Luego de reinstalarse, este miércoles 16 de diciembre en Ecuador, la audiencia de evaluación y juicio preparatorio en el caso del desarrollador de software libre sueco Ola Bini, acusado sin pruebas del delito de "acceso no consentido a un sistema informático", la fiscalía rechazó la solicitud de anulación de la defensa y declaró la validez del proceso penal en su contra. Por otra parte, observadores fueron impedidos de entrar en la audiencia.

La Jueza Yadira Proaño indicó que no existen vicios de nulidad, competencia y prejudicialidad que puedan afectar todo lo hecho hasta ahora en el proceso penal ecuatoriano, rechazando así todos los argumentos de la defensa de Bini y ordenó que se instale la etapa preparatoria del juicio en el caso.

La audiencia contra el informático sueco, amigo del fundador de WikiLeaks Julian Assange, fue suspendida el pasado 3 de diciembre después de que sus abogados presentaran todos los elementos para la nulidad de las acusaciones.

Lo que estaba en juego, dijo la defensa en esa oportunidad, era si se habían respetado los procedimientos y el debido proceso, lo cual, según su abogado, Carlos Soria, claramente no se hizo, por lo que correspondía declarar la nulidad de los cargos.

La defensa, liderada por Soria y José Charry, argumentaron ante la jueza, "todas las vulneraciones en contra [de Bini] desde el momento de la detención", ya que no había sido informado de las razones por las cuales estaba siendo detenido o por haber sido nombrado en los medios de comunicación, entre otras violaciones. Según Soria se cometieron más de 120 violaciones a los derechos humanos desde su detención en 2019.

Bini llegó al país andino en 2013 contratado por la empresa internacional Thoughtworks, como consultor. Es experto en el desarrollo de tecnología vinculada a la seguridad, privacidad y criptografía. También, además de ser conocido como un contribuidor activo de las comunidades de software en el mundo, ha realizado talleres para activistas y periodistas sobre la protección de la privacidad. Fue detenido el 11 de abril de 2019, el mismo día que Ecuador decidió poner fin al asilo en su embajada en Londres a Assange.

La Fiscalía que lo acusó primero de “ataque a la integridad de los sistemas informáticos”, pero meses después reformuló cargos por “acceso no consentido”, ahora deberá presentar todas las pruebas que acusan Bini.

Según las declaraciones de Soria a distintos medios, “este es un caso de persecución política" ya que no hay pruebas que lo inculpen de los delitos señalados por la Fiscalía ecuatoriana.

Organizaciones veedoras fueron impedidas de ingresar a la audiencia

Mientras tanto, se impidió la entrada a la audiencia a los representantes de la misión de observación de varias organizaciones ecuatorianas e internacionales como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, la ONG Derechos Digitales de Chile, Artículo 19 y el colectivo Intervozes, además de medios de comunicación como Marcha Noticias de Argentina y Ecuador Today, quienes tienen como objetivo garantizar que se respete el derecho a un juicio justo, independiente e imparcial.

Las organizaciones también denunciaron a través de las redes que tampoco se permitió la transmisión en vivo de la audiencia, limitando así la accesibilidad pública un derecho fundamental. "Al no garantizar el principio de publicidad, nos preocupa que se produzcan nuevas violaciones", denunciaron.

“Este será un día muy duro. Revivir todos los abusos en mi contra es muy traumatizante, y hacerlo mientras ocurren nuevas violaciones es a la vez traumatizante y muy frustrante”, escribió Bini en su cuenta de Twitter horas antes de la audiencia.