Con la desaparición de cinco jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz,  quienes fueron sustraídos de sus viviendas en la madrugada del sábado 19 de julio, por supuestos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), se repite una vez más las agresiones contra líderes y miembros de las comunidades garífunas, la que se recrudeció a partir del año 2018.

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la OFRANEH, Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, los que fueron sustraídos de sus domicilios, situación que ha creado una enorme alarma dentro de las comunidades garífunas, ya que a pesar de las restricciones de movilización existentes, ante la pandemia imperante, y con un toque de queda imperante, ingresaron vehículos con personas fuertemente armadas a la comunidad.

A partir del golpe de estado del 2009, en Honduras, se recrudeció la ofensiva en contra del pueblo garífuna, que apresar de obtener dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte  IDH) a favor de las comunidades Garifuna de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, mediante las cuales, el Estado fue condenado en el 2015 por la violación al derecho a la propiedad comunitaria, y el derecho a la consulta previa libre e informada.

Hasta la fecha, el Estado de Honduras ha incumplido las sentencias, dando lugar a cuestionamientos sobre el reconocimiento de los derechos colectivos consignados en convenios y tratados internacionales, suscritos de “buena fe” por el Estado.

Todo parece indicar que el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y su equipo, se convirtieron en un estorbo para la elite de poder local, que se siente afectada por la sentencia de la Corte IDH, y han procedido a sembrar el terror en la zona.

Ciudades modelo, palma y plantaciones de coca: motores de la expulsión

A partir del 2001, la administración “nacionalista”, asume como uno de los pilares de su política económica la apertura de las ciudades modelo, proyecto neocolonial impulsado por el economista estadounidense Paul Romer, el cual consiste en una zona económica especial con el agregado de una tercerización de la aplicación de justicia y seguridad.

En octubre de 2012, la Corte Constitucional se pronunció sobre la ilegalidad de las ciudades modelo, declarándolas inconstitucionales. Para diciembre del mismo año, el poder legislativo al mando del actual mandatario Juan Orlando Hernández, procedió a defenestrar la Corte Constitucional, dando lugar a un “golpe técnico” que finiquito con la independiza de poderes.

En la primera fase de las ciudades modelo - antes de ser declaradas inconstitucionales- 27 de las 48 comunidades, fueron incluidas dentro de las ciudades modelo. Posterior al golpe a la corte y con la reintroducción de las Ciudades Modelo bajo el nombre de Zonas Especiales para el Desarrollo económica, 17 comunidades garífunas encuentran en peligro de ser absorbidas.

Al mismo tiempo que la dictadura impuso las ciudades modelo, inició una campaña de producción masiva de palma africana, aumentado la presión sobre los humedales costeros, incluyendo las áreas protegidas. La palma africana se convirtió en uno de los principales rubros para lavar activos. Honduras en una década duplico la producción de plantaciones de palma, al mismo tiempo que se intensificaron los conflictos sociales, dando lugar a una guerra de baja intensidad que hasta la fecha se mantiene en el Bajo Aguan.

La utilización de Honduras como país de tránsito de estupefacientes provenientes de Sudamérica, se remonta a décadas atrás, y siempre ha existido una relación entrañable entre crimen organizado y la élite de poder hondureña; situación que se intensifico con el golpe de estado, dando lugar a una simbiosis que ha tenido como resultado un aparente narco estado.

En el último año se han descubierto una serie de plantaciones de coca en Honduras, específicamente en la Serranía de Payas, la cual forma parte del hábitat funcional de las comunidades garífunas de Iriona. Las “autoridades” han encontrado tanto cultivos de coca, como supuestos laboratorios de procesamiento.

El inesperado cambio de un país de tránsito a país productor de coca, tendrá fatídicas consecuencias para las comunidades garífunas, que nos encontraremos cercados de plantaciones y pistas clandestinas, situación que incrementará la violencia y presiones territoriales.

¿Una nueva expulsión para el pueblo garífuna?

Para mayo del 2014, los medios de prensa internacional empezaron a dar la alarma sobre el éxodo de menores de edad que arribaban solos y en hordas a la frontera estadounidense, situación que se venía dando de forma silenciosa desde octubre de 2013. Aparentemente más de 70 mil menores, que, esgrimiendo la Enmienda Flores, tuvieron que ser aceptados por el servicio de inmigración estadounidense (ICE)

Algunas comunidades garífunas vieron sus escuelas quedar vacías, ante la vertiginosa e imparable “cruzada de los niños”. Para el 2018 se repite la historia, aunque la participación de los garífunas en las “caravanas” fue mínima, el éxodo se agudizó, retornando al nivel de 2014. A pesar de las restricciones impuestas por la administración Trump y la revocación de la Enmienda Flores, el Flujo fue imparable hasta la aparición de la pandemia.

Las presiones territoriales que vienen ejerciendo los palmeros y empresarios del rubro del turismo, se incrementan, aunque dichos rubros no parecen ser que tengan un mayor futuro en el mundo pos pandemia. La calidad vertiginosa del precio del aceite de palma y la contención en cuanto desplazamiento aéreos y cruceros marítimos, fundamentales para el turismo, ponen en duda su recuperación a corto plazo.

Mientras tanto el cambio climático y la erosión costera se incrementa, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para los garífunas, así mismo en los dos últimos año hemos visto la eliminación sistemática de líderes a manos de la violencia estatal que se ha institucionalizado en Honduras, como un arma de control social.

Los cinco desaparecidos de Triunfo de la Cruz

La misteriosa desaparición de los cinco jóvenes en Triunfo de la Cruz, a manos de supuestos agentes de la DPI, ha dado lugar a un sinfín de conjeturas, algunas de ellas alimentadas por la elite de poder, que se siente afecta por la sentencia del acorte IDH, la cual es enfática en la devolución del denominado Lote A1. Las mansiones y hoteles boutique establecidos de forma dolosa en tierras comunitarias, se han constituido en un enorme obstáculo para lograr el cumplimiento de la sentencia.

Hasta la fecha, el Estado continua desdeñando el derecho a la consulta previa, llegando al extremo de desvirtuar  la creación de una ley de consulta previa, promoviendo  el secuestro ideológico del anteproyecto, para convertir socializaciones en consultas.

Es necesario y urgente que el Estado responda al clamor del pueblo garífuna, que le devuelvan a sus hijos sanos y salvos, así mismo exigimos el pronto cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

La Ceiba 27 de Julio del 2020

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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