Nos han solicitado compartir algunos comentarios sobre el derecho a la educación en el contexto de la post-pandemia, de modo que lo primero es afirmar que, si bien no existe claridad sobre la efectividad de los tratamientos y vacunas experimentales, no renunciamos a la esperanza de que la COVID-19 jamás llegue a convertirse en una enfermedad endémica, como la gripe, el VIH y la varicela. En este sentido, los espacios de nuestras certezas no permiten avizorar cómo serán las cosas a la mañana siguiente y todo parece indicar que el mundo puede recobrarse de este duro golpe y, al mismo tiempo, que esta experiencia debe conducir a nuevas actitudes, exigencias y propósitos comunitarios y políticos, que sin duda incluyen el campo de la educación.

Los estados tienen la obligación indiscutible de garantizar el derecho a la educación aun en tiempos de emergencia y especialmente deben asegurar el acceso a las oportunidades de aprendizaje. La COVID-19 produjo una emergencia sanitaria global, que a su vez provocó una serie de crisis concurrentes en los ámbitos económicos, financieros, institucionales y sociales. Vimos cómo los sistemas educativos cerraron sus puertas y, cuando les fue posible, cambiaron a modalidades no presenciales, sin contar con los recursos ni la preparación previa.

Los gobiernos han intentado garantizar que su respuesta a la pandemia sea equitativa, inclusiva y basada en los derechos, pero este intento ha sido ineficaz en muchos países. El impacto de la pandemia amenaza toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo el ODS 4, ya que el cierre de escuelas en ciento treinta países todavía afecta a casi mil millones de estudiantes, profundizando los patrones de desigualdad y exclusión. Garantizar la accesibilidad supone el establecimiento de planes de reapertura escolar, así como de atracción urgente de quienes quedarían excluidos, una vez que los centros educativos reanuden sus funciones presenciales.

Desde el punto de vista económico, el desastre pesa sobre muchos países, y especialmente sobre el sector informal: se estima que dos mil millones de trabajadoras-es están en el sector informal, que corresponde al 61,2% de la población empleada del mundo¹, con riesgos permanentes de vulnerabilidad y precariedad. De hecho, según la Organización Internacional de Trabajo, la informalidad tiene un fuerte impacto adverso en la adecuación de los ingresos, la seguridad y la salud en el trabajo y evidentemente también en las cargas fiscales.

A pesar de todo, dependiendo de una renegociación exitosa o una cancelación (menos probable) de la deuda y un colapso de relativa corta duración de la COVID-19, el Banco Mundial prevé que la actividad económica se recupere ligeramente en el cuarto trimestre de 2020 y la recuperación continúe en 2021-2022².

Una crisis dentro de otra

Dentro de estos mil millones de estudiantes referidos anteriormente, el brote de la COVID-19 está afectando a niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes de manera diferente. En otras palabras, la pandemia no ha golpeado a todos por igual, y más bien hizo más visible la desigualdad, la inequidad y el abandono de los sectores sociales que han sido históricamente discriminados y excluidos. De hecho, algunos países enfrentan la COVID-19 como una crisis dentro de otra, pues la enfermedad impone nuevas limitaciones a sociedades que ya sufrían de fragilidad económica, guerra, ocupación o miseria.

Vemos así que la atención sanitaria es solo una dimensión de las respuestas necesarias, porque las políticas e intervenciones deben ser también protectoras de los derechos humanos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad y las que ya están afectadas por crisis humanitarias. En otras palabras, deben responder a las diferentes necesidades, realidades contextuales y riesgos que enfrentan las personas.

La educación es un derecho humano habilitante y, al mismo tiempo, forma parte de una estructura de protección social que incluye el derecho a la salud, la información, el trabajo y la seguridad humana integral. Estos derechos no pueden garantizarse de forma aislada. La pandemia de la COVID-19 muestra que la tasa de crecimiento económico disminuirá a nivel mundial y que la crisis aumentará la rivalidad geopolítica y tecnológica. Sin embargo, las proyecciones sobre el impacto social de la pandemia no muestran datos clave sobre las terribles consecuencias que tendrá en la vida de las personas, especialmente en los más vulnerables, y en los patrones de pobreza y desigualdad.

Desde el punto de vista de la disponibilidad de la educación en el contexto de post-pandemia, los gobiernos deben garantizar que todos los paquetes de estímulo económico sean equitativos, inclusivos y explícitamente a favor de los pobres. Es importante destacar que muchos países en desarrollo no tienen suficientes recursos para responder a la pandemia, ya que sus sistemas de salud son deficientes y tampoco cuentan con redes de seguridad social ni recursos financieros para proporcionar una respuesta fiscal y monetaria para contrarrestar la recesión. Al mismo tiempo, muchos países industrializados han establecido sanciones y restricciones que tienen consecuencias negativas para los países en desarrollo.

Por ello, existe una necesidad urgente de adoptar medidas, tanto a nivel nacional como mundial, para desbloquear recursos y garantizar que se dirijan a los países y poblaciones que lo necesitan. Las soluciones inmediatas incluyen el alivio de la deuda y el aumento de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD).

Estos tiempos difíciles no deben promover las tendencias de comercialización y los enfoques instrumentalistas de la educación, que lamentablemente han aumentado a consecuencia del debilitamiento del financiamiento público, probando que la voracidad privatizadora no encuentra límites en situaciones de emergencia.

En la dimensión de la aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, preocupa particularmente los riesgos relacionados con las herramientas y plataformas utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje en línea y a distancia, incluyendo las amenazas a la educación como un bien público y la seguridad e integridad de las y los estudiantes y docentes. En este momento, el fortalecimiento de los sistemas de educación pública debe verse como una parte esencial de una respuesta pública más robusta para proteger la vida y la dignidad de las personas, lo que incluye garantizar que las medidas tomadas a lo largo de la respuesta a la COVID-19 contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo no solo durante la crisis sino también después de la reapertura de las escuelas.

Priorizar la educación

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel clave en el apoyo a los gobiernos durante la crisis, que incluye el aumento de la sensibilización sobre las medidas de protección, difusión de información oficial, activación de redes para apoyar a los sectores más vulnerables, facilitación de la educación a distancia y la producción de recursos de enseñanza y aprendizaje.

La Campaña Mundial por la Educación ha llamado a los gobiernos nacionales y a los donantes a priorizar la educación en todas las respuestas de emergencia con efecto inmediato e incluir la educación en sus políticas de respuesta al COVID-19 y garantizar la continuidad del aprendizaje y el regreso a la escuela para todas las personas.

Creemos que los gobiernos deben garantizar la prestación continua de servicios, incluida la distribución de comidas, la protección contra la violencia y el abuso, el establecimiento de rutas de referencia claras, y proporcionar la educación sexual integral, como un mecanismo que entre otros fines permite reducir la violencia de género y la incidencia de embarazos y matrimonios tempranos y no deseados.

La Campaña ha llamado también a los gobiernos donantes a cumplir con el compromiso de asignar al menos el 0,7% del PIB en asistencia oficial para el desarrollo y garantizar que la ayuda se canalice a los sectores más necesitados, incluyendo la educación.

Los pagos de la deuda externa de los países de bajos ingresos a todos los acreedores deben cancelarse urgentemente para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo, y la financiación de emergencia no debe poner a los países en mayor riesgo de sobreendeudamiento.

Resulta indispensable también que las y los docentes estén en el centro de la respuesta educativa a través de su participación en el diseño y desarrollo de medidas de emergencia, por lo que deben contar con suficiente apoyo y preparación para enseñar en entornos seguros y protectores cuando se vuelvan a abrir las escuelas y universidades, con sus salarios y empleo mantenidos en todo momento.

La pandemia de la COVID-19 ha dejado grandes aprendizajes que debemos aprovechar al máximo. Ahora más que nunca valoramos la necesidad de promover planes de evaluación de crisis y posteriores a la crisis que permitan orientar nuevas formas de respuesta social y económica, especialmente el papel que desempeña la educación durante y después de las emergencias. Estos planes deben ser siempre transformadores del entorno social inequitativo, protectores de los derechos humanos y establecidos con profunda sintonía y constante consulta sociocultural y de género.

Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones dirigidas por las y los jóvenes y los sindicatos de docentes tienen un rol fundamental en la reconducción educativa hacia los fines establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Este rol incluye el derecho de protesta y de pronta respuesta a las demandas que emanan de las organizaciones sociales. Los estados, por su parte, tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus obligaciones y de avanzar progresivamente en la realización del derecho a la educación para todas las personas.

- Vernor Muñoz es Director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación. Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010).