La dinámica de la Cuarta Transformación iniciada por el presidente López Obrador lleva ya más de dos años recorriendo todo el país. A pesar de críticas y errores, hay importantes efectos positivos que ya se pueden apreciar: recuperación gradual del poder adquisitivo del salario, fortalecimiento de los derechos de las y los trabajadores, incluido el de elegir a sus dirigentes sindicales; transferencia histórica de recursos a los sectores más excluidos de la sociedad, lucha contra la corrupción y la impunidad, austeridad en la administración pública federal, por sólo mencionar algunos.

Sin embargo, hay sectores, actores, espacios que se mantienen inmunes a esta dinámica transformadora y justiciera. Si ésta pretende consolidar derechos y eliminar privilegios, aquellos se pertrechan para preservar estos últimos. Destacan aquí el poder Legislativo, el Judicial, los partidos políticos y los organismos autónomos. De pronto la división de poderes y la supuesta autonomía se convierten, no en garantes del republicanismo sino de la excepción.

Las dos cámaras del Congreso de la Unión y los congresos de los estados han reforzado la reelección de legisladores. Una decisión llena de agujeros jurídicos pero lista para aplicarse en favor de quienes detentan actualmente los puestos de elección popular. Quienes busquen la reelección no necesitan pedir licencia ni mucho menos renunciar a su puesto. Van a continuar recibiendo las dietas pagadas por el pueblo mientras realizan su campaña electoral, además de las jugosas gratificaciones como las que acaban de recibir por fin de año. La competencia desleal consagrada desde el Legislativo. Preceptos legales a la carta cuyos beneficiarios son ellos mismos. Aquí no hay escrúpulos para votar a favor del evidente conflicto de intereses.

Lo mismo puede decirse del financiamiento a los partidos políticos: puede haber declaraciones simbólicas, pero al momento de convertirlas en normas legales efectivas que lo reduzcan, todos –o casi todos, porque hay excepciones- se cubren con la misma capa. Se escudan en el argumento de que son instituciones de interés público, por más que luego priven en ellos los intereses grupales, facciosos, pero muy pocas veces el interés general. Grandes gastos en formación política para que lleguen a puestos claves quienes ni siquiera se han iniciado en la ideología y la ética del partido. Universidades pobres, proyectos culturales pobres, iniciativas de atención a adicciones pobres; partidos ricos.

En el Judicial no ha permeado la orientación partidista, pero en buena parte, el espíritu de casta, de jueces y magistrados para arriba. La coartada aquí es la independencia, la profesionalización, la percepción que garantice ser inmunes a la corrupción. Con base en esto se permiten pagos, bonos, prestaciones que nadie más en la República puede disfrutar: suburbans blindadas para jueces y magistrados, choferes que la hacen también de domésticos, generosas sumas para bibliografía, influyentismo, contrataciones cruzadas: contrato a tu recomendado para que tú contrates al mío, y un muy largo etcétera. Además de esto, un trato muchas veces indigno hacia el personal como secretarios, actuarios y oficiales, discrecionalidad para su promoción y permanencia.

Lo mismo puede decirse de los llamados organismos autónomos como el Instituto Nacional de Elecciones. Claro que la autonomía presupuestal es importante en su independencia de actuación, pero dicha independencia no reside en que los altos funcionarios y funcionarias de ellos tengan percepciones y prestaciones muy por encima, no sólo del Presidente de la República, sino de lo que resulta razonable para la responsabilidad que ostentan y las competencias y la preparación que se les demandan. ¿Sería muy difícil establecer una especie de tabulador para los funcionarios de los organismos autónomos semejante a los criterios que se emplean en las instituciones de educación superior y en los centros públicos de investigación? Un salario base, más bien austero, complementado con prestaciones de acuerdo a criterios como responsabilidad, productividad, desempeño, etc.

El peligro, ya muy presente de que esta lógica de privilegio siga predominando es que se consolide una nueva clase política que constituya un contrapeso a la dinámica de transformación que ha lanzado el presidente López Obrador. Pero no se le puede dejar a él solo la labor de impedir esa tumoración político-societal. Ni mucho menos a los partidos. Es necesario que la ciudadanía vayamos exigiendo en todos los espacios y por diversos medios la liquidación de esos privilegios, que mantengamos una actitud de continua vigilancia y demanda de rendición de cuentas, que propiciemos iniciativas ciudadanas para que el Legislativo y los partidos se autolimiten y legislen en favor de los valores que orientan la Cuarta Transformación.

De lo contrario, seguiremos moviéndonos en el cinismo que proclama: “Hágase la cuarta transformación en los bueyes de mi compadre”.

P.S. Que en el 2021 potenciemos los aprendizajes, el cariño y el cuidado que aprendimos a desarrollar en 2020.