Colombia: La ceguera oficial ante la violencia contra personas defensoras de DDHH
- Opinión
“La Ceguera”, así titulamos desde el espacio del Programa Somos Defensores, el Informe que hace un balance general de la situación de personas defensoras de Derechos Humanos –PDDH- en Colombia, durante el 2019. Y no podía ser otro el nombre, pues ha sido el negacionismo, la miopía y el oscurantismo, la característica del gobierno de Iván Duque ante la problemática. Entre tanto, la sociedad, la comunidad internacional y los medios de información se movilizaron exigiendo garantías para la vida y labor de líderes y lideresas sociales, y las instituciones del Estado oscilaron entre buenas intenciones, pero pobres resultados para la magnitud de la situación.
El Informe, como es costumbre, dedica un aparte importante, al análisis de las lamentables cifras, pero centra su atención en el equivocado manejo dado por gobierno nacional al fenómeno de agresión contra estas personas. Desde el inicio, la actual administración generó una alta expectativa, por demás, populista, para enfrentar dicha violencia. Propuso la construcción de una política pública para su protección, como si en el país no existiera ningún lineamiento en ese sentido; sin embargo, al cabo de un año, no pasó ni lo uno ni lo otro, ni creó la política y la cifra de agresiones se mantuvo in crescendo.
De acuerdo con el seguimiento del Programa Somos Defensores, el año pasado, se cometieron, al menos 844 agresiones, de las cuales 124 fueron asesinatos, 52 atentados, 628 amenazas, 29 detenciones, 3 desapariciones forzadas, 7 robos de información sensible y judicialización. Estas cifras ubican al 2019 como el año con mayor número de ataques contra PDDH en la última década -2009 a 2019. Y estamos hablando de un decenio marcado por una violencia sistemática contra estas personas, como lo muestran la contundencia de las cifras: 811 asesinatos (con priorización en las investigaciones judiciales a partir de 2016), 391 atentados, 3585 amenazas (sin ningún resultado de investigaciones por parte de la Fiscalía General), 204 detenciones, 25 desapariciones forzadas, 67 judicializaciones, 49 casos de robos de información sensible y 2 de violencia sexual.
Pero bien, con este desalentador panorama y los niveles de presión política, mediática e internacional, se suponía que el gobierno que asumiera en el post acuerdo de paz, haría todo y más por detener la violencia contra líderes sociales. Sin embargo, no fue así, y, por el contrario, con su actitud y enfoque, contribuyó al agravamiento del problema. Un primer elemento analizado fue la puesta del problema en primera línea por parte del gobierno, para ser atendido, ante lo cual, firmó un “Pacto por la Vida” el 23 de agosto de 2018, 15 días después de su posesión. En él prometió, de manera instrumental, una política pública efectiva para atacar el fenómeno. No obstante, un año y ocho meses después, el pacto quedó en los titulares de prensa y la política en la intención de algunos funcionarios. Pero más grave aún, desconoció el marco de la política de garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales contenido en el Acuerdo de Paz.
De otra parte, puso al frente del Ministerio del Interior, cartera responsable de la política de DDHH, pueblos étnicos y sectores sociales, dos mujeres insensibles, incapaces de entender la política, lo cual es un sin sentido, dada la naturaleza de ese ministerio. Mujeres que miran con desprecio y de manera clasista a los liderazgos sociales, y en general a los sectores populares, quienes, desde su ignorancia y arrogancia, contribuyeron a estigmatizarlos y desestimar la magnitud del problema. Además de ello, encargaron prácticamente la atención del problema al Ministerio de Defensa. El resultado fue, la reducción de la situación, a tal punto la crítica situación de estas personas, que hoy, en medio del “virus de la violencia” la Ministra del Interior, ni siquiera mencionan el tema, y cuando se ve obligada a hacerlo, trata de hilvanar frases de cajón, reducir sustancialmente las cifras y mostrar una fingida preocupación. A todas luces, esta actitud no se compadece con la crítica situación, pues en los primeros tres meses del 2020, se logró confirmar y verificar al menos 47 casos de asesinato de líderes y lideresas sociales, sin incluir los acontecidos en el marco de la cuarentena, que como se ha denunciado con frecuencia, son bastantes.
Se suma a la miopía gubernamental, la pretendida realización de un Conpes para enfrentar el fenómeno de alta criminalidad, contra líderes y lideresas sociales. Esta tarea la pretendió sacar adelante con las plataformas de DDHH y otros sectores sociales, pero naufragó por muchas razones: una, el limitadísimo alcance de ese instrumento de la política, como un Conpes, que por su naturaleza misma –programas de política económica y social- de nada serviría para enfrentar la crudeza de la criminalización contra PDDH, pero sí le sería útil al gobierno para mostrar ante la comunidad internacional la construcción de una “política integral para la garantía de seguridad de estas personas”, haciendo evidente un abordaje instrumental de la situación. Dos, la imposición del gobierno en tiempos y contenidos para la elaboración del documento Conpes, que siempre estuvo lejos de ser consensuados. Tres, el tratamiento dual a la situación de violencia y crisis humanitaria en los territorios por parte del gobierno nacional, pues mientras hablaba de la “importancia” de los líderes y lideresas sociales, en la mesa de discusión de la política, en los territorios avanzaba con la militarización indiscriminada, la desprotección de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la erradicación forzada, la amenaza de fumigaciones, y para rematar, el bombardeando a menores de edad en el Caquetá. Así las cosas, acercándose el 21 de noviembre, fecha del Paro Nacional, con allanamientos y detenciones arbitrarias, la ruptura fue inevitable, por parte de la sociedad civil.
La lucidez
Contrasta con la ceguera gubernamental, la lucidez protagonizada por la ciudadanía, que desde las plataformas de paz, DDHH y sociales, pero también de artistas, académicos, estudiantes, movilizadores de opinión y medios de información, durante todo el año, como lo recoge el Informe, no cesaron de hacer campañas, movilizaciones y acciones diversas para exigir al gobierno, enfrentar de manera contundente la criminalización de líderes y lideresas sociales, y gritar que estas personas son seres humanos valiosos para sus comunidades y hay que protegerlos. En este capítulo de la lucidez también se valoró con gratitud el papel de la comunidad internacional, pues no ahorró esfuerzos para reconocer a las PDDH como seres valerosos, luchadores por la paz y dignos de toda protección por parte del Estado y gobierno nacional.
También se destaca la preocupación, monitoreo y observación de algunas instancias e instrumentos de Naciones Unidas, como el Informe del Relator Especial para PDDH, quien hizo un análisis de fondo sobre la situación en Colombia y entregó recomendaciones al gobierno y al Estado colombiano para la superación de la problemática. Sin embargo, este informe tuvo una reacción inusitada y agresiva por parte de los altos funcionarios gubernamentales, lo cual no se compadece con la situación. Similar reacción tuvo con el Informe 2019 de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en marzo de este año. Esto evidencia, una vez más, que mientras la sociedad y comunidad internacional ven la crudeza de la realidad, la administración central, se venda los ojos para desconocerla.
Entre la ceguera y la lucidez
Pero en medio de este panorama, el Informe “La Ceguera” también hace referencia al papel de tres instituciones del Estado que tienen responsabilidad para enfrentar la problemática, las cuales se mueven entre luces y sombras. Es el caso de la Procuraduría General que ha liderado una campaña para llamar la atención sobre la crítica situación de los líderes y lideresas, posicionado la importancia y valor de estas personas en una democracia, y condenado públicamente sus crímenes, pero que, como Ministerio Público, sigue en deuda en un asunto de fondo, cual es la investigación y disciplinamiento de los agentes del Estado, que por acción u omisión, entre ellos los militares, no garantizan la vida e integridad física de PDDH.
Así mismo, el papel de la Fiscalía General de la Nación, que viene mostrando resultados en las investigaciones por asesinatos de líderes y lideresas sociales, pero con una marcada manipulación mediática de los resultados, de acuerdo a sus conveniencias políticas, donde por ejemplo para salirle al paso a la presión mediática, muestran al ELN y Clan del Golfo como los mayores atacantes, pero la realidad de sus mismas cifras, muestran lo contrario. Se suma también a su déficit misional, la pobreza en el desmantelamiento del crimen organizado, lo cual no se compadece con el supuesto avance en el esclarecimiento en las investigaciones (58%).
Por último, el papel de la Defensoría del Pueblo, que sigue haciendo un esfuerzo en monitorear la situación de PDDH en todo el territorio nacional, sensibilizar sobre el valor e importancia de estas personas en las comunidades y lo más importante, la publicación de Alertas Tempranas para que el Estado en su conjunto actúe a tiempo para evitar las agresiones.
En fin, el Informe “La Ceguera” intenta una lectura lo más amplia posible sobre la situación de PDDH en el país, durante el 2019, que va más allá de las cifras, para enfatizar en la actuación de la institucionalidad y particularmente gubernamental, cuya conclusión podría ser, que mientras la criminalidad contra líderes y lideresas sociales crece exponencialmente, los altos funcionarios gubernamentales la niegan, minimizan y desconocen, con la pretensión de hacerla desaparecer de la agenda nacional, muy similar a lo que hacen los criminales, hacer desaparecer de la faz de la tierra a los líderes y lideresas sociales.
Diana Sánchez Lara, Directora de la Asociación MINGA. Coordinadora del Programa Somos Defensores
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