Una verdadera crisis humanitaria se viene presentando en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, tras el fallido plebiscito en que los acuerdos de paz no fueron refrendados por escasos 50 mil votos y en medio de una alta abstención electoral. Desde entonces los acuerdos fueron saboteados y hoy se sabe con certeza, desde la Fiscalía General de la Nación, en cabeza en ese entonces del corrupto fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. Por lo menos han sido ya desvelados tres grandes operativos para entrampar la paz. El primero ocurrió el 9 de abril del año 2018 en que fue detenido el exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, en un operativo conjunto ente la DEA de los Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia. Este entrampamiento contó con el respaldo pasivo del gobierno de Juan Manuel Santos quien alega ahora fue engañado por el propio Martínez Neira. La consecuencia inmediata de este complot contra la paz fue el rearme de un sector de las FARC encabezados por Iván Márquez y Jesús Santrich, a quienes literalmente este entrampamiento los arrojó de nuevo a la lucha armada. Esta decisión que por supuesto no comparto fue la consecuencia directa de la perfidia del Fiscal Martínez y de la DEA.

Un segundo operativo de complot contra la paz similar al de Santrich fue llevado adelante también con la participación de la Fiscalía y del mismo agente de la DEA que había participado en el entrampamiento a Santrich. En este caso el fiscal de la Unidad de Investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Carlos Bermeo cayó en la trampa urdida por Martínez. Bermeo se habría comprometido a retrasar la extradición de Santrich sin tener ninguna competencia para ello pues la Sección de la JEP de la que dependía la extradición de Santrich, es totalmente independiente de la Unidad de Investigaciones en la que trabajaba Bermeo. Burda maniobra que hoy ha quedado también esclarecida. Ambos operativos tenían el objetivo de debilitar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Que pese a ello ha sobrevivido a estos arteros ataques y se viene fortaleciendo por fortuna para el país y para las víctimas.

Un tercer complot llevado adelante por la fiscalía buscaba comprometer a 16 comerciantes a quien la fiscalía presentó como testaferros de las FARC que habrían ocultado bienes que deberían entregar a la fiscalía para reparar a las víctimas. Este proceso se ha venido cayendo también en la fiscalía la cual deberá responder además por la quiebra de estos negocios. Es decir que tendrán que ser indemnizados con recursos públicos. Otra maniobra que buscaba no solo minar la credibilidad de los dirigentes guerrilleros en reinserción sino comprometerlos en delitos para que perdieran los beneficios jurídicos de los que gozan como producto del Acuerdo de Paz. Martínez puso a la Fiscalía al servicio de los enemigos de la Paz y deberá responder ante la justicia colombiana por estos hechos. Aclaro por supuesto que no espero que las investigaciones avancen por cuanto Martínez Neira goza de fuero y el organismo encargado de estas investigaciones en Colombia es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es un organismo hecho para garantizar la impunidad. Tengo más expectativas en lo que pueda pasar en la justicia norteamericana si es que los parlamentarios que denunciaron el entrampamiento deciden acudir a ella o en la Corte Penal Internacional donde radicaron las denuncias y las pruebas. Por lo pronto el gobierno de Colombia echo para atrás el nombramiento de Martínez Neira como embajador de Colombia en España. Pero claro lo hizo de manera arrogante señalando que será tenido en consideración para que asesore al alto gobierno en algunos temas. Es el pago al favor que Martínez Neira hizo para tratar de acabar el maltrecho proceso de paz.

Todo esto ha traído como consecuencia en primer término el fortalecimiento de las disidencias de las FARC que, según la propia fiscalía, vienen creciendo, así como el deterioro del orden público en las regiones en las cuales las FARC tenían dominio militar. La situación de los derechos humanos y el resquebrajamiento del orden público es evidente tanto para la opinión pública colombiana como para la comunidad internacional que por primera vez viene cuestionando públicamente no solo este deterioro sino el entrampamiento y la perfidia de este gobierno con el proceso de paz como sucedió en la Cámara de los Lores en Inglaterra la semana pasada y como ocurrió esta semana en la Audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con sede en Washington que deberá resolver si envía una Misión Especial para levantar un informe sobre esta grave situación en el país.

Y no es para menos. De acuerdo con el Instituto para el desarrollo y la Paz, INEPAZ, en lo corrido del año 2020 han sido asesinados 287 líderes y lideresas sociales, 12 personas familiares de los líderes han sido también asesinadas. En este año han sido asesinados 60 excombatientes de las FARC en proceso de reinserción con lo que se eleva la cifra a 244 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos el 24 de noviembre de 2016. También en lo corrido de este año se han registrado 79 masacres con un saldo de 340 personas asesinadas. En el departamento de Antioquia se han registrado este año 18 masacres, 13 masacres en el Cauca, 9 masacres en Nariño, 6 en Norte de Santander, 4 en Putumayo y 3 en el Valle del Cauca. Como se ve en el suroccidente del País, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo se han registrado este año 29 masacres. Un verdadero infierno es lo que viven las comunidades en esta región del país.

Hay que tener en cuenta dos factores que prenden las alarmas sin que el gobierno haga algo realmente significativo para contrarrestar este clima de terror. En el suroccidente colombiano se asientan una buena parte de las comunidades indígenas del país que tienen una pujante y vigorosa organización, así como es importante la organización campesina y de las comunidades afrocolombianas. El objetivo a no dudarlo es debilitar la organización indígena y las organizaciones sociales. Día tras día son asesinados líderes sociales de sus comunidades en un territorio en el que hacen presencia destacamentos militares que reúnen a más de 20 mil hombres además de miles de policías. De tiempo atrás el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, ha denunciado la connivencia de estos destacamentos militares con las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Esta semana el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas del partido de la U, al terminar una reunión en el municipio de Argelia en el Cauca denunció que los pobladores de este municipio con los que se reunió denunciaron esta connivencia. Pero nada pasa.

El segundo factor es de naturaleza política. En las elecciones presidenciales de 2018 en estas regiones del país ganó el hoy opositor candidato Gustavo Petro. Así que pareciera que al gobierno nacional poco le importa el asesinato de los líderes sociales en esta región del país. Al fin y al cabo, son sus principales adversarios políticos. Pero la situación se torna más grave por la división en el seno de las Fuerzas Armadas y de Policía. La existencia de una puja interna en ambas fuerzas es evidente. Los altos mandos nombrados por Duque son afines al uribismo y por tanto pertenecen a la derecha política y son adversos al proceso de paz y muchos de ellos han sido señalados de haber cohonestado ejecuciones extrajudiciales y algunos están ligados a investigaciones sobre hechos de corrupción. Es el caso tanto del General Eduardo Enrique Zapateiro nombrado desde diciembre de 2019 como Comandante General del Ejército como también del General Oscar Atehortúa Comandante General de la Policía Nacional. Esta puja interna y la asunción del mando de sectores enemigos del proceso de Paz ha minado la unidad de acción de las fuerzas armadas y de policía. El gobierno no hace nada para restaurar la unidad pérdida mientras se multiplican las denuncias sobre hechos de corrupción o nexos de sectores de las fuerzas armadas y de policía con la criminalidad. Una verdadera tragedia.

Así pues, la situación de los derechos humanos es crítica. Urge una presencia más activa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es el organismo garante de los acuerdos de paz, así como del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Una buena señal es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya realizado este miércoles la Audiencia Pública en que escucho a voceros de las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que la habían solicitado. Esperemos que apruebe la Misión Especial que le fue solicitada para que visite a la mayor brevedad al país. Así mismo se requiere mantener viva la movilización y la denuncia ciudadana para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Bogotá 10 de diciembre de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)