El sistema capitalista es una máquina de producción de desigualdades y en su fase neoliberal la máquina ha producido más desigualdades como nunca antes. En su último informe sobre la desigualdad Oxfam ha señalado que los megáricos han recuperado las pérdidas ocasionadas por la pandemia en un tiempo récord, mientras que miles de millones de personas vivirán en situación de pobreza al menos una década. En tan solo nueve meses, las mil mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia de Covid-19, mientras que las personas en mayor situación de pobreza podrían necesitar más de una década para recuperarse de los impactos económicos de la crisis.

La recesión -dice el informe- ya ha acabado para los más ricos. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo ha aumentado en medio billón de dólares (500 mil millones de dólares), una cifra que financiaría con creces una vacuna universal para la Covid-19 y que garantizaría que nadie cayese en la pobreza como resultado de la pandemia. Al mismo tiempo, la pandemia ha desencadenado la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se encuentran subempleadas o sin trabajo. Las mujeres son las más afectadas. 112 millones de mujeres están expuestas a perder sus precarios empleos y sus menguados ingresos por las desigualdades tanto en el empleo como en sus ingresos comparados con los empleos e ingresos de los hombres.

La clave para lograr una rápida recuperación económica frente a la pandemia es la adopción de modelos económicos más justos. La aplicación de un impuesto temporal sobre los beneficios excesivos obtenidos por las 32 multinacionales que mayor riqueza han acumulado desde que comenzara la pandemia habría permitido recaudar 104.000 millones de dólares en 2020, cantidad suficiente para financiar prestaciones por desempleo para todos los trabajadores y trabajadoras, así como para proporcionar apoyo económico a todos los niños y niñas y personas mayores de los países de renta media y baja.ⁱ

En Colombia gobernada por la extrema derecha las políticas públicas sociales han sido minimalistas, miserabilistas. Colombia es uno de los países de renta media que menos recursos han destinado para hacer frente a la pandemia, menos del 4% del Producto Interno Bruto, PIB. Los programas tienen dos carencias principales. Los montos distribuidos son insuficientes para colmar las mínimas necesidades vitales de quienes los reciben. Estas sumas oscilan entre los 25 dólares mensuales (80 mil pesos) para 1.7 millones de adultos mayores, 66 dólares mensuales (230.000 pesos mensuales) por familia para los 2.7 millones de familias beneficiarias del programa familias en acción, 46 dólares por familia (160.000 pesos) para 2.6 millones de beneficiarios del programa Ingreso Solidario y 192 dólares mensuales (670.000 pesos) para los 300 mil jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes en Acción.

El segundo gran problema es que los recursos insuficientes no llegan a todos los que los requieren. El cálculo de investigadores independientes es que todos los programas no llegan a más de 6.5 millones de familias cuando en realidad quienes requieren de estos subsidios suman cerca de 9 millones de familias.

Las otras políticas sociales han consistido en el subsidio a la nómina de las empresas que también es insuficiente pues solo cubre el 60% del salario mínimo y se concentró en las más grandes empresas y llegó tarde o nunca llegó a las micro, pequeñas y medianas empresas. Con un agravante aún hoy no hay una rendición de cuentas pública sobre a quienes llegó este auxilio que se ha prorrogado hasta próximo el mes de marzo. El resultado fue el quiebre de cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que anotar que este auxilio solo comenzó a llegar en el mes de julio después de la cuarentena rígida iniciada en el país desde el 24 de marzo del 2020 y que termino el 26 de abril.

El resultado de la aplicación de estas políticas es desastroso. El 28% del total de la población padece de hambre y solo puede consumir dos comidas al día y de ese 28% unos seis millones de personas, solo están consumiendo, una comida al día. El desempleo cubre a más del 16% de la Población Económicamente Activa, PEA, si al desempleo abierto cercano al 14% al finalizar el año 2020, se suma los llamados trabajadores desalentados que no buscan empleo.

Este manejo de la pandemia ha llevado a que en el ranking de Resiliencia Covid-19 de Bloomberg se ubique a Colombia como el tercer peor país en el manejo del Coronavirus. No es nada de lo que tenga que enorgullecerse el peor gobierno colombiano que hayamos tenido en décadas. (Portafolio, enero 26 de 2021).

Una renta básica de emergencia vuelve y juega

Ante la precariedad de los recursos asignados por el Estado a través de estos programas asistencialistas y con manejo clientelista un grupo amplio de parlamentarios, presentaron desde el mes de junio de 2020, una propuesta que originalmente presentaron al gobierno nacional y que fue desechada por el equipo económico, que la calificó de buena pero que no era realista, según ellos porque no había los recursos públicos para financiarla. Aún con dicha negativa el senador que lidero la propuesta, Iván Marulanda, con el concurso de un significativo grupo de parlamentarios la presentó al Congreso de la República y no tuvo trámite.

En la legislatura que arrancó el 20 de julio de 2020 con la firma de 52 senadores el proyecto nuevamente fue presentado a consideración del Congreso que lo hundió con el activo trabajo del gobierno para que el proyecto no surtiera el trámite correspondiente. Igual suerte corrieron otros dos proyectos, el presentado por el representante David Racero en la Cámara de Representantes y el proyecto que buscaba una renta básica para el campesinado presentado por el senador indígena Feliciano Valencia.

Frente a la hambruna y la precariedad de la política social del gobierno ahora se inicia un nuevo intento que comienza con la entrega este día jueves 28 de enero de una nueva propuesta que en esta ocasión esta suscrita por cerca de 200 organizaciones sociales y un grupo cercano a los 50 parlamentarios. Ahora la novedad consiste en que la propuesta ya no solo es presentada por un grupo de parlamentarios sino que ella es acompañada por sectores muy representativos de la sociedad civil: centrales sindicales, sindicato de maestros, organizaciones indígenas, organizaciones afros, organizaciones de mujeres, jóvenes, organizaciones campesinas, en fin, una amplia gama de organizaciones representativas que han decidido presentar de nuevo la propuesta primero a Iván Duque para que la considere y la expida mediante un decreto o si no es posible iniciar una gran movilización nacional para presentar un proyecto de ley con respaldo popular para que se apruebe una renta básica de carácter permanente dirigida a otorgar 327.000 pesos mensuales unos 94 dólares por persona para los beneficiarios del programa. Esta suma es la cuantía mínima que el gubernamental Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reconoce que necesita una persona para sostenerse dignamente.

La propuesta en síntesis busca que se transfiera esa suma (94 dólares) mensualmente a cada hogar en pobreza en función del número de sus integrantes. El programa llegaría a 7´460.000 familias con cerca de 30 millones de colombianos(as) y tendría un costo al año de 3.7% del Producto Interno Bruto, PIB. Cifra que es completamente posible dado que se acabarían con los programas asistencialistas en los cuales de manera ineficiente e insuficiente se dedican actualmente recursos por el 1.4% del PIB que es lo que cuestan estos programas.

No soy muy optimista de la respuesta que el gobierno de Duque dará a esta nueva propuesta. No creo que la vaya a respaldar. Pero pienso que esta carta dirigida a Duque debe ser el comienzo de un proceso amplio de movilización ciudadana que debe expresarse en la realización de una gran Cumbre Nacional por la renta básica. Hay que poner el énfasis no en el Congreso al cual obviamente hay que presentar el proyecto de Ley sino poner el énfasis en la movilización social y popular.

Lo que hace la diferencia entre las anteriores propuestas y ésta es que la actual propuesta esta acompañada de cientos de organizaciones y miles de personas, esta base social debe ser el punto de partida para cambiar de una vez la política miserabilista y minimalista del gobierno de Uribe-Duque que ha otorgado todas las ventajas y ayudas al sector financiero que en medio de la tragedia y del hambre liquido utilidades por mas de 26 billones de pesos en el 2020 mientras millones de nuestros conciudadanos se hunden en la miseria y el hambre. Este debe ser el comienzo de la movilización social en este 2021.

Bogotá enero 28 de 2021.

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur