En los últimos años en Colombia se ha desatado un brutal exterminio contra ciudadanos colombianos, no afectos a los gobiernos de extrema derecha y a la oligarquía de ese país, aunque historiadores y analistas señalan que esta actitud data de más de sesenta años; abruma la terrible negación y olvido que mantiene la sociedad colombiana ante tanta muerte de ciudadanos colombianos.

En Colombia asesinan el 54 por ciento de los defensores de Derechos Humanos de todo el mundo, lo que le otorga el primer puesto en este genocidio perpetrado por el tercer Gobierno de Uribe, quien acaudilla un régimen de dictadura mafiosa que sostiene al neoliberalismo depredador. Durante el año 2020 se asesinaron a 331 líderes en el mundo, el 53,5 por ciento de ellos fueron asesinados en Colombia.

La nueva violencia de las oligarquías, corresponde a un plan de exterminio sistemático de los líderes sociales (de restitución de tierras despojadas, ambientalistas y de los derechos humanos), a la ejecución permanente de masacres y al  asesinato de guerrilleros reincorporados que aceptaron ingenuamente ubicarse en unas zonas organizadas especialmente entre el Ejército y el sector de las FARC (Timochenko, Catatumbo y Lozada) implicados en la destrucción del movimiento de la resistencia agraria y campesina construida por Marulanda y sus compañeros fundadores de la guerrilla.

En fin, en Colombia se han dado todas las condiciones para que se configure un nuevo ciclo de violencia, que propicia una convergencia con la elite dominante y sus aparatos armados para desmovilizar la resistencia agraria de millones de campesinos víctimas de la violencia, el atropello y la exclusión política mediante la negación de los derechos básicos de la ciudadanía.

Por supuesto, ya desde el 2020, se maquilla el papel del Estado colombiano y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una declaración sobre Colombia en la que no existe referencia alguna a la responsabilidad del Estado colombiano, como violador permanente de los Derechos Humanos, trasladando el asunto a la vaporosa noción de “grupos armados no estatales”.

Ese es un detalle que llama la atención. No es un matiz, sino que es el centro del meollo, y demuestra que Bachelet intenta limpiar la cara (ajada de muerte y terror) del Estado colombiano. Miremos ese pequeño detalle, que ha pasado desapercibido, como si fuera secundario, porque el diablo está en los detalles. En la declaración oficial se dice: “La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este martes el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades de país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz”.

Es así que ampliamos un poco más, el artículo de la geógrafa María Fernanda Q. Alzate y del antropólogo Alberto Pinzón Sanchez en relación a la temática.   

Por ejemplo, ¿Cómo negar y olvidar que no es sistemática la violencia hacia cierto tipo de la población?  ¿Cómo negar y olvidar que las cifras de desaparición forzadas no es exageración y que las ejecuciones extra judiciales son mentiras, donde se normaliza las 6.420 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) identificados por la JEP (Justicia Especial para la Paz? 

¿Cómo negar y olvidar que no existieron hornos crematorios construidos para el extermino de una población?  Cuando entre los años de 2002 -2003 existieron en Norte de Santander, dos lugares donde los paramilitares adecuaron hornos crematorios en Norte de Santander: Pacolandia en Banco de Arena: frontera con Venezuela y en Juan Frio en el Municipio de Villa del Rosario: vértice en la zona de Catatumbo. Fuente:

https://www.youtube.com/watch?v=VQcj_xtXh-E

De otro lado, se evidencia hornos crematorios en el departamento de Antioquia, fuente: https://verdadabierta.com/los-paras-tambien-tenian-crematorios-en-antioquia/

¿Cómo negar y olvidar que es un mito los centros de torturas, masacres y desplazamiento, que ello no ocurrió, que es un invento, una exageración de la visión de las víctimas?

Cómo negar y olvidar, con la habitual expresión: que “aquí no pasa nada”, “eso es allá, en otra parte”, cuando juristas, analistas, historiadores, periodistas de medios de información, proclives a la ideología de la negación, ex-presidentes, el presidente actual, políticos, articulistas y académicos niegan que el horror de la guerra campea en el territorio.

Se reitera que existen políticos, medios de información, gremios y banqueros al servicio de la institucionalidad sobre el negacionismo de la violencia permanente, y otros, en ocasiones de manera tibia, tocan el tema del conflicto en Colombia como algo fragmentado.

Repetimos, todo en un contubernio de silencio y permisión, donde sin pena ni gloria se expresa de manera eufemística: “asesinatos colectivos” a las masacres, frase dirigida desde el presidente Iván Duque e institucionalizada por asesores y medios informativos.

En este sentido, la Fiscalía colombiana, ha jugado un papel determinante en la impunidad del asesinato de los líderes sociales, que actualmente oscila en un 95 por ciento; por tanto, la propuesta de Duque de entregar a la Fiscalía General la atribución exclusiva de emitir las estadísticas sobre asesinatos de líderes sociales, no es más que un mecanismo para minimizar el Genocidio en curso y perpetuar la impunidad.

El negacionismo,  es una barbarie contemplada y robustecida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez,  de la mano del presidente actual Iván Duque,  que se silencia ante las pruebas contundentes de la Justicia Especial para la Paz JEP, donde fuerzas  militares que están acusadas de  6.420 ejecuciones extrajudiciales  (falsos positivos ) quien bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo bajo su mando las fuerzas militares implicadas en asesinatos de crímenes de Estado, donde su  ministro de defensa en el año de 2006, quien posteriormente (todo es  posterior en Colombia ) fue  presidente de Colombia ( 2010-2018): Juan Manuel Santos  quien firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP en el año 2016.

Es la maldad más terrible y es el horror más grande, bajo un oscurantismo político y social de las élites en Colombia, donde la instalación del terror el cual, campea, y pareciera que es un tema de ficción.

Ficción, que obstaculiza a los colombianos/as a no tener memoria histórica, es necesario hacer un ejercicio pedagógico para no olvidar y no negar lo evidente. Ficción, que no debe permitir que la verdad sea incompatible con la memoria.

Al parecer, la ficción de la verdad, es casi la única trinchera que ha encontrado el pueblo colombiano, en esa lucha desigual contra la aplastante pasión nacional por el olvido inducida desde el Poder, de aquellos hechos crueles y sangrientos en los que está profundamente comprometido (de los que está llena nuestra historia política) y cuya memoria verdadera causan ese sentimiento social de miedo extremo.

Es esa malsana ficción, que deliberadamente olvida nuestra memoria histórica e impide mirar de frente nuestra infame historia de guerras, matazones y masacres y, hacer la catarsis correspondiente con el fin de superarlas. Es el momento ahora de, mirar colectivamente y de frente, la verdad histórica del actual conflicto social, armado, e inhumano de Colombia, para buscar entre todos su derrota.

¡Adelante Colombia!