La internacionalización de la agenda antimigratoria de la administración Trump

Fernando A. Chinchilla

18/09/2020

Análisis

Miles de migrantes, la mayoría centroamericanos, cruzan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, la violencia, y la exclusión social presente en los países del "Triángulo Norte".

Foto: Fernando Chinchilla (Monterrey México - julio 2012)

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Resumen

La incapacidad de la élite política para alcanzar un acuerdo de reforma integral del sistema migratorio en Estados Unidos (EE.UU.), que permita regularizar migrantes y dificultar la entrada a los recién llegados y a los que vienen de camino, unido a la retórica de la intolerancia promovida por Donald Trump, facilitó la internacionalización de la agenda antimigratoria de Washington. Primero, la ejecución de la política “Quédate en México” produjo un aumento de solitantes de refugio a EE.UU. en México, que ahora tienen que esperar del lado sur de la frontera para presentar sus casos ante las autoridades estadounidenses. Segundo, México fue forzado a militarizar su política migratoria, inicialmente de defensa de los Derechos Humanos, para evitar la entrada de centroamericanos por Guatemala. En fin, la Casa Blanca firmó acuerdos de “cooperación migratoria” con El Salvador, Guatemala, y Honduras, para retener los migrantes a lo interno del “Triángulo norte”. Ninguna de estas medidas ayuda a resolver esta crisis migratoria.

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La foto de los cadáveres de Óscar Martínez y de su hija, Valeria, en el margen del Río Bravo, que desataron la consternación internacional a finales de junio de 2019, desnudaron de nuevo la situación migratoria mundial. Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 70 millones de personas alrededor del mundo (25.9 millones de refugiados, 41,3 millones de desplazados, y 3,5 solicitantes de refugio) estuvieron en 2019 en situación de movilidad forzada (Ratcliffe, 2019). El desplazamiento humano, es decir el movimiento forzado de personas de su país de origen debido a conflictos armados y desastres naturales (OIM, 2006: 20), incluyen varios epicentros, entre ellos Etiopía, Irak, República Democrática del Congo (RDC), Siria, Sudán del Sur, y Yemen (ACNUR, 2019: 4)^¹.

En América Latina, al menos 3,4 millones de venezolanos han sido expulsados de su país. En 2018, 27,500 de ellos pidieron refugio en EE.UU, tan solo superados por los salvadoreños (33,400 casos) y los guatemaltecos (33,100), y seguidos por los hondureños (24,400) y los mexicanos (20,000). Como en años anteriores, los solicitantes provenientes de los países del “Triángulo del norte” centroamericano (El Salvador, Honduras, y Guatemala) sumaron la mitad de las solicitudes (54%) (ACNUR, 2019: 42). Cuando Óscar y Valeria intentaron cruzar el Río Bravo, se les indicó que para entrar a los EE.UU., debían inscribirse en una lista de espera. La “dosificación”, el sistema de cuotas en el proceso de solicitudes impuesto por la Casa Blanca, que limita el número diario de solicitantes de asilo que pueden presentar sus casos en puntos de entrada, generaron largas listas de espera – 3,300 solicitudes, por ejemplo, tan solo en Ciudad Juarez en abril de 2019 (Semple, 2019).

Desde su entrada en la escena política estadounidense, Trump, con su retórica antiinmigrante, puso en la mira a los mexicanos, caracterizándolos como criminales cuya entrada se debía detener por medio de la construcción de un muro (France 24, 2016). Durante la campaña de 2016, propuso reforzar la seguridad transfronteriza, aplicar las leyes más rigorosamente, dotar de mayor selectividad al sistema de inmigración estadounidense, y deportar a los “extranjeros indocumentados”^². Tres años después, ante la inminente campaña de reelección, Trump lanzó en una cruzada internacional que busca disminuir el número de migrantes que llegan a la frontera sur.

En este ensayo, defiendo la hipótesis que la incapacidad de la élite política estadounidense para alcanzar un acuerdo de reforma integral del sistema migratorio, unido a una retórica de la intolerancia, ha resultado en una internacionalización de las políticas antimigratorias en Centroamerica y México. Mi argumento procede en dos tiempos. Primero, presento un retrato del imaginario político estadounidense con respecto a los indocumentados y las políticas públicas propuestas en las últimas décadas para atender el fenómeno. Segundo, explico cómo la retórica de la intolerancia (Chinchilla y Stoesllé, 2016) se ha plasmado en políticas publicas fronterizas, y en acuerdos internacionales que forza a México y a países centroamericanos a adoptar políticas de mano dura destinadas a disminuir la llegada de migrantes a EE.UU^³.

Cada vez más lejos: el fracaso de la élite política estadounidense para acordar una reforma migratoria integral, y el ascenso de la retórica de la intolerancia

Por décadas, la clase política estadounidense debatió sobre una reforma “integral” al sistema migratorio, la cual no ha podido ser aprobada. El debate se enfocó en decidir qué hacer con los indocumentados que se encuentran ya en EE.UU – alrededor de 10.5 millines en 2017, según cifras del Pew Research Center (BBC News, 2019a) y en lograr disminuir el ingreso de nuevos inmigrantes por la frontera sur^⁴. El debate se articuló según líneas partidarias. Los demócratas siempre han propuesto abrir la puerta a la “regularización” a los indocumentados que no tienen antecedentes judiciales (obtención de un estatus legal), por medio de amnistías (OIM, 2006: 62). Ello permitiría una “integración social”, es decir aceptación comunitaria de los foráneos en sus áreas de residencia (OIM, 2006: 32–33)^⁵. Los republicanos, por su parte, han privilegiado la expulsión de los que no tienen permiso de residencia (Bruno et al., 2014: 29; Rosenblum y Wasem, 2013: 24).

En cuanto a los nuevos migrantes, ambos partidos concuerdan en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza, pero los demócratas ven con recelo la criminalización de la migración mientras que los republicanos ven mal el irrespeto a la ley subyacente al descontrol en los movimientos fronterizos masivos^⁶. Discursivamente, se entiende en EE.UU. que una reforma es integral cuando evita los excesos entre securitización y laxismo, es decir cuando abre los portillos de la integración a los indocumentados que están en EE.UU. (prioridad demócrata), y cierra las puertas de entrada a los recién llegados y a los que vienen de camino (prioridad republicana).

El apoyo simultáneo en 2006 del entonces senador demócrata Barack Obama y de su colega republicano, John McCain al Secure Fence Act y al Comprehensive Immigration Reform Act, es ejemplo de este enfoque bipartita (ver Cuadro # 1). El primer plan buscaba perfeccionar la vigilancia fronteriza (mejor uso del personal y de la tecnología), autorizando fondos para la edificación de un muro de 1,226 km (Congressional Research Service, 2006b)^⁷. El segundo, el cual fue apoyado por el Presidente George W. Bush (2001-09), incluía la ley Development, Relief, and Education for Alien Minors, conocida como DREAM Act, que permitía regularizar indocumentados (The New York Times, 2012)^⁸. Es decir, en la campaña presidencial de 2008, a pesar de las alas radicales existentes en cada partido, existía aún un punto de encuentro que permitía llegar a un acuerdo.

En 2010, el DREAM Act fue aprobado por la Cámara de Representantes pero rechazado por el Senado (Foley, 2012). Un año más tarde, ante la ausencia de reformas trangibles, Obama anunció la prioritización de la expulsión a indocumentados con un expediente judicial activo (Foley, 2012). El Gráfico # 1 muestra como, antes de 2011, los EE.UU. enfocaban en lo que la jerga burocrática llama “retornos” (returns), o sea las deportaciones de indocumentados sin historial judicial, en contraposición a las “extracciones” (removals), es decir la expulsión de inmigrantes en contacto con el sistema judicial^⁹. En 2011, las extracciones superaron por primera vez los retornos. Esta política, que no se encuentra más cerca de la plataforma republicana que demócrata, que poco mejora la seguridad transfronteriza y que no ofrece una vía a la regularización de indocumentados, fue continuada por la administración Trump^¹⁰.

Fuente: Department of Homeland Security 2017 (Cuadros 33 y 39).

Los esfuerzos de Obama para reformar el sistema continuaron en su segundo mandato, por medio del programa Deferred Action for Childhood Arrival (DACA, 2012), de una nueva reforma migratoria aprobada en el Senado (2013) pero rechazada en la cámara baja, y de la definición de doce decretos presidenciales (ver Cuadro # 1), para flexibilizar la aplicación de normas existentes que nunca entraron en vigor^¹¹. El DACA, anulado por Trump en 2017, respondía a una lógica de seguridad (Rosenblum y Wasem, 2013: 3), pero mantenía abierta la posibilidad de legar indocumentados, al otorgar permisos de residencia temporal a menores de 16 años que hubieran entrado a los EE.UU. antes de 2007. Las ordenes ejecutivas fueron judicialmente contestadas en 26 Estados, argumentando que Obama se había arrojado el derecho de decidir si millones de personas podrían residir en el país, accediendo a beneficios como las prestaciones sociales (Sherman, 2016). En síntesis, inexistentes fueron los avances en la materia migratoria después de 2012. El Congreso, mayoritariamente republicano, optó por una segmentación – el Border Security Results Act (2013), el Strengthen and Fortify Enforcement (SAFE) Act, el Legal Workforce Act, y el Agricultural Guestworker Act (Bruno et al., 2014: 1) son solo algunos ejemplos – que no produjo ningún acuerdo.

En en medio de este hiatus que irrumpe a retórica de la intolerancia de Trump, expresada en espacios públicos con provocadora xenofóbia. Contraproducente sería repetir ejemplos precisos, pero es importance señalar que, siempre desde la óptica de la narrativa, durante el mandato 2016-20 los indocumentados pasaron de ser considerados ilegales por muchos, a ser definidos como criminales. Se justifica así discursivamente la expulsión, o el impedimento de entrada, de migrantes, en un contexto en donde la discusión sobre la naturalización se esfumó del debate público, y en donde incluso en lo que a seguridad fronteriza se refiere, el gobierno ha sido particulamente ineficaz. Una de sus promesas faro de Trump, la construcción de un muro, no avanzó, a pesar de sus intentos por obtener fondos para construir 3,218 Km adicionales (Rodgers y Bailey, 2019)^¹². Cuando el congreso negó los USD 5 600 millones solicitados en el presupuesto de 2019 para construirlo, el presidente causó el cierre del gobierno federal más largo de la historia (shutdown), al negarse a firmar la ley presupuestaria. Y cuando quedó claro que la estrategia no funcionaría, declaró emergencia nacional para redirigir fondos para otros fines, hacia este objetivo, un acto ilegal, fue bloqueado por medidas cautelares, y considerado un un peligroso precedente de redireccionamiento de fondos públicos.

Hoy, los EE.UU. continúan siendo el más importante receptor de refugiados, pero es también el país que tiene más solicitudes pendientes de asilo (Ratcliffe, 2019). Es decir, en términos migratorios, lo único que la administración Trump logró fue acelerar el ritmo de proceso de las solicitudes de refugio, que pasaron de 22,318 (2016) a 42,224 (2018), y aumentar la tasa de devolución de refugiados de 54,6% a 65% durante el mismo lapso (ver Gráfico # 2). Estos “logros” son insignificantes, sobre todo si se toma en cuenta la amplitud de la crisis en la frontera sur: solo en El Paso (Texas), las detenciones de menores no acompañados crecieron 374% de octubre de 2017 a abril de 2019, mientras que las de unidades familiares lo hicieron de 1,816% (Office of Inspector General, 2019: 2)^¹³. La patrulla fronteriza asegura haber capturado 688,375 indocumentados entre octubre de 2018 y julio de 2019, en comparación con 303,916 detenciones del año precedente (BBC News, 2019a).

Fuente: Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). 2018. “Asylum Decisions and Denials Jump in 2018.” En University of Syracuse. En línea: https://trac.syr.edu/immigration/reports/539/ (página visitada el 25.07. 2019).

Cuadro 1 Propuestas de reforma migratoria en los EE.UU. (2006-2016)
	Comprehensive Immigration Reform Act of 2006^(*)	Border Security, Opportunity and Immigration Modernization Act of the 113^th Congress ^(**)	2014 Barack Obama Presidential Executive Actions ^(***)
Seguridad fronteriza	Aumento del número de oficiales, vehículos, e infraestructura en la frontera para prevenir la inmigración “ilegal”. Creación de un perímetro de seguridad virtual fronteriza contra la inmigración “ilegal”. Construcción de nuevos segmentos de muro en 2006 y 2008.	Solicitud al DHS (Department of Homeland Security) para desarrollar una estrategia de seguridad para la frontera sur (Southern Border Security Strategy y una Southern Border Fencing Strategy) para, al menos, duplicar la longitud del muro existente en 2013. Duplicación del número de agentes fronterizos (de 18,462 à 38,405).	Adopción del Southern Border and Approaches Campaign Strategy que busca, entre otros, aumentar el número de patrullas y de agentes fronterizos. Mayor coordinación inter-agencia para disminuir el número de personas que atraviesan ilegalmente las fronteras terrestre, aérea, y marítima.
Indocumen-tados	Aumento del número de oficiales responsables de investigar los crímenes cometidos por inmigrantes. Aprobación del DREAM Act (apertura de una vía para la regularización de inmigrantes que cumplen con los requisitos fijados por ley).	Establecimiento de criterios para que el DHS comience a procesar las solicitudes de regularizacion en casos especiales. Creación de nuevas atribuciones a los jueces para evitar eliminar de las listas de deportación a los que representan un peligro para el “interés público”. Establecimiento de dos vías para la regularización de indocumentados.	Prioridad de deportación a los que tienen antecendetes judiciales y a los que entraron ilegalmente a los EE.UU. depués del primero de enero de 2014 (a menos que no hayan cometido crímines). Ampliación de la eligibilidad a los programas de acción diferida (DACA et DAPA), por ejemplo para proteger a los indocumentados con relaciones familiares con inmigrantes legalmente establecidos o con niños de ciudadanía estadounidense, y posibilidad de aplicar a puestos de trabajo.
Otros	Aprobación de iniciativas para disminuir el contrabando proveniente de Belice y de Guatemala. Mejor colecta de datos para conocer mejor el número de muertes, y sus causas, en la frontera México-EE.UU. Solicitud a la Secretaría de Estado para mejorar la coordinación con Mexico para detener la “migración circular” y para aumentar la seguridad transfronteriza Criminalisación de la construcción de túneles no autorizados que atraviezan la frontera.	Creación de un sistema de verificación de empleados por los patronos (para asegurarse que los empleados están legalmente autorizados a trabajar)..	Incitativa al trabajo conjunto entre el gobierno federal y los locales para mejorar la capacidad de arresto y deportación de individuos peligrosos para la seguridad pública, fronteriza, o nacional. Mejora de los sueldos y de las condiciones de trabajo para los empleados de U.S. Immigration and Customs Enforcement et Enforcement and Removal Operations. Simplificación en el pago de derechos para adquirir la ciudadanía estadounidense.

Fuentes : ^(*) Congressional Research Service, « Comprehensive Immigration Reform Act of 2006, » Bill Summary and Status.109th Congress (2005-2006) S.2611. CRS Summary, 2006, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:SN02611:@@@D&summ2=m&.; ^(**) Andorra Bruno et al., Immigration Legislation and Issues in the 113th Congress (Washington DC, 2014), 3: https://fas.org/sgp/crs/homesec/R43320.pdf; Marc R. Rosenblum y Ruth Ellen Wasem, Comprehensive Immigration Reform in the 113th Congress: Major Provisions in the Senate-Passed S.744 (Washington DC, 2013), 6–7, https://www.hsdl.org/?view&did=742333. ^(***)Department of Homeland Security, Fixing Our Broken Immigration System Through Executive Action - Key Facts, 2015.

La internacionalización de las políticas antimigratorias

La retórica de la intolerancia señala, entre otros, que los EE.UU. son víctima de una invasión de extranjeros (BBC News, 2019a) que se ilustra por episodios como el ocurrido en 2018, cuando una “caravana” de 7,000 inmigrantes llegó a la frontera. Ante la incapacidad histórica de las élites políticas republicanas y demócratas a alcanzar un acuerdo de reforma integral del sistema migratorio, y ante la incapacidad de concretizar políticas públicas favorables a la expulsión en masa de indocumentados – la cual está prohibida por normas internacionales según las cuales todo retorno forzoso debe hacerse por decisión administrativa o judicial basada en un examen individual (OIM, 2006: 26, 61) – la administración Trump puso en marcha una serie de medidas que buscan sortear los obstáculos institucionales y políticos que ha encontrado en el escenario político interno, proyectando la política antimigratoria hacia la región mesoamericana.

El primer paso en este sendero fue el establecimiento de una “política de medida” (Metering Policy) llamada “Quédate en México” (Remain in Mexico). La policía fronteriza desplegó en enero de 2019 efectivos en los puentes binacionales para evitar la llegada de migrantes a los puestos de control. Antes, era posible cruzar el Río Bravo para apersonarse a un puesto de entrada en donde se podía presentar una solicitud de refugio^¹⁴. Hoy, las autoridades otorgan un número a quienes interceptan en medio de los puentes y les solicitan que vuelvan a México a esperar ser convocados (Nathan, 2019). La política fue institucionalizada en los protocolos de protección al migrante (Migrant Protection Protocols, MPP), que el Departamento de Seguridad Nacional define como un proceso mediante el cual “ciertos extranjeros que entran a EE.UU. (o que buscan admisión) desde México, de forma ilegal o sin la documentación apropiada, pueden ser regresados a ese país para esperar durante el proceso de inmigración. Mexico provee las protecciones humanitarias durante su estadía (Department of Homeland Security, 2019; Carasik, 2019). Dos elementos deben ser anotados aquí.

Primero, la capacidad de proveer las condiciones para un trato digno a los migrantes en EE.UU. es insuficiente. En 2019, instalaciones con capacidad máxima de 1,500 personas atendían 2,200, producto de los records en términos del flujo migratorio recibido a inicios de año (Jordan y Romero, 2019). Sin embargo, aplicar los MPP no fue solición. Al contrario, el efecto rebalse (spillover) que se produjo desplazó la crisis de un lado de la frontera al otro. México tiene aun menos recursos para afrontar la situación – el Congreso aprobó USD 4,6 billones para mejorar la infraestructura de recepción de inmigrantes en la frontera (BBC News, 2019b). Segundo, normas internacionales prohiben el refoulement, o sea la extracción y rechazo en la frontera, así como la devolución, deportación, expulsión, de toda persona no estimada peligrosa y/o que no ha sido condenada, a otro Estado en donde su vida o libertad pueden peligrar por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia social, u opiniones políticas, o cuando se puede ser víctima de tortura (OIM, 2006: 47, 60). México, en donde se encuentran ciudades altamente inseguras (Nathan, 2019), indicó que vigilaría el respeto del principio de non-refoulement (Agence France-Presse, 2019), pero si los migrantes no son capaces de llegar al puesto fronterizo para hacer la solicitud, no hay técnicamente “refoulement”^¹⁵.

La política antiimigratoria de la Casa Blanca avanzó hacia un segundo paso cuando dejó claro que México tendría que cambiar su enfoque en la materia. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que empezó su mandato con una política de protección de los derechos humanos – en sus tres primeros meses las deportaciones cayeron en 44% vis-à-vis el último trimestre del gobierno de Peña Nieto – tuvo que echar rápidamente marcha atrás (Semple, 2019)^¹⁶. Sin duda, la combinación de mayor flexibilidad en México y de restricciones en EE.UU. explican la saturación de albergues en las ciudades fronterizas (con el consecuente agotamiento de recursos). También, la emisión de visas humanitarias renovables con vigencia de un año para centroamericanos fue abandonada luego que las autoridades mexicanas recibieron más de 13,000 solicitudes en dos semanas (Semple, 2019). Pero también es cierto que las presiones de la Casa Blanca, la mayoría económicas, ayudaron a desarticular esa política.

El 30 de mayo de 2019, la administración Trump anunció la imposición de un arancel del 5% a los productos mexicanos importados a partir de junio, el cual aumentaría hasta el 25%, si no cambiaba el tratamiento de indocumentados centroamericanos que llegaban a ese país (Mars y Ximénez de Sandoval, 2019)^¹⁷. Rápidamente, se llegó a un acuerdo en el que México prometió endurecer su política migratoria, registrando y aumentando los controles de entrada, desplegando a la Guardia Nacional, y militarizando su frontera con Guatemala (Mars, 2019). El 24 de junio, el gobierno anunció el envío de 26,000 soldados a la frontera norte (Zerega, 2019) y la Guardia Nacional mexicana desplegó 6,500 efectivos para vigilar la frontera sur. En la ciudad fronteriza de Tapachula, los guardias apoyaron las redadas efectuadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo objetivo era detener y deportar inmigrantes (Rojas, 2019). Es así como la política de AMLO de protección de derechos humanos en el tema migratorio, quedó en el olvido.

El tercer paso en la internacionalización de la política antimigratoria estadounidense no tiene que ver ni con la aplicación de normas en la frontera, ni con las políticas públicas mexicanas, sino con la identificación de “terceros paises seguros”. El concepto, aplicado sobre todo en Europa, proviene de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados (Suiza, 1951). Es un “tercer país seguro” aquel que puede garantizar la seguridad de los migrantes, incluyendo el acceso libre a procedimientos justos para obtener un estatus de refugiado (Carasik, 2019; Mars, 2019). El 15 de julio de 2019, la Casa Blanca anunció su intención de rechazar las solicitudes de asilo de aquellos migrantes que no hubiesen solicitado refugio en México o en otro país durante su ruta hacia EE.UU. (Agence France-Presse, 2019). El 23 del mismo mes, Trump amenazó a Guatemala con la imposición de tarifas y otras represalias, si no aceptaba firmar un acuerdo para convertirse en “tercer país seguro”. La meta es que los migrantes que pasan por ese país (en su mayoría hondureños y salvadoreños), fuesen forzados a pedir protección ahí, interrumpiando así su marcha hacia el norte (Wagner y Sheridan, 2019).

En septiembre, EE.UU. firmó un texto similar, llamado “Acuerdo de cooperación de asilo” (Cooperative Asylum Agreement) con El Salvador (AP, 2019), y en diciembre, hizo lo mismo con Honduras (Lam, 2019). De más estar decir, definir a los países del “Triángulo Norte” centroamericano como “países seguros”, equivale a atrapar a los migrantes en la zona de la que deben huir. Guatemala es un país golpeado por la violencia, la pobreza y la corrupción, y del cual provienen muchos de los que en 2019 solicitaron refugio en EE.UU. y, junto a Honduras, es visto por Washington uno de los países más peligrosos del planeta. El Salvador, por su parte, es uno de los mayores exportadores de migrantes, justamente hacia los EE.UU. Así, aunque el 14 de julio la Corte Constitucional guatemalteca advirtió que este tipo de acuerdos requieren de aprobación legislativa, el presidente, Jimmy Morales procedió a su firma. Los otros dos países centroamericanos procedieron de la misma forma. Un país como Guatemala, que exporta 40% de su producción hacia los EE.UU. y cuyas remesas (provenientes de sus coterráneos residentes en ese país) representan el 12% del PIB (Carasik, 2019), no puede, como tampoco Honduras y El Salvador pueden, exponerse a este tipo de sanciones, aun cuando este acuerdo termine por extender la crisis humanitaria al área mesoamericana, adicionando a las miles de personas que esperan en las fronteras norte y sur de México, miles de hondureños y salvadoreños que quedarían atrapados (Sheridan, 2019).

Consideraciones finales: migrantes atrapados en América Central y México

Por primera vez desde 2007, las autoridades estadounidenses detuvieron en mayo de 2019 a más de 100,000 personas en la frontera sur (BBC News, 2019a), entre 132,000 y 144,000 (incluyendo alrededor de 11,500 niños no acompañados). Se trata de un aumento de 32% con respecto a mayo de 2018 (Mars y Lafuente, 2019). Por su parte, las autoridades mexicanas saben que los flujos migratorios son insostenibles. Las deportaciones pasaron de 5,717 en diciembre de 2018 a 15,654 durante los primeros cinco meses de 2019; hasta el 9 de julio, habrían entrado al país, de forma irregular, alrededor de medio millón de personas, y de enero a junio se habrían devuelto 75,759 de ellas, 21,912 solo en junio (Rojas, 2019). Ya no son hombres mexicanos solitarios, sino familias centroamericanas y niños no acompañados, los que se desplazan. En ese contexto, la internacionalización de las políticas antimigratorias de la administración Trump en nada ayudan a resolver una crisis transnacional cuya complejidad crece cuantitativa y cualitativamente.

Debido a la incapacidad de la élite política estadounidense para alcanzar un acuerdo que reforme el sistema migratorio de ese país, los indocumentados sin pasado judicial que se encuentran ahí permanecen sin opciones de regularización. Pero además, la retórica de la intoleracia se ha institucionalizado en protocolos y normas parciales de aplicación en puntos transfronterisos. Hoy, los que intentan entrar a EE.UU., ya sea indocumentados o no (por ejemplo con visas humanitarias de México) son bloqueados antes de llegar a la frontera, por lo que su proceso se alarga, se complejiza, y su precariedad e inseguridad se agravan. Enfin, gobiernos mesoamericanos sufren de la internacionalización de la política antiimigratoria de la Casa Blanca. México, por medio del rechazo de los EE.UU. a albergar posibles solicitantes de refugio, y al verse obligado de aplicar políticas de mano dura para evitar retaliaciones económicas de su vecino nórdico, es el primer afectado por este proceso. Pero los gobiernos de los países del Triángulo Norte han diso forzados a adoptar acuerdos para recibir a una población de refugiados proveniente de sus mismos países. La militarización de la frontera México-guatemalteca, que dio paso a la acumulación de entre 35,000 y 100,000 migrantes en la ciudad mexicana de Tapachula, así como el aumento de una población de migrantes en espera de continuar su viaje en la ciudad guatemalteca de Tecun Uman (Rojas, 2019), ilustra la internacionalización de la política antiimigratoria de Trump.

En el 2015, la opinión pública internacional fue convulsionada por la imagen de un niño sirio ahogado en las costas turcas. La comparación de esa imágen con la de de Óscar y Valeria parece sugerir que en los últimos cuatro años no han han habido cambios significativos en los marcos que llevaron a esas muertes y que, según el ACNUR, “...representan un fracaso en la respuesta a la violencia y la desesperación que empujan a las personas a emprender viajes peligrosos en busca de una vida digna y segura” (ACNUR, 2019). A corto plazo, no hay indicios que dejen preveer un cambio. América Latina seguía siendo en 2018 la región más peligrosa del planeta (UNODC, 2019: 13)^¹⁸. Es dudoso que la multiplicación de acuerdos que declare que los países latinoamericanos, o africanos, o medioorientales, y otros, son “terceros países seguros” cambie la realidad que se vive a nivel global en términos de flujos migratorios.

- Fernando A. Chinchilla: Director, Laboratorio Transnacional Paz Sostenible (PAZSOS). Investigador asociado, Les Afriques dans le monde (fernando.chinchilla@pazsos.org)

Referencias

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1 El informe de ACNUR analiza tendencias globales en materia de movilidades forzadas, las cuales incluyen refugio (tanto en países expulsores como receptores), las opciones de integración en las comunidades receptoras (naturalización), las personas apátridas (que ningún Estado considera como nacional suyo), otras “personas de interés”, la repatriación voluntaria, la necesidad de reasentamiento, y la situación de los desplazados internos. La categoría de refugiado refiere a “…personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional (ONU, 2019).

2 La OIM (2006: 26) considera “extranjero indocumentado” a todo aquel “…que entra o permanece en un país sin la documentación requerida. Ello incluye quien, sin documentación para entrar al país, ingresa clandestinamente, quien entra utilizando documentación falsa, quien, después de haber ingresado con documentación legal, permanece en el país después del tiempo autorizado, y quien, sin haber violado las condiciones de entrada, permanece en él sin autorización.

3 Conviene aclarar que la clandestinidad hace imposible conocer la cantidad y perfil exacto de las personas que atraviesan México hacia los EE.UU. Las estimaciones varían de una fuente a otra. El conteo es más difícil cuando se considera que México exporta ciudadanos, recibe inmigrantes, y es también zona de tránsito. Como muchos inmigrantes son estadísticamente invisibles, este texto se fía, entre otros, en cifras de detenciones y deportaciones.

4 Si bien en 2017 se registraon 3,027 detenciones por ingresos ilegales en la frontera con Canadá, y 3,588 por la costa (BBC News, 2019a), es la frontera sur en donde el fenómeno de la inmigración ha alcanzado proporciones de crisis humanitaria.

5 Algunos de los requisitos para ser elegibles son el no tener antecedentes penales, estar el día en las obligaciones fiscales, haber tenido una presencia continua en territorio estadounidense durante varios años, y tener niños que ostenten la ciudadanía o un estatus de residencia permanente.

6 La criminalización de la inmigración, una de las consecuencias directas de la retórica de la intolerancia, se produce al mezclar temas relacionados con los flujos migratorios, por un lado, con las actividades criminales, por el otro. Por ejemplo, el presidente Trump ha afirmado que 90% de la heroína que entra en EE.UU. lo hace por la frontera sur, y por lo tanto la construcción de un muro permitiría luchar más eficazmente no solo contra la entrada ilegal de personas, si no también contra las drogas. Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que, si bien es cierto mucha droga proviene de México, en su mayoría entra por puestos de control, escondida en vehículos particulares o en camiones comerciales (Rodgers y Bailey, 2019). El muro fronterizo de Trump no tendría entonces otro efecto más que el de obstaculizar los flujos migratorios, sin tener necesariamente una incidencia en materia de tráfico de drogas y otras actividades criminales.

7 Recuérdese que antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, existía ya poco más de 1000 Km de barreras edificadas en la frontera sur, constituídas pour 570 Km de obstáculos peatonales y 483 Km de vallas antivehiculares (Rodgers y Bailey, 2019).

8 Al modificar el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (1996), el DREAM Act permitía a los indocumentados desarrollar estudios universitarios. Ofrecía además un acceso condicionado a la residencia permanente a los que entraron al país antes de haber cumplido 16 años (si demostraban una presencia continua e ininterrumpida durante los cinco años previos a la ley). La residencia dependía de la “buena conducta” de los candidatos, y del hecho de no ser sujetos a deportación en los términos de la Immigration and Nationality Act (1952). Por lo mismo, los indocumentados integrantes de “pandillas” quedaban excluidos de la propuesta (Congressional Research Service, 2006a).

9 El término “deportación” no tiene asidero legal en EE.UU. El gobierno utiliza la noción de “extracción” para quienes recibieron la orden de salir del país, ya sea de parte de un agente fronterizo o de un documento judicial. Un “retorno” es quien simplemente es devuelto sin que medie una orden expresa. Entran en esta categoría, por ejemplo, quienes son “liberados” en México luego de haber sido interceptados del lado estadounidense de la frontera (The Editorial Board, 2019; Lind, 2014).

10 De acuerdo con una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su administración, las autoridades deben priorizar la extracción de aquellos que hayan sido condenados por un crimen, que hayan sido acusados de delitos (aunque el proceso esté inconcluso), que hayan cometido actos que pueden derivar en una acusación criminal, fraude o tergiversación deliberada de hechos ante autoridades públicas, y quienes hayan abusado de programas públicos o recibido indebidamente beneficios públicos. Es también objeto de una orden de extracción quien, en la opinión de un oficial de migracion, constituya un riesgo a la seguridad pública o nacional (Trump, 2017).

11 Esta reforma migratoria incluía medidas para reforzar la seguridad fronteriza, aplicar mejor los reglamentos existentes, permitiendo simultáneamente la regularización de indocumentados (Bruno et al., 2014: 1). Destacaba la propuesta de crear un registro temporal (Registered Provisional Immigrants, RPI) para permitirles pedir un estatus legal (Legal Permanent Resident, LPR) si los indocumentados cumplían con los criterios de idoneidad definidos en el DREAM Act (Bruno et al., 2014: 12).

12 A pesar de la negativa legislativa a aprobar los fondos solicitados por Trump, hacia mayo de 2019 sí se habían autorizado USD 6.1 billones para construir o reconstruir 540 km de barreras fronterizas, particularmente 138 Km de nuevos segmentos de muro (adyacentes al ya existente), 38 Km de nuevos diques, y 363 Km para remplazar barreras (Rodgers y Bailey, 2019).

13 Se consideran “menores no acompañados” a las “…personas que no tienen la mayoría de edad y que no viajan acompañadas por un padre, un tutor o cualquier otro adulto quien por ley o costumbre es responsable por ellos” (OIM, 2006: 38). Este tipo de migrante plantea retos especiales a los funcionaros de inmigración, puesto que a diferencia de los adultos, los niños solo pueden ser detenidos un máximo de 72 horas. Luego, deben pasar a custodia de servicios sociales, familias receptoras, o familiares que se ocupen de ellos (Mars y Ximénez de Sandoval, 2019).

14 Una vez efectuada, el solicitante debía ser enviado a un centro de detención dirigido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y reunirse con un oficial de migración. Si pasaba la entrevista, debía ser liberado para reunirse con su familia o amigos en suelo estadounidense. Se le asignaba un abogado el cual debía comenzar a recabar las pruebas necesarias para demostrar al juez de migración que su cliente necesitaba permanecer en el país por razones de seguridad (Nathan, 2019).

15 En 2018, por ejemplo, Tijuana registró su año más mortífero de su historia, con más de 2,500 asesinatos (Ahmed y Semple 2019), ello sin mencionar que existen factores estructurales de reproducción de la violencia colectiva en México (Chinchilla, 2018).

16 AMLO declaró a inicios de 2019 querer adoptar un enfoque distinto al de sus predecesores en materia migratoria, buscando disminuir las detenciones, favoreciendo los esquemas de integración a la sociedad mexicana, y otorgando más visas humanitarias y permisos de trabajo (Semple, 2019). El gobierno dijo considerar que los flujos migratorios debían ser abordados con una perspectiva de largo plazo, con planes que incluyeran medidas para disminuir la expulsión de países como El Salvador, Guatemala, y Honduras (Mars, 2019).

17 Para ese entonces, las autoridades mexicanas aseguraron estar ayudando a ejecutar la agenda de Trump, bloqueando el paso para impedir que los emigrantes pudieran caminar hacia los puentes para solicitar refugio, interceptando niños no acompañados antes de que llegaran a territorio estadounidense, y asistiendo a los agentes estadounidenses en la gestión de las listas de solicitantes. En Reynosa (Tamaulipas), prácticamente nadie tiene permitido cruzar el puente para solicitar asilo, mientras que en Piedras Negras (Coahuila) organizaciones de la sociedad civil han denunciado a las autoridades mexicanas, que habrían reunido en albergues a cientos de migrantes con el objetivo de “vigilarlos” (Ahmed y Semple, 2019).

18 No solo la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, la cual fue en ese año de 9,6, 11,7, 22,4, 25,8, 40, y 51 en Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Honduras, y El Salvador, respectivamente (Dalby y Carranza 2019) es alta, sino que la dinámica de la violencia colectiva es compleja (Schultze-Kraft, Chinchilla, y Moriconi 2018).

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