Después de 18 meses de permanecer como hasta hoy en condición de prisionero político en la capital del Reino Unido, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 18 delitos entre ellos espionaje y solicitar a los tribunales británicos su extradición para ser juzgado e incluso sentenciado a 175 años de cárcel, Julian Assange, sus defensores y partidarios, la libertad de expresión en la aldea global se anotaron un espléndido triunfo con la decisión de Vanessa Baraitser, la jueza, consistente en que “no puede ser extraditado legalmente a Estados Unidos para enfrentar cargos sobre Wikileaks debido a su salud mental”. Destacó, además, las intensas restricciones y las condiciones de aislamiento que enfrentaría debido a que la extradición sería “opresiva”.

Lo anterior constituye un claro diagnóstico del brutal sistema carcelario estadunidense, sobre todo para las minorías raciales que juntas pronto serán mayorías demográficas, y los amplios sectores de más bajos ingresos económicos.

Si las derrotas políticas y sociales no tienen progenitores, las victorias así sean parciales pero importantes para la continuidad de la brega por la liberación del australiano que dirigió Wikileaks, no sólo poseen muchos sino incluso juicios de valor dispares y e incluyen a los que critican la determinación de la jueza de distrito británica por limitarse en su análisis y decisión jurídicos a los aspectos humanitarios y subestimar los relativos a la libertad de expresión. Hasta organismos de periodistas que desde París postulan que “Más allá del argumento oficial, es un fallo histórico para el derecho a la información”.

Cierto. Tampoco puede omitirse la advertencia de Noam Chomsky y Daniel Ellsberg, abogados constitucionalistas y defensores estadunidenses de la libertad de expresión que celebraron el fallo de Baraitser contra la solicitud de extradición de Assange del gobierno de Donald Trump –quien conforme se acerca el fin de su mandato se exhibe más golpista, como aquí fue previsto–, a la vez que subrayan que el triunfo es parcial y no implica el fin a la amenaza contra el fundador de Wikileaks ni contra la libertad de prensa, debido a que documentó la deshonestidad, el carácter criminal e imperialista de muchas acciones de Washington.

Seguramente existen términos intermedios, pero es aquí donde cobran mayor relevancia las ideas expuestas por el presidente Andrés Manuel en la primera mañanera del 2021, que contempla la solicitud al gobierno de Boris Johnson para que indulte –perdón, es lo que significa y también implica aceptar la culpa sobre los presuntos ilícitos–, a Assange. Para ello solicitó al canciller llevar a cabo las gestiones “para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad” e informe que “México le ofrece asilo político”.

Ofrecimiento plausible, sin duda alguna, el de López Obrador, en el contexto de la tradición mexicana del asilo político –César Augusto Sandino, León Trotski, miles de republicanos españoles, Jacobo Árbenz, Hortensia Bussi y muchos partidarios de Salvador Allende, asilados argentinos, uruguayos, brasileños…– que no sólo implica dar protección a la persona, sino que también el gobierno de México asume la responsabilidad “de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país, nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer este asilo”. Sólo Assange sabe si esto es compatible con sus proyectos periodísticos y políticos.

Utopía 2351. 6-I-21

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