A falta de cinco magistrados en el “paredón de fusilamiento”, el presidente “no dictador” apunta lentamente contra el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el periodismo crítico, la separación de poderes, el estado de derecho y demás elementos que constituyen el corazón de la democracia.

En su cadena de radio y televisión del pasado domingo 9 de agosto, el Presidente Nayib Bukele aclaró que “no es un dictador”, porque “si lo fuera ya habría mandado a fusilar a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional” que han revertido sus decretos de emergencia y el de apertura gradual de la economía, en el marco de la pandemia de la COVID-19. 

Ciertamente, el Presidente no es un dictador en el sentido estricto o clásico de la palabra, al menos no todavía; lo sería si controlara todo el aparato estatal, reprimiera a sus opositores, eliminara la prensa independiente e impusiera su visión en todos los ámbitos político, económico, social y cultural. Nayib Bukele es, eso sí, un gobernante con actitudes autoritarias, comportamiento antidemocrático y con aspiraciones “dictatoriales” que están menoscabando (“fusilando”) cinco aspectos centrales de la democracia.

1. Acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas

El Presidente Bukele eliminó la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), instancia que -a pesar de sus limitaciones y sesgos- promovía el acceso a la información y “actos de rendición de cuentas” de ministerios y entidades autónomas; y en su lugar ofreció un “comisionado para la probidad propuesto por la oposición” que nunca nombró. Luego, la Administración Bukele cerró el acceso a la información declarándola inexistente o inventando causales de negación que no están en la LAIP; y en el marco de la pandemia también “puso en cuarentena” las Oficinas de Información y Respuesta (OIR). 

Para aplacar las críticas y “cumplir” con una emblemática promesa electoral, Nayib Bukele instaló -con el apoyo de su amigote de la OEA, Luis Almagro- una CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) dependiente del gobierno y sin facultades vinculantes para investigar la corrupción. Adicionalmente, el mandatario canceló espacios de diálogo como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y otros donde el gobierno interlocutaba con organizaciones ciudadanas, la academia y otros sectores de la sociedad.

2. Libertad de expresión y periodismo crítico

Al Presidente Bukele y a sus secuaces no les gusta el periodismo crítico; no responde preguntas de la prensa (excepto si es Wil Salgado preguntando por quiénes votar en 2021) y busca cooptar a los medios a través de la publicidad: a unos asignándoles pauta y a otros negándosela, como premio o castigo, según su perspectiva crítica o acrítica sobre la gestión gubernamental. Recientemente, Casa Presidencial tomó el control de contenidos en medios bajo tutela del CONAB, ente estatal que administra bienes en extinción de dominio; al tiempo que arrecia las descalificaciones, estigmatizaciones y “linchamientos digitales” contra periodistas y medios que publican irregularidades en el uso de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.

3. Institucionalidad, independencia de poderes y Estado de derecho

Nayib Bukele transgrede flagrantemente el Artículo 218 de la Constitución y los artículos 184 y 172 del Código Electoral al valerse de su cargo para favorecer a determinados partidos políticos (GANA, Nuevas Ideas y Cambio Democrático) y hacer campaña adelantada; confronta permanentemente con el Órgano Legislativo y reniega de resoluciones de la Sala Constitucional (a cuyos magistrados “mandaría a fusilar si fuera dictador”). 

El mayor atentado presidencial perpetrado hasta hoy contra la institucionalidad fue el intento de golpe contra la Asamblea, el pasado 9 de febrero, cuando -con el pretexto de presionar por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad pública, el mandatario irrumpió en la sede parlamentaria acompañado de militares y policías. La toma del Congreso terminó cuando “Dios le dijo a Bukele que tuviera paciencia” y éste decidió que la destitución de los “malvados diputados” será por la vía electoral el próximo año.

4. Estado laico y no beligerancia de las fuerza armadas

A falta de políticas y estrategias efectivas, principalmente sanitarias, el Presidente declara “días de oración” (además de haber orado en la Asamblea el “9F”), contrariando el carácter laico y no confesional del Estado salvadoreño. Bukele, además, ha revivido la influencia y beligerancia política de la Fuerza Armada que fue proscrita por los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 de guerra civil y 6 décadas del militarismo instaurado tras la masacre indígena-campesina de 1932. Ejemplo de esto son la mayor militarización de la seguridad pública (iniciada en gobiernos anteriores) y la participación castrense en el fallido golpe contra la Asamblea.

5. Armonía social y unidad nacional

Violentando la Constitución (Art. 168, 3o. inciso), que manda al Presidente procurar la armonía social y la convivencia pacífica, Bukele ha instalado un discurso confrontativo y excluyente que divide a las salvadoreñas y salvadoreños entre buenos y malos: los buenos apoyan al gobierno y son “el 97 % de la población”, según dicho relato; y los malos son quienes cuestionan la perspectiva gubernamental, ese “miserable 3 %” lo integran magistrados, diputados de oposición, periodistas, activistas sociales y ciudadanos que señalan errores o piden cuentas al Ejecutivo. 

Durante emergencia por la pandemia, el Presidente Bukele no ha promovido la unidad nacional ni coordinado acciones con las demás instancias estatales, municipales y de la sociedad civil. La prepotencia, megalomanía y unilateralidad presidencial imposibilita también esfuerzos nacionales en otros ámbitos urgentes y problemáticas estructurales sentidas por la población que requieren diálogo social y coordinaciones interinstitucionales.

Así que, a falta de cinco magistrados en el “paredón de fusilamiento”, el presidente “no dictador” apunta lentamente contra el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el periodismo crítico, la separación de poderes, el estado de derecho y demás elementos que constituyen el corazón de la democracia.

- Leonel Herrera Lemus es periodista y comunicador. Ha trabajado en medios alternativos y organizaciones sociales. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).

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