Los días 25 de febrero en Guatemala, siempre hay que tenerlos presente para que nunca más se cometan los crímenes contra la humanidad cometidos en este país por el ejército -apoyado por la cúpula empresarial- durante la guerra que duró 36 años, y por lo que se sigue exigiendo justicia.

En esta efeméride, establecida hace 22 años (dos tras firmarse la paz en 1996) también es oportuno recordar que fue a partir de las movilizaciones de familiares y amistades de personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, y su exigencia de justicia, que hoy se conmemora el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

Hacer referencia a estas víctimas es reivindicar su dignidad, significa además tener presente los juicios seguidos contra militares y paramilitares en los que se les encontró culpables por los delitos de genocidio contra el pueblo ixil, de esclavitud y violaciones sexuales a mujeres q’eqchi’, así como de la desaparición forzada de un niño; delitos que no prescriben en tanto son tipificados “crímenes contra la humanidad”.

Esos procesos son una constatación de lo ocurrido en Guatemala, y si bien son pocos los militares juzgados, demuestran la validez de las denuncias que presentaron sobrevivientes de la guerra y que gracias a su tenacidad lograron llegar a su término a pesar de las prácticas de litigio malicioso seguidas por abogados de los implicados.

En todos los países de América Latina se han registrado graves violaciones a los derechos humanos. En tierras guatemaltecas, según el Informe Memoria del Silencio, 200 mil personas fueron asesinadas, se registraron 45 mil casos de detenidos-desaparecidos y 663 masacres contra comunidades indígenas no combatientes.

Imposible olvidar, imposible dejar de exigir justicia y reparación digna, son reivindicaciones por la dignidad de las víctimas. Esto quedó evidente en varias actividades políticas realizadas en la capital guatemalteca, entre sus mensajes destacó uno: “Tenemos memoria, tenemos derechos, merecemos justicia”.

Entre las exigencias de quienes marcharon por la dignificación de las víctimas de la guerra, resaltó el rechazo a que Roberto Molina y Luis Rosales sean elegidos como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en tanto ambos abogados fueron defensores de Efraín Ríos Montt, quien fue juzgado como responsable del genocidio ocurrido en territorio ixil.

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista.