La Junta de Portavoces del Congreso peruano acordó que el debate y votación de la admisión a trámite de la segunda moción de destitución presidencial en contra del presidente Martín Vizcarra se lleve a cabo a inicios del mes de noviembre.

El partido Unión por Perú (UPP) encabezó el pedido de vacancia, que obtuvo las firmas de miembros de Podemos Perú, Frente Amplio y Acción Popular, que pide declarar la “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra.

Es la segunda que enfrenta su gobierno y la cuarta en menos de tres años desde que Pedro Pablo Kuczynski asumiera el cargo el 28 de julio de 2016 para luego renunciar casi dos años después, en otro escándalo de corrupción-. 

El primer ministro Walter Martos consideró una tremenda irresponsabilidad que se plantee un segundo pedido de vacancia.

La moción de destitución, con fuerte apoyo empresarial, se presenta en un contexto donde las bancadas están en algunos casos divididas y en otros, manejando sus fichas para el proceso electoral del 2021, al cual se debería llegar de no mediar ningún inconveniente. 

Las denuncias se refieren a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que están evitando ser implicados en el proceso judicial del conocido “Club de la Construcción”, pro el cobro y pago de unas coimas a favor de Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua. 

Perú vive en un escenario donde la vacancia presidencial parece haberse convertido en el tema prioritario de sectores políticos y económicos que no logran acomodarse en la vida del país, a pesar de que el sistema sigue siendo el mismo que se instauró en 1992 pero que ha tenido en la lucha contra la corrupción uno de los golpes más importantes de los últimos años. 

Hoy, a 225 días de declarada la emergencia nacional, con números de casos y muertes nuevamente se desvía la atención de los graves problemas económicos, sociales y también sanitarios, ante la falta de políticas claras frente a la pandemia. 

Para muchos, ha llamado la atención que el grupo El Comercio lidere esta andanada de denuncias de hechos que se vienen investigando desde hace un par de años, lo que revela el interés de sectores empresariales en promover una vacancia presidencial en medio de procesos judiciales que -coincidentemente- involucran a accionistas de estos emporios mediáticos 

Para la analista Yorka Gamarra, existen intereses de los grupos de poder económico como el llamado club de la construcción, los medios de comunicación y otros, que alientan esta propuesta reiterativa de vacancia presidencial con intereses subalternos y hasta golpistas. 

En un país donde los medios de comunicación y los grupos de poder han dictado siempre la agenda no se puede descartar la existencia de un intento de desestabilización, lo que no significa que no haya que investigar todas para ser elevado, después de las últimas revelaciones que acusan al mandatario de haber recibido cerca de 550.000 euros, a cambio de contratos públicos cuando era gobernador de Moquegua.

El analista José Alejandro Godoy considera que si bien es cierto que los casos que hoy implican al presidente son más graves que el anterior caso Swing, la estabilidad del país no puede depender de parlamentarios que buscan, como Antauro Humala, sentenciado por homicidio,  postule o que buscan tapar sus propias peleas internas, como en el caso del Frente Amplio. 

Y que éste cumpla con su palabra de quedarse en el país después del 28 de julio de 2021, cuando vence su mandato, y responder a todas las indagaciones que sean necesarias, más allá del llamado que ha hecho la Fiscalía para la primera semana de noviembre.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/10/22/en-peru-insisten-en-destituir-al-presidente-vizcarra/