La cercanía temporal entre los triunfos del MAS en las elecciones presidenciales en Bolivia y del Apruebo en el plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile tiene también una proximidad de significativa relevancia política: son las señales quizá más relevantes de un movimiento sustantivo en la correlación de fuerzas sociales en la región y en quiénes disponen de la iniciativa política.

Esta simultaneidad entre los procesos en ambos países viene desde 2019, aunque con signos desiguales. Fue en octubre de ese año en que se iniciaron las movilizaciones semi insurreccionales en Chile, que coagularan posteriormente en los acuerdos por el plebiscito reciente. Y fue a poco menos de un mes de ese mismo año el golpe de fuerza que llevó al término del gobierno de Evo Morales y del MAS en Bolivia.

El periodo que cubren ambos procesos en 2020 es muy breve. Con razón se podría sostener que son enormes los peligros de juicios apresurados. Pero hay elementos para pensar que estamos a las puertas de un nuevo tiempo y de procesos que marcan un quiebre con los zigzagueos previos.

¿Qué pueden indicar los acontecimientos en Bolivia y en Chile en octubre del 2020? ¿Prevalece entre estos dos procesos pura contingencia o hay signos de algo más perdurable?

Aquí se sostendrá que lo sucedido de manera reciente en ambos países es un signo que la fuerza social de los dominados se ha incrementado, por la capacidad de desplegar movilizaciones masivas, por su persistencia, por mantener la iniciativa, por su rápida rearticulación a pesar de agudos golpes, en tanto el empuje de los sectores dominantes se ha debilitado, porque sus bases de sustentación social se encuentran resquebrajadas por la imbricación entre la crisis económica y la pandemia, por la carencia de proyectos, por la pérdida de horizontes.

Lo sucedido en Bolivia en 2019 y 2020 nos pone frente a una situación paradójica que obliga a formular la pregunta: ¿Cuál fue el sentido del golpe de fuerza de 2019 a la luz de lo sucedido en 2020?

Visto en perspectiva, dicho golpe de fuerza careció de sentido. Lo menos que se podría haber esperado es que la oligarquía boliviana y los aparatos armados hubieran operado un tiempo suficiente para desmantelar y desarticular a las fuerzas populares, y sólo alcanzado estos objetivos, plantear la convocatoria electoral.

¿Qué explica su precipitación? Una hipótesis posible es que sin contar con un plan ni siquiera de mediano plazo, la articulación social y política golpista, donde se debe incluir a la OEA y la reacción internacional, aprovechó un momento de titubeo y/o debilidad del campo popular, donde el tema de la reelección de Evo Morales y las mentiras de fraude, entre otros, tuvieron su papel, lo que permitió a la reacción actuar exitosamente.

Pero la política contrainsurgente de esta articulación golpista no fue para nada exitosa, no sólo por fallas de diseño, sino también por la oposición local que encontró en el movimiento popular, unida a los tropiezos de la reacción regional e internacional, con sus fracasos en las arremetidas contra Venezuela, y la creciente atención que reclamaron los problemas derivados de la pandemia y la crisis económica en la Unión Europa y Estados Unidos.

El holgado triunfo electoral de Luis Arce y el MAS puso de manifiesto la rápida rearticulación de las fuerzas sociales y políticas golpeadas en octubre de 2019, y que a despecho de la opinión de intelectuales y dirigentes feministas, el apoyo al MAS y al gobierno de Evo Morales no se había diluido, por el contrario, gozaba de muy buena salud.

Dentro de los múltiples problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y el movimiento popular en materias económica y política, se añade hoy la relación con las fuerzas armadas, en el corto y mediano plazo, en tanto los altos mandos militares que actuaron en 2019 siguen allí, pero también para el largo plazo de un proyecto que se plantea transformar la sociedad boliviana apoyada en el respeto a la ley, y donde la buena relación del presidente con los altos mandos ya manifestó su insuficiencia.

Con cerca del 80 por ciento de adhesión hacia el Apruebo, y con la más amplia distancia frente a la propuesta contraria en referéndum alguno, la población chilena confirmó que su disposición a poner fin a un sistema económico y político que camina dándoles las espaldas no fue resultado de un malestar coyuntural, sino, por el contrario, que despertó fuerzas de mayor duración, lo que abre justificadas expectativas sobre lo que prosigue.

Porcentajes igualmente elevados recibió la propuesta que sea una Convención Constitucional, esto es, ciudadanos elegidos específicamente para la elaboración y redacción de la nueva Constitución, dejando en el camino la opción que miembros del parlamento tuvieran peso en esta tarea.

No será un problema menor resolver cómo candidaturas independientes de los partidos reúnen numerosas firmas, como lo establecen los acuerdos alcanzados. Por allí los partidos políticos marginados en el plebiscito pueden recuperar presencia.

La fuerza social alcanzada por este proceso obligó al presidente Sebastián Piñera y a otros miembros de los partidos de la derecha chilena a señalar su acuerdo con la convocatoria a redactar una nueva Constitución, en un esfuerzo desesperado por impedir que la consulta no se convirtiera en un referéndum sobre su mandato, junto a los de los gobiernos post dictatoriales que le antecedieron, que denotaría el rechazo popular.

Más allá del resultado, importa destacar también el incremento de la participación de la población de Santiago ubicada en las comunas más populares y en otras situadas hacia el centro de la ciudad, allí donde se concentran obreros, y asalariados pobres. También es esperanzador la elevada participación de jóvenes, los que mantuvieron banderas en alto en los tiempos previos a la consulta. A pesar de que se votó en momentos de pandemia no controlada, y que se avizoraba el triunfo, la participación de más del 50 por ciento de los inscritos en el registro electoral habla de una decidida disposición de hacerse escuchar.

Sólo en tres comunas de Santiago, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, en donde se concentran las viviendas de los más poderosos empresarios y políticos, triunfó la no aprobación a una nueva Constitución, con un declive a su vez de la participación de estos sectores.

En diversas otras zonas del país y en comunas agrarias, muchas de ellas antiguas bases electorales de las fuerzas de derecha, los resultados se volcaron a favor del Apruebo.

Los sectores dominantes chilenos no pudieron impedir que se pusiera de manifiesto su debilidad para torcer el curso de acontecimientos políticos que suponen un enorme capital simbólico. Ello alimentará la fuerza de los sectores populares que buscarán que la nueva Carta Magna exprese sus aspiraciones, superando los vericuetos y trampas legales que tratarán de limar las aristas más agudas de las demandas mayoritarias.

En Bolivia y Chile se ha puesto de manifiesto que la correlación de fuerzas se ha desplazado favorablemente hacia el campo popular y que la iniciativa política se encuentra en sus manos. Los sectores dominantes han perdido dicha iniciativa, así como fuerza para impedir que los procesos en marcha contravengan sus intereses y posiciones.

Las condiciones cómo se produce este cambio de rumbo en los dos procesos, rompiendo la inercia conservadora asentada en Chile, la que atrapó a fuerzas políticas de una antigua izquierda, sobre la base de prolongadas movilizaciones multitudinarias, y la rápida rearticulación política en Bolivia que revierte muy tempranamente un golpe de fuerzas conservadora y oligárquica, es lo que marca la diferencia frente a otros giros producidos en el plano de la política regional, y que los asemeja con los ascensos al gobierno de Hugo Chávez y del propio Evo Morales en Venezuela y Bolivia, por las masivas y persistentes movilizaciones desplegadas.

En una situación que escapa a la lectura simple, la gestión de López Obrador en México abre un escenario novedoso y no menos relevante en este movimiento en la correlación de fuerzas en la región. Sin un discurso estridente, donde destaca “primero los pobres”, con su política de austeridad republicana y de lucha contra la corrupción, López Obrador prosigue desmantelando numerosas redes de saqueo de los recursos públicos, donde conviven cárteles del crimen organizado, encumbrados políticos y empresarios, estableciendo una nueva ética en la gestión política que -en un país devorado por la corrupción y la desigualdad social- no es poco.

La pandemia también ha aportado su cuota en el debilitamiento del discurso y práctica neoliberal en la región y el mundo. Las zozobras del confinamiento y la sustantiva baja de las actividades económicas han obligado a giros significativos de timón, sea en el gasto público por encima de las restricciones al déficit fiscal, sea en retiros a fondos de pensiones para sortear la carencia o baja de salarios.

La crisis económica, que ha sido agudizada por la pandemia, ha puesto a los capitales en un dilema nada sencillo de resolver y muy fuera de sus manos. Mientras la pandemia no sea controlada no hay condiciones para impulsar proyectos económicos que tengan como horizonte sortear la actual crisis.

En medio de esta situación, que genera un vacío de proyectos del capital y fisuras en el dominio imperante, han sido las fuerzas populares, a pesar de haber sido afectadas también por la crisis económica y la pandemia, las que demuestran mayor capacidad de acción y rearticulación. Esto propicia que el reiterado discurso de regreso a la nueva normalidad encumbrado por gobiernos y agrupaciones empresariales será un proceso de agudas disputas sociales.

Jaime Osorio

UAM-Xochimilco