El Presupuesto 2021 ya está aprobado y más allá de la probabilidad relativa al cumplimiento de las previsiones establecidas: 29% de inflación, 5,5% de crecimiento del PBI, déficit fiscal a -4,5%, interesa como instrumento de orientación sobre la distribución primaria y secundaria del ingreso.

La distribución primaria se juega en la relación entre empresarios/as y trabajadoras/es, la relación entre el capital y el trabajo y la distribución funcional entre ganancia y salario. La tendencia es que se vino inclinando por décadas a favor de la ganancia, salvo excepcionales momentos de recuperación salarial.

El Estado es también empresario y actúa en la contratación de fuerza de trabajo. De hecho, resulta ser el principal empleador del país y como tal el que mayor flexibiliza la fuerza laboral. En general, el accionar estatal no es diferente del que ejecuta el capital privado, por lo que el ajuste salarial es una constante que habitualmente destacan los trabajadores de municipios, provincias o la Nación y avala la conflictividad de los estatales.

No es menor señalar, que más allá de que los fondos previsionales son por definición de las/os propias/os jubiladas/os y sus organizaciones, desde los noventa del siglo pasado aparecen esos recursos en las cuentas públicas bajo responsabilidad de gestión estatal y se presupuestan como si fueran dineros públicos.

La política fiscal definida es de achique del déficit fiscal, con perspectiva de eliminarlo hacia el 2025, tal como sugieren los comentarios oficiales sobre las negociaciones en curso con el FMI. Todo se resolverá en un Plan Plurianual a considerar en el Congreso, con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, dicho en el mismo momento en que en todo el mundo se flexibilizan las cuentas fiscales, a sabiendas de la continuidad del COVID19.

El ajuste fiscal también podría venir de mejoras en la recaudación tributaria, pero en el presupuesto 2021, recién aprobado, no aparece ninguna señal en ese sentido. El IVA seguirá siendo la principal fuente de ingresos impositivos, seguido del tributo a las ganancias, donde los ingresos provenientes de la relación de dependencia siguen siendo muy importantes y contribuyen a la regresividad del régimen tributario local. La regresividad se mantiene, aun cuando seguramente impacte en el próximo ejercicio fiscal el impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario.

Más allá de cualquier limitación, el “aporte solidario” afecta a la propiedad privada de los sectores que más ingreso y riqueza acumulan. El impuesto a las grandes fortunas, por única vez, impactará sobre menos de 10.000 personas, con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y se pretenden recaudar unos 300.000 millones de pesos, equivalentes a unos 3.600 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Las críticas se presentan por izquierda y por derecha. Desde la izquierda se discute que sea por única vez, que no se amplié el horizonte de los afectados y que tiene una alícuota reducida. Incluso, se cuestiona el destino, especialmente la parte del 25% orientada a la producción de gas. Esto supone acuerdos de las empresas de gestión pública con transnacionales petroleras, y no menor, la insistencia en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Detrás de la opinión crítica está el rechazo a la tecnología de la fractura hidráulica y a la destrucción ambiental. Por derecha se defiende la propiedad privada y la recurrente vocación de rechazar cualquier desviación en la toma de decisiones hacia el Estado.

Resulta evidente la no inclusión del gasto de emergencia sanitaria del 2020 en el Presupuesto del 2021, aun cuando todo hace previsible la continuidad del efecto pandemia, incluso más allá del próximo año. Claro que la cuestión de fondo no debiera ser la emergencia, sanitaria o recesiva, sino la consideración de cambios progresivos en la orientación de la política pública, especialmente en materia fiscal. Existe mora en el tratamiento de la “coparticipación federal”, un tema que la reforma constitucional del 94 resolvió considerar hacia 1996. Nada menos que 24 años de atraso en un tema estratégico, sin perjuicio de un debate en profundidad para una reforma tributaria progresiva.

Acuerdo con el FMI y distribución de la riqueza

La cuestión de la deuda pesa y por eso se siente la presión del FMI para cobrar y condicionar la política económica, no solo con el ajuste fiscal, sino con las reaccionarias reformas estructurales: laboral y previsional.

Son cuestiones que están en las conversaciones con la misión del FMI, quienes se acaban de retirar del país, luego de la visita oficial para inaugurar reuniones formales para un acuerdo.

El Ministro de Economía señaló que lo que se acuerde se discutirá en el Congreso, como reza la Constitución Nacional.

Mientras, una parte del debate previsional está contenido en la nueva fórmula de actualización de haberes presentada al tratamiento legislativo, con el rechazo evidente del movimiento de jubiladas/os. No se incluye a la evolución inflacionaria en la actualización prevista por el gobierno, justo cuando en octubre se quebró la tendencia descendente de la inflación, con preocupación de la evolución sobre fin del año y más allá.

Recesión más inflación son letales para los ingresos previsionales. En rigor, el tema no solo preocupa al FMI, sino al mundo empresario, quienes pretenden menor gasto público, menor carga tributaria y claro, reducir el costo de producción, especialmente en materia de cargas laborales.

En mayo pasado, el BCRA informó que 10 personas habían fugado capitales por casi 8.000 millones de dólares, en el marco de una fuga 10 veces mayor que ese monto. Vale considerar el dato, porque el monto fugado es más del doble de lo que se pretende recaudar con el discutido “aporte solidario”. Este recae sobre casi 10.000 personas y aquella cifra solo fue fugada por una decena de personas de gran capacidad económica.

Por eso sostenemos que no solo se trata de discutir la distribución del ingreso y aminorar el impacto de la línea de pobreza sobre más del 40% de la población, sino que debe discutirse la propiedad de los medios de producción y la concentración de riqueza. ¿Para qué? Para reorganizar el orden económico y social achicando la brecha de desigualdad y propendiendo a una sociedad de mayor equidad distributiva, del ingreso y de la riqueza.

La afectación de la riqueza no solo debe ocurrir por vía tributaria, sino y muy especialmente modificando la política económica y el modelo productivo y de desarrollo.

A modo de ejemplo está lo anunciado sobre la intervención, expropiación y construcción de una empresa testigo sustentado en la soberanía alimentaria para modificar el modelo del agro negocio de exportación en Vicentin.

La defensa de la propiedad privada sobre los medios de producción remitió la propuesta al baúl de los recuerdos, pero marca el camino. Al no avanzar en ese sentido, se consolida la estafa contra el fisco y la banca pública, los productores proveedores de materia prima e incluso acreedores externos estafados por la operatoria delictiva de la empresa.

Convengamos que la afectación de la propiedad privada de los medios de producción genera resistencia, tal como vimos en el rechazo a la intervención sobre Vicentin, o sobre las tomas de tierras y ahora en el cuestionamiento a la imposición sobre las grandes fortunas, con pronóstico de demanda judicial luego de su aprobación legislativa.

Un dato importante para considerar nos lleva a la carta de los senadores del oficialismo donde la reclaman al FMI responsabilidad compartida con el gobierno de Macri por el crédito impagable otorgado en 2018, por el que se desembolsaron más de 44.000 millones de dólares y se adicionarán intereses no pagados.

Los legisladores reclaman contra las políticas de ajuste que pueden preverse en la demanda del organismo internacional. El tema es sustancial cuando existe una campaña popular denunciando el carácter odioso e ilegitimo de esa operación. Lo senadores imputan incumplimiento de las normas y estatuto del Fondo, por lo que la misiva interpela a dos puntas, al FMI y al poder ejecutivo.

El interrogante apunta al accionar del cuerpo de senadores cuando el poder ejecutivo derive el acuerdo para su consideración en los próximos meses. No es menor el tema, ya que sostenemos que la deuda pública actúa como un gran condicionante de la política y la economía en la Argentina, y en estos críticos tiempos es necesario pensar y actuar cambios que modifiquen la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden económico social. A no dudar, no alcanza con disputar el ingreso, sino que se requiere ir por la distribución de la riqueza.

Se trata de un tema que trasciende la perspectiva nacional, puesto que ronda los debates mundiales, ahora en la cumbre virtual del G20 con Arabia Saudita como anfitrión. Pero claro, aunque los poderosos saben que la deuda no puede pagarse, muy lejos están de promover la cancelación de deudas. Mientras tanto escala la deuda de las familias, de las empresas y de los Estados, como mecanismo de postergación de un colapso que agravará la situación actual de recesión mundial.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2020

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.
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