El domingo 31 de mayo se cumplen 50 años del gran terremoto que afectó al Perú y que vino del subsuelo, de 7.9 de magnitud en la escala de Richter, que arrojó 70,000 muertos, 20,000 desaparecidos y 140,000 heridos, 25 ciudades de la costa y la sierra devastadas, un aluvión de barro y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y consecuencias humanas, sociales, psicológicas y económicas que dejaron huella hasta el día de hoy.

Cinco décadas después, estamos siendo devastados por una pandemia mundial que vino de fuera en avión, se trasladó en combis hasta los barrios marginales de Lima, en buses o a pie hasta las principales regiones del país y en bote hacia las comunidades indígenas y nativas de la selva amazónica. La respuesta a estas dos hecatombes apocalípticas por parte de los gobiernos, de los políticos, de los dueños del Perú, de la sociedad civil organizada y de la cooperación internacional ha sido diferenciada.

En 1970 teníamos un gobierno militar revolucionario que buscaba el bienestar de la población con reformas en lo agrario, educativo, cultural, industrial, de relaciones internacionales y actuando centralizadamente con criterio, lógica, sentido común, transparencia, honradez y equidad. Preocupándose por los más pobres. Ahora tenemos un gobierno y un régimen político en crisis que actúa con criterio neoliberal minero-exportador a ultranza, con lógica de primero la economía que la vida, con sentido común individualista de “el que puede, puede”, con poca transparencia en la información que proporciona y ningún señalamiento sobre que la crisis del sistema de salud tiene responsables pasados y actuales, con casos indignantes de encubrimiento e impunidad de los corruptos y con una opción preferencial por las inversiones de los grupos más poderosos del país.

En 1970, la solidaridad de la población fue enorme, basada en criterios comunitarios y de reciprocidad de las organizaciones sociales y comunales que las medidas del gobierno militar alentaron. El gobierno de entonces recibió de inmediato la cooperación solidaria de Cuba, de otros países socialistas, de varios países europeos, pero incluso de los Estados Unidos y Canadá. En lo personal, con varias decenas de estudiantes de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica, así como las universidades públicas de San Marcos y La Molina, realizamos colectas de víveres, abrigo y dinero en Lima, financiamos transporte de ayuda básica hacia las zonas devastadas y estuvimos entre 2 y 3 meses trabajando en apoyo a las familias damnificadas.

El 31 de mayo también se cumplen 50 años de la inauguración del mundial México 70 con el partido entre las selecciones de México y la URSS. El 2 de junio el Perú jugaba su primer partido contra Bulgaria. Los jugadores peruanos llevaron un cintillo negro en memoria de las víctimas del terremoto. Recuerdo que durante el partido Perú-Bulgaria, yo estaba encima de un montón de frazadas solidarias, junto con un grupo de estudiantes, en el campo de fútbol de la Hacienda San Jacinto en Nepeña, valle del Río Santa, a 421 km de Lima, cerca de Chimbote en la costa. Esta hacienda que pertenecía a la familia Larco, un año antes había sido expropiada en el marco de la Reforma Agraria y entregada a los campesinos en cooperativa.

Perú iba perdiendo 2 a 1 en el primer tiempo, pero le volteamos el partido 3 a 2, algo inédito en un mundial. Nos dieron una alegría enorme en medio de la tristeza por la tragedia. Y continuamos repartiendo frazadas y alimentos en Nepeña, Chimbote y llenando camiones para ir rumbo a Huaraz y Yungay en la sierra del Callejón de Huaylas. En mi caso fueron casi dos meses inolvidables al lado de las comunidades afectadas en la Cordillera Negra, frente al Huascarán y el Huandoy. Recuerdos importantes que nos dejaron huella ya que la gran mayoría de las chicas y chicos que fuimos a esas zonas, retornamos con mucho entusiasmo para cambiar nuestro país. Cincuenta años después, aún estamos en ello.

El coronavirus es sólo uno de los tres virus que nos acosan, nos enferman y nos matan. El otro virus es el neoliberalismo que desde hace más de 40 años también mata personas, culturas, instituciones y recursos naturales. Este virus lo impulsamos, desde que Margaret Thatcher y Ronald Reagan nos impusieron el “Consenso de Washington”, un paquete de medidas impuestas a los países en desarrollo a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluía disciplina fiscal, eliminación de los subsidios, particularmente los dirigidos a la educación, salud e infraestructura que favorecían a los sectores más pobres, reforma tributaria favorable a los más ricos, liberalización del comercio, eliminación de las barreras a la inversión extranjera, privatización de empresas estatales, desregulación y seguridad jurídica para el derecho a la propiedad.

El tercer virus es el cambio climático, provocado por unos gases basados en combustibles fósiles, en uso excesivo de carnes de res y en la deforestación de bosques, que también mata gente, instituciones y culturas. Los tres virus eran y son “la normalidad” a la que quieren volver cuanto antes los representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bancos y empresarios para quienes el negocio vale más que las vidas.

El Perú no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, se impusieron las medidas recomendadas por el Consenso de Washington, plasmadas en la Constitución de 1993, y desapareció lo poco que quedaba de los servicios básicos del Estado. Se privatizó todo lo que se pudo, se destruyeron los sistemas de salud y educación y, lo peor, se convenció a la población que lo mejor era la individualización y que la solidaridad era un invento izquierdista. Enfrentamos el coronavirus con hospitales que ya estaban colapsados, a los que no se había prestado atención durante tres décadas para favorecer al sector privado. La gente moría en los pasadizos sin recibir atención.

Al 28 de mayo del 2020, tras 74 días en cuarentena, hay casi 4,000 muertos por esta enfermedad. La presión de los gremios empresariales obligó al gobierno a abrir ciertas actividades económicas, incluyendo la minería, construcción y entrega de productos a domicilio (o delivery, como se le conoce aquí), esta última el ejemplo más clamoroso de la informalidad que abarca a más de 70 por ciento de la fuerza laboral.

Y la gente sigue muriendo. No hay camas en los hospitales, no hay equipos, no hay personal. Lo poco que en dos meses ha hecho el gobierno de Vizcarra es loable, pero no es suficiente y nunca será suficiente si el gobierno de turno no empieza a invertir en sus ciudadanos. Tarde o temprano el virus cederá, pero NO se debe retornar a seguir haciendo lo mismo. Debe optar desde ahora por un cambio sustancial del modelo de consumo, producción y energético, dejar de ser un país de comerciantes y prestadores de servicios, para convertirnos en un país de productores de alimentos y fabricantes de valores de uso, no solo de cambio.

Esto supone NO orientar la producción primordialmente hacia la exportación sino hacia los mercados internos basados en la producción familiar agro-silvo-pastoril-piscícola, la diversificación productiva, el aprovechamiento de la biodiversidad, la agro industrialización, la potenciación de la gastronomía, la soberanía alimentaria, el aprovechamiento sostenible de los bosques que son el origen del agua que consumimos y la gestión de cuencas hidrográficas, mares, lagunas, ríos y humedales.

Debemos proteger la Amazonia, declarar una moratoria de la tala de bosques y de la extracción de minerales metálicos para la exportación. No hay que temerle a la planificación, al rol NO subsidiario del Estado, al ordenamiento del territorio, a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, a aprender a leer el libro de la naturaleza, a respetarnos y a querer ser felices.

Frente a la indolencia de los poderosos y sus gobiernos, que tienen corona para ellos y virus para los pobres y comunidades nativas, muchos consideramos que no existe otro camino actualmente que una estrategia de las 6 S:

1) Solidaridad planetaria en la que los poderosos paguen los platos rotos de una pandemia provocada por sus políticas extractivistas, que van contra los recursos naturales, la salud y la vida,

2) Salud pública y no privada para encarar la pandemia del COVID 19 y las que vienen si no se corrige el “modelo” de consumo, producción y energía,

3) Soberanía alimentaria contra el hambre y el desempleo, con agricultura familiar, diversificación productiva, industrialización y protección de los bosques y aguas,

5) Sostenibilidad ética sin impunidad a los corruptos, cárcel para los violadores y feminicidas,

6) Socialismo participativo, democrático y radical lo que supone marchar hacia un nuevo pacto social con procesos constituyentes construidos desde abajo y adentro.

Nota aparte merece la enorme solidaridad que en 1970 y años posteriores recibimos de Cuba Revolucionaria, no sólo con donaciones de sangre – incluido Fidel Castro y los principales dirigentes – sino con centenas de médicos e ingenieros constructores que vinieron al Perú y se quedaron varios meses y algunos años para apoyarnos, con el aval y agradecimiento del Gobierno Revolucionario de entonces y del pueblo peruano. Qué diferencia con lo que sucede ahora con el Gobierno del Presidente Vizcarra, que luego de dos meses y más del azote pandémico, ha aceptado finalmente la incondicional ayuda médica cubana y de la República Popular China. Esto, con una Cancillería alineada con el gobierno de Donald Trump y sustentadora del Grupo de Lima contra Venezuela. Grandes diferencias, pues …

- Hugo Cabieses: Economista de la Universidad del Pacífico. exViceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM (2011), asesor de la Empresa Municipal de Mercados EMMSA (2013-2014), asesor parlamentario (2016-2017 y 2019). Actual investigador del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica IDPA y del Foro Social Pan Amazónico FOSPA.

- Cecilia Remon: Periodista, exeditora de Noticias Aliadas/Latinamerica Press (1990-2019), corresponsal de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), integrante de la junta directiva de la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú (APEP).