A propósito del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional FMI, por parte del gobierno de Costa Rica, cuya aprobación final está ahora en manos del Plenario Legislativo Costarricense, y que ha sido y es debatido, en muchos medios, por políticos, empresarios y ciudadanía en general, deseamos hacer unas precisiones en torno a los prestamistas, las cuales deben ser conocidas por la ciudadanía en general, y que la entenderían colegiales de la sociedad costarricense.

El préstamo inicialmente es por 504 millones de dólares, pero por el tipo de cambio el monto ya llega a los 515 millones de dólares, los cuales serán entregados en un solo desembolso.

Este crédito tendrá un interés anual de 1,55% y un plazo de cinco años, con pagos trimestrales a partir de 3¼ años del desembolso, que se realizará en un solo lapso.

Otra de las características del crédito es que es suministrado por la vía del Instrumento de Financiamiento Rápido IFR, lo cual le permite al país su utilización en necesidades urgentes como catástrofes naturales, situaciones de conflicto y posconflicto, y emergencias debidas a situaciones de fragilidad, en este caso, la supuesta emergencia es los estragos del Covid-19, además de una baja tasa de interés.

Otro detalle importante conocer es que, antes de darle aprobación al empréstito, los legisladores aprobaron una moción que obliga a girar al menos un 10% de los recursos a la Caja de Seguro Social, para amortizar parte de la deuda que el Estado tiene con esa institución.

Otro elemento de esta transacción financiera es que esta solicitud de crédito al FMI, es uno de los ocho empréstitos que hacen fila, en la Asamblea Legislativa por un monto que supera los $2.500 millones, y que van orientados al canje de deuda, la atención de la emergencia del COVID-19 y ahora al traslado de recursos a la CCSS.

Es decir, el gobierno costarricense, luego que sea aprobado dicho préstamo, tiene una política, en espera, la cual es parte de la apuesta de la administracion Alvarado, para el financiamiento de los próximos años.

Como ya indicamos, el monto final acordado es por $2.250 millones, en tres depósitos anuales de $750 millones, y traerá consigo una serie de compromisos para el país.

No obstante, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, reveló a los diputados que la propuesta se “socializará” con los diferentes actores a partir de esta semana, pero tanto él como la ministra de Planificación Pilar Garrido, se negaron a dar detalles de ese proceso o de lo que ya se ha discutido sobre el acuerdo.

A la par, de los mencionados detalles del préstamo y otros elementos, nos interesa dejar bien claro lo siguiente:

Por deuda externa, se entiende la deuda pública y privada, con garantía del Estado, derivada de préstamos otorgados por organismos financieros extranjeros. “El servicio de la deuda” es la suma de los intereses bancarios y del reembolso o pago parcial, de lo que se ha recibido en préstamo.

Los principales entes multinacionales prestamistas son: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los tres ejercen su hegemonía y se sienten con derecho de decidir la política económica que han de seguir los países que reciben préstamos.

Banco Interamericano de Desarrollo: fundado en 1959 por la OEA, para financiar proyectos de desarrollo de los países miembros (su sede está en Estados Unidos, que es su mayor contribuyente).

Banco Mundial: su objetivo es encauzar recursos financieros aportados por países industrializados, para brindar ayuda a la elevación del nivel de vida en países pobres (tiene su sede en Estados Unidos).

Fondo Monetario Internacional: creado por Estados Unidos como organismo financiero, y quien firmó con la ONU un acuerdo de mutua cooperación en 1948. Sus objetivos son: promover la cooperación monetaria internacional, colaborar ante cualquier desequilibrio económico, poniendo a disposición del país ayuda monetaria bajo “garantías adecuadas”.

El país que solicita un préstamo puede negociar las condiciones de pago. Pero no puede participar en la fijación de las tasas de interés, ni en las condiciones económicas y sociales que exige el organismo para otorgárselo: el país que se endeuda queda comprometido a cumplir esas condiciones.

Entonces, ¿quién determina la política económica y social de un país deudor?

La gran crisis del capitalismo mundial, iniciada en Estados Unidos (2008), lógicamente ha repercutido en el FMI y otros organismos financieros.

La receta que ordena el FMI a sus deudores contiene ingredientes del neoliberalismo del siglo XX: libre fijación de precios de productos y servicios, libertad de comercio, eliminación de subsidios a áreas de producción y otras imposiciones que limitan la participación del Estado en asuntos económicos y sociales.

Posteriormente, la receta neoliberal recomienda, como ocurrió en Venezuela, la privatización de empresas del Estado y la desvalorización de la moneda nacional, es decir, medidas desnacionalizadoras.

¿Sabías que en el año 2008 se privatizó la industria petrolera de México, que había sido nacionalizada en 1939?

Otros datos al respecto:

El año 2008, ante la recesión económica de Estados Unidos que afecta al mundo entero, se reunieron presidentes de países latinoamericanos miembros de UNASUR y anunciaron estudiar decisiones sobre pago de la deuda externa.

En el año 2006 un funcionario del FMI declaró con preocupación que ese organismo tenía dificultades, porque varios países habían pagado su deuda y otros estaban próximos a cancelarla.

Unos años antes, en 1983, un economista del FMI advirtió la existencia de dos “graves amenazas” para la subsistencia de ese organismo:

1. Que los países endeudados se declararan en quiebra y no pagaran su deuda.

2. Que los países deudores pagaran toda su deuda.

Con eso quiso explicar, que la existencia de países endeudados es fundamental para que subsista el FMI, y toda la estructura política y económica que ese organismo representa en la economía mundial, a favor del poderoso imperialismo.

La deuda sirve, para mantener la dependencia de los países con economías débiles respecto a los grandes centros del capitalismo mundial, y particularmente con Estados Unidos.

Para finalizar, citamos algunos elementos intrínsecos en la propuesta de endeudamiento, hacia Costa Rica y América Latina, antes de endeudarse con los bancos prestamistas:

1. Si se hiciera un ejercicio de información, explicación y consulta efectiva y democrática de esta propuesta y sobre todas las alternativas posibles, es seguro que la población concluiría que no quiere asumir deudas de largo plazo con el FMI.

2. Hay toda una historia, tanto en Costa Rica como en América Latina, acerca de los desastres económicos surgidos de una deuda. Los préstamos por lo general, agravan las crisis sociales.

3. Con la propuesta para el FMI se obliga a nuevos tributos a la gente asalariada y más pobre, y se consolidan los privilegios de la gente más rica mientras que los privilegios de la élite costarricense siguen intactos, inalterados. Se aseguran los privilegios del empresariado; del capital.

4. En general, no se justifica firmar un convenio con el FMI, lo que se debe hacer prioritariamente es aplicar mecanismos eficientes y eficaces contra la evasión, elusión y exoneraciones fiscales.

5. En síntesis, en el caso concreto de Costa Rica, el país tiene condiciones financieras para atender la crisis, que no implica condicionar la política económica del país ni empobrecer a más personas.

En conclusión, recurrir a empréstitos con algunas de las multinacionales prestamistas ya mencionadas, llevaría a Costa Rica por un camino de depresión económica que podría prolongarse todavía por muchos años más, con todas las secuelas que ello conlleva, en términos de retroceso social y político, y deterioro de las condiciones de vida de su población. La nación, el país y el gobierno necesitan repensar esa ruta.