos de control de vías entre los municipios de Mutatá, en el sur, hasta Arboletes, en el norte. Además, según cuentan en Apartadó, su dominio se extiende hasta la administración pública, particularmente sobre algunas dependencias que, por ley, deben velar por los derechos de las víctimas. Tal estado de coacción ha impedido que se adelanten procesos organizativos fuertes alrededor del tema de la reclamación de tierras.

En el año 2013, Los Urabeños continuaron teniendo un control mayoritario sobre los municipios del norte de Urabá y Valencia. De acuerdo con una visita hecha a Arboletes y varios corregimientos y veredas (Santa Fe de las Platas) en el 2019, son el actor armado predominante en Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes.

Según la advertencia del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la presencia rural de Los Urabeños ha sido registrada en corregimientos como Mata de Maíz, Cocuelo, Santo Domingo, San Rafael del Pirú, Mieles, Guadual Central, en el municipio de Valencia, y se ha percibido también en los corregimientos Guasimal, Las Palomas, Santa Lucía, Martinica, Leticia, San Anterito, Guateque, Nueva Lucía, La Manta y Buenos Aires, en Montería. En la zona urbana de Montería se ha reportado la presencia de esa estructura armada en los barrios El Privilegio, Furatena, Villa Paz y Nueva Esperanza, estratégicos por servir de corredor de comunicación entre los corregimientos Guateque, San Anterito, Nueva Lucía (hacia Planeta Rica) y con los corregimientos El Sabanal, Martinica, Santa Lucia y Santa Clara.

Su dominio militar y político se expresa a través de constantes amenazas y controles que actualizan la memoria del miedo vivido por la población en los años de presencia de las AUC. Pese a que no se refleja en acciones armadas sistemáticas, la población reconoce claramente la presencia de Los Urabeños en los cuatro municipios. Sobre todo, en el municipio de Valencia, la población afirma su temor a transitar por corregimientos como El Guadual, puesto que Los Urabeños cuentan con una fuerte red de informantes. El paro armado decretado por este grupo después de la muerte de alias Giovanny fue una muestra clara del severo control y miedo que logra imponer en las poblaciones donde tiene presencia

Según información suministrada por la Policía, el crecimiento de Los Urabeños ha sido significativo entre el año 2012 y 2013, pasando de 1.994 miembros estimados a 2.366.

¿Qué pasa hoy?

El Clan del Golfo y su control del narcotráfico y de las rutas de la cocaína por los puertos de Urabá y del Darién representan ciertamente una amenaza. Aunque en los dos años de la Operación Agamenón contra ese grupo –en Urabá, Bajo Cauca y el Área Metropolitana de Medellín– se han realizado más de mil capturas y muchas incautaciones de droga, y en la reciente Operación Agamenón II se dio de baja al segundo al mando, alias “Gavilán”, todavía no se ha logrado la captura del objetivo principal: “Otoniel”.

A pesar de las incautaciones, por Turbo y a lo largo de toda la costa del golfo siguen saliendo cuantiosos cargamentos de cocaína controlados por el Clan, que además continúa reclutando efectivos, y auspiciando y pagando bandas de sicarios, en especial niños y jóvenes. De igual manera, el grupo sigue ejecutando homicidios, entre ellos de líderes sociales y ambientales.

El Estado se ha quedado corto tanto en poner en cintura a ese grupo armado e impedir sus crímenes como en depurar sus propios agentes y en recuperar la institucionalidad de Urabá logrando una mayor presencia, integral, efectiva y reconocida.

Si el gobierno no hace un cambio profundo en el modo de relacionarse con esa sociedad regional no podrá avanzar con éxito en el Programa de Sustitución de Cultivos en los municipios limítrofes con Urabá –como Tierralta, Dabeiba, Ituango y Riosucio– ni garantizar la integridad física de los desmovilizados y sus familias en los etcr de esos municipios.

Mucho menos podrá garantizar la vida e integridad de los líderes sociales en dichos municipios y en Urabá, dadas las amenazas del Clan del Golfo hacia quienes pretendan interferir en las rutas y los negocios o en su control del territorio y de la población.

Parapolítica en Urabá. El papel de Asocomun

La dimensión de los procesos por vínculos de políticos con grupos paramilitares da la dimensión de la capacidad de influencia y control de estos últimos sobre las instituciones públicas.

Según versiones libres de los paramilitares que hicieron presencia en la región, además de la influencia sobre la institucionalidad pública y sobre la clase política tradicional, estos grupos armados participaron en la creación de empresas agroindustriales y realizaron negocios con diversas empresas nacionales y multinacionales.

De no ser porque muchos documentos y testimonios lo confirman, sería muy difícil creer que la estrategia de los paramilitares para tomarse política y económicamente una región, la del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, haya llegado a niveles de complejidad y sofisticación tan grandes. Fue tal la maraña de sociedades y organizaciones que crearon que consiguieron, incluso que los gobiernos colombiano y de Estados Unidos respaldaran su proyecto, y que una asociación que fabricaron se ganara un premio internacional.

La sinuosa estrategia tenía cómplices por doquier, y con ellos, consiguió despojar tierras de campesinos pobres, entrenó juntas comunales, creó organizaciones no gubernamentales, montó empresa agroindustriales que consiguieron contratos con multinacionales, apoyó campañas electorales, respaldó a estructuras del narcotráfico y aprovechó recursos estatales. Su telaraña vinculó a políticos y a empresarios, y no sólo sirvió a su proyecto contrainsurgente en los años previos a la desmovilización paramilitar, sino que siguió tejiendo hasta el día de hoy lazos y respaldos como parte de los proyectos de reinserción.

Si bien toda la información está en poder de las autoridades y serán los jueces los que establezcan hasta dónde los proyectos promovidos por el Gobierno Nacional y el Plan Colombia rayaron con la ilegalidad, también queda claro que la calculada conquista de la política y la economía en el Urabá por parte de la organización paramilitar fue real y eficaz.

Juntas de acción comunal, semillas de la parapolítica

La injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la actividad política de Urabá fue planeada con paciencia. En el año 2000, cuando los paramilitares habían consolidado su poder, alias ‘El Alemán’ envió una delegación a una finca de la Casa Castaño en Córdoba. Más que una reunión, el encuentro fue un taller. Carlos Castaño había creado un movimiento social que se conoció como Clamor Campesino Caribe.

El propósito del taller era que los hombres de ‘El Alemán’ aprendieran de esta organización y crearan un movimiento paralelo en Urabá, que llamaron “Poder Popular Campesino”. Después del taller en Córdoba, este bloque entrenó un grupo de paramilitares rasos en una escuela abandonada de Necoclí para convertirlos en Promotores de Desarrollo Social (PSD).

El Alemán ha dicho varias veces que los Promotores de Desarrollo Social eran muchachos que habían sido heridos en combate. Ellos desarrollaron trabajo comunitario y tenían una formación mínima en cooperativismo, conocían cómo formar una junta de acción comunal, cómo se podría hacer una veeduría ciudadana, empoderando entonces a los presidentes de acción comunal y dándoles vida jurídica.

El entrenamiento de los PDS fue bastante completo según las versiones de un desmovilizado ingresaron a unas jornadas de capacitación donde se veía temas como leyes comunales de creación de Juntas de Acción Comunal, todo el tema de participación ciudadana, trabajo social.

Además de ayudar la creación de Juntas comunales, los PDS también eran “rompe hielos” entre “la parte política-social, concejales, alcaldes, y presidentes de juntas de acción comunal con la comandancia del Bloque.

El trabajo de los PDS incluía “trabajar, asesorar, y acompañar las juntas de acción comunal para su buen desarrollo y sus actividades cotidianas, elaboración de puentes, cofinanciación de obras entre la comunidad propias, del municipio y de la organización, porque hicimos obras en conjunto. Un 90% de las vías las hicimos entre la comunidad y la organización, dice un paramilitar.

Fue en parte por el trabajo minucioso de los PDS que el Bloque Elmer Cárdenas pudo captar la atención política en la región. Las juntas de acción comunal se convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y la complicidad de esta estructura paramilitar. Las juntas también fueron utilizadas como reservas de peso electoral. Con las elecciones del 2001, según El Alemán, se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal.

Revelando el contenido poco democrático del proceso, “El Alemán” ha explicado cómo se escogían los candidatos para alcaldías, por cada municipio de Urabá y Córdoba la idea era tener dos candidatos. Un candidato de preferencia afín a la ideología de las Auc, y un candidato de poco peso político que pudiéramos poner en la contienda.

Desde el año 2001 en adelante todos los procesos de elección concejales y alcaldías fueron de la mano con aval y apoyo del Alemán’”.

En las versiones libres de Justicia y Paz han surgido acusaciones contra políticos que concretaron acuerdos con el Bloque Elmer Cárdenas para recibir apoyo electoral, logístico y financiación para sus campañas. Por tal motivo fue que la Fiscalía dictó sendas medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en Paz”. Documentos de la Fiscalía señalan que esta organización ilegal también tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el “Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen Izquierda de Córdoba).

‘El Alemán’ explicó que delegó a Jorge Pinzón, un fallido aspirante a la Asamblea de Antioquia, para coordinar los proyectos políticos. El movimiento del “Urabá Grande”, según la aclaración de un paramilitar desmovilizado, fue financiado en un 70% por el Bloque Elmer Cárdenas y el otro 30% por las alcaldías.

Con sus simpatizantes políticos articulados en diversos cargos públicos de elección popular, el Bloque Elmer Cárdenas se aprovechó tanto de los proyectos productivos como de las finanzas públicas de los municipios bajo su control. Como declaró un desmovilizado: en el norte de Urabá teníamos relación con todos los concejales de los municipios del norte con absolutamente todos, se reunían con el comandante ‘Alemán’ o los PDS para gestionar un proyecto, o para evaluar la gestión de proyectos presentados ante el concejo municipal.

Asocomún: ‘Ong de los paras’

El dominio político, económico y social del Bloque Elmer Cárdenas se logró a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización no gubernamental creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como ‘Germán Monsalve’ (El Cura), y hermano de alias ‘El Alemán’.

De Acuerdo con sus estatutos, Asocomun pretendía convertirse en un actor central del desarrollo integral sostenible de las comunidades asociadas, mediante la participación, concertación y gestión en proyectos sociales, económicos, educativos, de salud y ambientales. Para lograr ese propósito buscó canalizar recursos del sector público y privado, a través de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los asociados de Asocomun, buscando financiación de entidades competentes de carácter nacional e internacional.

Tulapas Horizonte de Esperanza

Para el efecto se creó el proyecto Tulapa Horizonte de Esperanza, con la participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de Asocomun, logrando que esta iniciativa fuera inscrita en el programa Familias Guardabosques,  dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.

Con el respaldo armado, Asocomun consiguió tan alto nivel de institucionalidad, que consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Organización Internacional de las Migraciones- OIM, la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias empresas de la región.

También logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006 como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

Adicionalmente, el congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la República, en reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de comunidades.

El papel de German Monsalve en Asocomun, hermano del Alemán

‘Germán Monsalve’ mantuvo un bajo perfil, incluso para las autoridades. “Don Germán”, como le decían en la zona de Urabá, aún es recordado como un pastor evangélico a quien le gustaba regalar Biblias en las reuniones que presidía. A la par de esa reputación, también era de conocimiento en la región de su papel dentro del Bloque Elmer Cárdenas y de las Accu.

‘Germán Monsalve’ tuvo mucha injerencia en las decisiones de la Casa Castaño y era una persona escuchada y respetada en las autodefensas. Estas sospechas fueron corroboradas cuando el pastor evangélico y líder paramilitar se entregó en Ciudad de Panamá en el 2009 a la justicia de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre Asocomun. El caso del Senador Valencia D.

Pero es a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerán los alcances de Asocomun y el papel de ‘Germán Monsalve’. Se trata de la sentencia dictada contra el exsenador Antonio Valencia Duque, quien admitió sus relaciones con grupos paramilitares en Urabá y se acogió a sentencia anticipada.

En la argumentación del Alto Tribunal se dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región.

Valencia Duque se valió del Programa de Familias Guardabosques, impulsado por Asocomún, para lograr la votación suficiente en las elecciones del 2006, que le permitirían llegar al Senado, en reemplazo de Álvaro Araújo cuando éste renunció por las investigaciones de la parapolítica.

Lo que se demostró es que el político antioqueño asistió a varias reuniones con ‘Germán Monsalve’ y dirigentes políticos del Urabá en las que se pactaron acuerdos políticos.

Entre el 2004 y el 2007, Asocomún firmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá.

Asocomún también igualmente recibió fondos del Plan Colombia por vía indirecta de un proyecto de cacao y caucho en el municipio de San Juan de Urabá financiado con 375.167 dólares de USAID.

Un informe de USAID del 2006 estudiando la viabilidad del proyecto menciona a Asocomún como una posible “asociación productiva” para llevar a cabo la iniciativa.

Aunque los documentos de USAID no vuelven a mencionar esta organización, informes de la Fundación Codesarrollo de 2009 demuestran la participación de Asocomún. La cooperativa de productores que recibió una donación de USAID contrató a Asocomún, sin dejar claro en qué condiciones, como “organización gestora acompañante”.

Los informes de Codesarrollo aseveraron que la participación de Asocomún fue desastrosa, dejando a la deriva su participación en la coordinación de las actividades restantes de la alianza. También denunciaron que Asocomún “no realizó los pagos al coordinador y la secretaria del proyecto que tenían establecidos en la zona de la alianza.

Parapolitica en la salud

Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud). Esta empresa se forma cuando se hace un convenio y reunión en el corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes, entre el señor ‘Alemán’ y Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente de la Endisalud iba dar los contratos de promoción y prevención de los municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de Urabá.

El papel de William Saleme, ex alcalde de Arboletes

En la Alcaldía de Arboletes,  bajo la administración de William Saleme Petro, hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban recursos del municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del presupuesto de la salud. Los pagos se hacían a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería.

La misma denuncia sobre Saleme Petro menciona dineros que extrajo en contratos del alumbrado público, el plan maestro del acueducto y alcantarillado, el contrato de recolección de basura y hasta el contrato para la construcción del parque de la no violencia.

El negocio de la Multifruits

Entre la carpeta de proyectos económicos que impulsaba John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, se encontraba el de la explotación de plátano en alianza con la firma Comercializadora Internacional Multifruits y Cía. Ltda., una empresa en la que tuvo intereses el Bloque Elmer Cárdenas y presencia en su junta directiva.

Multifruits se constituyó el 24 de julio de 2001 en Cartagena mediante la escritura pública número 1593. Inicialmente fue elegido como representante legal Carlos Nikolai Strusberg González, pero el 5 de mayo de 2004 se conformó una nueva junta directiva en la que se nombraron como miembros principales Juan Manuel Campo Eljach, Berly Fernández Mattos y John Jeremías Pinto Rodríguez; y como suplentes, Juan Carlos Marrugo Velásquez, Cesar Cárdenas Rendón y Andrés Tamayo Agudelo. Como representante legal fue nombrado Juan Manuel Campo Eljach.

Campo Eljach es parte del clan político de los Cuello Campo del Cesar; además, fue ex miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador y fue fórmula a la Cámara de Representantes de Alfredo Cuello Baute para las elecciones del 2010. Entre los nuevos inversionistas mayoritarios de Multifruits aparece también César de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del fallecido paramilitar Elmer Cárdenas.

Las operaciones comerciales de Multifruits se concentraron en el municipio de Necoclí, donde adquirieron una finca conocida como El Atravesao de 279 hectáreas, donde se sembró plátano para la exportación. La historia de la propiedad de este predio muestra que inicialmente fue un baldío adjudicado por el Incora en 1983 a Ramiro Arango Jaramillo; en 1985 le fue transferido a Virginia Díaz viuda de Arango, quien el 19 de enero de 1998 le vendió por 34 millones de pesos a Elmer Cárdenas, lo que sorprende, pues este paramilitar había muerto un mes antes en combates con la guerrilla de las Farc.

En la cadena de irregularidades también queda en evidencia que Elmer Cárdenas transfiere el predio el 16 de abril de 2004 a su hermano y socio de Multifruits, Cesar Cárdenas Rendón por 30 millones de pesos. Finalmente, dos meses después, éste último le vende la finca a la empresa comercializadora por 200 millones de pesos, transacción que se registró el 16 de junio de 2004.

El manejo de las operaciones de Multifruits eran coordinadas por John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy. Lo que dicen los denunciantes es que ‘Germán Monsalve’, a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), entregaba créditos y otros apoyos a los labriegos para la siembra de plátano para Multifruits.

Mientras tanto, Multifruits firmó un contrato de comercialización por siete años con un valor potencial de $6.2 millones de dólares con la multinacional Del Monte y su filial local C.I. Conserba S.A. El contrato, firmado en agosto del 2004 por José Antonio Yock, en representación de Del Monte, menciona que la productora dispone de una finca ubicada en Necoclí y se comprometió a entregar 2.000 cajas de plátano por semana a partir de enero 2006.

Al año siguiente, Multifruits firmó otro acuerdo para una alianza estratégica con Adán Quinto, el supuesto representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica. Pero años atrás las comunidades lo habían destituido de su cargo por corrupción y su complicidad con la explotación ilegal de madera por parte de Maderas del Darién S.A.

La Corte Constitucional respaldó la destitución de Quinto en una sentencia del 2003. Sin embargo, a espaldas de la comunidad, Quinto comprometió 20.600 hectáreas del territorio colectivo (casi 25 por ciento del título) por un periodo de 50 años en el contrato. Aún está por determinar si durante este proceso Multifruits obtuvo algún beneficio del Incoder que en esa época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, tío de Juan Manuel Campo Eljach, representante legal de la compañía.

Las repetidas denuncias de la comunidad y las resoluciones del Ministerio del Interior sobre los territorios colectivos frenaron la alianza estratégica del Cacarica. Con Multifruits en la mira de las autoridades y su evidente participación en actividades controversiales, Del Monte, canceló los contratos con esta compañía, lo que derivó en la liquidación de la sociedad en septiembre de 2007.

Denuncias que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación señalan a alias ‘Germán Monsalve’ como el coordinador de los proyectos de Multifruits. Testigos advirtieron que lo vieron en reuniones en el Cacarica promoviendo la alianza estratégica entre la comunidad y la comercializadora de plátano en el sitio conocido como La Balsa, una antigua base paramilitar.

El acta de liquidación de Multifruits reconoció la participación de Asocomun en el proceso de comercialización y le agradeció por ser la entidad que permitió el acercamiento del trabajo y apoyo social del modelo asociativo comunitario de perfil privado.

Plan Colombia: Madera y Caucho

Meses antes de la disolución de la Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., las actas de la compañía mencionan a Luis Alfonso Jaramillo Muñoz como asesor de negocios y desarrollo empresarial. Y cuando la junta decidió liquidar la sociedad, lo nombraron como agente liquidador para manejar la disolución. Al mismo tiempo, Jaramillo presidía como gerente de otra empresa con extensos negocios en Urabá, la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria, Incuagro.

El papel de la paraempresa Incuagro

Incuagro es una empresa mixta creada por iniciativa del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos y cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El propósito de este proyecto fue la creación y capacitación de compañías agropecuarias y su fortalecimiento empresarial apoyado por el programa contra cultivos ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Bajo la dirección de Jaramillo, Incuagro se vinculó como socio mayoritario en cuatro compañías en el Urabá: dos de reforestación y dos de caucho. Las empresas fueron establecidas a finales del 2005 después de un foro del programa Familias Guardabosques en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. De ese encuentro surgieron las empresas El Indio y La Gironda, que se dedicarían a la reforestación comercial de maderas como teka, acacia y melinda. También se conformaron dos productoras de caucho, Procaucho y Caucho San Pedro.

Incuagro invirtió en esas cuatro empresas 24 mil millones de pesos. Entre los que suscribieron capital en El Indio también aparece en el registro Multifruits con una inversión de 200 millones de pesos. Otro socio de las empresas es el ganadero Benito Osorio Villadiego, quien ha sido relacionado con grupos paramilitares y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Bajo su administración, el Fondo Ganadero de Córdoba invirtió 809 mil millones de pesos en las dos caucheras.

Antes de constituirse como empresas de carácter privado, El Indio y La Gironda, surgieron en el 2003 como proyectos piloto del Programa Familias Guardabosques de Acción social. El mismo año, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), como parte del Plan Colombia, empezó a estudiar la posibilidad de apoyar el Programa de Familias Guardabosques. En un informe publicado en el 2004, esta agencia norteamericana se refirió a Asocomún como colaborador clave para el desarrollo de proyectos forestales en Turbo y Necoclí.

Es así como en 2004 ambos proyectos empezaron a recibir la cooperación de USAID. Una de las particularidades de este apoyo es que El Indio y La Gironda recibieron 402 mil dólares en donaciones para un proyecto de 1.200 hectáreas una semana antes de la desmovilización definitiva del Bloque Elmer Cárdenas, realizada en agosto de 2006. Los informes de USAID también indican que donaron 300 mil dólares a las caucheras Procaucho y Caucho San Pedro para fortalecer un cultivo de 1.100 hectáreas.

Según ‘El Alemán’, después de que Asocomún ya se había involucrado en los proyectos de Tulapa, se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo le envió al Alemán un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación.

Esta reunión, según el jefe paramilitar se había realizado en la finca La Virgen del Cobre, un predio ubicado en Necoclí y de propiedad de José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, un viejo socio del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

El papel de Victoria Eugenia Restrepo en el gobierno de Uribe Vélez

Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue la coordinadora nacional del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI) bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En un discurso dado en Santa Marta el 4 de octubre de 2007, Uribe la calificó como la Mamá de las Familias Guardabosques.

Como presidenta del PCI, Restrepo Uribe participaba en reuniones de la junta de Incuagro. De las actas registradas por la compañía a principios del 2006, se infiere que Restrepo hizo un fuerte lobby para que Incuagro apoyara los proyectos del Urabá.

En el año 2008, Restrepo Uribe se vio comprometida en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que tuvo con el empresario Juan Felipe Sierra, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Marco Antonio Pedreros, y el director encargado de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio. Las conversaciones salpicaron a todos los involucrados por posibles relaciones con otro hermano de ‘El Alemán’, se trata de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Por estas relaciones, Valencia Cossio fue condenado a 15 años de cárcel; Pedreros fue destituido; y Sierra Fernández ha venido siendo procesado por la justicia, sin que se haya resuelto su situación.

Las autoridades también tenían sospechas de posibles nexos entre Victoria Eugenia Restrepo y la mafia. En el caso concreto de Restrepo, les intrigaba a las autoridades por qué su oposición sistemática a la fumigación de cultivos de coca en Antioquia y Córdoba, en áreas de influencia de Daniel Rendón, ‘Don Mario’”.

Restrepo Uribe ha negado de manera enfática en diversas ocasiones cualquier relación con estructuras criminales y ha explicado que su cargo no le daba autoridad alguna para impedir fumigaciones de hoja de coca. Sobre sus relaciones con Sierra también ha precisado que eran amigos de infancia e insistió que a Valencia Cossio lo conoció recién el mismo día de la conversación. Explicando por qué Asocomún termina ganando un contrato del PCI por 467 millones de pesos para acompañar el Programa de Familias Guardabosques, la funcionaria explicó que esta organización no gubernamental dirigida por ‘Germán Monsalve’ fue la única entidad que se presentó para la solicitud y que no sabía que él era hermano de El Alemán.

La Sentencia dictada por la Corte Suprema contra el exsenador Ramón Antonio Valencia Duque por parapolítica incluyó datos importantes sobre la trayectoria de los proyectos agroindustriales del Urabá. La Corte determinó que la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002.

Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. La sentencia de la Corte rastreó la trayectoria de un pacto donde ‘El Alemán’ ofrecía apoyo político, logístico y financiero a las campañas de Valencia.

Mientras tanto, el político conservador hacía un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques asunto que, según la Corte, explica por qué posteriormente el congresista tuvo un inmenso crecimiento electoral en esas localidades. De hecho, los votos obtenidos por Valencia Duque en los municipios de Urabá entre las elecciones del 2002 y 2006 crecieron por casi un 2.000 por ciento.

El testimonio de Sandra Suárez, la entonces Alta Consejera Presidencial para el Plan Colombia, dio clara confirmación ante la Corte que la inclusión del Urabá al Programa Familias Guardabosques, en los municipios de Necoclí y Turbo, fue iniciativa del congresista Ramón Antonio Valencia Duque.

Desplazamiento, victimas y derechos de las víctimas en Urabá

Urabá es una de las regiones del país en donde los procesos de desplazamiento forzado han sido más intensos y continuos desde 1985, cuando se produce el primer ciclo de desplazamiento en el norte de esa región, hasta el momento presente.

De manera sistemática, diversos grupos de población (campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas) han sido forzados a dejar y abandonar sus territorios ante las órdenes de desalojo, masacres, amenazas y asesinatos selectivos emanadas de los grupos paramilitares y de los militares de la XVII Brigada.

En un primer momento estos desplazamientos se concentran en el norte de Urabá, luego se extienden al eje bananero, y posteriormente al eje Mutatá-Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte y los territorios aledaños que forman parte del medio y bajo Atrato. A partir del año 2003 se han producido desplazamientos en municipios aledaños a Urabá (Ituango, Peque) que revisten una importancia estratégica por ser puerta de entrada a Urabá y corredores para el transporte de armas y de coca, cuyo cultivo se expande en estos territorios y hacia la selva chocoana.

Los motivos del desplazamiento

Un elemento común en los relatos de los grupos de población es el establecimiento de una diferencia entre un periodo de relativa tranquilidad (presencia de la guerrilla agraria y revolucionaria) y la llegada efectiva del conflicto social y armado por la incursión de los grupos paramilitares y sus bloques con sus repertorios de exterminio para despojar a los campesinos de sus tierras y apoderarse de los recursos naturales de la región.

Características de la población desplazada

La población desplazada y víctima de Urabá presenta las siguientes características: su desplazamiento se produjo entre los años 1997 y 2002; proviene de localidades que son epicentro de los desplazamientos en la región: Apartadó, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Riosucio, Carepa y San Pedro de Urabá; en su mayoría son personas adultas, entre los 40 y 50 años; es sobresaliente la presencia de viudas; lo predominante es una combinación entre desplazamientos individuales y masivos (Riosucio, Saiza).

El 51,4% de la población del Urabá antioqueño, o sea 350.000 personas, se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas – RUV – de la UARIV.

Población expulsada

Según datos la UARIV, entre 1991 y 2013 fueron expulsadas 70.647 personas en la región.

Valencia fue el que más víctimas reportó, con 24.476, seguido por San Pedro de Urabá, con 19.146, luego por Arboletes, con 14.812, y después por Montería, con 12.213. Mientras los principales desplazamientos en Arboletes y San Pedro de Urabá se presentaron entre 1991 y 1997, Valencia tuvo su mayor pico en 2001, coincidiendo con la segunda oleada de homicidios en la región. Esta coincidencia sería el resultado del pico de expansión del proyecto paramilitar a nivel nacional, fueron los años cuando Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, despojó de sus predios a los campesinos del caso FUNPAZCOR. De igual forma, a partir de ese año alias Don Berna, comandante del grupo Héroes de Tolová, inició un proceso de expansión, solicitando a través de intimidación, amenazas y el uso efectivo de la violencia, la venta forzada de los predios donados por la Fundación.

En el periodo de 1991 a 1996, los corregimientos con la mayor cantidad de desplazados hicieron parte del corredor del narcotráfico de los grupos paramilitares hacia Urabá y de zonas de enfrentamiento entre esta agrupación y las FARC en el sur de Córdoba. Estos corregimientos fueron: Tres Piedras y Leticia en Montería, seguido por Villanueva y Las Nubes en Valencia, y El Tomate en San Pedro de Urabá. En el periodo de 1997 y 2002, los corregimientos que registraron más desplazados fueron Villanueva y Guadual Central, en Valencia; Leticia y Juraquial, en Montería, y la cabecera municipal del mismo municipio. Entre los años 2003 y 2007 la lista la encabezaron la cabecera municipal de Montería, Leticia en Montería, Alto San Juan en San Pedro de Urabá, y Guadual Central en Valencia. Finalmente, en el periodo de 2008 a 2012 los lugares y corregimientos con más desplazados fueron la cabecera municipal de Montería, Nueva Lucía en Montería, la cabecera municipal de Valencia, y El Tomate en San Pedro de Urabá. Aunque desde 2002 no se volvieron a reportar picos de desplazamiento forzado similares al de 2001, llama la atención que durante y después de la desmovilización de las AUC el municipio de Valencia se mantuvo como el más afectado de los cuatro priorizados hasta 2009, lo que indica que en ese periodo dicho municipio continuaba siendo lugar de disputas entre grupos armados irregulares. En cuanto a la recepción de personas desplazadas en los municipios de Córdoba se puede anotar que Montería, al ser la capital política y administrativa de la región, se convirtió en el principal receptor, teniendo en cuenta tanto desplazamientos intramunicipales como intermunicipales.

Mártires de la restitución de tierras

En los últimos años al menos 120 reclamantes de tierras han sido asesinados, de los cuales 32 cayeron en la región del Urabá. Por esos crímenes, apenas una persona ha sido judicializada.

El despojo de tierras en Urabá.

En el Urabá, la legalización de tierras despojadas quedó al descubierto tras una revisión a los documentos de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo (Antioquia), aunque mucho tiempo después de que los primeros defensores de la restitución lo denunciaran y hasta los exjefes paramilitares lo reconocieran en sus declaraciones ante fiscales de Justicia y Paz.

Fueron más de 1.400 predios rurales de Apartadó, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necocli los que confirmaron los hallazgos.

Así fueron expropiadas por los paramilitares más de 50.000 hectáreas pertenecientes a 1.000 familias en Bajirá, Río León, Tumaradó y Mutatá, tierras que pertenecen a seis familias por todos conocidas —los Builes, los Londoño, los Sierra, los Quintero—. La mayoría son ganaderías extensivas o cultivos de palma. Después hubo varios negocios de los que se perdió la pista hasta que apareció Ciapana, una gigantesca compañía sobre cuyas tierras —unas 15.000 hectáreas— hay 60 reclamaciones vigentes. Hay otras compañías aparentemente administradoras como El Búho.

Despojo de tierras

Fue el despojo violento y directo la modalidad predominante bajo la que se dio la configuración de la tenencia de tierras por los paramilitares en los municipios de San Pedro de Urabá y Arboletes.

Los principales despojadores en la región fueron grupos paramilitares, que tenían como objetivo el fortalecimiento de sus actividades económicas –particularmente el tráfico de drogas– y de su capacidad militar, así como la consolidación de los corredores geográficos que garantizarían la consecución de dicho objetivo; su incidencia sobre lo público y su capacidad de cooptación les permitiría en muchos casos legalizar el despojo de tierras. De igual forma, el despojo paramilitar y su respectiva legalización habría sido promovida y/o facilitada por diferentes tipos de actores: militares, para los que el avance paramilitar representaría una manera de combatir la insurgencia; empresarios y personas naturales, para quienes la presencia paramilitar garantizó la posibilidad de mantener y/o extender sus proyectos económicos; y funcionarios públicos y políticos locales, que facilitaron la recuperación de terrenos que habían sido adjudicados a campesinos.

En zonas de dominio paramilitar como Urabá existió una estrategia macro criminal dirigida a forzar el abandono de tierras y su apropiación violenta y fraudulenta por parte de la empresa criminal dirigida por las AUC y demás miembros.

En el Urabá antioqueño, el despojo de tierras inició desde la entrada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a la región en 1994. Desde este momento es posible identificar dos etapas de despojo paramilitar.

Primera etapa

La primera se habría dado entre 1995 y 1997, cuando las ACCU se dedicaron a apropiarse ilegalmente de las tierras de los campesinos de esta región, atentando contra quienes se resistían a ceder su tierra y ofreciendo sumas muy bajas a los dueños.

Segunda etapa

La segunda etapa estaría representada por los despojos ocurridos después de 1997, cuando ya se habían conformado los Bloques Bananero y Elmer Cárdenas de las AUC.

Los métodos utilizados por estos grupos paramilitares consistían en la simulación de contratos de compraventa y su protocolización con los legítimos dueños, previa amenaza o intimidación contra la vida o integridad de los campesinos. En este sentido, en Urabá el fenómeno se produjo principalmente por medio de las modalidades de despojo jurídico a través de venta forzada y ventas a bajo precio. Investigaciones sobre el caso indican que algunos de los mayores compradores de tierras en la zona fueron Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y Benjamín Alvarado Bracamonte, bajo la intermediación de Roberto Mariano Ojeda y Guido Vargas.

La apropiación de tierras por parte de los grupos paramilitares en Urabá responde a motivos militares, económicos y sociopolíticos: la expulsión de las guerrillas y el debilitamiento del movimiento sindical bananero; servirle de brazo armado a empresarios bananeros, ganaderos y palmeros que buscaban ampliar y consolidar sus negocios; y hacerse a rutas estratégicas para el tráfico de droga y armas, así como el establecimiento de zonas para la producción y almacenamiento de bienes ilegales.

Víctimas de despojo de la región narran que en los años 1995 y 1996 llegaron los paramilitares a amedrentar a la población y apoderarse de tierras a través de ventas forzadas. Según el relato, los integrantes de los grupos armados presionaban a las familias para que les vendieran sus predios bajo la intermediación de Roberto Mariano Ojeda Visbal. Esto está confirmado por declaraciones del empresario bananero Raúl Hasbún y por Ever Veloza García, alias HH, ambos antiguos comandantes del Bloque Bananero de las AUC. Afirmaron que cuando ellos estaban operando en la región, los campesinos tenían que desplazarse de sus tierras por la violencia que se empezó a vivir, y cuando llegaban a los cascos urbanos, los paramilitares les ofrecían 50 mil pesos por hectárea de tierra argumentándoles que no iban a poder volver a sus fincas. HH ha dicho que la mayoría de campesinos, ya fuera por hambre o por miedo a las armas, recibían la plata de inmediato. Según esta versión, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, fue el paramilitar que más compró tierras entre San Pedro de Urabá y Turbo para Vicente y Carlos Castaño. Este procedimiento, en el que un testaferro y un intermediario visitaban al colono, ofreciéndole un valor muy inferior al del mercado por sus tierras, era la modalidad más pacífica y civilizada. Pero si el campesino (o inclusive finqueros ricos) se resistía a irse, empezaban a presentarse amenazas y actos violentos que no cesaban hasta la muerte del propietario.

Las instituciones públicas contribuyeron a la posterior legalización del despojo en esta región del país: los grupos paramilitares despojaron a los campesinos con violencia, y luego vinieron entidades estatales a legalizar el despojo. Funcionarios del Incora (hoy INCODER), de las oficinas de Registros e Instrumentos Públicos y notarios cumplieron un papel clave en la legalización de despojos, usurpaciones, apoderamiento, arrebatamiento y abandono de predios. La legalización habría sido facilitada por el alto grado de informalidad en la tenencia de la tierra en la región, es decir, por la carencia de títulos de propiedad que impliquen derecho de dominio sobre los predios despojados.

Tal fue el caso de Arboletes, donde los paramilitares entraron a la zona amenazando a los campesinos con el argumento de que las tierras no eran de ellos y que se las iban a devolver a sus dueños, y más adelante les ofrecían bajas sumas por la compra de sus propiedades: una parcela por la que ofrecían $20 millones en el 93, la pagaron a $800.000.

En el caso de buena parte de las tierras despojadas en San Pedro de Urabá, en la actualidad, estas aparentemente serían propiedad de testaferros de alias Cuco Vanoy; similar situación se presentaría en Arboletes, donde, según los entrevistados, los predios despojados pertenecen a testaferros y personas que se beneficiaron del proyecto paramilitar, más específicamente de políticos “prestantes” y sus familiares.

En ambos municipios, si bien el uso que se le da al territorio es aparentemente de ganadería extensiva, líderes de víctimas confirman que las tierras despojadas forman un corredor estratégico para los grupos paramilitares, con un papel clave en el almacenamiento y tráfico de drogas. Lo anterior constituye, entonces, no solo una de las razones por la que en primer lugar fueron despojados de sus tierras los campesinos, sino también el motivo por el que se puede prever que los grupos armados pos desmovilización se van a resistir a que se lleven a cabo procesos de restitución de tierras.

Las tierras en norte de Urabá son un botín de guerra que las AUC les dejaron como herencia a Los Urabeños.

Los hallazgos de la Superintendencia de Notariado y Registro

Teniendo en cuenta las definiciones de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) sobre los diferentes modalidades bajo las que se lleva a cabo el despojo de tierras, es posible señalar que en los municipios de Urabá se presentaron sobre todo despojos de tipo jurídico, entendidos como aquellos en los cuales, a través de documentos públicos, se transfiere ilegalmente la propiedad por medio de la coacción, constreñimiento, falsedad, suplantación, etc.

Tipos de apropiación ilegal de tierras

Dentro de esa categoría y para esta zona se registraron las siguientes tipos de apropiación irregular de tierras:

a. Ventas forzadas, aquella venta que de manera obligada realiza el dueño de un predio, es decir, venta realizada bajo presión; b. Ventas a bajo precio, cuando se adquiere un predio por un valor muy inferior a su avaluó comercial o catastral, aprovechando la situación de vulnerabilidad del vendedor; c. Suplantación, cuando una persona, fingiendo ser el vendedor, suscribe por este una escritura de transferencia de dominio; y d. Titulación indebida de predios, cuando el Incora adjudica un baldío o un predio del Fondo Nacional Agrario a un campesino, posteriormente le revoca la adjudicación y adjudica coetáneamente el predio a un testaferro de un grupo al margen de la Ley. Si bien en los municipios de Urabá ocurrieron los cuatro tipos de despojo mencionados, los más comunes fueron las ventas forzadas y las ventas a bajo precio.

Campesinos invaden tierras

Campesinos del Urabá que se cansaron de esperar que un juez les devolviera sus tierras, arrebatadas por paramilitares, las invadieron porque dicen que la justicia no ha sido eficaz.

En el 2017, diez familias del municipio de Necocli, Urabá antioqueño, que alegaron estar cansados de recibir negativas en las instancias judiciales para lograr la restitución de sus tierras, decidieron pasar a las vías de hecho y ocupar varias fincas que reclaman como suyas, pero que en el pasado les fueron robadas por grupos paramilitares.

El caso muestra las dificultades con las que se encuentran las autoridades para restituir miles de hectáreas robadas a los campesinos, ya que en algunos casos la justicia no ha logrado que los paramilitares confiesen el despojo, lo que dificulta declarar la ilegalidad de muchos títulos.

Palabras como “zona vedada” e “inexpugnable” son constantes entre funcionarios estatales y de organismos internacionales que tienen entre sus funciones adelantar trabajos en el norte de Urabá. Todos ellos coinciden en resaltar el silencio de las víctimas como un factor preocupante, porque dificulta el diagnóstico de la situación e impide la satisfacción plena de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con algunas versiones la mayoría de los despojados atienden las indicaciones de ‘Los Gaitanistas’, y prefieren vivir a morir asesinados por solicitar la restitución de sus predios. Las pocas solicitudes instauradas fueron presentadas por víctimas que están en otras zonas del país.

En la actualidad, los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá están entre los más complejos en el país para alcanzar una restitución plena de predios, tanto jurídica como material. En esas localidades, el Estado se demorará para hacer una radiografía del despojo. Allá la autoridad la tienen los Gaitanistas con la complicidad de la policía y el Ejército.

Uno de los casos más dolorosos de toda esta historia violenta del neoparamilitarismo es el de Juan Pablo Atahualpa Gómez Ruiz, de 28 años de edad, acribillado el 14 de agosto de 2009 en Arboletes. Sobre él, su padre el periodista Luis Eduardo Gómez Cubillos escribió en su libreta de apuntes: “Mi hijo fue en su totalidad bueno. No hizo daños. Nadie, ni los mismos que lo mandaron asesinar pueden hablar mal de él. Todo por no hacerles caso y que aceptara lo del grupo y porque no quiso ni se dejó ‘robar’ la moto de su propiedad empezó el rencor y la envidia”.  El 30 de junio de 2011, y tras investigar de manera exhaustiva el crimen de su hijo y los fenómenos de violencia en la región, fue asesinado el comunicador. Hoy, sus archivos, son una prueba irrefutable de los padecimientos de una región sometida a la ilegalidad.

El Estado está en la obligación de crear las condiciones de seguridad necesarias para que los reclamantes recuperen sus predios, regresen a ellos,  o trabajen y produzcan de manera rentable. Esa es la única vía para reparar el daño que produjeron aquellos que se concertaron, con la protección de sectores del Estado, para robar tierras aprovechándose del poder paramilitar.

El caso Tulapas

Un caso representativo de despojo en Urabá, que involucra al municipio de San Pedro de Urabá, es lo ocurrido en la zona conocida como Tulapas, integrada por ciertos sectores de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.

Como ya hemos señalado, las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) entraron al corazón del Urabá antioqueño desde el departamento de Córdoba entre 1994 y 1995. Una vez en esta zona, se enfrentaron con las guerrillas del Epl y las Farc en la zona conocida como Tulapa, que abarca varias veredas de los municipios de Turbo y Necoclí.

A Tulapas, que había sido bastión histórico del EPL y de las FARC, llegaron las ACCU en 1994 con la intención de expulsar a la guerrilla y quedarse con el dominio de la zona. Una vez lograron su objetivo, por iniciativa de Carlos Castaño, Mancuso y sus hombres iniciaron un proyecto de acumulación de tierras en la región. Al parecer, la tarea fue encargada a uno de los lugartenientes de Mancuso, llamado Benjamín Alvarado Bracamonte, quien compraba tierras a desplazados por precios muy inferiores a los del mercado y por intermediación de Guido Vargas. Sobre esto, en la Notaría Única de San Pedro de Urabá está registrado que, entre agosto de 1995 y diciembre de 1996, Bracamonte adquirió un total de 795 hectáreas en Tulapas. En estas transacciones, Mancuso también quedó con tierras a su nombre. Así mismo, en la adquisición de estos terrenos en Tulapas por parte de las ACCU participó como intermediaria entre paramilitares y víctimas una pariente de los hermanos Castaño, Sor Teresa Gómez. Adicionalmente, una porción de las tierras haría parte de las propiedades que terminaron a nombre del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 1998. En 2007, varios años después del despojo, y con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, los campesinos que habían perdido sus tierras en Tulapas se unieron para iniciar un proceso de solicitud de restitución de tierras. En 2009, un fiscal de Turbo llamó a declarar a personas que habían sido señaladas como responsables del desplazamiento forzado, momento cuando empezaron a presentarse amenazas contra los líderes de restitución de ese caso. En marzo de 2011, en medio del proceso judicial, fue asesinado en Medellín David Góez, uno de sus líderes más visibles. En los últimos años el caso ha sufrido varias demoras, sin que hasta la actualidad se haya emitido la sentencia de restitución sobre dichos predios.

Esta región fue utilizada como punta de lanza geoestratégica para que las Accu se tomaran el llamado Eje bananero y el Darién chocoano.

Mancuso ha dicho que los Castaño lo delegaron a él para manejar los negocios y la “compra” de tierras en Tulapa, y admitió que la Casa Castaño se fue quedando con “grandes extensiones de tierra”, las cuales eran compradas, según este exjefe paramilitar, bajo presión armada. En ello fue clave la tesorera de los Castaños, Sor Teresa Gómez, quien en la actualidad se encuentra prófuga tras ser condenada por ordenar el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder de campesinos de Córdoba.

También fue clave en este despojo, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido para esa época por Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba destituido y quien actualmente huye de la justicia, que lo acusa de concierto para delinquir y lavado de activos.

Asesinato de líderes sociales

Desde cuando iniciaron los procesos de reclamación en los municipios mencionados, y con anterioridad a la Ley de Víctimas, se presentaron las primeras amenazas e intimidaciones, seguidas por atentados de muerte contra líderes y comunidades.

A grandes rasgos, los asesinatos de reclamantes en esta región se concentraron entre mediados de 2008 y finales de 2011. Los actores identificados como generadores directos de estas amenazas y otros actos de violencia fueron integrantes del grupo armado pos desmovilización Los Urabeños, y en particular los hermanos Úsuga, alias Otoniel y alias Giovanny, este último muerto por las autoridades a comienzos de 2012.

Los casos en los que se hizo efectiva la amenaza de muerte fueron los de Juan Jiménez Vertel, asesinado en agosto de 2008 en el corregimiento de El Reposo, en Apartadó; Benigno Gil, líder reclamante de tierras y presidente de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en noviembre de 2008, momento en que Gil, junto con otros campesinos, habían ocupado unos terrenos de los que habían sido despojados años atrás en la vereda El Leoncito, en Mutatá; Jaime Antonio Gaviria, líder reclamante y testigo del asesinato de Benigno Gil, asesinado en diciembre de 2008 en Chigorodó; Albeiro Valdés, reclamante a quien se le habían restituido predios en noviembre de 2009, asesinado en mayo de 2010 en la vereda Cirilo vía a Necoclí; Hernando Pérez, líder de tierras que días antes había estado presente en la restitución y entrega de títulos de propiedad a familias víctimas de despojo en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo y David Góez, vocero de 120 familias que reclamaban tierras en Las Tulapas, asesinado en marzo de 2011. Adicionalmente, otro de los casos de violencia contra reclamantes de tierras fue el de un líder de la Fundación Forjando Futuros, quien sobrevivió a dos atentados recibidos después de haber sido amenazado.

A finales de 2013 se concretaron amenazas e intimidaciones mencionadas por la población mediante el asesinato del líder reclamante Gildardo Padilla Ortega, en Valencia, el 17 de noviembre. Padilla, quien había sido víctima de grupos de autodefensas liderados por Salvatore Mancuso, estaba adelantando procesos de solicitud de restitución de una finca en la vereda La Rula, en San Pedro de Urabá, así como de un predio ubicado en el corregimiento de Macondo, en Turbo. Días antes de su muerte el líder había rendido declaraciones ante la Unidad de Contexto de la Fiscalía en Apartadó. Otros hechos victimizantes registrados en el periodo posterior a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han presentado en casos como la vereda Guacamayas, en Mutatá; durante este proceso, que se encuentra actualmente en etapa probatoria, se han generado amenazas contra cinco de sus reclamantes. Así mismo, la líder de tierras Beatriz Elena Maestre, vocera de varios reclamantes en Turbo, recibió un panfleto con amenazas en abril de 2013. Y en junio de 2013 fueron amenazados los representantes de la Fundación Forjando Futuros y Tierra y Vida, Gerardo Vega Medina y Carmen Palencia, como también el representante de Tierra y Vida en Apartadó, Manuel Mercado. Gerardo Vega y Carmen Palencia recibieron en noviembre de 2012 el Premio Nacional de Paz por su labor en el proceso de restitución de tierras. En el caso de San Pedro de Urabá y Arboletes, a pesar de que la restitución no se ha iniciado formalmente, según los entrevistados, cuando se ha mencionado públicamente el tema se han recibido reacciones inmediatas por medio de comunicados amenazantes. Víctimas y pobladores de estos municipios aseguran que integrantes de grupos armados han manifestado en varias ocasiones la inexistencia de inconvenientes frente a las peticiones de las víctimas en términos de reparaciones económicas o ayuda humanitaria, siempre y cuando no se aborde el tema propiamente de la restitución.

En Arboletes todo el mundo le tiene miedo al tema de tierras.

La responsabilidad sobre las amenazas contra los líderes de la restitución de tierras es atribuida a los actores que estuvieron involucrados en el proceso de despojo paramilitar y que posteriormente recibieron beneficios de este proceso o que en la actualidad hacen presencia en los territorios despojados. Estos actores aparentemente estarían generando las amenazas por medio de Los Urabeños. Los promotores de amenazas son testaferros de líderes paramilitares y a empresarios ganaderos y bananeros que en la actualidad usufructúan las tierras despojadas, así como a hombres armados que estarían siguiendo órdenes de empresarios de la región. Este panorama es descrito, en el caso del municipio de Arboletes, por un líder de víctimas que relata que, legalizadas mediante estrategias de testaferrato, las tierras que en algún momento les pertenecieron a jefes paramilitares ahora son utilizadas por cinco empresas (o familias como los Londoño, los Quintero).

Escenario de riesgo actual

A continuación, se presentan dos hipótesis de escenarios de riesgo que permiten identificar los riesgos actuales y potenciales contra líderes y comunidades reclamantes. Es pertinente aclarar, de entrada, que, si bien lo anterior constituye un componente importante de riesgo para la población reclamante, la presencia de actores armados ilegales en un territorio representa un riesgo para la población en general.

En los territorios de Urabá existe en la actualidad un control significativo del grupo pos desmovilización Los Urabeños, el cual cuenta con abundante experiencia en el desarrollo de negocios ilícitos, conoce la geografía de la región y tiene antecedentes en prácticas violentas que encuentran sus orígenes en la Casa Castaño y en la estructura armada de alias Don Mario. Una de las razones fundamentales por las que la presencia y control de este actor armado ilegal sobre el territorio constituye un componente importante en el escenario de riesgo para las comunidades residentes, es que la región sigue teniendo la condición de territorio estratégico para el desarrollo de economías ilícitas, particularmente actividades de narcotráfico, aun cuando los ingresos de los grupos pos desmovilización también se apoyen actualmente en otras actividades, como la minería ilegal, el microtráfico y la micro extorsión. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por capturar a sus integrantes, bloquear los corredores de movilidad y golpear las finanzas de este grupo, Urabá continúa siendo uno de los puntos estratégicos a nivel nacional para la salida de drogas hacia el exterior. Como se mencionó en secciones anteriores, el control de los puntos de embarque de Urabá y de los corredores para llegar a ellos les da a los grupos armados la posibilidad de lucrarse por diferentes vías, que incluyen el cobro de cuotas por el transporte de insumos, armas y cocaína procesada desde y hacia los puertos y el establecimiento de “impuestos” por la salida de cada kilo de cocaína hacia otros países. A lo anterior se suma el interés del grupo de cuidar cocinas de procesamiento de coca, armamentos e incluso fosas comunes de víctimas que dejó la consolidación paramilitar a finales de los noventa. El alto control del grupo no solo genera riesgos en términos de las limitaciones que pueden tener los reclamantes para exigir sus derechos fundamentales y la restitución de tierras, también se corre el riesgo de que las bajas cifras de violencia derivadas precisamente del fuerte control de un único actor armado se traduzcan en un diagnóstico equivocado por parte de los tomadores de decisiones que revisan la situación de vulnerabilidad de la región. En tanto el control armado no es perceptible por medio de los indicadores de violencia comúnmente utilizados para dar cuenta de la situación de seguridad en una determinada zona (índices de homicidios, desplazamientos, secuestros, atentados, entre otros similares), existe la posibilidad de que no se tomen las decisiones de política pública acordes con la situación.

En Urabá el miedo y el terror son uno de los principales instrumentos de ejercicio del poder de los grupos armados ilegales, los cuales, apelando a recuerdos de las formas de violencia ejercida en el pasado y diversos mecanismos de vigilancia y control, logran limitar las manifestaciones sociales, el lenguaje y la participación política de la sociedad civil en procesos democráticos. Durante el avance de los procesos de restitución de tierras surgen riesgos asociados a sus diferentes etapas y a su sostenibilidad en el tiempo.

El proceso de restitución de tierras, en sí mismo, genera riesgos para los reclamantes que se puedan ver beneficiados con esta política. Es decir que una vez la URT llega a las regiones con su oferta institucional, se presenta la oportunidad de iniciar los procesos de reclamación, pero también es el momento cuando los actores que se oponen al proceso de restitución reaccionan por vías de hecho y a través de actos violentos; en muchos casos, eludiendo los mecanismos legales de oposición que establece la ley de restitución de tierras.

Al hacer una reflexión prospectiva sobre los factores que podrían incrementar o contrarrestar los riesgos para los reclamantes en San Pedro de Urabá y Arboletes en el momento cuando se den por iniciados procesos formales de restitución de tierras se encuentra que: Primero, se prevé que la ausencia de instituciones del Gobierno que desempeñan funciones claves en el apoyo y acompañamiento a los reclamantes durante los procesos de restitución incrementa los riesgos para esta población. El hecho de que en estos municipios no existan funcionarios permanentes de la UARIV y la URT tiene como consecuencia que las entidades no conozcan en profundidad las condiciones de estos municipios –en materia de seguridad, uso y propiedad del suelo y del territorio, etc.- y que no se les haga un seguimiento cercano y constante a los reclamantes y al proceso de restitución. Adicionalmente, se identifica como factor de riesgo para la población reclamante de estos dos municipios la falta de voluntad política de funcionarios y políticos locales y regionales de promover y brindar apoyo a los procesos de restitución y a la población reclamante. Es evidente el desinterés de los funcionarios en este tipo de procesos, sospecha de que las entidades (alcaldías, fuerza pública, UARIV, personerías) son presionadas por los grupos pos desmovilización y de que persisten alianzas entre despojadores, funcionarios públicos y grandes propietarios de la región para impedir la restitución y mantener la estructura actual del uso del territorio. En este contexto, más que la falta de instituciones, lo que determina el riesgo es que los objetivos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no son coherentes con la labor que ejercen los representantes del Estado a nivel local y regional. En contraste, la experiencia de procesos de restitución de tierras en desarrollo ha demostrado que las organizaciones sociales involucradas representan un importante factor de protección para los reclamantes. Este tipo de organizaciones cumple un papel fundamental en la intermediación entre los reclamantes y las instituciones, pero también en la visibilización de los procesos de restitución en curso y la violencia que se ejerce sobre los líderes, logrando ejercer presión sobre las instituciones para el avance efectivo de los procesos y la adopción de medidas de protección en favor de los reclamantes.

Si bien son casos de gran alcance por la extensión de los predios, su historia y el número de víctimas reportadas, existe todavía un bajo nivel de información y diagnóstico sobre (i) predios ubicados en zonas altamente controladas hasta hoy por grupos armados como Arboletes y San Pedro de Urabá y (ii) despojadores y/o testaferros de los otrora grupos paramilitares y de los actuales grupos pos desmovilización, que son propietarios o hacen uso de predios ubicados en la zona objeto de estudio, y actúan como autores intelectuales y/ materiales de las amenazas y hechos violentos contra la población reclamante.

La configuración del escenario de riesgo para población y líderes reclamantes de tierras en los municipios estudiados está atada a tres variables interrelacionadas: (i) se mantienen hasta hoy la lógica y modalidades del despojo que determinaron una situación específica de propiedad y uso del territorio por parte de actores armados y no armados; (ii) el fuerte control ejercido por Los Urabeños en municipios como Arboletes, San Pedro y Valencia, y las fallas institucionales de esas zonas, constituyen un factor de riesgo para cualquier tipo de población residente en estos municipios, lo que incluye a la población reclamante y a sus líderes —dicha presencia, aunada a la permanencia de aparentes despojadores, testaferros o propietarios de mala fe, explican en buena medida las dificultades de implementación de la restitución e incluso la abstención de algunas comunidades en cuanto a reclamar o a seguir adelante con el proceso de restitución—; y (iii) el avance mismo del proceso de restitución puede generar nuevos riesgos sin el adecuado apoyo institucional, teniendo en cuenta la significativa presencia de los grupos pos desmovilización, los cuales pueden generarse desde el momento del registro de la reclamación hasta el proceso de retorno al predio despojado. La presencia de organizaciones internacionales, sociales y de víctimas permite visibilizar la agenda de la justicia transicional, de las víctimas y de la restitución de tierras, y atemperar los niveles de riesgo de la población reclamante de tierras por cuanto le da reconocimiento a esta población y a sus casos. Aun así, lograr el apoyo constante de los gobiernos locales frente a las iniciativas desplegadas sigue siendo uno de los retos por superar en esta materia.

La política de restitución de tierras enfrenta en los municipios seleccionados dos grandes dilemas, que definen la situación de riesgo de la población reclamante: (i) iniciar el proceso de restitución –micro focalización- en zonas de alto despojo o alto control de los grupos pos desmovilización sin generar riesgos adicionales para las poblaciones residentes, y (ii) garantizar el avance efectivo del proceso de restitución y su sostenibilidad en zonas institucionalmente débiles o vulnerables y con alta incidencia de actores armados o con intereses vigentes sobre determinados predios. La definición del riesgo presenta variaciones de acuerdo con el caso y perfil de la víctima, así como con el tipo de actor y el interés que tiene sobre el territorio, por lo que la utilidad de los indicadores podría ampliarse al tomar como unidad de análisis el nivel de corregimiento, veredal o predial y profundizar sobre la fuente de amenaza en cada caso en particular.

Profundizar en la comprensión del uso del territorio, despojo de tierras, actores armados o con intereses en los predios y violencia a nivel de corregimientos y veredas permite identificar las dinámicas particulares de cada una de las zonas más afectadas, los riesgos puntuales y tomar medidas específicas para prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos de los reclamantes en escenarios de restitución de tierras. Es importante comprometer los esfuerzos institucionales en el diagnóstico y micro focalización de los corregimientos más afectados del norte de Urabá, tales como La Trinidad, El Guadual, Buenos Aires y la cabecera municipal de Arboletes así como El Tomate y Santa Catalina en San Pedro de Urabá.

La reclamación de tierras no ha dado un solo paso después de la manifestación de Necoclí en el 2013. Nada se ha hecho, dicen los dirigentes agrarios de Tierra y Vida, porque nada se puede hacer. Si se desmovilizaron 5.000 hombres en 2006, hoy hay 10.000. El reclutamiento no ha cesado, aunque las unidades militares no anden uniformadas ni con armas largas. El control se ejerce con los mototaxistas, que son verdaderas milicias paramilitares. Las autoridades militares y civiles identifican los mandos, pero ninguna toma medidas para someterlas. El padrinazgo político e institucional es más fuerte que cualquier funcionario oficial que decida cumplir sus obligaciones legales. El paramilitarismo sigue controlando la región. Se les conoce como ‘Los Urabeños’, pero no se conocen ni siquiera los alias de los mandos. Algunos hombres están uniformados y armados con fusiles; otros, la mayoría, son informantes o colaboradores. Hay tres ramas: la militar, que usa armas largas y cortas; la política, que controla las votaciones y luego a los funcionarios elegidos, y la social, encargada de obras para la comunidad a través de las juntas de acción comunal, comités de deportes y otras agrupaciones cívicas. El reclutamiento de jóvenes se hace por medio de estos organismos y de uno nuevo: préstamos para pagar los estudios.

Hoy, el neoparamilitarismo de los urabeños está dedicado al narcotráfico y a cuidar las tierras adquiridas por sus patronos, que en su mayoría están arrendadas a empresas cuyos verdaderos propietarios son socios. En las haciendas sólo se encuentran mayordomos y encargados que nada saben de los dueños.

Hay haciendas como la 33, la 37, El Carmelo, El Volcancito, Las Tulapas, todas hechas con parcelas arrebatadas a colonos donde se han instalado empresas ganaderas y madereras, dedicadas al cultivo en gran escala de caucho. En su conjunto pueden sumar más de 70.000 hectáreas.

¿Cómo se puede reclamar, a quién, en dónde, si las normas que defienden a las víctimas son prácticamente clandestinas? El Gobierno ha dispuesto un programa de microfocalización que consiste en un diagnóstico realizado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía para determinar si hay condiciones para adelantar un registro de reclamantes y proceder a la restitución. Pues bien, en Turbo se han hecho sólo dos diagnósticos veredales, habiendo 225 veredas, y la conclusión de las autoridades competentes es que no hay condiciones de orden público para adelantar el proceso. Sin embargo, si se les pregunta en sus comandos cuál es la situación de orden público, responden sin vacilar: “Parte sin novedad”.

El genocidio de la Unión Patriótica en Urabá

De acuerdo con el fallo en el que se documentan los crímenes cometidos por alias ‘HH’ en la región del Urabá,  las acciones en contra de miembros, simpatizantes y representantes políticos de la Unión Patriótica fueron sistemáticos y generalizados desde finales de los años 80, y la fiscalía confirmó la participación y colaboración activa de miembros de la fuerza pública.

Pero no solo los miembros de este movimiento político se convirtieron en el principal objetivo del paramilitarismo. De acuerdo con el fallo de la Sala de Justicia y Paz, la persecución se orientó también a organizaciones sindicales de la región de Urabá.

De los 88 crímenes que fueron investigados por la fiscalía 17 de Justicia y Paz en el caso de ‘HH’,  ocho hechos tienen como víctimas a miembros de la UP y 22 a sindicalistas bananeros de Urabá.

Con la llegada de la UP a la región de Urabá, una zona con presencia histórica de guerrillas como el EPL, el ELN y las FARC, los movimientos sociales se fortalecieron, así como los sindicatos, muchos de ellos impulsados por las nuevas fuerzas políticas fruto de las negociaciones del gobierno de turno y la guerrillas, lo cual generó reacciones violentas de grupos de extrema derecha anticomunistas contra los movimientos sociales, políticos y sindicales.

En este contexto, las principales víctimas fueron los miembros de la UP, que amenazaron con afectar los intereses políticos y económicos de actores legales e ilegales. Los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica tuvieron la intención de eliminar a sus miembros y simpatizantes por medio de una violencia sistemática que resulto de la coordinación de miembros del Ejército y grupos paramilitares, a través del llamado “plan golpe de gracia”.

Luego de analizar los ocho crímenes cometidos por Helbert Veloza en contra de miembros de la Unión Patriótica, la magistratura de Justicia y Paz calificó por primera vez al exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político.

Los miembros de la UP asesinados por alias ‘HH’ fueron Vidal Devia Ramírez, Luis Eduardo Cubides Vanegas, Humberto Pacheco Castillo, Julio César Serna, Arturo Moreno López, Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David, Melquisedec Rentería Machado, Edilberto Cuadrado Llorente,  Wilton Antonio Garcés Montaño y Alejandro Valoyes Mena.

El caso del Concejal de la UP Marceliano Medellín Narváez.

El Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar la demanda de reparación directa que interpuso la familia del exconcejal de la Unión Patriótica (UP) Marceliano Medellín Narváez, quien fue asesinado hace 20 años, cuando se desplazaba por la vía que de Apartadó conduce a Chigorodó, en el Urabá antioqueño.

La Sección Tercera del alto tribunal determinó que este homicidio y el desplazamiento forzado de sus familiares, aparentemente atribuible a grupos paramilitares, podría constituir un delito de lesa humanidad, lo que obliga a la jurisdicción contencioso administrativa a admitir la demanda, pese a haberse cumplido ampliamente los plazos regulares que tenía la familia de la víctima para reclamar el derecho a ser resarcidos.

Marceliano Medellín Narváez había sido elegido concejal de Chigorodó por la UP para los períodos 1992 – 1994 y 1994 – 1996, pero se vio obligado a renunciar a su curul, dicen sus familiares, por haber recibido amenazas contra su vida.

Poco después de su salida obligada del cabildo municipal, el dirigente fue sorprendido por motorizados armados que lo asesinaron a él y a su acompañante cuando viajaba en un vehículo por la carretera que de Apartadó lleva a Chigorodó.

En Urabá, cientos de militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados bajo el llamado “Plan Retorno” (1993), elaborado por el Ejército Nacional, cuyo propósito era “pacificar” la región. En Urabá, quienes no perecieron en los atentados, fueron detenidos y acusados de haber perpetrado la masacre de La Chinita, en la que 36 personas fueron asesinadas, luego de ser acusadas de pertenecer o simpatizar al desmovilizado grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación. Varios alcaldes y 20 sindicalistas y miembros de la UP fueron detenidos y sentenciados por “jueces sin rostro” a penas de 40 años de prisión como responsables de ese crimen. Durante esta misma fase se incrementaron considerablemente las cifras de las poblaciones desplazadas en zonas de influencia de la UP. Adicionalmente, aumentó el número de personas y familias exiliadas.

El total de las condenas por el caso de la Chinita totalizó 1.008 años de prisión, entre los condenados se encontraba una mujer de 65 años de edad. Si bien los alcaldes acusados fueron absueltos en la investigación disciplinaria del Ministerio Público, uno de ellos, Nelson Campos, continuó por años en la cárcel. Uno de los absueltos, Albeiro Bustamante, regresó a la región y fue asesinado; las demás personas absueltas se encuentran desplazadas o en el exilio por temor a ser asesinadas; un matrimonio condenado decidió suicidarse en las celdas del Complejo Penitenciario La Picota, en Bogotá. En junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del proceso y concedió la libertad a quienes quedaban en prisión.

La persecución a los sindicalistas

Las otras víctimas del conflicto en la región bananera de Urabá fueron las organizaciones sindicales que también eran señaladas sistemáticamente como guerrilleros o simpatizantes de la subversión.  En general, las violaciones a los derechos humanos, y, en especial, la violencia antisindical en Urabá, reiniciaron en 1985; por ejemplo, la sede de SINTRAINAGRO (sindicato bananero) fue bombardeada y comenzó el asesinato sistemático a sindicalistas.

En el caso del Bloque Bananero que era comandado por alias ‘HH’, los sindicatos SINTRAINAGRO y SINTRABANANO fueron las principales víctimas. En la mayoría de los 20 hechos documentados y probados por la fiscalía el motivo de los homicidios era la actividad sindical de las víctimas.

Los sindicalistas asesinados en la región de Urabá por los paramilitares de ‘HH’ fueron Ernesto Enrique Romero Hernández, Rudolf Reinaldo Martin Paffen Durier, Severo Mosquera Angulo, Osvaldo Vergara Gómez,  María Dolores Romero Perea,  Gustavo Vargas Usuga, Rosmira del Socorro Guisao Castro, Iber Modesto Rojas Moreno, Elías García Díaz, Dairo Pérez Negrete, Ángel Humberto Zabala Bejarano, Rogelio Mosquera Palacios,  Arcesio Gallego Lozano , Misael Antonio Moreno Córdoba,  Luís Antonio Espitia González, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Jairo Alberto López Manco, Luís Álvaro David Oliveros, Elkin de Jesús Escobar López y Gustavo Alberto Gutiérrez López.

Por demostrar que en el caso de los sindicalistas como en el de los miembros de la UP, existió una persecución sistemática y generalizada, la Justicia ha dicho que los dos casos constituyen delitos de lesa humanidad que no pueden juzgarse como homicidios aislados sino como parte de una política del paramilitarismo,  con respaldado por miembros de la fuerza pública.

La Comunidad de paz

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un colectivo campesino constituido el 23 de marzo de 1997 por cerca de 500 campesinos de 17 veredas, quienes decidieron organizarse para hacerle frente al conflicto armado declarándose neutrales ante la presencia de cualquier grupo armado, legal o ilegal, que hiciera presencia en sus territorios.

La Comunidad de paz ha sido un referente de las luchas agrarias de Urabá razón por la cual ha sido objeto de persecuciones de los paramilitares y los militares que han desplegado acciones siniestras contra sus integrantes.

Construir la memoria histórica de las víctimas en Urabá

Un asunto que está pendiente en el territorio de Urabá es el de la recuperación de la memoria histórica de lo sucedido. Recaen la JEP determino el caso 04 para Urabá y Choco con el fin de implementar allí los procesos de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Más de 50 mil integrantes de los Consejos Comunitarios del Medio y Bajo Atrato han sido acreditados como testigos de los crímenes cometidos en la región.

Construir la Memoria histórica de lo que ha sido la violencia y el despojo en Urabá es un camino que se debe estructurar y recorrer. En Colombia se han dado algunos avances en ese sentido en Bogotá, Medellín, Meta y Oriente antioqueño. En ese sentido queremos aportar en este documento unas reflexiones iniciales sobre esta dimensión socio política en la formación de una subjetividad protagónica del Urabá en la articulación del pasado con las luchas por la recuperación de los derechos sociales de la población y las víctimas.

El concepto de memoria. Memoria, memoria colectiva y memoria histórica.

Para todos los que estamos relacionados con los estudios de memoria, siempre ha sido complicado hacer definiciones precisas sobre algunos términos que se han entendido simplemente como sinónimos, a saber, memoria, memoria colectiva y memoria histórica. El problema de la memoria empezó a ser prioritario para las ciencias sociales desde la publicación de Materia y Memoria del filósofo francés Henry Bergson en 1896. Este texto, buscó analizar la relación entre cuerpo y mente, poniendo especial énfasis en el papel del cerebro.

Los trabajos de Halbwachs, de inicios del siglo XX fueron una de las primeras respuestas que se pretendieron dar a este tipo de inquietudes desde la sociología. La historiografía solo abordaría el concepto de memoria en la tercera generación de Annales (1977-1978), con los trabajos de Pierre Nora y Jacques Le Golf.

Fue con Halbwachs que la memoria empezó a considerarse una construcción social, objetando las visiones que la reducían al mero plano individual y dando a luz el concepto de memoria colectiva.

Este concepto surgió como una propuesta más elaborada de lo que ya había planteado Durkheim al respecto. Durkheim afirmaba que más allá de la facultad individual de recordar, la memoria era un problema “vinculado también con la existencia de afectaciones a nivel colectivo de determinados acontecimientos relevantes socialmente”, idea que al criterio de muchos denotó una conciencia por encima de los individuos. Esta posición recibió fuertes críticas hasta que Halbwachs la complementó. El aporte de Halbwachs consistió básicamente en reconocer que la memoria rebasaba la individualidad, pero no negaba por ello la intersubjetividad. Para Halbwachs, aunque los individuos son los que recuerdan, la memoria es producida en marcos sociales (espacio, tiempo, lenguaje, familia, religión, entre otros) que hacen que los individuos no recuerden solos sino en relación con los otros.

Esa interacción que se presenta en grupos con alguna vinculación a determinados acontecimientos, fue lo que se denominó memoria colectiva: los individuos no pueden recordar sin apelar a los contextos en los que están inscritos, y además lo hacen a partir de la estructura de los códigos culturales que comparten con otros.

Así, el asunto problemático de la memoria colectiva en Halbwachs, no era la memoria en sí, sino los marcos sociales en que dicha memoria se producía, pues éstos representarían una preocupación esencial del poder” y no un simple lujo simbólico.

En la década de 1980, con las conmemoraciones del genocidio nazi, la vuelta a la democracia en España y el derrocamiento de las dictaduras militares en América Latina, el asunto de la memoria se asumió como un ejercicio político y jurídico. Esto determinó en gran parte unas políticas de memoria que, por lo general, basaron su contenido en la dimensión trágica de la vida sociopolítica. No obstante, este matiz político que adquirió la memoria no significó la mera evocación del pasado, ni estuvo motivado solamente por los efectos del trauma. Tales rememoraciones implicaron darle un sentido (inteligibilidad) a lo que había pasado, con miras de construir futuro, y esto necesariamente relacionado con intereses y relaciones del presente, es decir, con interacciones sociales como interacciones de poder. A partir de esta nueva situación, emergió entonces la expresión batallas por la memoria, que puso en cuestión el concepto de memoria colectiva, toda vez que éste sugería una memoria compartida con cierto nivel de vinculación, una especie de comunidad entre acontecimientos y grupos sociales. Los nuevos movimientos sociales por la memoria, se preguntaron entonces cómo la memoria colectiva podía vincular a toda la sociedad con realidades complejas como las violencias sociopolíticas, los conflictos armados o las prácticas de sometimiento y violaciones de derechos fundamentales, pues al interior de la misma cohabitaban víctimas (o afectados), personas que habían salido indemnes y propiciadores o victimarios. Las preguntas que hay que plantear son las siguientes ¿quiénes están dentro del grupo donde se construye la memoria colectiva y qué posición deben asumir los que están ‘fuera’?

Este debate contó con otro factor: el advenimiento del concepto de víctima. La promoción progresiva de la víctima empezó a darse en su rol de testigo (es decir, como portadora de memoria y sobreviviente) en los procesos judiciales contra el fascismo y el nazismo por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Europa. En América Latina tal promoción tuvo su aparición tras la brutalidad que encarnó el terrorismo de Estado. En estas latitudes las situaciones de horror, en donde la desinformación y la pérdida de evidencias tenían su cuota, dejaron a las víctimas sin más certezas que su experiencia reciente y sin otro recurso a la mano que su memoria. Desde los estudios de memoria, entonces, también comenzó a privilegiarse al sujeto que tuvo una experiencia directa con los acontecimientos que eran objeto de recordación. Esto generó un problema que se ha caracterizado como la propiedad intransferible e incompartible de la memoria, es decir, la vinculación de los conceptos víctima y memoria sentó la falsa premisa de que la memoria de ciertos acontecimientos sólo podía pertenecer a quiénes la habían vivido personal y corporalmente, y sólo ellos podían comprender lo sucedido. Para resolver estas cuestiones apareció entonces el concepto de memoria histórica: memoria prestada de los acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado personalmente, y a la que llega por documentos de diverso tipo. Esta nueva concepción permitió vincular víctimas y sociedad en general y con ello, tratar el problema de la memoria y de las políticas de memoria como un problema social que implica a todos y no solamente a los directamente afectados. Ahora bien, la justificación de esta vinculación estribó en el presupuesto de que lo que supuestamente en el presente nos preocupa a todos como sociedad, depende para su solución de cómo se comprendan socialmente los acontecimientos que lo originaron en el pasado. Situaciones de violencia política y conflicto, por ejemplo, donde las sociedades se reestructuran y reorganizan, rebasarían las consideraciones de las meras víctimas y requerirían para su salida el concurso de toda la sociedad.

Bajo esta interpretación, la memoria histórica se ha entendido entonces como un relato generalizado que da sentido y que procura con ello una suerte de conciliación, en la que principalmente afectados (víctimas) y no afectados (sociedad en general), se vinculan de alguna manera para superar los problemas sociales que atañen a todos. Esta posibilidad de la memoria histórica ha sido la reivindicación más importante, pues si se acepta la premisa de que la historia la hacen los vencedores, es decir, que hay un despojo de capacidad de articulación histórica en las víctimas, dicha memoria histórica emerge, entonces, como recuperación de la capacidad de articulación, de comprensión, de enfrentamiento del miedo, y demás efectos buscados con el sometimiento. No obstante, la concreción del objetivo de la memoria histórica solo puede realizarse mediante la transmisión de una narrativa de carácter general que le dé sentido a un período, no mediante una verdad detallada.

De este modo, el relato en la memoria histórica más que fijarse en el rigor histórico, debe poner su atención en el aprendizaje que de ella saquen los miembros del grupo social en los que se extiende la transmisión narrativa. Cuando este relato se ha aceptado ampliamente en la sociedad, constituyéndose en verdad hegemónica, tal relato se convierte en una memoria emblemática la cual fundamenta en mayor medida las políticas oficiales de la memoria, y determina en gran medida el conjunto de las iniciativas que existen en cada contexto al respecto, constituyéndose en núcleo de un régimen de comprensión del pasado, desde el presente. El problema de un relato que ha sido socialmente aceptado como memoria emblemática es el siguiente: ¿cómo se destacan determinados aspectos de lo ocurrido; cómo se les concibe como superados o vigentes; y cómo se atribuyen responsabilidades y se rescatan valores? No cabe duda que estas elaboraciones de la memoria son producto de las relaciones de poder, no solo entre las distintas fuerzas que dominan el espectro político de las sociedades, sino también entre éstas y sectores con menos incidencia. De ahí que las narrativas hegemónicas también obedecen a la integración de sentidos sobre el pasado producidos por actores que, al calor de sus luchas contra las ideas dominantes, logran elaborar e imponer sus propios marcos interpretativos.

Nunca un régimen de memoria logra uniformizar la evocación del pasado, o evitar que circulen interpretaciones diferentes u opuestas a sus postulados. Estos conflictos no invalidan, sino que incluso, cuando no rebasan ciertos marcos, contribuyen a su reproducción en el tiempo. Justamente la propiedad distintiva de un régimen de memoria radica en que sus proposiciones organizan el debate público, se convierten en objeto privilegiado de las luchas por dotar de sentido el pasado, y moldean, e incluso delimitan, las interpretaciones divergentes.

Así, los relatos hegemónicos no solo son una imposición desde arriba, sino también una integración desde abajo; esto es lógico toda vez que estos aparatos hegemónicos de la memoria necesitan contar con cierta legitimación de las masas, legitimación que, entre otras cosas, facilita la misma dominación. Las posibilidades de las víctimas y de la sociedad-víctima ante los escenarios de la memoria emblemática, son la interpelación a las narrativas hegemónicas, incidiendo con ello en el debate de las políticas de memoria, no solo contraponiendo versiones de lo ocurrido, sino también cuestionando las funciones del relato con respecto a las opciones que éste legitima para resolver los problemas del presente.

De lo que se trata es que la memoria histórica colectiva contribuya a construir conciencia autónoma frente a los relatos de los grupos dominantes en la sociedad. En ese sentido la memoria razonada es un importante elemento de trabajo.