Cuando Pedro Sánchez nombró a Nadia Calviño como ministra dije que fue un acierto. Si se proponía adoptar las medidas que había ofrecido al electorado en el Programa Electoral del PSOE, u otras mínimamente progresistas, sería muy probable que se encontrara con resistencias en las instituciones europeas. Incluso si se limitara a hacer la política más convencional posible tendría en Europa desconfianza, presión y obstáculos dado el tipo de gobierno de coalición que iba a formar. En esas condiciones, nombrar ministra de Economía a una persona que a su gran cualificación profesional unía el conocimiento directo de las instituciones y las personas que gobiernan la Comisión Europea era un acierto político innegable porque, sin duda, podría servir de dique de contención en momentos de apuro. Y, demás, Calviño tampoco era una fundamentalista neoliberal tan del estilo de otros ministros de economía “socialistas” anteriores.

Este reconocimiento, sin embargo, no significa que se pueda considerar que Calviño esté defendiendo todos los intereses que dice defender mayoría del gobierno. No hay declaración suya en la que no se esfuerce en proteger los intereses de la gran patronal y de la banca así que, con independencia de que tenga o no el carné del PSOE (lo que yo desconozco) se puede decir de forma más que metafórica que forma parte de otro partido, ese de las grandes empresas, el IBEX y los banqueros que no se presenta nunca a las elecciones pero que actúa como si las hubiera ganado todas.

La última batalla en la que Calviño protege a los dirigentes de la gran empresa española es la que se está dando sobre la posibilidad de seguir aumentando el salario mínimo.

Mientras que el ministerio de Trabajo plantea subirlo el 0,9%, a la patronal y a la ministra de Economía le parece que esa es una subida inasumible que debe posponerse.

¿Por qué se oponen? ¿Qué hay de malo en subir tan moderadamente un salario mínimo que es de los más bajos de los países europeos que pueden compararse con el nuestro?

¿Realmente se puede decir sin provocar vergüenza que las empresas españolas se van a sentir dañadas por pagar nueve euros mensuales más a los trabajadores que reciben ese salario mínimo? En ese caso ¿realmente es bueno para la economía española que haya empresas tan incapaces de competir, de innovar y de incrementar su productividad como para no poder hacer frente a ese incremento tan ridículo de coste?

Y si nueve euros mensuales más para una parte muy reducida de sus plantillas suponen, de verdad, un coste excesivo ¿cómo es posible que la patronal no esté criticando con mucha más fuerza y razón el mucho mayor incremento de los costes empresariales que están generando unilateralmente y gracias a su dominio del mercado los bancos españoles a base de comisiones y trabas de todo tipo?

¿Cómo es que la patronal española se opone a que 1,5 millones de trabajadores vean incrementarse su salario mínimo cuando el montante total de esa subida se va a convertir, sin excepción, en ingresos de otras empresas, porque los trabajadores que lo reciben no ahorran, sino que se gastan todo su sueldo en consumo?

¿Por qué se opone la patronal española a que aumente el salario mínimo, a pesar de que la experiencia de otros países muestra que ese aumento, cuando no es excesivo como ahora y se realiza en tiempos de bajo crecimiento, lo que hace es aumentar la demanda agregada y, por tanto, generar más actividad empresarial y, a la postre, más empleo total (incluso cuando pudiera tener algún efecto negativo sobre una parte reducida del empleo juvenil).

La respuesta a todas esas preguntas es fácil: la patronal no se opone a que de nuevo suba el salario mínimo tan reducidamente porque eso sea malo para las empresas y para la economía en general. No se oponen a esa medida porque las empresas se vayan a quedar sin huevo, sino porque no quieren perder el fuero. Lo que les preocupa es que puedan perder poder de negociación, que los trabajadores puedan recurrir a un gobierno que defienda sus intereses y no sólo los de la gran patronal, que las relaciones laborales vuelvan a ser algo más simétricas y equilibradas.

Nos guste o no, el mundo del trabajo es un mundo dividido en cuanto a intereses y con dos partes con fuerza muy desigual a la hora de defenderlos. Los de la patronal son diferentes a los de la clase trabajadora y es lógico que cada parte trate de defender los suyos de la mejor manera que pueda. Pero lo que no puede ser es que se impida, como se viene haciendo, que los trabajadores lo hagan o que, cuando consiguen que haya un gobierno que los defiende se recurra a cualquier tipo de presión para impedirlo. Es más, la práctica legal y política más sensata y que mejores resultados ha dado a lo largo de la historia reciente para las economías es la de defender a la parte más débil de la relación laboral, los trabajadores, para evitar así desequilibrios que -como estamos viendo en los últimos años-son muy ineficientes y perjudiciales no sólo para estos últimos sino también para el conjunto de las empresas y para la economía en general.

El gran problema social y económico de nuestro es que las grandes empresas lo quieren todo, no una gran parte, sino todo. Es lo que han tratado de conseguir y lo que han conseguido con éxito en los últimos cuarenta años en todo el mundo. Lo malo es que la experiencia de esta época histórica de poder tan concentrado en lo laboral, lo económico, lo político, lo financiero, lo cultural y lo mediático es muy clara: las grandes empresas y los bancos tienen más beneficios pero la economía en su conjunto (incluidas las empresas que no tienen el poder de las más grandes) funciona peor, hay menos empleo, salarios más bajos y peor oferta de servicios esenciales, más crisis financieras y más inseguridad e incertidumbre.

Todo el mundo ha podido comprobar para quién trabajó la anterior ministra de Trabajo, Fátima Báñez, cuando poco después de dejar de serlo fue contratada por la patronal con un sueldo astronómico. Estaba en su derecho y nos vino bien para comprobar que eso de que la derecha defiende los intereses de todos los españoles es una patraña. Ahora ocurre lo contrario, la mayoría del gobierno y no sólo la nueva ministra de Trabajo, trabaja para defender también a la otra parte, a la más débil. Es una auténtica desgracia para España que la gran patronal no se quiera enterar de que es la justicia y el mejor reparto de la riqueza y no su concentración exagerada lo que permite que avancen y mejoren nuestras sociedades.

Juan Torres López es doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, autor de numerosos libros.

Publicado en Público.es el 25 de diciembre de 2020

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