A contramano de lo que se sostenía al comienzo de la gestión gubernamental, que no se acudiría a deuda en divisas, esta semana la emisión de deuda dolarizada volvió a ser noticia, en un marco de aceleración en la suba de los precios (inflación) y deterioro de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o beneficios sociales. Más aún cuando se anuncian cambios en la fórmula de actualización de los ingresos previsionales, que más allá de los futuros ajustes, el ingreso por jubilación mínima (más del 50 % de beneficiarios) está en un tercio de la canasta necesaria. No hay actualización que satisfaga la demanda de jubiladas y jubilados si no se parte de satisfacer la canasta básica del adulto mayor.

Veamos la información en concreto. Lo primero fue el canje de una deuda en pesos por 43.038 millones de pesos con vencimientos en diciembre, enero y febrero próximos, por bonos de 500 millones de dólares (md) con vencimiento en 2030 y otros por 250 md que vencen en 2035. Unos 750 md en total, con elevada tasa de interés, que sirvió para que grandes fondos de inversión externos con tenencia de bonos en pesos y que presionaban en la suba del tipo de cambio (especulación cambiaria) dejaran de presionar y se resguardaran en una deuda en moneda extranjera.

La explicación fue tirar la pelota hacia adelante, pero claro, no ya en moneda nacional. Existe una lógica de caja, que posterga compromisos hacia adelante. Un tiempo que llegará y será problema de otros gobiernos y otras generaciones. Por eso es preocupante, como horizonte futuro y expectativa de ajuste y condicionante perpetuo.

Otro dato es la inflación de octubre, con 3,8%, pero más grave aún la suba de alimentos de 4,8% y de vestimenta y calzado del 6,2%. El principal gasto de la población con ingresos deprimidos pasa por la alimentación, lo que supone una transferencia de ingresos de la mayoría empobrecida a quienes manejan la cadena de valor alimentaria en la Argentina, sea en la producción o en la circulación.

Interesa destacar, además que se frenó la tendencia decreciente de la inflación anualizada, que del 53,8% a diciembre del 2019 había registrado un 36,6% en septiembre 2020; y ahora en octubre asciende a 37,2%. La preocupación se proyecta sobre el acontecer en los dos últimos meses del año y la proyección de arrastre sobre el 2021.

Son referencias a datos en el mismo momento que el FMI visita al país en misión oficial por la re-negociación de la deuda asumida en 2018 por el gobierno Macri, de la cual se desembolsaron unos 45.000 md, con una estimación de incremento por intereses caídos que podrían ascender a unos 5.000 md derivados de la postergación de los vencimientos, los que caían de manera importante entre 2021 y 2022.

La expectativa gubernamental es cerrar el 2020 con el Presupuesto 2021 aprobado en el Congreso y la negociación con el FMI concluida, transformando el Stand By del 2018 en un préstamo de Facilidades Extendidas, cuyos pagos se procesen luego del 2025. Incluso, si fuera posible, se especula con ingreso de nuevos desembolsos. Ese préstamo debiera ser aprobado por el Congreso, atado a un Plan plurianual, con precisión en metas fiscales, monetarias y financieras con perspectivas de lograr el equilibrio fiscal hacia el 2025.

Si ahora se propone reducir a un -4,5% de déficit fiscal en el Presupuesto del 2021, la intención es lograr el equilibrio hacia el 2025. Un horizonte de ajuste, que podrá ser vía disminución del gasto público, lo más probable, o por incremento de la recaudación.

Junto al ajuste hay que señalar que se incluirán las propuestas de reaccionarias reformas laborales y previsionales como compromisos estructurales en el nuevo acuerdo. Obviamente constituyen amenazas a derechos sociales, sindicales, previsionales y laborales históricamente consagrados.

La suba de precios no afloja

Es común escuchar decir “que impresionante como suben los precios”. Lo sostiene cualquiera que vaya al mercado para el abastecimiento cotidiano, especialmente en alimentos y aquellos bienes y servicios que hacen a la cotidianeidad. Ocurre esta suba de precios al mismo tiempo que se habilitan más actividades económicas por flexibilización de las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

Resulta curioso el levantamiento de las restricciones cuando se verifica un crecimiento de los fallecimientos por millón de habitantes, un tema que preocupa seriamente a la región latinoamericana, ya que, entre los 10 países de mayor tasa de mortalidad, siete son de la región: Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, México y Ecuador. Lo curioso es EEUU en onceno lugar y si extendemos a los 15 países de mayor letalidad, también figuran Panamá y Colombia.

El dato es que Argentina habría pasado en estos días el pico de contagios y por eso la flexibilización en las restricciones que impactan en la economía, y claro, la situación genera movimiento al alza de precios. Los argumentos son tanto preventivos (por lo que pueda suceder a futuro) como defensivo (la suba de las divisas en los últimos días). Es cierto que la política monetaria y financiera del gobierno promovió una reducción sustancial del tipo de cambio (de 195 a 149 pesos por dólar), aun cuando en el cierre de la semana volvieron las subas de las cotizaciones (172 pesos por dólar), con incertidumbre de su evolución en el corto plazo.

Si bien el precio de la divisa es un precio más en la economía, no hay duda que interviene en la lógica de quienes pueden elevar los precios. No es el caso de quienes viven de ingresos fijos (la mayoría de la población), que corren por detrás de los precios, que como en su momento se decía: “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”. Ni siquiera los trabajadores bajo convenio colectivo le ganan a la inflación, mucho menos los que están afuera de cualquier discusión paritaria, entre ellos y en peor situación los irregularizados por impunidad empresarial, o aquellos que viven de ingresos ocasionales o de beneficios sociales a valores no actualizados. El tema es más grave cuando unos 8 millones de personas se informan que no habrá cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por insuficiencia de fondos públicos.

Preocupa la inflación desde hace años en el país. Argentina es uno de los países que registra valores muy elevados respecto de lo que sucede en la región y en el mundo, salvo Venezuela. La comparación no es ociosa y remite a problemas en la disputa por la apropiación del excedente generado o del potencial. El país arrastra de manera especial y específica la disputa por el excedente económico (expresado como inflación) desde que existen registros estadísticos, y se asocia a un tiempo histórico de discusión por la distribución del ingreso hacia mediados del siglo XX. De ese tiempo proviene el conocido “fifty-fifty” en la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo. Un tema que se agudizó a comienzos de los años setenta y se respondiera con la violencia del terrorismo estatal para contener la demanda de los ingresos populares.

La política antiinflacionaria fue parte sustancial de los objetivos explicitados por la política económica de la dictadura genocida en 1976, que, aunque no fue logrado, si constituyó una base política para el disciplinamiento de la sociedad y especialmente del movimiento sindical y popular. La suba de precios escalaría una y otra vez en distintos momentos de la historia reciente en la Argentina, constituyéndose en un aspecto estructural del orden económico y político, con variados diagnósticos y propuestas sobre cómo resolverlo. Sin dudas que existen problemas teóricos para abordar, que no son fáciles para explicitar, pero que necesitan ser abordados en profundidad.

Un paréntesis teórico y político

La respuesta fue explicada teóricamente desde el monetarismo de la Escuela de Chicago, la que se inspiraba en las concepciones de Milton y Rose Friedman, tal como sucedió en Chile de 1973 con los “Chicago boys”. La misma argumentación justificará las políticas antinflacionarias en Gran Bretaña y en EEUU a comienzos de los años 80 del siglo pasado. Los monetaristas venían a replicar la ineficiencia de los keynesianos en el control de la inflación, que se había desatado en los 60/70, con la novedad de la estanflación, combinando la novedosa asociación entre estancamiento e inflación.

En rigor, el debate entre monetaristas y keynesianos proviene desde mediados de los años 50 del siglo XX. Vale mencionar que Keynes escribió para responder a la crisis de 1930, más preocupado por el desempleo y la recesión. La inflación no era un problema de discusión en ese tiempo, es más, la demanda para superar la recesión se asoció al crecimiento del gasto militar generado en la segunda Guerra Mundial, un gasto que EEUU se encargará de no reducir hasta el presente. Keynes murió en 1946 y la inflación emerge como gran problema luego de la posguerra y más precisamente a fines de los 60 e inicios de los 70.

No se trata de justificar al economista británico que cambió el paradigma de la política económica luego de la crisis del 30 e incluso en la posguerra, pero si señalar que las respuestas teóricas o políticas deben juzgarse en su tiempo histórico. Más allá de Keynes, ni el keynesianismo que le sucedió, ni el monetarismo en sus manifestaciones concretas resolvieron el tema inflacionario, por lo menos en la Argentina. Cuando los monetaristas parecían acercarse al control inflacionario en el país, caso del 2001, con larga estabilidad de precios luego de la convertibilidad desde 1991, la revuelta popular los volvió a la realidad.

Resulta interesante escuchar ahora a Domingo Cavallo, uno de los padres de la convertibilidad y el ministro por excelencia de los años del ajuste y la reestructuración regresiva en los 90, con Menem y De la Rúa, cuando sostiene: “si quieren salir adelante, Alberto Fernández tiene que buscar la forma de transformarse en una especia de Menem, es decir, tener liderazgo y controlar las fuerzas que lo han apoyado”.^[1] El ex funcionario de la Dictadura genocida y de los nefastos 90 confirma que la inflación se contiene desde el disciplinamiento político, con la subordinación al “mercado”, al “libre mercado” dirigido por los concentrados capitales que dominan. Es una coincidencia absoluta con los economistas ultra liberales que colonizan los medios de comunicación en el país.

Convengamos que mientras se subestime la ley del valor, que está detrás de los precios y de cualquier fundamento del orden capitalista, no hay posibilidad de control inflacionario, salvo la capacidad disciplinaria de los que dominan. El interrogante es si es posible contener a la ley del valor, algo que está en los debates marxistas que sostuvo el Che Guevara en los años sesenta en Cuba, en polémica con destacados intelectuales locales y extranjeros. Es un tema pendiente. Recordemos que el valor contiene en su seno la puja distributiva entre salarios y ganancias, como conflicto esencial en la disputa de la renta nacional.

El control inflacionario en el mundo, suscitado a comienzos de los 80, solo se puede explicar por el triunfo político del capitalismo (políticas neoliberales), con medidas de disciplinamiento al interior de los países, especialmente en Gran Bretaña^[2] y en EEUU, pero más en general con el proceso de la debacle del “socialismo real” iniciado en Polonia de 1980 y concluido con la caída del muro de Berlín en 1989 y la desarticulación de la URSS y el campo socialista en 1991.

La excepcionalidad local

Argentina es un caso especial, asociado a la subsistencia de mecanismos de organización y defensa de los derechos individuales y colectivos, sociales y sindicales de trabajadoras y trabajadores, lo que explica, que aun con desprestigio, la CGT puede todavía concentrar reclamos sindicales ante la política oficial de ajuste. Puede leerse en ese sentido una crónica que recoge un texto emitido desde la CGT con la preocupación de la Central sindical ante las medidas del gobierno "que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales".^[3] La crónica periodística continua con el texto de la CGT, que ante la continuidad de la pandemia se afirma que "no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales".

La organización sindical y social en la Argentina es un freno a cualquier estrategia de dominación y constituye un obstáculo a la pretensión de acelerar la regresiva distribución del ingreso, a favor de la ganancia y en contra de los ingresos populares. Por eso, la reforma laboral y previsional, son reformas estructurales demandadas por el poder económico desde hace tiempo, y sin cambiar la legislación, los logros se imponen desde la realidad recurrente de debilitar la capacidad de resistencia defensiva del movimiento popular.

No es menor la campaña ideológica de desprestigio sobre las organizaciones sindicales, avalada por la propia conducta de las principales y tradicionales referencias gremiales, por lo que las búsquedas de nuevos modelos sindicales estimulan intentos de reorganización del movimiento obrero y popular. Son intentos que, si fructifican, pueden permitan hacer visible una estrategia alternativa de las trabajadoras y trabajadores contra la ofensiva del capital. En definitiva, es una lucha por la apropiación del excedente económico, donde el poder económico no termina de desarmar el poder defensivo de organizaciones populares y estas no terminan de definir una reconfiguración que incluya una estrategia alternativa de poder. Una estrategia que vuelque el fiel de la balanza para una salida a la crisis inflacionaria a favor de las y los creadores de valor en contra y más allá del régimen del capital.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2020

Notas

^[1] El Cronista, sábado 14/11/2200, en: https://www.cronista.com/economiapolitica/Cavallo-planteo-su-solucion-a-la-crisis-del-dolar-Alberto-Fernandez-tiene-que-ser-como-Menem-20201114-0010.html

^[2] Margaret Thatcher incluyó como estrategia de disciplina interna la guerra de la Malvinas durante 1982. Victoria que la Dictadura argentina le entregó en bandeja para ganar en popularidad y disciplinar a la clase obrera inglesa.

^[3] Página12, miércoles 11/11/2020. “Malhumor y una lista de reclamos de la CGT al gobierno nacional”, en: https://www.pagina12.com.ar/305069-malhumor-y-una-lista-de-reclamos-de-la-cgt-al-gobierno-nacio

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.
Celular whatsapp: +54 9 11 5502 0283
Visitá mi blog www.juliogambina.blogspot.com /face - twitter - instagram