El efímero gobierno del presidente Roldós

El 15 de enero de 1978, a través de referéndum, se aprobó una nueva Constitución de la República que fue elaborada en el marco del “modelo de sustitución de importaciones”, que promovía la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en los decenios del 60 y 70, donde se asignaba un rol importante al Estado, educación, ciencia y tecnología para el desarrollo de la economía.

La Constitución establecía que la economía ecuatoriana funciona a través de cuatro sectores básicos: el sector público, compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado; el sector de economía mixta, conformado por el sector comunitario o de autogestión; y el sector privado.

Las áreas de explotación económica reservadas al Estado eran: los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo; los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones; y las empresas estratégicas definidas por la ley (Art. 46). En la Constitución de 1978, la educación era considerada como un deber primordial del Estado. “La educación es laica y gratuita en todos sus niveles” (Art. 27).

El 16 de julio de 1978 se realizaron las elecciones presidenciales con nuevas disposiciones constitucionales y reglamentos a la Ley de Elecciones y Partidos Políticos aprobados por el Triunvirato Militar.

Después de cuatro meses de realizadas las elecciones se proclamaron oficialmente los resultados, siendo los candidatos más votados Jaime Roldós Aguilera, que representaba los intereses de ciertos sectores comerciales y sociales de la costa, y Sixto Durán Ballén, que a su vez defendía las reivindicaciones de determinados grupos empresariales tradicionales de la sierra, quienes obtuvieron 27,7 y 23,9% de los votos válidos, respectivamente.

En el balotaje realizado el 29 de abril de 1979, se ratificó el triunfo del binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado, que obtuvo el 68,4% de los votos, auspiciado por Concentración de Fuerzas Populares (CFP), en alianza no oficial con la Democracia Popular (DP).

La alianza entre CFP y la DP se basaba en “21 Puntos Programáticos”, un plan de reformas que no fueron vistos con buenos ojos por los sectores empresariales y organizaciones políticas de derecha.

Una vez que asumió el poder, 10 de agosto de 1079, el presidente Roldós mediante Decreto Ejecutivo, el 11 de octubre de 1979, redujo de 44 a 40 horas la jornada de trabajo en la semana, poco tiempo después duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores, de 2.000 a 4.000 sucres mensuales, equivalente a USD 144 a la fecha. El 8 de marzo de 1980, puso en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo.

Una de las metas del gobierno de Roldós fue impulsar la educación en todos los niveles. En esa línea, desde febrero de 1980 impulsó el Plan Nacional de Alfabetización y el Desayuno Escolar para combatir la desnutrición infantil y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

A los pocos meses de la gestión del Primer Mandatario se produjeron conflictos con el presidente de la Función Legislativa, Assad Bucaram, quien en la campaña levantó la consigna “Roldós a la presidencia y Bucaram al poder”. El 15 de abril de 1980, se conformó una junta de notables para buscar una solución a la “pugna de poderes”.

Los intentos de Assad Bucaram por manejar el Gobierno llevaron agudizar el enfrentamiento con el Presidente de la Función Ejecutiva, quien trató de superar la “pugna de poderes” mediante la creación de su propio partido denominado “Pueblo, Cambio y Democracia”.

Roldós amenazó con llamar a un plebiscito para disolver la Cámara Nacional de Representantes y convocar a nuevas elecciones legislativas como estrategia para romper el bloqueo institucional, lo que de alguna manera mitigó la “punga de poderes”, aunque también acentuó la división dentro del partido de Gobierno.

En este entorno político, a fines de enero y principios de febrero de 1981, se produjeron incidentes armados en la frontera del sur, donde las Fuerzas Armadas de Perú atacaron guarniciones militares en Paquisha, Mayaycu y Machinaza, en la Cordillera del Cóndor, ubicadas en la zona donde no existía una frontera claramente delimitada. El Primer Mandatario defendió firmemente la soberanía nacional.

En América Latina, a fines de la década del 70 y principios de los 80, imperaban regímenes represivos como las dictaduras de Pinochet en Chile, la Junta Militar en Argentina, Aparicio Méndez en Uruguay, Alfredo Strossner en Paraguay.

El presidente Roldós lideró una corriente democrática a nivel regional y presentó la “Carta de Conducta”, que fue el documento más importante de su gestión a nivel internacional, reconocida como “doctrina Roldós”, donde se defiende la democracia y los derechos humanos. La política internacional no fue vista con buenos ojos por el gobierno republicano de Ronald Reagan que apoyaba a regímenes dictatoriales.

Poco tiempo después, el 24 de mayo de 1981, en un hecho que todavía no se ha esclarecido, el presidente Jaime Roldós sufrió un accidente aéreo que le costó la vida a él, a su esposa, Martha Bucaram, al ministro de Defensa y miembros de la tripulación, y asumió el cargo el vicepresidente de la República, Osvaldo Hurtado Larrea.

Entre 1979 y 1980, el precio del Crudo Oriente que se cotizaba en los mercados internacionales subió de 21,4 por barril a USD 34,7, el Producto Interno Bruto (PIB) en valores corrientes aumentó de 14.168 millones a USD 17.872 millones, la inflación pasó de 10,1 a 12,6%, los salarios en dólares se incrementaron de 72 a USD 144 y la deuda externa pública ascendió de 2.847 millones a USD 3.530 millones (BCE, 2017).

El gobierno de Hurtado inauguró las políticas de ajuste y estabilización

La gestión del presidente Osvaldo Hurtado se inició en un contexto internacional nada favorable. En los albores de los años ochenta, emergió la crisis de la deuda que significó el incremento de las tasas de interés, lo que, a su vez, provocó en países en desarrollo la reducción de la entrada de capitales, la caída de las reservas monetarias internacionales y las transferencias netas de capital se tornaron negativas.

En el ámbito nacional, en 1981, se agravan los problemas en la balanza de pagos debido al aumento de las tasas de interés externas, a la suspensión de los desembolsos por parte de la banca extranjera y a la disminución del valor de las exportaciones.

Entre 1981 y 1982, la Balanza Comercial subió de un déficit de 30,2 millones a USD 246,6 millones, los precios del petróleo ecuatoriano en los mercados internacionales descendieron de 34,4 por barril a USD 27,7, la Reserva Monetaria Internacional bajó de 797 millones a USD 493,4 millones (Banco Mundial, 2020).

El deterioro económico obligó al gobierno de la Democracia Popular a declarar la moratoria de la deuda externa en 1982 y a buscar financiamiento ante los organismos financieros internacionales. En mayo del mismo año, el Primer Mandatario devaluó la moneda nacional de 25 a 33 sucres por dólar, duplicó el precio de la gasolina y las tarifas de transporte urbano, congeló los sueldos y salarios y empezó a renegociar la deuda externa pública.

En la administración de Osvaldo Hurtado se inauguró las políticas de ajuste y estabilización promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) mediante las denominadas “cartas de intención” que se elaboraban en el marco del denominado “Consenso de Washington”.

A fines de 1982 y principios de 1983, el invierno se hizo presente con fuerza en la costa ecuatoriana, provocando inundaciones, lo que ocasionó la caída de la producción de bienes de exportación y de consumo interno, así como la destrucción de carreteras y decenas de puentes.

El 24 de marzo de 1983, el gobierno de Hurtado firmó la primera Carta de Intención con el FMI, mediante la cual se comprometía disminuir el déficit del sector público, flexibilizar las tasas de interés y de cambio, ajustes salariales, eliminación de prohibiciones de importar (El Universo, 2019).

El gobierno de la Democracia Popular estableció la “sucretización” de la deuda externa, a través de la cual el Estado asumió las obligaciones financieras en dólares del sector privado ante los acreedores extranjeros, mientras que éstos debían pagar al Banco Central en sucres, a bajas tasas de interés y a plazos convenientes. En marzo de 1983, volvió a devaluar la moneda nacional de 33 a 42 sucres por dólar y estableció el sistema de minidevaluaciones.

El 24 de marzo de 1983, el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) convocó a una huelga nacional de 48 horas, los gremios de los choferes y transportistas plegaron al paro, se suspendieron las clases y las actividades en el sector público, las cámaras de industriales, construcción, agricultura, automotriz, también cesaron sus actividades. Los ciudadanos no podían movilizarse porque no había taxis ni transporte público (El Comercio, 2015).

En la administración de Hurtado se realizaron varias huelgas nacionales en rechazo a la devaluación de la moneda nacional y el incremento de los precios de los bienes y servicios básicos.

El 22 y 23 de septiembre, las centrales sindicales agrupadas en el FUT, decretaron una nueva huelga nacional que paralizó la mayor parte del país, las carreteras permanecieron bloqueadas y se suspendió el transporte interprovincial. En Quito y Guayaquil hubo manifestaciones, enfrentamientos con la policía, bloqueos de calles, los comercios atendían parcialmente.

En este entorno económico y social, el presidente Hurtado promovió determinadas reformas constitucionales que fueron aprobadas el 1 de septiembre de 1983 y publicadas en el Registro Oficial No. 569.

En el ámbito económico, se estableció que los proyectos de leyes en materia económica, calificados de “urgentes” por el Presidente de la República, debían ser conocidos por el Parlamento en un plazo de 15 días, pudiendo el Ejecutivo promulgarlo para que entre en inmediata vigencia si el Congreso no lo conociera y resolviera sobre él.

Las reformas se orientaban, por un lado, a darle un mayor poder a la Función Ejecutiva para que pueda ejecutar políticas de austeridad fiscal como lo demandaban los organismos multilaterales y limitar las atribuciones a la Función Legislativa.

El 19 de abril de 1984 se firmó la segunda Carta de Intención, mediante la cual se comprometió a continuar con una política austeridad fiscal, incrementar los precios de los derivados del petróleo, proseguir con la política de flexibilización de tasas de interés, entre otras (El Universo, 2019).

En el marco de los compromisos asumidos, el presidente Hurtado continuó con la política de minidevaluaciones, incremento de las tarifas eléctricas, elevación de los precios internos de los derivados del petróleo, azúcar y leche. Las políticas de ajuste y estabilización que promovían el FMI y el BM no consiguieron alcanzar los resultados que se esperaban.

Entre 1981 y 1984, el PIB en valores corrientes registró una drástica caída de 21.800 millones a USD 16.904 millones, la inflación se incrementó de 14,7 a 31,2%, la desocupación total subió de 5,1 a 13,5%, el salario mínimo vital descendió de 128 a 67 dólares, el monto de la deuda externa pública pasó de 4.415 millones a USD 7.369 millones. En contraste, como resultado de la llamada “sucretización”, la deuda externa privada descendió de 1.452 millones a USD 227 millones (BCE, 2017).

León Febres-Cordero ejecutó políticas neoliberales

En el balotaje realizado el 6 de mayo de 1984, el binomio León Febres Cordero-Blasco Peñaherrera, que enarboló como lema “Pan, techo y empleo”, consiguió el triunfo electoral con 51,5% de los votos válidos, frente al binomio Rodrigo Borja-Aquiles Rigaíl que obtuvo 48,5%.

Febres-Cordero, asumió el poder el 10 de agosto de 1984, ejecutó políticas neoliberales inspiradas en los gobiernos de Ronald Reagan de Estados Unidos y Margaret Thatcher de Gran Bretaña. Se erigió en un gobierno autoritario y represivo en contra de todos los que se oponían a su proyecto.

A inicio de su gestión amplió aún más las ventajas de pago de la deuda externa “sucretizada”, que beneficiaba a distintos sectores empresariales nacionales y extranjeros: el periodo de gracia pasó de 1 año y medio a 4 años y medio, se extendieron los plazos de pago de 3 a 7 años, se congeló la tasa de interés en 16% y se anuló la comisión de riesgo cambiario, congelando el tipo de cambio de 100 sucres por dólar.

La “sucretización” de la deuda externa se considera como uno de los más grandes subsidios que entregó el Estado a los empresarios tanto nacionales como extranjeros, estimado en USD 1.300 millones por concepto del riesgo cambiario.

A fines de 1984 surgió la actividad del grupo armado “Alfaro Vive, Carajo”, grupo que en agosto de 1985 secuestró al banquero Nahím Isaías, se afirmó que el propio Presidente dirigió el operativo militar de rescate de la víctima, quien durante el asalto murió conjuntamente con los secuestradores. La lucha contra el terrorismo se convirtió en política oficial del Gobierno del Partido Social Cristiano.

El precio del Crudo Oriente en los mercados internacionales se desplomó de USD 24,4 en 1985 a USD 12,1 en 1986, las exportaciones cayeron de 2.904 millones a USD 2.186 millones, el PIB en valores corrientes se desplomó de 17.140 millones a USD 15.306 millones, las reservas monetarias internacionales empezaron a contraerse rápidamente. Amén, de las reiteradas acusaciones de corrupción al régimen social cristiano.

El general Frank Vargas Pazos lideró dos sublevaciones con apoyo del personal de la Fuerza Aérea, quien había denunciado prácticas corruptas por parte de funcionarios del Gobierno. Uno de los casos fue la compra del avión Fokker F28 4000 para la aerolínea TAME presuntamente con un sobreprecio de USD 4 millones, hecho que acusó a dos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, denuncias que lo condujeron a prisión.

En octubre de 1986 la mayoría del Congreso votó por la amnistía de Vargas, pero el presidente Febres-Cordero hizo caso omiso. Este hecho derivó en los incidentes de Taura cuando un grupo de paracaidistas de la Fuerza Aérea secuestraron al Presidente y tras largas horas de negociación accedió a la liberación del general.

El conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo llegó a su clímax cuando la Función Legislativa, presidido por Andrés Vallejo Arcos de la Izquierda Democrática, solicitó la renuncia del presidente León Febres-Cordero. El 22 de enero de 1987, 38 diputados de un total de 71 aprobaron la moción al responsabilizarlo por los hechos ocurridos en la Base Aérea de Taura.

En marzo de 1987 se produjo el terremoto que destruyó un extenso tramo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que provocó la suspensión de las exportaciones de petróleo durante seis meses y obligó a un mayor endeudamiento estatal, hechos que conjuntamente con la oposición de la Función Legislativa contribuyeron a debilitar aún más al Gobierno de Febres-Cordero.

El Presidente, en 1987, firmó la Carta de Intención con el FMI, donde se comprometía a reducir el déficit global del sector público, ajustar las tarifas de los servicios, contraer el crédito al sector público, no efectuar alzas salariales, suspender contrataciones de empleados, establecer políticas de tasas de interés y cambiarias flexibles, entre otras medidas (El Universo, 2019).

La ejecución de las políticas de ajuste y estabilización significó la congelación de sueldos y salarios de empleados y trabajadores, la eliminación de los subsidios en los servicios básicos, el despido de empleados del sector público.

El FUT declaró varias huelgas nacionales en contra de las medidas tomadas por el Gobierno social cristiano. El 17 de septiembre de 1986 se decretó una nueva huelga nacional para exigir el congelamiento de las tarifas del agua, luz, energía eléctrica y teléfonos, así como el incremento del sueldo básico a 20.000 sucres. Se produjeron manifestaciones masivas y violentas protestas que terminó con decenas de detenidos. Se suspendieron clases, hubo escasa transportación y las actividades productivas se realizaron parcialmente (El Telégrafo, 2015).

Las políticas de austeridad fiscal y la suspensión de las exportaciones de petróleo derivaron en el deterioro de la economía. Entre 1984 y 1988, el PIB en valores corrientes descendió de 16.913 millones a USD 13.052 millones, las exportaciones bajaron de 2.620 millones a USD 2.192 millones, las reservas monetarias internacionales cayeron de 738 millones a USD 567 millones, la deuda externa pública creció de 7.368 millones a USD 9.630 millones, representaban el 43,5% y el 73,7% del PIB, en su orden (BCE, 2017).

En el mismo periodo, el tipo de cambio en el mercado libre subió de 119 sucres por dólar a 512 sucres, la inflación aumentó de 31,2 a 58,2%. Los altos niveles de inflación deterioraron la capacidad adquisitiva de empleados y trabajadores, el salario básico en dólares cayó de 67 a USD 38 (Ibídem). Las políticas de ajuste que promovió el FMI fueron un completo fracaso.

Rodrigo Borja promovió un modelo de economía mixta

En la segunda vuelta electoral, realizada el 8 de mayo de 1988, Rodrigo Borja, en su tercer intento de llegar a Carondelet, ratificó su triunfo con 54% de los votos válidos, frente al candidato populista Abdalá Bucaram que obtuvo 46%.

En aquel entonces, el Partido Izquierda Democrática era una de las organizaciones políticas mejor organizadas a escala nacional y agrupaba a intelectuales, grupos de empresarios y sectores de ingresos medios de la población.

Según Roberto Ortiz de Zárate, Borja durante la campaña electoral ofreció un programa de concertación para sacar al Ecuador de la crisis, habló de impulsar una “revolución moral”, aseguró no albergar planes de alterar el estatus del parque empresarial, ni nacionalizando, ni privatizando, y expresó su fe en un modelo de economía mixta en el que conviviera la planificación estatal y la propiedad privada (Ortiz, 2016).

El 10 de agosto de 1988, Borja asumió la presidencia de la República, en alianza con la Democracia Popular, al final del año la economía registró una tasa de crecimiento de 5,9%, pero la Reserva Monetaria Internacional descendió a USD 567 millones. Al siguiente año, 1989, la economía registró un modesto crecimiento de 1%, la inflación subió a 75,6% y el salario básico representaba únicamente USD 41, se acumulaban los atrasos en el servicio de la deuda externa.

En 1989, el presidente Borja firmó la primera Carta de Intención con el FMI, entre los compromisos adquiridos estaba controlar la emisión monetaria, reconstruir la reserva monetaria, disminuir atrasos en el pago de la deuda externa, limitar endeudamiento externo, reducir inflación, contraer el déficit de cuenta corriente (El Universo, 2019).

Una de las primeras medidas en materia económica fue la devaluación de la tasa de intervención del 56%, retorno al sistema de minidevaluaciones semanales y eliminación de la flotación cambiaria para las operaciones del sector privado trasladándola al mercado de intervención administrado por el Banco Central.

El Gobierno socialdemócrata intentaba controlar el crecimiento de la inflación y la caída de los ingresos fiscales con incrementos sistemáticos en las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles, medidas que pretendían enviar señales positivas al FMI para acceder a la renegociación de la deuda externa.

Se dispuso la eliminación de los subsidios al trigo y a ciertas medicinas, la restricción temporal a determinadas importaciones, la reforma arancelaria redujo los porcentajes del 37 al 15%, excepto para vehículos, y la supresión de operaciones de conversión de deuda, medida que anteriormente fue autorizada para realizar inversiones sociales.

Mediante reformas a la Ley de Hidrocarburos se creó la empresa petrolera estatal PETROECUADOR en reemplazo de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE); pocos días después, el Estado asumió la administración del SOTE que era operada por TEXACO. A fin de estimular el establecimiento de empresas extranjeras se expidieron la Ley de la Maquila, Zonas Francas, Contratación a Tiempo Parcial.

La Izquierda Democrática, obtuvo 30 diputados de un total de 71, hizo alianza con la Democracia Popular, el FADI y otras organizaciones políticas, lo que permitía el control de la Función Legislativa. Sin embargo, la falta de decisiones políticas orientadas a realizar cambios estructurales en los ámbitos económicos y sociales y el deterioro progresivo de la economía debilitó al Gobierno socialdemócrata.

El incremento del costo de vida y las medidas de carácter liberal como la flexibilidad laboral que dio luz verde a la instalación de empresas maquiladoras, provocaron protestas estudiantiles de gran envergadura y huelgas de los trabajadores. Borja enfrentó cuatro huelgas nacionales convocadas por las centrales sindicales.

Según Roberto Ortiz de Zárate del centro de investigación en relaciones internacionales de Barcelona:

“El 4 de junio de 1990 varias comunidades y organizaciones indígenas iniciaron un histórico levantamiento nacional que cogió por sorpresa a la clase política por su vigor y por el elaborado plan de reivindicaciones relativas a la propiedad de tierras, el respeto de los Derechos Humanos, la salvaguardia del patrimonio medioambiental y reformas constitucionales que consagraran al Ecuador como un estado multicultural y plurinacional” (Ortiz, 2016).

El gobierno de Borja no reprimió las movilizaciones ni las marchas de las organizaciones indígenas, estableció el diálogo para superar los conflictos con la mediación de la jerarquía de la Iglesia Católica. El 14 de mayo de 1992, luego de una gran marcha indígena que se concentró en Quito, Borja en un acto solemne entregó los títulos de propiedad de más de un millón de hectáreas de tierras para 148 comunidades de la región amazónica.

En 1990, se firmó la segunda Carta de Intención y en 1991 la tercera, básicamente con los mismos compromisos, ya que se cumplió parcialmente en la primera, pero en las dos últimas no se llegaron a cumplir (El Universo, 2019).

Entre 1988 y 1992, el PIB en valores corrientes subió sustancialmente de 13.045 millones a USD 18.085 millones, la inflación bajó del 58,2 al 54,6%, la Reserva Monetaria Internacional aumentó de 567,5 millones a USD 1.016 millones, el déficit fiscal del Gobierno central en relación al PIB pasó de -5,9% a un superávit de 3,0% (BCE, 2017).

No obstante, en el mismo periodo, el tipo de cambio subió de 512 sucres por dólar a 1.846 sucres, la tasa de interés activa aumentó de 44,7 a 56,5%, la deuda externa pública creció de 9.630 millones a USD 9.823 millones, el desempleo pasó de 7,0 al 8,9%, y el Salario Mínimo Vital se contrajo de 42 a USD 40 (Ibídem). El deterioro de la economía y los conflictos con las organizaciones sindicales e indígenas debilitaron a la administración del Gobierno socialdemócrata.

Sixto Durán-Ballén ejecutó políticas ultra liberales

El 17 de mayo de 1992 se realzaron las elecciones presidenciales. Sixto Durán-Ballén del Partido Unidad Republicana (PUR), que representaba los intereses empresariales tradicionales de la sierra, y Jaime Nebot del Partido Social Cristiano (PSC), registraron la mayor votación. En el balotaje realizado el 5 de julio de 1992, el binomio Durán Ballén-Dahik Garzozi volvió a ganar las elecciones con 57,3% de los votos válidos.

El partido oficialista formó una alianza con el tradicional Partido Conservador que lideraba Alberto Dahik, ex ministro de Economía del gobierno de Febres Cordero. Dahik, reconocido como un ultra liberal, lideró el diseño de la política económica, puso en marcha un programa radical de desregulación de la economía y privatizaciones.

El vicepresidente, Alberto Dahik, el 3 de septiembre, anunció su plan económico denominado “Programa de Estabilización Macroeconómica”, acorde con las políticas de ajuste y estabilización que promovían los organismos multilaterales que incluían el alza en los precios de los combustibles, luz eléctrica y gas. Además, se estableció la liberalización del comercio, amplias garantías para las inversiones extranjeras y la flexibilización laboral.

En el marco del Programa, se ejecutó una drástica devaluación del 35% de la tasa de cambio de intervención del Banco Central, situándola en 2.000 sucres por dólar, y la flotación de las tasas de interés en el sistema financiero, un agresivo plan de privatizaciones y la creación del Consejo de Modernización del Estado (CONAM).

El Gobierno de Durán Ballén compró la renuncia a 50 mil trabajadores, consiguió reducir la masa salarial en un 15%. En nombre de la modernización del Estado fueron privatizadas una docena de empresas estatales, entre otras, la línea aérea Ecuatoriana de Aviación, el ingenio ASTRA, la de fertilizantes FERTIZA y de comento Selva Alegre.

Luego de 7 días de protestas contra el aumento de los precios de los combustibles, entre un 25 y 71,2%, el FUT, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y los movimientos sociales decretaron la tercera huelga nacional, 3 de febrero de 1994. Las movilizaciones y protestas masivas bloquearon calles y avenidas que afectaron el transporte público. El sector industrial realizó sus actividades parcialmente, al igual que las actividades públicas cuyos funcionarios acataron el llamado a la huelga, especialmente en las ciudades de Quito y Cuenca.

En 1994, se firmó la primera Carta de Intención con el compromiso del Gobierno de incrementar las tarifas telefónicas, aumentar los precios de los combustibles, limitar el déficit del sector público no financiero y del Banco Central, establecer topes de endeudamiento público, monto mínimo de reservas, crecimiento del PIB 3,2%, privatización del sector eléctrico y telefónico (El Universo, 2019).

El modelo de “libre mercado” que promovían el FMI y el Banco Mundial estaba en su pleno apogeo liderado por el vicepresidente, Alberto Dahik, quien fue calificado por Febres-Cordero como “terrorista económico”.

A inicios de 1995, tropas del Ejército peruano incursionaron en la cabecera del Río Cenepa en territorio ecuatoriano, inmediatamente el Ejército ecuatoriano ordenó defenderse sobre Base Sur, Tiwinza y Cueva de los Tayos. El conflicto bélico afectó la estabilidad económica y el nivel de confiabilidad como país de inversión. La demanda de material bélico y los gastos militares provocaron una caída significativa en la Reserva Monetaria Internacional.

En 1995, se firmó la segunda Carta de Intención, donde el régimen conservador se obligaba a establecer techos en la emisión monetaria, inflación 15% anual, alcanzar superávit fiscal de 0,5% del PIB, pero no se cumplieron los compromisos asumidos (Ibídem).

El 26 de noviembre de 1995, se realizó la Consulta Popular convocada por Sixto Durán Ballén, en la que planteaba 11 preguntas, entre otras, que toda persona tiene la facultad de escoger libremente tanto el régimen de seguridad social a cargo del IESS o de otra institución pública o privada; o que el Presidente de la República podrá por una sola vez disolver el Congreso Nacional y convocar simultáneamente a elecciones anticipadas de diputados.

Las consultas populares en los hechos se han considerado como una evaluación a la gestión del régimen, y en el referéndum realizado en noviembre de 1995 triunfó el No por amplia mayoría.

Según se publicó en medios de comunicación, en una reunión con periodistas ecuatorianos Alberto Dahik habría revelado que ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia exigían dinero para aprobar leyes y dictar fallos de interés para el Gobierno.

Diputados social cristianos denunciaron que dos secretarios de Alberto Dahik depositaron en cuentas privadas 1.100 millones de sucres en 27 días, y lo acusaron de manejo ilegal de fondos del Estado.

El Congreso Nacional inició un juicio político al Vicepresidente de la República por malversación de fondos y fue destituido con el voto de 42 diputados. A su vez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia inició un juicio penal en contra de Dahik, lo declaró culpable y ordenó su prisión, quien tuvo que salir del país y se asiló en Costa Rica para eludir la sentencia.

Durán-Ballén continuó y profundizó las políticas de ajuste y estabilización con el objetivo de reducir el tamaño del Estado en la economía, mediante privatizaciones, despidos de empleados y trabajadores del sector público, congelación de sueldos y salarios.

Entre 1992 y 1996, el PIB en valores corrientes subió de 18.085 millones a USD 25.213 millones, pero en valores constantes registró una modesta tasa de crecimiento de 2,5% como promedio anual. La inflación descendió de 54,6 a 24,5% y la Reserva Monetaria Internacional creció de 1.016 millones a USD 2.011 millones (BCE, 2017).

Sin embargo, la deuda externa pública aumentó sustancialmente de 9.823 millones a USD 12.530 millones, el tipo de cambio subió de 1.806 sucres por dólar a 3.627 sucres, la tasa de interés activa trepó de 46,8 a 62,8%, el desempleo creció de 8,9 a 10,4% y el Salario Mínimo Vital mensual se redujo de 40 a USD 30 (Ibídem). Las medidas ejecutadas por el Gobierno conservador golpearon fuertemente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población.

Bibliografía:

• BCE, 2017. Noventa Años del Banco Central del Ecuador. Series Estadísticas Históricas. Versión disponible en: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/80anios/90%20ANIOS.pdf

• Banco Mundial, 2020. Versión disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?locations=EC

• Diario El Universo, 2019. Versión disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/17/nota/7236677/ecuador-cumplio-3-13-acuerdos-fmi

• El Comercio, 2015. Versión disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-paros-decada80-indigenas-politica.html

• El Telégrafo, 2 de agosto de 2015. En 15 años FUT cambió el eje de su política.

• Ortiz, 2016. Versión disponible en: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/rodrigo_borja_cevallos