El último reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático ha sido contundente: limitar el calentamiento global a 1.5°C requiere de una transición “rápida” y “sin precedentes” en los sistemas energéticos basados en las energías fósiles[1].  Pero si bien hay un consenso generalizado sobre el papel central que las energías renovables jugarán en este proceso, poco se discute sobre las formas en que nuestras sociedades aprovecharán, transformarán, distribuirán y consumirán estos recursos alternativos.

La estrecha relación entre el uso de la energía y la organización social plantea preguntas clave sobre el tipo de proyecto político, económico y ecológico que las energías renovables sostendrán.  Una transición hacia el aprovechamiento y consumo de energías renovables puede verse como un mero cambio tecnológico que daría vuelta al engranaje del “crecimiento verde” (proyecto eco-modernista), o bien, como el impulso para una transformación social más amplia que apunta hacia la construcción de proyectos eco-sociales alternativos.

Eco-modernismo y energías renovables

Los debates dominantes de la transición energética apuestan por impulsar un proyecto en donde el desarrollo de más y mejores tecnologías, así como el emplazamiento de mega-infraestructuras en energía renovable se entienden como la solución inmediata a la crisis climática.  El paradigma eco-modernista se enraíza en la tradición del pensamiento ambiental que asume que la protección ecológica y el crecimiento económico son compatibles a través del desarrollo de tecnologías y procesos eficientes, mismos que son promovidos por mercados competitivos y/o intervenciones estatales[2].

El carácter central de este paradigma en los debates sobre la transición queda atestado en la postura de gobiernos, organizaciones internacionales y grandes inversionistas que definen una estrategia en donde los objetivos climáticos son compatibles con un “crecimiento económico continuo” y los principios de “desarrollo sostenible”[3].  Tales discursos, parten del supuesto de que los patrones de producción y consumo permanecerán constantes e incrementarán en las próximas décadas, promoviendo así la idea de que las renovables pueden mantener una versión “sustentable” y “más justa” del modelo económico impulsado por las energías fósiles[4].

Desde una perspectiva integral, sin embargo, el proyecto eco-modernista resulta cuestionable en al menos tres dimensiones.

1.- Los recursos renovables (flujos de sol, viento y agua) se encuentran dispersos en términos espaciales, tienen una naturaleza intermitente, y su densidad energética es considerablemente menor que la de las fuentes fósiles[5].  Esto significa que, si bien los recursos renovables son en principio infinitos, existen una serie de límites biofísicos para su aprovechamiento y consumo a escala industrial.

2.- La apuesta por mantener un modelo de desarrollo fósil bajo un sistema de energías renovables, necesariamente se traduciría en una gran demanda de tierras[6], así como de otros materiales y energía.  Un modelo energético “100% basado en renovables” que mantiene los patrones de producción y consumo actuales conllevaría, por lo tanto, a una mayor expansión de las fronteras extractivas; así como a profundos cambios en la propiedad, uso y acceso de los territorios rurales a favor de las grandes inversiones energéticas.

3.- El emplazamiento de grandes infraestructuras de energía renovable no se da como un proceso neutro y aislado, sino que se inserta dentro de una serie de estructuras políticas, económicas y sociales más amplias que son fundamentales para el análisis y diseño de una transición que sea socialmente justa y ambientalmente sustentable.

Megaproyectos renovables y conflictos socioambientales

El impulso del proyecto eco-modernista ha ido tomando forma con el incremento de capitales en el sector de las energías renovables.  Para los países en “vías de desarrollo”, estas inversiones se han materializado en la implementación de grandes infraestructuras, comúnmente enmarcadas como parte de un “desarrollo bajo en carbono”, y aceleradas por la desregulación de algunos sectores económicos clave[7].

Inversión en energías renovables: países desarrollados y en vías de desarrollo

Este patrón de inversiones comienza a generar un creciente número de conflictos locales (ver: Atlas de Justicia Ambiental).  Estudios sistemáticos para el caso de los mega-proyectos hidráulicos, eólicos y solares, demuestran que la gran mayoría de estos conflictos surgen como una respuesta directa a la adquisición irregular de tierras por parte de grandes desarrolladores (e.g. desplazamiento de poblaciones, expropiación/privatización de tierras, contratos irrisorios por la renta de parcelas[8][9]).  Estos procesos vienen comúnmente acompañados de una falta de reconocimiento de las relaciones socio-ecológicas de los territorios, incluyendo las instituciones de propiedad y gestión colectiva de los recursos.  La implementación de proyectos es, a su vez, facilitada por la violación al derecho de consulta previa, libre, informada y culturalmente adaptada; así como a la falta de estudios integrales y vinculantes sobre los impactos sociales y ambientales vinculados a estas infraestructuras.

El patrón de inversiones en renovables refleja también una distribución desigual de los impactos y beneficios.  Además de la privatización de tierras, recursos y los beneficios económicos de su comercialización, los megaproyectos tienden a estar destinados para el consumo energético de grandes empresas, sectores industriales y ciudades en crecimiento[10].  Así, los megaproyectos van reafirmando una organización del espacio en donde lo “rural” funciona como un nodo de producción de energía para proveer las crecientes demandas urbanas e industriales.  La posibilidad de promover sistemas eléctricos descentralizados, gestionados democráticamente y diseñados para sostener las necesidades regionales queda, así, anulada en tales esquemas.

Los conflictos tienen un claro componente reactivo, en la medida en que comunidades locales y organizaciones resisten la implementación de infraestructuras que, bajo la legitimación del discurso climático, reproducen estructuras de despojo neocolonial que caracterizan al modelo de desarrollo neoliberal.  Pero también, los conflictos dan lugar a procesos “productivos”[11], abriendo debates democráticos sobre las transformaciones estructurales necesarias para una transición basada en la gestión pública y colectiva de los recursos.  El creciente número de conflictos que emergen ante estos procesos demuestra, pues, la emergencia de un “ambientalismo popular”[12] que se convierte en la punta de lanza para empujar un proyecto de transición más democrático, justo y sustentable.

Muchos de estos conflictos contribuyen a visibilizar las contradicciones que emergen a partir del discurso del crecimiento verde; mientras que otros consiguen impulsar reformas legales para la consulta e implementación justa de nuevas infraestructuras energéticas.  Otros casos avanzan cuestionando el control de los recursos y las tecnologías, planteando el aprovechamiento colectivo, democrático y descentralizado de las fuentes renovables.  Y hay otros más que cuestionan también la escala de las infraestructuras y replantean las necesidades de consumo a nivel local y regional.

Politizando el debate sobre las renovables

Mientras que el discurso eco-modernista de la transición energética tiende a presentarse como un proyecto neutral y despolitizado, los conflictos emergentes hacen visible una serie de temas que resultan fundamentales para enriquecer un debate que es, sobre todo, político.  Si bien las energías renovables son una pieza fundamental para resolver la crisis climática, las injusticias socioambientales continuarán emergiendo si un proyecto de transición energética no va acompañado de cambios en los patrones de consumo y gestión de los recursos; todo lo cual implica transformaciones sociales, políticas y económicas de fondo.

Una ecología política de las energías renovables pone en el centro del debate los límites biofísicos de la transición energética, al tiempo que potencia las oportunidades de regeneración social que brinda la transición.  Politizar el debate sobre las energías renovables implica democratizar el cómo, por quién y para quién impulsaremos el aprovechamiento de las energías renovables.  Una apuesta política de la transición es, por lo tanto, una apuesta por replantear los flujos metabólicos dentro de los límites planetarios, abriendo espacios para la realización de múltiples proyectos de vida que apuntan hacia transiciones civilizatorias más justas y sustentables.  Las alianzas entre los movimientos a favor de la justicia ambiental, con aquellas iniciativas que promueven alternativas al desarrollo, son y serán clave en la construcción de los debates políticos sobre la transición.

Sofía Ávila es investigadora y candidata doctoral en Ecología Política y Economía Ecologica, dentro del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja dentro del proyecto Environmental Justice, analizando las dimensiones sociales y biofísicas de las energías renovables.