Después de los procesos de independencia, los países latinoamericanos mantuvieron economías agrarias, con predominio de haciendas, latifundios y plantaciones, bajo estructuras de tipo “precapitalista”. Edificaron repúblicas oligárquicas, que contradecían las proclamas sobre democracia, libertad e igualdad realizadas por las distintas Constituciones. Durante el siglo XIX, en el cual predominó el bipartidismo, los liberales representaron la modernidad y los conservadores a las herencias tradicionales. Destacaron Argentina, Brasil, México y medianamente Chile o Uruguay por su adelanto económico. Pero los otros países centro y sudamericanos siguieron atrasados.

El capitalismo latinoamericano despegó con el avance del siglo XX y en buena parte de los países durante la segunda mitad del mismo. Regímenes como los populistas clásicos (L. Cárdenas, G. Vargas, J.D. Perón), algunos gobiernos radicales o revolucionarios en Chile, Uruguay o Ecuador (Julianos, 1925), Guatemala (1945) y Bolivia (1952), al mismo tiempo que impulsaron cierta modernización capitalista, tuvieron que imponer reformas para superar los viejos regímenes oligárquicos. Ese oligarquismo fue brutal bajo gobiernos como los de la dinastía Somoza (Nicaragua), los Duvalier (Haití), A. Stroessner (Paraguay), L. Trujillo (República Dominicana) y los represivos G. R. Pinilla (Colombia), M. Pérez Jiménez (Venezuela), F. Batista (Cuba), todos sostenidos por empresarios, oligarquías y, además, por capitales e intereses norteamericanos.

El desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970, que también respondió a la extensión de la guerra fría en América Latina para impedir cualquier reedición de la Revolución Cubana, aceleró y consolidó la definitiva modernización capitalista de la región. Por entonces no había mayor lugar para discutir y cuestionar sobre el papel interventor del Estado en la economía, los planes de desarrollo, las reformas agrarias, las inversiones en servicios públicos o las grandes obras de infraestructura incluso con financiamiento del BID, las regulaciones estatales al sistema monetario y financiero, las normas empresariales, la industrialización sustitutiva de importaciones, el control al comercio externo, las políticas selectivas sobre el capital extranjero, o los impuestos directos y redistributivos de la riqueza. Eran políticas derivadas del pensamiento de la Cepal, del programa Alianza para el Progreso, las influencias de las economías sociales construidas en Europa en la postguerra mundial y en los EEUU desde el New Deal y la hegemonía teórica del keynesianismo. Entre las atrasadas clases oligárquicas y también entre los crecientes empresarios, todo ello sonaba a ¨comunismo¨. Pero ese desarrollismo incluso se impuso con dictaduras militares anticomunistas, como sucedió en Ecuador (1963) o en Brasil (1964). El ¨socialismo peruano¨ bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) fue una excepción por su radicalidad antioligárquica; también fue excepcional el ¨Nacionalismo Revolucionario¨ con el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) en Ecuador, así como el general Juan José Torres en Bolivia (1970-1971), igualmente anti oligárquicos; pero además fueron excepciones temporales el gobierno de Salvador Allende y su vía pacífica al socialismo en Chile (1970-1973) y el régimen Sandinista en Nicaragua (1979-1990).

El “agotamiento” del desarrollismo fue inaugurado en Chile, por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), nacida del apoyo empresarial interno, la intervención norteamericana a través de la CIA y el financiamiento de varias empresas transnacionales. Durante más de un año, todavía siguió cierta línea desarrollista; pero enseguida, con la incorporación de los ¨Chicago boys¨ (un grupo de economistas estudiados en EEUU, que hicieron suyas las tesis neoliberales del hasta entonces poco conocido Milton Friedman), empezó un nuevo modelo económico: liberalizar los mercados, abandonar las regulaciones estatales sobre moneda, intereses y régimen financiero, asegurar las actividades privadas, total apertura a las inversiones de capital extranjero, quitar controles al comercio externo, reformar el sistema tributario, flexibilizar las relaciones laborales, privatizar empresas y servicios públicos (excepto el cobre), reducir el gasto estatal. Fueron políticas inéditas e incluso anteriores a la “revolución neoliberal” que sobrevino con el gobierno de Ronald Reagan en los EEUU (1981-1989), bajo cuyo manto la nueva economía chilena fue promovida y la dictadura abiertamente protegida.

El “milagro chileno” se convirtió en el patrón a seguir por otras dictaduras anticomunistas en Argentina (J.R. Videla y sucesores, 1976 hasta 1983), Brasil (con dictaduras y gobiernos seudodemocráticos desde 1964), Bolivia (H. Banzer, 1971-1978 y sucesores hasta 1982), Uruguay (con dictadores ¨civiles¨ entre 1973 y 1985), que sumadas al Paraguay de Stroessner, caracterizaron al terrorismo de Estado en el Cono Sur latinoamericano. Algo similar ocurría en varios países centroamericanos, a pretexto de combatir las guerrillas izquierdistas.

La dictadura de Pinochet pasó a ser la admiración de las burguesías de la región, que vieron con buenos ojos como el “milagro chileno” servía para promover economías empresariales, logrando el crecimiento rápido, garantizando los negocios, convirtiendo en paraísos las inversiones privadas y sus rentabilidades. En Ecuador (lo mismo ocurría en otros países), los grandes empresarios, los ricos, las capas altas y los sectores arribistas de las clases medias, en conversaciones privadas, pero también en escenarios públicos, no tenían empacho alguno en suspirar ampliamente por un gran ideal: ¨aquí también necesitamos un Pinochet¨, decían. Con el derrumbe del socialismo soviético, el triunfo de la globalización transnacional y la superación de las visiones desarrollistas, el neoliberalismo pasó a ser el sueño dorado de las burguesías latinoamericanas en las décadas de los 80 y 90.

Desde luego, lo que se “olvida” (o se oculta) es que el neoliberalismo, en su momento originario, requirió no solo de Estados fuertes, dictatoriales, autoritarios, sino de políticas destinadas a arrasar con cualquier tipo de oposición al modelo. El Chile de Pinochet inauguró un refinado exterminio de los ¨comunistas¨. Los militares allí y en el Cono Sur, tenían un largo historial de capacitación técnica e ideológica en los centros y bases de formación de oficiales a cargo de los EEUU. Contaban con una ¨doctrina¨, la de ¨seguridad nacional¨, bajo la cual son ¨enemigos internos¨ quienes atentan contra las democracias supuestamente ya establecidas, a la cabeza de los cuales están siempre los marxistas de todos los colores posibles, seguidos de los movimientos sociales (obreros, campesinos, indígenas, feministas, etc.) y de los sectores populares que, bajo las condiciones del capitalismo rentista latinoamericano, siempre han tenido motivos para reaccionar, movilizarse, protestar y lanzarse a las calles. Para los gestores de los Estados de seguridad nacional fue fácil impulsar la internacional del terror destinada a liquidar ¨subversivos¨ en todos los países a través del ¨Plan Cóndor¨.

Las violaciones a los derechos humanos pasaron a ser políticas de Estado. En todos esos regímenes donde el neoliberalismo tenía que imponerse, se hizo desaparecer a miles de personas, incluyendo niños y adultos mayores; también fueron torturadas y asesinadas otros miles; las cárceles se llenaron con los perseguidos, mientras miles igualmente lograron huir de sus respectivos países para salvar sus vidas. Los informes de las NNUU, así como de los principales organismos mundiales de los derechos humanos, han constatado los horrores de las represiones de los Estados-terroristas, aunque las cifras oficiales se quedan cortas frente a la realidad de lo que ocurrió. En los mismos EEUU, el presidente Jimmy Carter (1977-1981) se vio obligado a promover una política continental de derechos humanos ante lo que ocurría en distintos países. El presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera (1979-1981) también fue un defensor internacionalista de los derechos humanos y su muerte, en un accidente de aviación como otro que provocó la muerte del nacionalista panameño general Omar Torrijos (1968-1981), han dado motivos para argumentar que posiblemente estuvieron ligadas al Plan Cóndor.

Las democracias que siguieron a semejantes regímenes de terror debieron hacer frente a esas herencias, pero no ha sido fácil el establecimiento de responsabilidades, aunque varios militares lograron ser encausados en Argentina o Uruguay y poco en Chile. Además, con el nacimiento de las democracias coincidió la era del neoliberalismo en el mundo. Al finalizar el siglo XX América Latina se hallaba en pleno auge del ¨neoliberalismo¨ criollo, con sus nefastos resultados: enriquecimiento de elites, poder empresarial y deterioro de las condiciones de vida y trabajo para la mayoría de la población. Ya no fue necesario que ese neoliberalismo se implantara mediante Estados terroristas, sino por ¨medios democráticos¨. Pero ese es un capítulo para otra historia.

Ecuador, lunes,  8 de marzo, 2021

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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