El 15 de septiembre se conmemora, en El Salvador, el 199 Aniversario de la independencia de España. Pese al tiempo transcurrido desde entonces, la fecha siempre es vista, por algunos, como una oportunidad para reflexionar sobre el significado de aquel suceso para nuestro presente. Otros encuentran, en la celebración, motivos para reivindicar un difuso sentido patriótico y de pertenencia a algo que sigue siendo su nación. Desde el Estado, las autoridades públicas aprovechan para rendir el homenaje de rigor a los protagonistas de ese acontecimiento a partir del cual, de una u otra manera, comenzaron su andadura --una andadura marcada por la emergencia de dinámicas distintas a las precedentes-- los que serían, posteriormente, los Estados centroamericanos.

El contexto actual del país, con una incierta salida de una situación de crisis sanitaria y con agobios económicos en miles de familias, ha impedido realizar una celebración del estilo de otros años. No obstante, conmemorar la independencia sigue siendo importante, al punto de que no es esperable que a alguien se le ocurra proclamar abiertamente que no tiene ningún sentido seguir prestando atención al suceso, puesto que es algo que pertenece al pasado.

Con los Acuerdos de Paz, firmados en 1992, sucede justamente lo contrario. A pesar de que, en su momento, se vivieron --no por toda la gente, ciertamente, pero sí por capas importantes de la sociedad-- con una segunda independencia, o como una re-fundación de la nación salvadoreña, no falta quien, sin titubear, opine que esos documentos son algo superado, es decir, que no tiene sentido seguirse remitiendo a ellos para las decisiones institucionales, políticas o económicas que vayan a tomar (o se estén tomando) en el presente de nuestro país.

O sea, algo mucho más lejano en el tiempo, como lo es la proclamación de la independencia de España, no se pone en tela juicio como referente histórico, mientras que sí se hace tal cosa con unos documentos recientes con los que, además de poner fin a una dolorosa guerra civil, se elaboró una propuesta de reformas institucionales y políticas --con una debilidad notable en la parte económica-- a partir de las cuales El Salvador construyó su entramado democrático básico. Se trata del entramado que ha permitido que, desde 1992 hasta la fecha, no nos desbordemos en el desorden político, el autoritarismo y los abusos de poder que caracterizaron a las décadas previas, incluida la década de la guerra civil.

Quizás despacharse a los Acuerdos de Paz como algo pasado de moda, o como algo agotado en sus posibilidades para seguir apuntalando las reformas que necesita El Salvador, no sea lo más prudente en un país tan complejo y conflictivo como el nuestro. Para eso se debe entender que los Acuerdos de Paz, si bien es cierto que contienen líneas de acción y procedimientos --muchos de los cuales seguramente ya no tienen vigencia o son improcedentes en el momento actual--, no se reducen ni se agotan en ser un conjunto de recetas para la reforma política o institucional. Expresan una visión de un país fundado en la inclusión, la solidaridad y la justicia; un país organizado políticamente en un marco democrático y de derecho, y que en consecuencia instaura el diálogo y la concertación como mecanismos privilegiados para la resolución de conflictos sociales, políticos, culturales y económicos. Esto es algo más que el “espíritu” de los Acuerdos de Paz, pues está en el tejido de su letra. Las reformas concretas, por ejemplo, las referidas a la Fuerza Armada o a la creación de la PNC, derivan de esa visión conciliadora, concertadora democrática y respetuosa del Estado de derecho y de los derechos humanos.

Desde este punto de vista, los Acuerdos de Paz son, de lejos, mucho más actuales y vitales que la proclamación de la independencia de España. De esta, en realidad, no hay nada operativo para el momento presente de nuestro país. Incluso el papel cohesionador que pudo haber tenido, y que por cierto los gobiernos militares explotaron en demasía, se ha ido diluyendo. Los Acuerdos de Paz, en lo que se refiere a los procedimientos que emanaron de ellos, pueden y tienen que ser revisados y actualizados constantemente. Pero como horizonte de construcción de una sociedad más inclusiva, justa, solidaria y democrática siguen teniendo vigencia. No es correcto confundir ambos aspectos o dimensiones. No es correcto pretender enterrar los Acuerdos de Paz, apelando a lo superadas están, parcial o totalmente, las reformas y procedimientos planteadas en los mismos. Tampoco es correcto defender, obcecadamente, esas reformas y procedimientos, creyendo que con ello se defiende la esencia de los Acuerdos de Paz.

-Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.