Vulnerables y prescindibles, son algunos de los estereotipos negativos vinculados a las personas mayores que se ven expuestas en crisis sanitarias como la del Covid-19. Políticas de exclusión o innecesariamente paternalistas marcaron la relación Estado-vejez en esta pandemia. Impresiones de María Isolina Dabove.

El coronavirus visibilizó los prejuicios sobre la vejez que en general están relacionados con la enfermedad, la vulnerabilidad, la fragilidad y el deterioro. Si bien existe una situación de vulnerabilidad mayor en esa población frente a las enfermedades en general, y al coronavirus en particular, es importante aclarar que la adultez mayor, con un promedio de duración de 20 años, es una de las etapas más largas del ciclo vital y eso conlleva a encontrar en ella una gran heterogeneidad y diversidad existente generando varias vejeces. María Isolina Dabove, profesora de la Facultad de Derecho y especialista en el tema del Derecho de la vejez, reflexiona acerca de la situación actual de las y los adultos mayores y nos habla sobre las contradicciones que se presentan en este contexto de pandemia y la discriminación sufrida a partir de las distintas políticas tomadas por los gobiernos.  

Prejuicios sobre la vejez: miradas contradictorias y discriminación de las personas mayores en el contexto de Covid-19

La pandemia ha puesto de manifiesto los prejuicios estructurales que nuestra cultura sostiene en relación a la vejez y a las personas mayores. Se trata de conflictos que no los generó el Covid-19 sino que los desnudo, los hizo más evidentes. Estos prejuicios traen aparejada una serie de contradicciones que reflejan la concepción de la ancianidad de la sociedad, por un lado, y la lucha desde la gerontología y el Derecho de la Vejez, por el otro intentando cambiarla.

La primera contradicción que la pandemia nos muestra tiene que ver con el proceso fantástico de gerontóglobalización, es decir del envejecimiento sostenido de la población y de la longevidad que hoy nos permite tener una esperanza de vida generalizada de 78 años para varones y 81 para las mujeres. Este logro de la expansión de la vida y la ampliación de los años que abarca esta etapa, que va de los 60 años hasta los 80, debería ser leído como una conquista. Sin embargo, de una manera irónica, la naturaleza vino a amenazar esa longevidad, la puso en riesgo, pues objetivamente la mayor cantidad de muertes por el Covid-19 se producen en ese rango etario de la población, y la puso en discusión, en una disyuntiva acerca de qué hacer con las personas mayores en esta pandemia, visibilizando los prejuicios y la discriminación.

Y esto nos lleva a la segunda contradicción: el concepto de vejez. Desde la gerontología y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la vejez es activa, saludable y productiva, en tanto que la mirada de la pandemia nos remite al antiguo concepto de la vejez como población de riesgo. Aquí se produce un choque filosófico importante dado que a través del concepto de "riesgo" aplicado a las personas mayores han reaparecido los prejuicios en torno a esta etapa de la vida y a aquellos que la transitan. Dar por hecho que las personas mayores no comprenden la gravedad de la situación o bien no pueden tomar decisiones razonables atendibles en relación al riesgo de enfermarse y de morir, choca claramente con la lectura que se deriva del análisis y del estudio de la realidad social del envejecimiento, y es ahí donde se han hecho más evidentes los prejuicios negativos que han sido calificados en la gerontología por Rober Battler como actitudes "viejistas".El concepto de “viejismo” considera a la persona mayor como alguien incompetente para comprender y tomar decisiones por sí misma,  y considera que  todas las personas mayores son iguales, como si la vejez fuera un fenómeno uniforme.  
La tercera contradicción que se ha puesto en evidencia y que va en este mismo sentido es la lucha entre el respeto por la autonomía de las personas mayores, la esfera de libertad para tomar decisiones sobre su vida, su propio cuerpo, su patrimonio versus las decisiones intervencionistas que no sólo vemos en el Estado sino también en la práctica cotidiana y en los vínculos de las familias. 

Políticas de exclusión o políticas innecesariamente paternalistas en la pandemia: ambas conllevan discriminación hacia las personas mayores

Las políticas adoptadas en relación a las personas mayores en este periodo de pandemia en el mundo han sido muy dispares. Y esa es otra contradicción que muestra la pandemia.  Por un lado está el reconocimiento explícito que hace la Convención Interamericana del Derecho a la Inclusión Sanitaria que, debe hacerse con criterio preferencial, justamente por el riesgo de padecer cuadros graves de enfermedades o el riesgo de morir, y por el otro, las políticas que se han implementado en el mundo de exclusión asistencial basadas en una lectura negativa de esta etapa de la vida, que consideran a las personas mayores como objetos de descarte.
En los países más envejecidos como es el caso de Japón e Italia, en Europa en general, e incluso en Estados Unidos y Canadá se adoptaron posturas bastantes displicentes, discriminatorias y de exclusión de la asistencia sanitaria de las personas mayores. Llegando a plantearse debates entre los gobiernos sobre la postura que debían tomar frente al pico de contagio: asistir a sus mayores, como fue el caso de España, Italia o Alemania, o, como Bélgica, donde se pidió explícitamente, que dejen morir a los ancianos más débiles fuera de los hospitales.  Así, desde el punto de vista jurídico en relación a las personas mayores, podemos hablar de que se desarrolló una política despreciable, porque explícitamente muchos países dentro de la Unión Europea han hecho presión para evitar darles camas o respiradores. La asignación de recursos médicos ante el Covid-19, o los protocolos en los sistemas de triage donde se eligen “salvar” a los más jóvenes, hacen que los adultos mayores sean discriminados por prescindibles.

En Japón por ejemplo, la alcaldesa de Tokio tuvo que salir al cruce de la presión social para que no se les dé asistencia sanitaria a los mayores diciendo, de manera explícita en todos los medios y redes, que la edad no podía ser un dato de exclusión para el acceso a un recurso tan necesario para la recuperación, restauración o el tratamiento de una persona afectada por Covid 19.

Otro caso de discriminación hacia la vejez fue el de Estados Unidos, la reacción discriminatoria de la sociedad e incluso de muchos políticos fue impactante, al punto de hacerse muy popular un hashtag, #BoomerRemover, “descartemos a los boomers”, que son las personas mayores nacidas en el fenómeno del Baby Boomer tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que hoy tienen 70-75 años aproximadamente. Este hashtag funcionó como un bullying virtual, como un acoso explícito hacia las personas mayores donde incluso se los incitaba a que se dejen morir y se sacrifiquen en beneficio de las generaciones futuras, de la gente más joven, de sus nietos. Por suerte hubo voces autorizadas que han denunciado esta práctica, entre otras la de Claudia Mahler experta independiente que forma parte de las Naciones Unidas abocada a la cuestión de la vejez y audita el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas mayores, quien se expresó de manera muy clara condenado enfáticamente estás prácticas y la filósofa Adela Cortina, quien denunció esta situación y declaró como inmoral todas las políticas y perspectivas que tienen como base el descarte de las personas mayores.

El caso argentino

En nuestro país, en materia de asistencia sanitaria se generaron políticas públicas para impedir que las personas salgan y se contagien y, por lo tanto no tenga necesidad de una cama o de un respirador. Las medidas que se adoptaron, desde el inicio, más bien pecaron de paternalistas. Es decir, nosotros hemos estado alertas a estos escenarios de descalabros en torno a la igualdad y a las libertades de las personas mayores, pero nos fuimos al otro extremo. Un ejemplo de una medida de un paternalismo injustificado ha sido el famoso permiso que tenían que pedir las personas mayores de 70 años para poder salir en plena pandemia por sus necesidades básicas. Ese pedido extra de autorización sólo para ellos, se impuso en base a un prejuicio viejista considerando que nadie de esa edad podía llegar a comprender la realidad y tomar decisiones acordes, lo que violentaba directamente la igualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos.
La vejez no es un fenómeno uniforme, es absolutamente diverso, las biografías son absolutamente distintas unas de otras, las condiciones diferentes de salud, económicas, culturales, hacen que podamos hablar de “vejeces”. En datos estadísticos, en Argentina, en el fragmento de 60 a 75 años, sólo un 10% aproximadamente, vive situaciones de deterioro cognitivo tal que necesiten asistencia o cierto tipo de medidas de intervención sobre la esfera de competencia para tomar decisiones por sí mismos. Y en el grupo de 75 o más años, las situaciones de dependencia llegan al 40%,  es decir que hay un 60% de personas mayores que son autoválidas o pueden tener alguna condición de fragilidad, pero eso no les impide comprender la realidad, decidir y hacerse cargo de las decisiones que tomen en el contexto que viven. Por eso este es un ejemplo de un paternalismo innecesario.

Se puede concluir entonces que los adultos mayores fueron discriminados desde varias aristas durante el Covid-19…

La pandemia puso de manifiesto algo que ya estaba latente. Se desnudaron las desigualdades estructurales que constituyen las condiciones de vida de una persona mayor que aparecen tanto en relación a lo económico (y al empobrecimiento en el que los sistemas previsionales del mundo, no sólo en Argentina, colocan a la persona mayor) como aquellas desigualdades que empobrecen las condiciones de vida general de los mayores vinculadas a la falta de acceso a programas, por ejemplo, de alfabetización digital, a través de ella hoy se podrían habilitar espacios de comunicación con el afuera, y crear espacios de aprendizaje, de capacitación o de intercambio de experiencias (incluso profesionales) de las cuales claramente la mayoría de las adultos mayores han quedado excluidos por razones ajenas a su voluntad. Es decir, quedó en evidencia la necesidad (y la falta) de políticas públicas sostenidas de inclusión de las personas mayores a lo largo del mundo.

Combatir al viejismo desde el Derecho

Esta pandemia nos dio la posibilidad de ver con una lupa en una dimensión aumentada todas estas contradicciones y concepciones que han chocado con la propia realidad, así como también chocan con lo que hemos ido validado desde el punto de vista científico y desde la gerontología y el estudio de la vejez. Y en ello, el derecho tiene un papel importantísimo, en el sostenimiento de la igualdad en las condiciones de vida de las personas mayores. Máxime cuando desde el año 2015 tenemos en nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos un tratado internacional que se refiere específicamente a la vejez y que introduce herramientas nuevas de defensa de sus derechos y estándares para el desarrollo de políticas públicas y decisiones judiciales que sean consistentes con la realidad del envejecimiento poblacional del que hoy podemos beneficiarnos todos. 

Por esa razón el derecho a partir de la década de los noventa ha evolucionado generando un nuevo espacio, una especialidad jurídica que hoy llamamos derecho de la vejez y que está organizada en 5 ejes fundamentales:

1. La consideración de la persona mayor y sus atributos, es decir su identidad;

2. los derechos de autonomía;

3. los derechos de inclusión y participación; 

4. los derechos de protección y cuidados, que están referidos a aquellas personas mayores que, efectivamente, necesitan una asistencia más intensa por la situación de dependencia en la que se encuentran. Son los derechos vinculados a los cuidados;

5. los derechos procesales, es decir las garantías que el sistema jurídico ofrece para la restauración de los derechos que hayan sido vulnerados.

Datos

En la Ciudad de Buenos Aires viven más de 650.000 adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca del 70% vive solo o en hogares monogeneracionales. Los que tienen más de 70 años son 490.000 personas. Según las estadísticas oficiales, el 15% de los adultos mayores contagiados tiende a fallecer, y el 80% puede padecer una crisis severa y ser internado en terapia intensiva.

Acerca de la entrevistada

Prof. Dra. María Isolina Dabove, profesora a cargo del Curso Profesional Orientado de Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho. Investigadora del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho (UBA – Conicet)