A mediados de los años ochenta, cuando la guerra civil estaba a pleno vapor, el P. Ignacio Ellacuría reflexionaba, con quienes éramos sus alumnos, sobre lo complicada que sería la situación del país una vez finalizada la guerra. Una de sus muchas preocupaciones tenía que ver con los retos que plantearía la reconstrucción del país, la cual –desde su punto de vista— iba a estar fuertemente condicionada por lo que se tuviera en pie –o estuviera destruído— cuando terminaran las hostilidades. La interrogante inevitable para quienquiera que ganara la guerra –porque eso era lo que estaba en el primer plano hacia 1987— iba a ser: ¿con qué se cuenta y con qué no se cuenta para la reconstrucción del país?

Con varios colegas y amigos, estudiosos de la realidad nacional, hemos estado conversando sobre distintos temas relacionados con la actual situación suscitada a raíz del impacto sanitario del coronavirus. Nos parece que una pregunta semejante a la que Ellacuría visualizaba para el momento en el cual terminaría la guerra civil, es sumamamente pertinente en estos momentos, cuando –las opiniones más optimistas—apuestan por un final cercano de la emergencia provocada por el coronavirus. Una pregunta obligada que hay que plantearse desde ya, y en torno a la cual se tiene que meditar detenidamente, es: ¿con qué se cuenta y con qué no se cuenta para hacer frente a los desafíos que se tendrán una vez pase la emergencia sanitaria? Cuatro colegas nos animamos a ofrecer una respuesta provisional a dicha pregunta, a la espera de que este esfuerzo se convierta en una invitación para que otros intelectuales y académicos del país ofrezcan las suyas con más fundamentación, rigor y profundidad.

Luis Armando González (profesor universitario): para encarar los desafíos postcrisis del coronavirus contamos con las energías y ansias de supervivencia de amplios sectores sociales. No idealizo a los salvadoreños (soy uno de ellos); sé que tenemos muchos defectos y fallas, y que siempre se tiene que contar con ambas cosas. Sin embargo, si algo abunda en este país son las ganas de vivir y hacer lo que sea para conseguirlo. Si se canalizan bien esas energías y deseos de vivir, se puede tener un impacto positivo en el país que tenemos que construir una vez que pase la crisis en la salud pública. De ahí la importancia de no dar la espalda a la mayor parte de la población, pues es uno de los pilares más valiosos para que El Salvador salga adelante. No se tiene que olvidar que la riqueza se crea por el trabajo efectivo, real, de esa mayoría, en las mil y una actividades a las que se dedican quienes la conforman. El velo ideológico que hace creer que el “sector productivo” está integrado exclusivamente por los empresarios debe ser levantado; los trabajadores y trabajadoras son quienes generan valor real (y riqueza) con sus actividades en fábricas y propiedades agrícolas o agropecuarias. Esto no debe olvidarse. ¿Con qué no contamos? En el corto y quizás mediano plazo no contaremos con una cooperación internacional que apuntale o incida significativamente en el desarrollo del país. Las finanzas internacionales están en una situación de replanteamiento de sus prioridades (y exigencias) que ya hacen difìcil su acceso para una nación como la nuestra. Los países que, en otros momentos, no dudarían en ser solidarios con El Salvador tienen serias dificultades, también debido al coronavirus. Así veo la situación, en esta respuesta muy somera y tentativa a la pregunta arriba planteada.   

Óscar González Márquez (comunicador e investigador social):   Posterior al Covid-19, uno de los desafíos es la crisis hídrica. Antes ya lo era, y hoy lo será aún más. Con el agua se satisfacen necesidades auténticas. Parte de la población aún tiene problemas para acceder al agua en la cantidad y calidad justas. El agua es un derecho. La escasez de agua se está agudizando; esto conlleva a que ese derecho sea cada vez más vulnerable. Pero el agua no sólo es clave para los seres humanos, sino que también para la biodiversidad y los ecosistemas. Es decir que no puede hablarse de un derecho al agua, sin hablar de la obligación que se tiene con las demás especies biológicas y con el entorno. La gestión hídrica debe ser, entonces, sustentable. Hay que tomar en cuenta, para abordar estas temáticas, que existe desigualdad hídrica. Por un lado, está la asimetría en el acceso: unos sectores son privilegiados y otros marginados con respecto contar con el recurso. La otra asimetría es con respecto al impacto del daño ambiental; quienes son más susceptibles de ser afectados por el mismo -por contaminación, por sequías, por inundaciones- son generalmente los sectores desfavorecidos socialmente. ¿Con qué contamos? Por un lado, con instituciones y leyes en materia ambiental, así como con administradores locales de agua que, sobre todo en las zonas rurales, se han encargado de administrar el recurso hídrico para satisfacer las necesidades de los habitantes en sus respectivas comunidades. Contamos, además, con propuestas o anteproyectos de Ley de Agua, como la Ley General de Aguas. ¿Qué nos falta? Con respecto a los puntos arriba señalados, primero nos falta retomar una discusión seria en torno a la Ley de Agua. En esa discusión no deben primar los intereses económicos, sino los sociales y ambientales. Falta reevaluar la privatización de facto que ya ocurre en el país respecto al recurso hídrico. Esto se relaciona con la institucionalidad y la legislación ya vigente. De nada sirve que existan si responden a intereses económicos que, bajo la lógica de “desarrollo” y “progreso”, violentan el derecho al agua y destruyen las fuentes de agua. Es decir, se trata de tener institucionalidad más fuerte, con objetivos sociales y sustentables claros; así como del cumplimiento de la ley, fundamentado en la justicia ambiental. No solo falta fortalecer las instituciones públicas, sino también dotar a los actores locales --principalmente a los que tienen fines comunitarios-- de mayores recursos --tanto financieros como técnicos-- y de capacidades, habilidades y conocimientos para hacer frente a la crisis hídrica. Estos, aún con sus limitaciones, han hecho un gran esfuerzo en la gestión hídrica.

Carlos Hernández (docente e investigador universitario): la universidad no sólo es un centro de formación profesional encargado de dar títulos a una población, que avalan conocimientos técnicos y marcos de conducta propios de cada especialidad. La universidad tiene un desafío constante frente a la sociedad en la que está inserta, tanto para ser conciencia crítica como para proporcionar soluciones de carácter científico y humanista. En este sentido, el país cuenta con todo el potencial de la Universidad Nacional de El Salvador. Esto implica al menos dos aspectos. El primero, la exigencia ético-política puerta adentro de la universidad pública. Es indispensable que, desde su interior, las diferentes unidades se pongan en función de estudiar de manera científica todos los efectos de la emergencia y sus consecuencias. Al tener estudios o diagnósticos lo más rigurosos posible, se pueden generar planes o proyectos que sean entregados a los encargados de los tres poderes del Estado. Segundo, el Estado debe de abrirse y valorar lo que proporcione la Universidad de El Salvador dado el soporte técnico y científico que respaldaría las propuestas o proyectos universitarios. No es aceptable que, en la actual coyuntura, tenga mucho más peso la Escuela Superior de Economía y Negocios (que responde a una confesa visión neoliberal) que las unidades de Economía, Matemática, Salud o Ciencias Sociales de la universidad pública. Está claro que no se cuenta con la voluntad política que de espacio y voz a la universidad nacional. Pero es necesario también que desde ella se trabaje también por hacerse escuchar con argumentos propios del mundo académico para incidir positivamente en la realidad nacional.

Rommel Rodríguez (economista): En materia económica, se debe apuntar hacia un plan de desconfinamiento que tenga por eje la suficiencia de ingresos para que los hogares, antes que las empresas, puedan enfrentar la contracción o recesión de la economía. Esto es algo que aún no ha sucedido, pero las proyecciones económicas indican que sucederá, y será tan duro como el confinamiento, pues significa que la actividad económica, más tarde o más temprano, se irá desacelerando cada vez a mayor velocidad para registrar una pérdida de riqueza a nivel agregado, de ingresos de los hogares, de aumento de desempleo y, lamentablemente, también aumento de la pobreza. Bajo esta situación, los pocos recursos que se obtengan para financiar el presupuesto deben ser para garantizar los derechos fundamentales de las familias: educación, salud, vivienda, alimentación, por no decir otros. Esto supone que el presupuesto estatal debe dar un giro importante en su configuración que ahora se concentra en el tema de la seguridad; este debería pasar ahora si definitivamente a un segundo plano. Además, volver a instituir el papel del FISDL como entidad capaz de atender las demandas de las familias de recibir transferencias condicionadas. Estos recursos son de suma relevancia para atender los escollos de la crisis y para mantener, aunque sea levemente, la demanda agregada. En el ámbito privado, el tema económico ausente en las discusiones es el tratamiento de la informalidad que caracteriza a más del 50% de nuestro aparato económico. En este caso, estamos hablando de un grupo de personas que vive prácticamente del flujo de ingresos diarios y que van como se dice popularmente “coyol quebrado, coyol comido”. Deben existir recursos a tasas bajísimas de cero y uno por ciento para que este tipo de negocios pueda levantarse nuevamente. Son este tipo de negocios y sus trabajadores, fuera del sistema de protección social, los más vulnerables, y que el Estado debe establecer una red de protección social, pues de lo contrario verán avanzar su condición de vida en una situación de pobreza extrema. Finalmente, a un año de gobierno, es pertinente que el Ejecutivo presente en este contexto un plan de acción de la economía nacional, pues las crisis también son un espacio para la reinvención. Cambiar los patrones de consumo, de inversión, de gasto público, pueden ser elementos determinantes para el resurgir de la economía salvadoreña después del Covid 19. Este plan ya no puede gravitar fuertemente en el turismo, como previa anteriormente el Ejecutivo, ya que esa actividad estará seriamente afectada mientras no se encuentre un remedio para el coronavirus. Las actividades más dinámicas, después del desconfinamiento, pueden indicar las tendencias previsibles a seguir, pero la alimentación, la vivienda, la salud y la educación deberían estar garantizados mediante un sistema de compras públicas eficaz y transparente. Ha llegado la hora de pensar, pues, en una cesta de bienes primarios a la que debe tener acceso todo salvadoreño; ahí se juegan sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a una vida digna.

-Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.