En el contexto de un escandaloso caso de corrupción por la compra de 170 respiradores con sobreprecios a la empresa española GPA Innova, a través de la intermediaria IME Consulting, la viceministra Eidy Roca asumió la cartera de Salud boliviana, en sustitución del detenido exministro Marcelo Navajas

Es la tercera vez que la presidenta de facto Jeanine Áñez cambia de ministro de Salud en seis meses de gobierno. Navajas, que al momento de asumir en sus funciones tenía en su haber una condena de la justicia por estafa por la venta con sobreprecio de medicamentos contra el cáncer, fue médico de la embajada de Estados Unidos en La Paz.

El ministerio público investiga la compra en 28 mil dólares por cada respirador cuando Pau Sarsanedas, el director de la empresa fabricante GPA. Innova, confirmó que su valor era de 7.000 dólares. O sea, se pagó un sobreprecio de más de 20 mil dólares por cada unidad, por lo que el sobreprecio total de la compra asciende a 3.500.000 millones de dólares en perjuicio del Estado.

El gobierno de facto no le pagó a la empresa fabricante de respiradores GPA. Innova, sino a un intermediario del que se desconoce cuánto cobró del Estado boliviano por los respiradores. Fuentes de la empresa fabricante sostuvieron que solo “vendió los respiradores a un exportador a precio básico” y que desconoce el precio final de venta del exportador”.

La red de corrupción salpica a gente del entorno de Añez y a diversos funcionarios de primera línea del gobierno de facto, entre ellos a Navajas, al director de la Agencia en Infraestructura en Salud y Equipamiento médico AISEN. Giovanni Pacheco, al embajador de ciencia y tecnología Mohammed Mostajo, al cónsul general en Barcelona Alberto Pareja Lozada, a la canciller Karen Longaric, quienes estarían implicados en un negociado millonario y ruin a costa de la salud del pueblo boliviano.

Existen documentos oficiales, videos y testimonios de los mismos implicados que los comprometen -y se viralizaron en redes sociales-, que revelan que los implicados tenían conocimiento de los contratos, costos y calidad de los equipos, y que, además, participaron en las negociaciones y los traslados.

Áñez sostuvo en Twitter: “Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de la corrupción debe ser de vuelto al Estado”. Y sostuvo que no se pagaría el 50% del valor que se adeuda por la compra.

La abogada del exministro Navajas, Rosario Canedo, denunció su detención por las fuerza especial de lucha contra el crimen (FELC): “Es una infamia, violación y supresión flagrante a sus derechos y garantías constitucionales y derechos humanos. ¿Estamos viviendo en un estado de derecho o estamos viviendo en una dictadura y en un gobierno totalitario donde no se respetan los derechos humanos?”, señaló.

Por el caso, se encuentra detenido extrañamente el asesor jurídico del ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, tres funcionarios de AISEN, incluyendo a su director Giovanni Pacheco. Por otro lado, también están detenidos dos consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió y respaldó la compra.

Desde el ministerio público sostuvieron que: “además, se investigará la participación de los servidores públicos bolivianos del exterior, vía Cancillería. Existe participación de empresas intermediarias, diversos proveedores que se presentaron, vamos a solicitar informe al BID”.

Sin respiradores en plena pandemia

El perjuicio al Estado boliviano no solo es económico, sino que lo más grave es que el 22 de mayo se cumplieron dos meses de la cuarentena y en el país no hay suficientes respiradores mecánicos. Los que se compraron no son aptos para pacientes con Covid-19.

El 14 de mayo, luego de varias promesas, finalmente llegaron al país 170 respiradores de los 500 prometidos. El 15 de mayo la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva descartó la utilización de éstos en las unidades de terapias intensivas porque que no son aptos para pacientes con Covid-19.

Especificaron que los respiradores comprados son de reanimación de asistencia en emergencia Mambú, para mantener a un paciente unas horas mientras es trasladado a una sala de terapia intensiva. Lo que se necesitan son respiradores mecánicos para terapias intensivas para asistir a pacientes graves que necesitan ventilación asistida porque no pueden respirar por sí mismos.

El 15 de mayo el ex ministro Navajas admitió en UNITEL que los respiradores eran reanimadores de emergencia y no convencionales. Estaba al tanto de la calidad de los mismos y de que no cumplían con los requisitos técnicos especificados por la Organización Mundial de la Salud.

Autoridades judiciales señalan que se cuenta con pruebas contundentes de que desde el ministerio de Salud estaban al tanto de otras ofertas de menor costo por los mismos respiradores, y fueron descartadas. A su vez, Navajas trasladó los respiradores por la aerolínea de bandera BoA cuando esa gestión se podría haber obviado porque estaba incluida en otras ofertas a menor valor.

Para ellos resulta incomprensible la participación de intermediarios cuando se pudo haber realizado la compra directamente con el fabricante.

El 19 de mayo Rodolfo Vega, gerente de Cosin, una importadora local de e médicos confirmó que el 25 de abril le envió un presupuesto al ex ministro de salud Navajas para la provisión de 178 respiradores modelo Respira, por el precio de 12.500 mil dólares, en cuyo presupuesto se incluía transporte, pago de impuestos, garantía, soporte técnico, capacitación con entrega a 15 días.

La importadora local ofreció traer al país los mismos equipos por un menor valor. No se obtuvo respuesta a la oferta. Por otro lado, AISEN. pidió una cotización a Cosin, que fue entregada los primeros días de mayo a su director Giovanni Pacheco, de quién tampoco recibió respuesta.

El ingeniero Fabián Díaz, desarrollador del respirador Mambú, confirmo que el país fabrica equipos de similares características y de mucho menor costo. Relató que las autoridades del ministerio de Salud los descartaron argumentando que los mismos no servían para terapia intensiva. Cuentan con dos modelos, su versión compleja saldría 6.800 bolivianos equivalente a menos de 1.000 dólares y en su versión estándar un costo de 3.500 bolivianos equivalente a 500 dólares.

La pandemia avanza

Hasta el 22 de mayo Bolivia registró 5.187 contagios por covid-19 y 215 muertos. El sistema sanitario de Santa Cruz y Beni está al borde del colapso y allí se concentran el 80% de los casos. Se prometieron 450 mil reactivos que aún no llegan al país. Los 500 respiradores que prometió el primer ministro de salud de la dictadura, Aníbal Ortiz, y que Marcelo Navajas retomó recién el 14 de mayo ,llegaron, pero no sirven para pacientes Covid-19.

Faltan especialistas, principalmente intensivistas en el país y los médicos reclaman capacitaciones, contratación de nuevo personal, insumos y equipos de bioseguridad. La promesa es una política sanitaria del gobierno de facto para ganar tiempo para desarrollar la campaña proselitista de Áñez, que busca su elección presidencial.

La dictadura condena a la muerte a los adultos mayores y con enfermedades de base, que son los que tienen mayor necesidad de asistencia mecánica para respirar. Estos hechos atentan contra la salud pública y se constituye en un genocidio hacia el pueblo boliviano.

Los lazos de poder y encubrimiento comprometen a Áñez y a su familia

-Mohammed Mostajo, es el novio de la hija de Áñez y actual presidente del “comité científico” que por decreto asesora y define las acciones del plan contra el Covid-19, incluida la compra de insumos y equipos. Es miembro de Unidad Nacional, partido fundado por Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente por “Alianza Juntos”, acompañando la fórmula de Áñez.

El 5 de abril en una entrevista explicó detalladamente el proceso de compra de los respiradores, que en Red Uno negó conocer. Recomendó la compra de los respiradores, tenía conocimiento de sus características y del precio. Su primo hermano Eduardo Claros Mostajo es el transportador oficial de todos los insumos y equipos para el Covid-19 que se distribuyen dentro de Bolivia.

El diputado Montenegro quiso denunciarlo por este hecho, pero la fiscalía no quiso recibir la denuncia. Acordó con Pacheco, director de AISEN, la compra de los respiradores.

-Giovanni Pacheco es director de AISEN, la empresa que revisó los equipos, precio, contrato y realizó la compra con la autorización del ministro de Salud. Es miembro de Unidad Nacional, hombre de confianza de Samuel Doria Medina. Gerente de SOBOCE-Tarija y de la empresa de ASEO con Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto.

-El cónsul general de Barcelona Alberto Pareja Lozada sería quien direccionó e influyó en la compra. Es hijo de Ruth Lozada candidata a diputada por la Alianza Juntos, partido de Áñez. Es mano derecha de Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y sobrino de Hugo Lozada, presidente de la Aduana.

Lozada presionó en la compra con la empresa intermediaria IME Consulting. En un documento oficial con fecha de 11 de mayo- viralizado en redes-, que envió a la canciller Longaric pone en sobreaviso de que la compra escandalosa estaba en peligro, debido a la aparición de una oferta por los mismos respiradores al 50% del valor que advirtió Fernando Valenzuela, asesor jurídico del ministerio de salud.

Verónica Zapata

Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/05/22/el-ministro-de-salud-de-bolivia-detenido-por-lucrar-con-la-pandemia/